Las responsabilidades del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y del ministro de Defensa, Oscar Aguad, quedaron expuestas en el duro informe que presentó la Comisión Bicameral, que investigó durante varias semanas el hundimiento del submarino ARA San Juan.
También cuestionó el desempeño de los altos jefes de la Armada.
«Como jefe de Estado, el Presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia. Sostuvo en el cargo al ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño», reza el texto publicado por Política Argentina.
«Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática lo hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes», continuó el escrito de la bicameral.
Respecto al ministro de Defensa y los funcionarios de su cartera, a partir de la toma de conocimiento de la pérdida de contacto y comunicaciones con la nave, los parlamentarios entienden que «se evidenció una falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública».
«De tal manera, -sigue el documento- el ministro de Defensa ha demostrado una grave irresponsabilidad funcional en las circunstancias que rodean a la tragedia (…) durante la situación de emergencia y crisis provocada por la desaparición del submarino y especialmente en las instancias posteriores al cierre del caso SAR –búsqueda y rescate-. Las autoridades políticas se corrieron del centro de atención, dejando a la Armada al frente del manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control del manejo de las operaciones frente a aquélla, como también en la comunicación y relación con los familiares y la sociedad argentina», completa el informe en forma contundente.
El informe también aclaró que no se puede afirmar que la falta de mantenimiento fuese la causante de la tragedia. Como tampoco lo fue la reparación de media vida realizada durante el gobierno anterior porque, por ejemplo, al ser hallados los restos del submarino se pudo observar que las soldaduras realizadas al casco «habían resistido».
La investigación de la Comisión Bicameral estuvo destinada desde sus orígenes a delimitar las «responsabilidades políticas» de la tragedia, pero no las penales, que cursan vía judicial en el juzgado de la jueza Marta Yáñez. Por esa razón, el informe final destacó que la autoridad máxima en esta materia es el ministro de Defensa, ya que de él dependen las Fuerzas Armadas.