Lo aseveró el doctor Marcos Nápoli, uno de los fiscales de la Causa Revelación al admitir que, la investigación que derivará en el juicio oral y público y en una eventual condena a ex funcionarios provinciales y empresarios por integrar una asociación ilícita que cobraba coimas de la obra pública, abarca sólo a una mínima parte de la administración estatal. «Somos conscientes que esto era mucho más grande», sostuvo el fiscal sobre el fraude estimado en unos 50 millones de pesos. El juicio comenzaría recién a principios del 2020 y las audiencias se harían por la tarde.
La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.
Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.
«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.
Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».
«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.
«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.
«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.
La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.
Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.
«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.
Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».
«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.
«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.
«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.
“La situación resulta compleja para determinar que empresarios pagaron coimas para cobrar certificados porque estaban ahogados financieramente, en un estado de extorsión, o que empresarios lo hacían de una manera continua y hasta lo incentivaban”, admitió,
“La coima está en este caso comprobada y documentada, porque por ejemplo en la Causa de los Cuadernos de Bonadio tiene fotocopias y anotaciones que se cuestionan. En cambio acá tenemos la documentación del control que llevaba Diego Luthers, pero también los cheques originales, lo que nos permitió trazar un camino, un seguimiento, sobre el emisor, el dosante y en qué cuenta terminó ese cheque”, destacó Nápoli.
“Hay hilos conductores que son comunes como las empresas de Diego Correa, Cepat o Dual Core, o en la financiera de Comodoro Rivadavia en la que se pagaban acciones para la compra de Canal 9, de la sociedad Protel. Todos estos cheques eran emitidos por empresarios de la construcción, no parecían otros prestadores del Estado, todos eran de la obra pública”, argumentó.
CONDENAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES
Sobre la diferencia en los pedidos de condena; ocho años de prisión para Diego Correa, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero; siete para Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray y seis para Diego Luthers, Nápoli puntualizó: “la diferencia tiene que ver con la responsabilidad que le imputamos a cada uno de ellos en la asociación criminal. No sólo con la intensidad con la que maniobraban dentro de la organización, sino que grado de responsabilidad tenían».
«Nosotros le achacamos a Cisterna que era uno de los fundadores y el ideólogo de cómo generar este tipo de fraudes y como continuadores de ellos a Correa y Carpintero», aseveró Nápoli.
«Y los demás ingresaron posteriormente a la asociación ilícita como el caso de Bortagaray, o tuvieron una menor injerencia dentro de la organización, como el caso de Luthers, que mostró una conducta muy reprochable, era muy activa su participación, pero en la línea jerárquica de mando y obediencia, no tenía a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, por el contrario, las obedecía, aunque lógicamente era funcional a la asociación», profundizó el fiscal.
«Como el impacto de la pena es bastante conflictivo, en este caso en particular es interesante es transmitir la garantía de que estas personas no vuelvan a ejercer cargos públicos. Y esto es una forma de responder a quienes se preocupaban con un sano interés, como los doctores Pérez Galimberti o Eduardo Hualpa, que no haya posibilidad de repeticiones. Y no la habrá al menos con estas personas, porque si la condena se confirma, no podrán ser reelectos o nombrados a dedo para ejercer cargos públicos», aseguró..
LA IMPLICANCIA DE LOS EMPRESARIOS
Nápoli aclaró respecto de los empresarios imputados que “hay distintas situaciones: hay quienes no accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque saben que aún tienen tiempo de pedirlo hasta que se inicie el debate oral y público. Otros que consideran que es injusto reparar una suma millonaria o hacer una obra cuando se sintieron extorsionados por el Estado y quieren demostrar esta situación. De llegar a comprobarse en el debate, van a resultar absueltos”.
“También hay empresarios que se consideran totalmente inocentes y descreen que nosotros podamos probar que formaron parte de este tipo de maniobras”, agregó.
OTROS ROLES
En el caso de quienes oficiaron de valijeros, Nápoli explicó que “en este entramado siempre hay personas que cumplen esa función porque son dineros que no provienen de licitaciones públicas o partidas presupuestarias, y no pueden transferirse a través del sistema o entidades financieras, y llevan el dinero de un lugar a otro o de un interesado a otro”.
La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.
Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.
«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.
Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».
«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.
«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.
«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.
“La situación resulta compleja para determinar que empresarios pagaron coimas para cobrar certificados porque estaban ahogados financieramente, en un estado de extorsión, o que empresarios lo hacían de una manera continua y hasta lo incentivaban”, admitió,
“La coima está en este caso comprobada y documentada, porque por ejemplo en la Causa de los Cuadernos de Bonadio tiene fotocopias y anotaciones que se cuestionan. En cambio acá tenemos la documentación del control que llevaba Diego Luthers, pero también los cheques originales, lo que nos permitió trazar un camino, un seguimiento, sobre el emisor, el dosante y en qué cuenta terminó ese cheque”, destacó Nápoli.
“Hay hilos conductores que son comunes como las empresas de Diego Correa, Cepat o Dual Core, o en la financiera de Comodoro Rivadavia en la que se pagaban acciones para la compra de Canal 9, de la sociedad Protel. Todos estos cheques eran emitidos por empresarios de la construcción, no parecían otros prestadores del Estado, todos eran de la obra pública”, argumentó.
CONDENAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES
Sobre la diferencia en los pedidos de condena; ocho años de prisión para Diego Correa, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero; siete para Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray y seis para Diego Luthers, Nápoli puntualizó: “la diferencia tiene que ver con la responsabilidad que le imputamos a cada uno de ellos en la asociación criminal. No sólo con la intensidad con la que maniobraban dentro de la organización, sino que grado de responsabilidad tenían».
«Nosotros le achacamos a Cisterna que era uno de los fundadores y el ideólogo de cómo generar este tipo de fraudes y como continuadores de ellos a Correa y Carpintero», aseveró Nápoli.
«Y los demás ingresaron posteriormente a la asociación ilícita como el caso de Bortagaray, o tuvieron una menor injerencia dentro de la organización, como el caso de Luthers, que mostró una conducta muy reprochable, era muy activa su participación, pero en la línea jerárquica de mando y obediencia, no tenía a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, por el contrario, las obedecía, aunque lógicamente era funcional a la asociación», profundizó el fiscal.
«Como el impacto de la pena es bastante conflictivo, en este caso en particular es interesante es transmitir la garantía de que estas personas no vuelvan a ejercer cargos públicos. Y esto es una forma de responder a quienes se preocupaban con un sano interés, como los doctores Pérez Galimberti o Eduardo Hualpa, que no haya posibilidad de repeticiones. Y no la habrá al menos con estas personas, porque si la condena se confirma, no podrán ser reelectos o nombrados a dedo para ejercer cargos públicos», aseguró..
LA IMPLICANCIA DE LOS EMPRESARIOS
Nápoli aclaró respecto de los empresarios imputados que “hay distintas situaciones: hay quienes no accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque saben que aún tienen tiempo de pedirlo hasta que se inicie el debate oral y público. Otros que consideran que es injusto reparar una suma millonaria o hacer una obra cuando se sintieron extorsionados por el Estado y quieren demostrar esta situación. De llegar a comprobarse en el debate, van a resultar absueltos”.
“También hay empresarios que se consideran totalmente inocentes y descreen que nosotros podamos probar que formaron parte de este tipo de maniobras”, agregó.
OTROS ROLES
En el caso de quienes oficiaron de valijeros, Nápoli explicó que “en este entramado siempre hay personas que cumplen esa función porque son dineros que no provienen de licitaciones públicas o partidas presupuestarias, y no pueden transferirse a través del sistema o entidades financieras, y llevan el dinero de un lugar a otro o de un interesado a otro”.
“Tenemos a tres personas, o básicamente a dos, porque Andrés Minín forma parte de la asociación ilícita por intervenir en la compra de Canal 9. Las otras dos personas son Pablo Bastida y Federico Piccione, a quienes se les achaca el rol de movilizar los dineros mal habidos”, apuntó.
SÓLO UNA PARTE DEL UNIVERSO DE COIMAS
En cuanto a una recaudación total estimada, Napoli dejó otra frase para llamar la atención: “de acuerdo a las maniobras que hemos probado, son alrededor de 50 millones de pesos. Suena fuerte desde el punto de vista numérico, pero no es relevante desde el punto de vista del entramado de esta asociación”.
«Tenga en cuenta que vamos a poder probar aquellos hechos donde contamos con cheques, donde ha confesado algún que otro empresario o los que estaban anotados en las planillas que Luthers prolijamente llevaba. Pero todo el universo de pago de coimas que estaba circunscripto a la administración pública central no está inserto en esta investigación”, reconoció Napóli.
“No somos sonsos y somos conscientes que esto era mucho más grande y que probablemente este sea uno de los kioskos dentro de un supermercado. No podemos dimensionar exactamente hasta qué punto se llegaba con todos”.
“Los viejos comentarios de pasillos decían que en cada escritorio de la administración pública había que dejar algo. Nosotros tomamos solamente un ministerio, una parte de otro y las vinculaciones con el Instituto Provincial de la Vivienda. Lejos estamos de cubrir todo el espectro”, enfatizó Nápoli.
Enseguida confirmó que la recaudación permitía financiar el aparato político: «estos pagos de sobresueldos que lucen veraz en las planillas solventaba ese mecanismo”.
CONVENCIONES PROBATORIAS
Respecto de si algún funcionario podría romper el silencio en el juicio, analizo que “tenemos expectativas de hacer convenciones probatorias, aunque con los funcionarios públicos no podemos hacer juicios abreviados. Como también hubo una ardua discusión con los fueros de Bortagaray, hemos declinado esa alternativa. El juicio abreviado tiene la ventaja que el imputado reconoce la responsabilidad y se acuerda la pena».
“Pero sí podemos hacer convenciones probatorias, en las que los funcionarios se pongan de acuerdo con los fiscales en reconocer los hechos, lo que permitiría no dilatar discusiones como el camino de los cheques”, adelantó.
“Los pactos de silencios en estos casos en los que las maniobras han sido tan públicas son difíciles de pergeñar, aunque consideramos que los funcionarios saben cosas que nosotros desconocemos», advirtió.
«Creo que hemos podido desentrañar el manejo que han tenido y ellos saben que nosotros tenemos esa información y que a través de la acusación quedará sobre la mesa», confió Nápoli.
«Las escuchas telefónicas existen, pero no son el fuerte de la Causa Revelación. Las vamos a usar sólo si fuera necesario», aclaró.
CASI 300 TESTIGOS
«Son casi 300 testigos, muchos de ellos personal policial, que se dedicó a la investigación y recopilación de datos, y otros son civiles que han vivido en carne propia situaciones interesantes para el caso; como quienes han visto pasar dinero, o funcionarios pergeñando maniobras en determinados lugares, los choferes de la Unidad Gobernador que iban a cambiar los cheques constantemente, personal del Instituto Provincial del a Vivienda, del Ministerio de Economía o de Infraestructura, trabajadores de carrera que cayeron en la cuenta que esto ocurría a partir de lo que nosotros le mostrábamos del caso», detallo Nápoli.
Respecto de la reparación de las probation, admitió que “no es una cuestión directamente proporcional, pero la cantidad de dinero ronda el mismo monto, de entre 50 y 60 millones de pesos, aunque hay un defasaje por la inflación”.
AUDIENCIAS POR LA TARDE
“No creemos que vamos a llegar al inicio del juicio este año, porque todavía hay audiencias largas, y después se elevará la causa a juicio, que podría comenzar a principios del año próximo. Conversando con la Oficina Judicial y teniendo en cuenta que algunos imputados forman parte de más de una causa, ya hemos acordado hacer las audiencias de tarde para no superponerlas con las de las otras causas”, reveló Nápoli sobre el final del extenso diálogo.
Radio 3
