El gobierno de Daniel Ortega arremetió contra manifestantes el año pasado y, entre quienes encabezan el exilio, hay estudiantes, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
«Un año después del inicio de la crisis, más de 70.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua, y solo en Costa Rica, 55.500 personas han solicitado protección internacional», consigna el informe «Migración Forzada de Personas Nicaraguenses a Costa Rica», realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Casi como un espejo de la trágica Venezuela, la Nicaragua de Daniel Ortega se ha convertido en otro foco de preocupación para activistas de Derechos Humanos, defensores de la Libertad de Expresión y organizaciones no gubernamentales. Luego de que se desataran las protestas a mediados de abril del año pasado, la represión y la persecución políticapor parte del gobierno que lidera el referente sandinista se acrecentó.
¿Cómo comienza todo? Con una reforma en el sistema de seguridad social, anunciada el 16 de abril, que intentó impulsar Daniel Ortega y que fue fuertemente rechazada. La reforma funcionó como el gran disparador del descontento acumulado durante años y unió en las protestas que se desataron el 18 de abril a sectores sociales distintos: estudiantes, empresarios, campesinos e incluso referentes de la Iglesia.
Salvador Lulio Marenco, abogado e integrante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNDH), lo explicaba a TN.com.arpoco más de un año atrás: «En primer lugar, lo que disparó las protestas fueron las reformas al seguro socialque iba a deducir un 5 por ciento de su pensión a las personas. Aunque la cifra no era tan alta, el seguro social no cubre todos los medicamentos en Nicaragua y las personas jubiladas tenían que comprar con su pensión algunos medicamentos. Además, iba a incrementar la cuota de la patronal, que es lo que los empleadores pagan y se iba a aumentar 0,75 por ciento la cuota a los trabajadores».
El saldo de las protestas, en las que se pedía ya no solo por la vuelta atrás en las reformas sino, fundamentalmente, por la salida del propio Daniel Ortega y la restitución de las libertades en el país, fue estremecedor. Cuando la reforma fue derogada el 22 de abril, ya había 70 muertos, según datos del CNDH.
Hasta el momento, la represión del último año tuvo como resultado, según el informe de la CIDH, 325 muertes; 2000 personas heridas; 700 personas detenidas y enjuiciadas, el despido de 300 profesionales de la salud, la expulsión de 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y el exilio de al menos 70 periodistas y trabajadores de medios. Frente a esto, la Justicia -supeditada al poder de Ortega-, no ha podido dar respuesta.
Además, en medio de la crisis política, la Asamblea Nacional de Nicaragua, decidió quitarles la personería jurídica a varias organizaciones de Derechos Humanos.
«Desde mi visión como funcionario de derechos humanos, los problemas en este país comenzaron desde que asumió como presidente Daniel Ortega, -aseguraba en diálogo conTN.com.ar el abogado Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDHN)-. Tenemos miles de denuncias por violaciones de derechos humanos en los ’80. En 2006, lo acusamos por crímenes de lesa humanidad, por la Navidad Roja, donde sus tropas asesinaron a miembros de una etnia».
Según el informe de la CIDH, la composición del exilionicaragüense es la siguiente: estudiantesque participaron en las manifestaciones y protestas, en un 23%; defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos, en un 22%; personas que apoyaron a quienes participaron en las protestas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, en un 18%; médicos, en un 8%; periodistas, en un 2%; y ex militares y ex policías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el gobierno nicaragüense, también representan un 2%.
Además, el documento señala como los principales actores responsables de la persecución y el desplazamiento forzado de personas nicaragüenses a los grupos parapoliciales, en un 46%; la Policía Nacional, en un 37%; y grupos de vigilancia y control, como los Consejos de Poder Ciudadano, en un 17%, informó TN.