Si cambia la jurisprudencia, beneficiaría a unos 5.000 presos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La máxima corte de justicia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), quedó más cerca el jueves de decidir por una ajustada mayoría un cambio en la jurisprudencia y declarar la inconstitucionalidad de detenciones de acusados con condenas ratificadas en la segunda instancia, una medida que podría beneficiar con la excarcelación a unos 5.000 presos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
José Antonio Dias Toffoli, presidente del STF, suspendió la sesión cuando el tribunal de 11 miembros contaba con cuatro votos en contra y tres a favor de rever la jurisprudencia. Sin embargo, uno de los más esperados pronunciamientos en la corte, el de la jueza Rosa Weber, considerada en este caso como el fiel de la balanza, se inclinó por votar por la inconstitucionalidad de detener a condenados en los casos en los que aún sea posible presentar apelaciones.
Abogados penalistas dijeron que el voto de Weber anticipa la formación de una nueva mayoría en el Supremo y que, si no hubiera sorpresas en los votos de los cuatro jueces que faltan pronunciarse, la corte podría decidir un cambio en la jurisprudencia vigente desde 2016.
Ese entendimiento fue el que posibilitó la detención de Lula el año pasado, luego de que el Tribunal Regional Federal con sede en Porto Alegre confirmó la sentencia de la primera instancia y lo encontró culpable por corrupción pasiva y lavado de dinero, condenándolo a 12 años de prisión.
La jueza Weber, al justificar su voto, dijo que “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juicio de la sentencia penal condenatoria”, citando el artículo quinto de la Constitución de Brasil. “El Supremo es guardián de la Constitución, no su autor”, agregó.
Quedan por votar los jueces Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello y Carmen Lúcia, y se espera que los primeros tres se pronuncien a favor de la inconstitucionalidad de las detenciones, demandadas ante la corte por dos partidos políticos, uno de izquierda y otro de derecha, y por el colegio Orden de Abogados de Brasil (OAB) con el argumento de que vulneran la presunción de inocencia.
La corte no sesionará la próxima semana, según lo previsto meses atrás en la divulgación de su calendario de sesiones, antes de que el presidente José Antonio Dias Toffoli decidiera llevar al plenario del STF la votación sobre la constitucionalidad de las detenciones de condenados en segunda instancia.Toffoli dijo que el lunes informará cuándo la votación en el plenario será retomada.
Algunos analistas consideran que, hasta que el juicio se reanude, el STF podría debatir un límite en la aplicación del que sería el nuevo entendimiento. Una de las hipótesis levantadas es que sólo sería permitido al acusado continuar en libertad hasta que sea juzgada su primera apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Si ese fuera el caso, cuya constitucionalidad también podría ser cuestionada, Lula no sería excarcelado.
En un evento en San Pablo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez Sergio Moro, defendió el entendimiento actual, aunque dijo que cualquier decisión que tome el STF debe ser respetada.
“La ejecución (de la pena) en segunda instancia fue una innovación en 2016, un paso muy importante para el enfrentamiento no sólo de la corrupción sino al delito en general”, dijo Moro, quien como juez condenó a Lula en primera instancia.
Sin entrar en el mérito de la constitucionalidad de la decisión, que es lo que discute el STF, Moro aseguró que ejecutar la pena sólo al final del proceso es “problemático”debido a los procesos judiciales “extremamente lentos, con apelaciones, apelaciones y apelaciones”, informó El Clarín.
