A siete años de su nacimiento, Vaca Muerta está lista para exportar gas. Las sucesivas políticas de incentivo a la producción, para recuperar el abastecimiento nacional, tuvieron efecto directo. Uno de los apuntalamientos clave fueron los subsidios para mejorar el precio del gas en boca de pozo donde los no convencionales neuquinos resultaron ser los principales destinatarios.
Entre 2014 y 2019 las petroleras recibieron fondos estatales por 146.912 millones de pesos, una cifra similar al presupuesto anual de las 57 universidades públicas del país.
Carlos Ormachea, CEO de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, declaró este año que los no convencionales neuquinos estaban listos para dejar de recibir subsidios. Indicó que todo proyecto de gran escala necesita apalancamiento, en Estados Unidos fue el financiamiento, para desarrollarse y luego seguir solo.
Si se revisa la serie histórica reciente de inversiones en Vaca Muerta y se la contrasta contra los desembolsos del Estado se notará la influencia directa de este respaldo. En 2014 las inversiones petroleras en Neuquén treparon a 4.834 millones de dólares y ese mismo año los subsidios directos de incentivo a la extracción de gas fueron 11.300 millones de pesos, convertido al tipo de cambio del momento significa que los fondos estatales cubrieron casi un 30% del riesgo.
Con vaivenes, en 2014 el dólar cotizaba a 8,58 pesos y en la actualidad se comercializa alrededor de los 60 pesos, la presencia de la garantía estatal tuvo su impronta en Vaca Muerta: en 2015 las inversiones fueron de US$ 5.109 millones y los subsidios de $11.900 millones (17%); en 2016 US$ 3.266 millones y $43.000 millones (80%); en 2017 US$ 3.468 millones y $21.900 millones (33%); en 2018 US$ 4.530 millones y $19.524 millones (11%) y; el proyectado de 2019 dice que se desembolsarán US$ 5.343 millones y los fondos estatales serán $ (12%).
En números
43.000 millones de pesos giró el Estado en 2016 a las petroleras por subsidios al gas. Fue el año con mayor volumen de transferencia.
5.343 millones de dólares se invertirán en forma directa en Vaca Muerta este año. Fue récord.
Los programas de subsidios abarcaron inicialmente a otras cuencas productoras, sin embargo los no convencionales neuquinos, el tight y el shale (Vaca Muerta), fueron los más beneficiados.
El esquema de subsidios, que inició en 2013 y continuará -por lo menos- hasta 2021, garantizó a las productoras un precio de gas en boca de pozo de 7,5 dólares por millón de BTU (la unidad calórica con la que se mide el gas). Esto buscó alentar la extracción local para reducir las importaciones vía barco que costaban entre 10 y 12 dólares por millón de BTU.
Con la revolución mundial del GNL (gas natural licuado) los precios empezaron a bajar significativamente. El gas no es un commodity sin embargo comenzó a tomar su forma. La referencia para el país siempre fue el Henry Hub norteamericano que hoy tiene un valor 2,31 dólares, una cotización similar a la que se manejaron en las últimas transacciones locales.
En la Cuenca Neuquina, donde se asienta el 80% de Vaca Muerta, esos niveles de precios hicieron sonar la alarma. Muchos campos no son rentables a ese valor.
Además se suma la estacionalidad del país, donde en el invierno sube la demanda y en verano cae fuertemente, por lo que los pozos sin conectar por falta de precio o mercado ya son una constante con la que se convive.
Un objetivo completo
El resultado de los subsidios, de incrementar la producción y desalentar la importación, es inocultable. Neuquén pasó de extraer 50 millones de metros cúbicos diarios de gas en 2013 a más de 80 millones de metros cúbicos diarios a mediados de este año. Sin embargo, ese logro no alcanza a tapar la apuesta que dejó flotando el ejecutivo petrolero. ¿Vaca Muerta ya no necesita más apalancamiento del Estado?
La abundancia de gas, que hundió los precios, sobre todo en la época de baja demanda, y la falta de un mercado en firme fuera del abastecimiento local recrearon un peligroso stand by, en el polo opuesto desde donde se comenzó, en el que solo se mueve la producción atada a los anabólicos estatales.
Hasta que el mercado no se amplíe, lo que significa millonarias obras en transporte y hasta una planta de GNL en puerto, también millonaria y a no menos de cinco años de construcción, no se conocerá sí los subsidios se necesitan como impulso o sí, en cambio, las compañías del sector hicieron funcionar la maquinaria al calor de las garantías públicas.
Restará saber además quienes fueron los ganadores y perdedores de esta política estatal que involucra a un actor propio como es la petrolera de mayoría nacional YPF.
Para los detractores del actual gobierno, en los últimos cuatro años se la perjudicó más de lo que se la favoreció.
El precio del gas y los costos fiscales
Cuando se inició el programa de subsidios, el gas en boca de pozo en el país se vendía, en promedio, en 1,5 dólares por millón de BTU. La importación de GNL rondaba los 12 dólares por eso los planes gas garantizaron 7,5 dólares. El programa que suplantó a aquellos esquemas iniciales, conocido como Resolución 46, mejoró el planteo y creó un sendero decreciente a cubrir que termina en 2021 con 6 dólares por millón de BTU, precio en el que se estimaba empalmar con los valores de mercado.
Con el paso de los años, la ampliación del mercado mundial del GNL hizo bajar los precios y la abundancia de gas en el país, por calidad de la roca de Vaca Muerta y las mejoras productivas, también erosionaron el atractivo de los valores locales.
Eso abrió dos interrogantes: todo el gas que está sin cobertura de subsidios resulta poco económico, a un promedio de 2,3 dólares para su venta, como ocurre en la actualidad; y, por el efecto de la devaluación (700% desde 2014 a la actualidad), el descontrol de erogaciones fiscales para garantizar los precios en dólares comprometidos amenaza con sostener el plan.
Dos etapas para una política de incentivos
Los subsidios al gas, por más millonarios que se revelen, son apenas una acotada parte de los desembolsos energéticos (ver infografía). Pese a la continuidad de la política de incentivo, el cambio de gobierno quedó diferenciado por sus distintas concepciones.
El programa de subsidios al gas comenzó bajo la gestión de Axel Kicillof en el ministerio de Economía cuando le arrebató al por entonces jefe de la cartera de Planificación, Julio de Vido, el manejo del sector energético. Básicamente se sostuvieron las tarifas a los usuarios congeladas y se garantizaron transferencias a las petroleras para incentivar mejores niveles de producción.
Con el cambio de gestión y el manejo del sector por parte de Juan José Aranguren el esquema se mantuvo pero se descongelaron las tarifas y se invirtió la carga de los subsidios. Sin embargo no se redujeron los desembolsos. La gestión de Aranguren fue la que más dinero transfirió a las operadoras: 84.200 millones de pesos en tres años.
El periodo más significativo fue en 2016 cuando se destinaron 43.000 millones de pesos. Cabe aclarar que la abultada cifra incorpora los pagos incluidos de la anterior administración nacional.
