La vicepresidenta electa regresará al país el 11 de noviembre. Y si no pide postergaciones, debería declarar el 2 de diciembre, ocho días antes de asumir.
Cristina Kirchner, partió este viernes hacia Cuba para visitar nuevamente a su hija Florencia, quien desde principio de año se encuentra bajo tratamiento médico. La vicepresidenta electa regresará al país el 11 de noviembre. Mientras tanto, este próximo lunes se retomarán las audiencias en el juicio en su contra, a por el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. El calendario indica que sólo ocho días antes de asumir como presidenta del Senado, Cristina debería declarar en su primer juicio por corrupción.
El pedido de autorización para viajar fue presentado ante los Tribunales Orales Federales 2 y 7, que la juzgan por posibles hechos de corrupción durante sus gobiernos.
El último viaje de la ex mandataria a la isla había sido a fines de septiembre, en plena campaña electoral, cuando fue autorizada de urgencia, lo que despertó una ola de rumores sobre la salud de su hija.
Desde que Florencia comenzó su tratamiento médico por problemas físicos y psicológicos, la actual senadora realizó seis viajes a La Habana. Hace un mes la defensa tuvo que presentar informes médicos actualizados, que eran muy escuetos y sin mayores precisiones. Los exigía el TOF 5, quien juzgará a los Kirchner por lavado de dinero en dos expedientes vinculados a las empresas familiares Los Sauces (inmobiliaria) y Hotesur (dueña del hotel Alto Calafate). Hasta que no se fije fecha de inicio de las audiencias, la hija de la electa vicepresidenta no tiene obligación de regresar a la Argentina.
En tanto, en los Tribunales de Comodoro Py este lunes 4 de noviembre el TOF 2 presidido retomará las audiencias del juicio contra Cristina y otros doce imputados, donde a ella se la acusa de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al favorecer a Lázaro Báez con contratos viales, según la acusación, de manera irregular.
El juicio se encuentra en etapa de indagatorias, por eso el fiscal Diego Luciani se había opuesto a autorizar a la ex presidenta a salir del país. Según el calendario fijado por el Tribunal, el lunes deberá declarar Julio De Vido, quien participará por viodeoconferencia desde el penal de Marcos Paz, y en principio no responderá preguntas.También será el turno de Abel Fatala, quien dijo que declarará.
Las próximas semanas debería declarar Lázaro Báez-quien no hablará por ahora- y Sergio Colladera, quien dentro se la estructura de Vialidad Nacional debía controlar las obras adjudicadas. Después será el turno de los dos ex directivos de Vialidad en la provincia de Santa Cruz, Raúl Santibañez y Juan Villafañe. El 2 de diciembre, ocho días antes de asumir como vicepresidenta de la Nación, y con el último turno de los acusados en el juicio, Cristina Kirchner debería declarar en el primer juicio por corrupción que afronta. Pero también puede pedir que se postergue su indagatoria.
Una vez concluida esa etapa, comenzarán las declaraciones testimoniales. En principio serán escuchadas 170 personas, muchas de las cuales son cuadros técnicos de Vialidad y empleados de Austral.
El expediente investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz. Según el dictamen acusador, la firma Austral Construcciones lograba cobrar con mayor rapidez los contratos, incluso cuando las obras no se terminaban. La causa arrancó por una denuncia de Vialidad, tras la salida del poder de Cristina.
Durante la instrucción del caso, a cargo del juez Julián Ercolini, se determinó que el grupo Austral de Báez fue beneficiado con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos,«plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles». Por eso, se habla de un «direccionamiento» a favor del conglomerado del empresario K.
La acusación sostiene que se configuró un esquema «de beneficios exclusivos» para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el «empresario de obra pública vial más beneficiado» por las «gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner». A los ex presidentes se los apunta como los responsables de «diseñar la maniobra» y de «erigir a su amigo personal» como contratista del Estado.
Según la investigación, el delito se materializó en cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y diseño de un esquema de “beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado”, informó Clarín.