Una empleada presentó una nota por salarios mal liquidados. Advierte que desde septiembre de 2015 se están haciendo por afuera del Convenio Colectivo de Trabajo. Se modificó el mecanismo para ocultar los aumentos de sueldos a través de la suba de un índice. Podría haber sanciones y no descartan ir por la vía judicial.
La interna feroz dentro del gremio de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos de Chubut (APEL) llegó a su pico máximo y desató un escándalo de grandes dimensiones.
Las diferencias dentro del gremio son inocultables y hasta ayer mantenían una “guerra fría”. Sin embargo, el conflicto escaló y se desató un escándalo de grandes magnitudes dentro de la Legislatura.
Irene Vega presentó el martes en la Legislatura una nota dirigida al vicepresidente primero a cargo de la Legislatura, José Grazzini y a los presidentes de cada bloque, solicitando el reintegro de fondos por liquidaciones erróneas desde septiembre de 2015.
“Vengo a reclamar las diferencias de haberes que me corresponden por incorrecta liquidación de mis haberes desde el mes de septiembre de 2015, más los intereses que cada suma haya devengado desde que debiera ser abonada y hasta tanto se cancelen”, inicia la nota de Vega -ex diputada provincial- , que abrió una fuerte discusión dentro de la Legislatura.
La maniobra para ocultar los aumentos
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de la APEL fue aprobado en 2014 y hasta mediados de 2015, el salario básico y la responsabilidad funcional de los empleados de la Legislatura del Chubut se fijaba porcentualmente sobre la base del sueldo básico de la categoría mayor del agrupamiento del personal de planta permanente del Poder Legislativo, que es el del Secretario de Enlace y el de la Directora General de Administraciones.
Sin embargo, a partir de septiembre de 2015 y sin que exista una reforma del CCT, desde el gremio y los diputados de extracción gremial que participan en la Comisión Paritaria de la Legislatura, delinearon una ingeniería para otorgar “aumentos solapados” que no trasciendan a la opinión pública.
Esto se hizo porque las subas salariales dentro de la Casa de las Leyes siempre generaron polémica, pero principalmente estuvo enfocado en “ocultar” las diferencias exponenciales de los incrementos de las dietas en relación a otras áreas del Estado Provincial.
“Para que no tome estado público, empiezan a tocar el índice, que cambió el mecanismo de liquidación de sueldos. El objetivo era esconder el aumento porcentual de los sueldos”, indicó una fuente a El Chubut.
Sin vacilar, un referente de la Cámara de Diputados señaló a este diario que “alteraron el mecanismo de cálculo de los sueldos” y remarcó que actualmente “el Convenio Colectivo de Trabajo no se está cumpliendo”.
Excede a los diputados
El modus operandi es tan hermético que los diputados no reciben la información en sus bloques.
En la Comisión Paritaria de la Legislatura se confecciona un acta -al que diversas fuentes la consideraron “muy secreta”- con un anexo y ese anexo solo lo reciben en el área Contable de la Legislatura. A presidencia solo llega una Resolución que dice «modifíquese el índice de la categoría de referencia en 0,5%».
“De la paritaria sale un acta que es muy secreta y a la que solo tienen acceso un puñado de personas”, confió una fuente de Legislatura a El Chubut.
Liquidaciones erróneas
“A partir de 2015, los haberes de los empleados legislativos comenzaron a liquidarse de manera errónea, ya que los porcentajes correspondientes a cada categoría no se aplicaron sobre el valor del salario básico y responsabilidad funcional del Secretario de Enlace o Director General de Administración como indica el CCT, sino sobre un ‘un valor índice’ que no respeta el modo de cálculo establecido en la norma”, denunció Vega en la nota a la que accedió El Chubut.
A través de distintas resoluciones de aumento se elevó el índice salarial del cargo de Secretario de Enlace y el Director General de Administración, llevándolo sucesivamente del índice 1 a los índices 1,05; 1,10; 1,15; y 1,17, “y en lugar de respetar lo establecido en el CCT como forma de determinación del haber de cada categoría, aplicando el índice de las mismas al salario básico de esos cargos, se comenzó a calcular el salario de los trabajadores legislativos aplicando el porcentual del nomenclador al valor índice 1”, formula el escrito.
La nota cita un ejemplo: “Por Resolución 121/19, el valor índice del salario básico se fijó en la suma de $ 44.884 y de la responsabilidad funcional en $ 65.981”.
“Por su parte, el salario del Secretario de Enlace se establece en el 1,17% de esas sumas, por lo que la correcta forma de liquidación de los haberes de los restantes cargos del escalafón de la Legislatura debieran haberse calculado la aplicación porcentual que a cada una le corresponde sobre el salario básico del Secretario de Enlace”, cuestiona la nota presentada.
Un párrafo del escrito presentado da en el centro de la presunta irregularidad en la liquidación de haberes: “Por motivos que se desconocen, en lugar de efectuar el cálculo de los sueldos de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo, los salarios de los distintos cargos del nomenclador se han calculado sobre el valor del índice del salario y no sobre el salario del Secretario de Enlace o el Director General de Administración, provocando las diferencias que se reclaman”.
“Los adicionales de zona desfavorable, presentismo, zona desfavorable sobre responsabilidad funcional y presentismo sobre responsabilidad funcional también se encuentran mal liquidados, puesto que se referencian con el básico y responsabilidad funcional de la categoría, por lo que al abonarse erróneamente estos conceptos impactan en la liquidación de los sueldos”, remarca Vega en la nota.
Montos millonarios
De acuerdo a un cálculo que realizó una persona conocedora del sistema legislativo, indicó que por la liquidación errónea los empleados deberían cobrar una suma entre $400.000 y $ 800.000, de acuerdo a la categoría.
En el caso de los diputados, la cifra rondaría aproximadamente en los 3 millones de pesos.
La presentación otorga un plazo de 15 días para resolver este presunto error y en caso de no recibir respuesta, acudirá a la justicia.
Si se reconoce el reclamo, la Legislatura tendrá que emitir una Resolución manifestando cómo se pagará la diferencia, pero además, deberá disponer de una partida presupuestaria exclusiva para atender este desfasaje.