La suspensión de la indexación de las jubilaciones, en la mira. La suba de retenciones y el dólar quieto, claves.
Si algo deja en claro la Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva que trató aceleradamente el Congreso Nacional es que el Gobierno quiere equilibrar las cuentas públicas.
Con decisiones fuertes, y tal vez costosas en el tiempo por posibles juicios —como la suspensión de la fórmula de actualización de las jubilaciones—, la suba de las retenciones a las exportaciones de granos y aceites, la marcha atrás del cronograma de reducción impositiva que aplicó el gobierno de Mauricio Macri y el aumento de las escalas para Bienes Personales, el paquete impositivo de Alberto Fernández se encamina a terminar 2020 sin aumentar el déficit fiscal. Toda una señal para un gobierno peronista.
La búsqueda de consistencia fiscal (el déficit de 2020 podría terminar en 0,9% del PBI) y la autorización al Tesoro para que coloque en el Banco Central unaletra en dólares por US$4.513 millones (el monto cubre intereses de bonos con legislación extranjera y pagos a organismos internacionales del año próximo) fue música en los oídos de los bonistas que ahora creen que el Gobierno tratará de evitar por todos los medios el default.
Esa letra del Tesoro, junto con el «reperfilamiento» de Letes en dólares hasta fin de agosto, es leído también como que Alberto Fernández está decidido a avanzar en una negociación con el Fondo Monetario para despejar los compromisos de deuda de 2021 en adelante.
El FMI, como es tradicional, es un acreedor privilegiado y ofrece un paraguas para aplicarles una quita a los tenedores de bonos que se pondrán en la cola esperando que algo del ahorro fiscal que proyecta el Gobierno pueda llegar a sus bolsillos.
Pero la «contundencia» del ajuste (así lo define Marina Dal Poggetto en un análisis muy sólido del Económico de Clarín) encuentra otra pata fundamental en el impuesto al turismo y al ahorro aplicado en las compras de dólares con esos destinos.
El dólar turista (todavía resuenan las excepciones al proyecto original como los viajes a países limítrofes) incorpora un impuesto de 30% que juega a favor del Tesoro o del Banco Central.
Si alguien lo compra, pagará el gravamen de 30% en pesos y si no lo hace, le deja los dólares al Central para alivio de Miguel Pesce que, en la semana, pronosticó una larga vida tanto para el cepo cambiario como para el impuesto al turismo al exterior que, en principio, tendría cinco años de vigencia.
El nacimiento de un abanico importante de clases de dólar (de acuerdo a las retenciones, dólar soja, dólar carne o dólar turismo o ahorro, etc.) inaugura también una serie de intentos para eludir esos impuestos mientras que el Gobierno intentará que sea el dólar de $63 el que rija la fijación de precios de la canasta alimenticia y básica de las familias. ¿Lo logrará?
La Argentina tiene una nutrida historia sobre los tipos de cambio diferenciales caracterizada por un resultado efectivo en los primeros meses de vigencia que, con el tiempo, va cediendo y se produce el «traspaso» de operaciones desde los dólares oficiales a los marginales o sucedáneos.
El esquema del ministro Martín Guzmán arranca con dos anclas antiinflacionarias: el dólar y las tarifas quietas.
En el caso de las tarifas de gas y luz, el congelamiento, en principio, es por seis meses, y todo indica que el desfasaje frente a la inflación o a la suba de costos correría por cuenta de las empresas prestadoras.
Para el caso del dólar, la vigencia de la estabilidad es indefinida pero, presumiblemente, la quietud actual desembocará en algún esquema de actualización a la marcha del resto de los precios.
Sin una hoja de ruta explícitamente definida, los analistas económicos y los operadores del mercado entienden que Guzmán buscará que los salarios y las jubilaciones puedan crecer algo por encima de la inflación mientras que las tarifas y el dólarlo hagan por debajo.
La profundización del cepo cambiario y el fuerte ajuste fiscal impulsado por la desindexación de las jubilaciones y el aumento de los impuestos le ponen los pilares para un plan orientado a la consistencia fiscal, sin que una reducción de gasto público aparezca en el horizonte, informó Clarín.