Desde el Instituto Provincial de la Vivienda se advirtió sobre posibles casos de tráfico de influencias en los que se estarían solicitando cobros económicos a cambio de agilización de trámites o beneficios.
“No hay manera de que pudiera entrar tal o cual persona de un modo ilegal”. El delegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la zona sur, Martín Iparraguirre, advirtió este martes sobre nuevos casos de cobros económicos para acceder “a algún tipo de derecho o sistema de adjudicación”.
Señaló que las entidades intermedias presentan sus listados con posibles beneficiarios y son chequeados por el organismo, por lo que “no hay manera de que pudiera entrar tal o cual persona de un modo ilegal”.
En una conferencia de prensa que brindó junto al delegado del Ministerio de Gobierno en Comodoro Rivadavia, José Luis González; el funcionario del IPV precisó que “seguimos recopilando la información y las pruebas necesarias como para realizar las denuncias que en este momento están en proceso”.
Iparraguirre aclaró que se trabaja con las entidades intermedias para que se asegure el cumplimiento de la normativa en los procesos de adjudicación de viviendas. Indicó que ellas mismas “tienen que transmitir que no hay otra manera de llevarlos adelante que no sea mediante los registros permanentes y los controles”.
MÁXIMA TRANSPARENCIA
Aseguró que desde fines de 2018, cuando se puso al frente de la Delegación Zonal, “uno de los principios básicos que hemos querido aplicar es el de la máxima transparencia y el de trabajar con la gente”.
El funcionario recordó que en el mes de febrero del año pasado, “luego de hacer un seguimiento de un caso particular, presenté ante la Fiscalía una denuncia penal por circunstancias en las cuales se estaba traficando económicamente la ocupación de una vivienda en un barrio de Comodoro”.
A partir de ahí, y a lo largo del año, “trabajamos en contacto con las entidades intermedias y con los propios beneficiarios de manera tal de que hubiera una colaboración en términos constantes entre la sociedad y la delegación para asegurar el chequeo de los procedimientos de adjudicación”.
PROTOCOLO
También en contacto con los medios, José Luis González, delegado del Ministerio de Gobierno en la zona sur, manifestó que “la impronta que tenemos que darle a la gestión es de transparencia, de ayudar a la gente y acá se ve claramente que hay personas perjudicadas”.
Aseguró que “si alguien usa esta operación efectivamente es un engaño hacia la gente” y aclaró que nadie está autorizado a cobrar en nombre del IPV: “Tiene que ir directamente a la delegación y cumplir con un protocolo”.