La abogada de la familia del tatuador anarquista, desaparecido tras la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen y aparecido muerto en el río Chubut en octubre de 2017, apelará ante la Cámara de Casación la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que designó a cargo de la investigación judicial otra vez al juez Gustavo Lleral, y también tiene cita en la Corte Suprema.
“No voy a dejar firme esa resolución. Mientras tanto Lleral no debería tomar ninguna medida en la causa, y además el tema de las escuchas ilegales a Sergio Maldonado está en la Corte, es la cuarta vez que vamos al máximo tribunal”, explicó a Página/12 Verónica Heredia, que representa a los familiares de Santiago.
“Es volver y volver, una y otra vez, la imagen perfecta de esta causa”, agregó al referirse a la maraña armada por todas las instancias judiciales que están interviniendo en un expediente en coma. “Juegan al desgaste”, sintetizó Sergio Maldonado.
Además de haberlos ninguneado cuando Santiago estaba desaparecido y el anterior gobierno negaba que hubiera estado entre los mapuches, y de haberlos atacado con los ejércitos de trolls –con funcionarios digitando los primeros pasos del juzgado de Guido Otranto–, la administración macrista y la gestión de Patricia Bullrich intervino de manera ilegal las comunicaciones de su familia y allegados.
El espionaje se completó con seguimientos para nada discretos mientras Sergio Maldonado, su esposa y sus abogadas recorrían desesperados la Patagonia en su búsqueda. Esta actividad, penalizada por tres leyes nacionales, es objeto de una causa federal en la que están imputados ex funcionarios del ministerio de Seguridad.
Pero lo que lleva a la abogada de la familia de nuevo al Palacio de la calle Talcahuano es la necesidad de ratificar la nulidad de esas escuchas, que detectó el juez Lleral cuando se hizo cargo del caso en reemplazo de Otranto y las anuló.
El problema es que las resucitó un fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia, presidido por Javier Leal de Ibarra, a la sazón integrante de la oficina que se dedica a las intervenciones telefónicas. El caso ya pasó por la mayoría de los despachos de la Corte y ahora estaría en la vocalía de Horacio Rosatti.
Así, la investigación en sí misma está detenida en primera instancia, a la espera de decisiones de escalones superiores.
El último día de la feria de verano, tal como informó Página/12, Casación envió el caso a Lleral quien ya se había apartado dos veces, una por iniciativa propia y la segunda al ser recusado, y la familia dio la noticia bajo el título de “el loop infinito de la justicia”.
La imagen que remite a una repetición que no lleva a ninguna parte fue acompañada con una infografía que puso en evidencia los rostros de quienes, a criterio de los parientes de Santiago, son los responsables de una maraña que los aleja de la verdad y la justicia que exigen. Ahora se agregan los del Máximo Tribunal.
“Una vez más queda claro que el Poder Judicial es una trampa, un laberinto del terror sin fin, y que siempre son los mismos jueces los que van resolviendo arbitrariamente el recorrido”, lamentaron los Maldonado al informar las novedades.
En un mensaje por Twitter, en el que se dirigió a la ministra de Justicia y al presidente Fernández, Sergio Maldonado agregó que la llave del laberinto la tiene el juez Leal de Ibarra, uno de los camaristas que validó las intervenciones a su teléfono mientras su hermano aún estaba desaparecido.
“Necesitamos con suma urgencia verdad y justicia, en Argentina no hay justicia, juegan al desgaste todo el tiempo”, sintetizó.
En diálogo con Página 12, Heredia anticipó: “Voy a presentar un recurso extraordinario federal contra la decisión de la Cámara de Casación, que en diciembre ratificó la reapertura del caso pero por mayoría los camaristas rechazaron el planteo de Sergio Maldonado para que sea investigada la desaparición forzada de su hermano por parte de un equipo de expertos independientes de los poderes del Estado”.
La letrada, que en 2011 obtuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la condena al Estado argentino por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres, está convencida de que esa es la única salida: la intervención de profesionales ajenos a los gobiernos cuyas fuerzas de seguridad son las imputadas. Y así lo sigue expresando la familia en su solicitud al Poder Ejecutivo para que “tenga la voluntad y la decisión política para avanzar en la conformación del grupo de expertos independientes a partir de nuestra expresa petición del 20 de enero de 2020”.