Alberto Lugones expresó su preocupación al considerar que de aprobarse la ley que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones para jueces, fiscales y defensores oficiales, habrá entre «100 y 150 renuncias de jueces», lo que generaría «450 vacantes» y pondría en jaque el funcionamiento del Poder Judicial.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, expresó su preocupación al considerar que de aprobarse la ley que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones para jueces, fiscales y defensores oficiales, habrá entre «100 y 150 renuncias de jueces», lo que generaría «450 vacantes» en el Poder Judicial y pondría en jaque el funcionamiento del Poder Judicial.
De todos modos, el titular de la Magistratura dejó claro que cree en la «buena fe» para solucionar el contrapunto que se genera a partir de que el Poder Judicial considera que «hay partes de la norma que no están del todo claras», y expresó que con «la predisposición del Gobierno» a modificarla «se podría solucionar de manera sencilla» esa «incertidumbre» que genera la norma.
«El número que tengo es entre 100 y 150 renuncias de jueces y eso daría 450 vacantes, y eso me preocupa», dijo en declaraciones a radio El Destape el magistrado que preside el órgano del Poder Judicial encargado de la selección y control del desempeño de los jueces.
Argumentó que de acuerdo a la información que tiene «puede haber un número importante de renuncias» de integrantes del Poder Judicial que ya tienen los requisitos para hacer uso de la jubilación (60 años), y que «entiende que la situación de la ley no es clara y, en consecuencia, deciden apurar su salida».
Lugones, que además de presidir el Consejo es juez de primera instancia de San Martín, agregó que si se generan «450 vacantes de jueces», indefectiblemente «se va a afectar el funcionamiento del Poder Judicial», y se preguntó: «Cómo vamos a seguir dándole servicio a la comunidad».
Advirtió también que a esta tanda de renuncias de jueces, se sumarían la de «asesores, fiscales y funcionarios» que también se rigen por este régimen especial de jubilaciones y pensiones», en un número que, según dijo, «no se puede determinar ahora».
«Si esto ocurre así va a frenar el funcionamiento del Poder Judicial», dijo y sumó a este panorama su preocupación respecto a «cómo seguirán adelante» con esas bajas, por lo que sostuvo que «facilitaría empezar a corregir lo que hay que corregir», en referencia a la norma.
Según expuso Lugones, «hay partes de la norma que no están del todo claras» y «la predisposición del gobierno» a modificarla «podría solucionar de manera sencilla» esa «incertidumbre» que genera en los integrantes del Poder Judicial.
«Entiendo que el Gobierno piense que no se cambia demasiado, pero hay gente que cree que se modifica de manera importante porque se reduce de 30 a 40% la jubilación tal como se liquida hoy. Si hay buena predisposición del gobierno, se podría solucionar de manera sencilla», dijo, y agregó: «Creo en la buena fe de todos en general».
Lugones sumó como apreciación que «se podría corregir alguna palabra en el artículo 10, la parte que dice los últimos 120 meses en el mismo cargo», que es la que genera incertidumbre.
«Al no poner la palabra cargo, no esta previsto cómo se actualizaría aquel mes 120 para llegar al actual en el que se concedería la jubilación», analizó el magistrado, que agregó que «si tiene 120 meses iguales», no se sabe «cómo se actualiza» y se infiere que «se estaría reduciendo entre un 30 y 40 por ciento la jubilación».
«Si se clarifica esto, se calmaría» el debate, dijo Lugones, que dejó claro que no piensa jubilarse por ahora, más allá que cumple con los requisitos para hacerlo, porque tiene «un compromiso» con sus colegas y con el cargo que ocupa al frente del Consejo de la Magistratura, informó Télam.
