El Tribunal de Cuentas condenó al exdirector de Recursos Humanos de Río Negro, Gabriel Limardo, al pago al Estado provincial de 2,5 millones por el perjuicio patrimonial originado con sus designaciones apócrifas a funcionarios y agentes públicos. Al exfuncionario de Gobierno y de Seguridad, durante la primera gestión de Alberto Weretilneck, se les asignó responsabilidades por dos hechos: el nombramiento de tres directoras con “documentos falsos, imitando el formato real de los decretos” durante casi 10 meses (abril del 2013 a enero del 2014), y la designación de 11 personas como agentes del Servicio Penitenciario Provincia, por dos meses (abril y mayo del 2014).
Según publica Río Negro, en el 2016, la Justicia ya había condenado a Limardo con dos años y medio de prisión en suspenso y a cumplir 300 horas de trabajo comunitario, en el marco de un acuerdo en el que aceptó los hechos y la imputación de “fraude en perjuicio de la administración pública, con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El exfuncionario ya cumplió con esa condena judicial y sus tareas comunitarias fueron realizadas en la Catedral de Viedma, en labores asignadas por el padre Luis García.
En diciembre, el órgano de control administrativo lo condenó al pago de 2.590.615,03 pesos. Ese monto -según su sentencia- corresponde a lo que “debió desembolsar el Estado como consecuencia de haberes de las once personas”, producto de los “actos fraudulentos dirigidos y ejecutados por Limardo”, por lo cual, se “liquidaron y abonaron tanto remuneraciones como aportes y contribuciones por la supuesta prestación de servicios”.
Aquel monto está actualizado y, además, se consigna la posibilidad de descontar 154.202,74 pesos por “la recuperación” de aportes y contribuciones denunciadas, en “juradas rectificativas en AFIP-DGI”.
Limardo ocupó el cargo de director de Recursos Humanos de Gobierno, entre febrero del 2013 a enero del 2014, y era director “interino” de igual dirección del Ministerio de Seguridad y Justicia en diciembre del 2013 y enero del 2014.
En su acción, la Fiscalía de Investigaciones ratificó que el entonces funcionario confeccionó “tres documentos falsos, imitando el formato real de decretos, utilizando el acceso que tenía por su cargo a otros documentos verdaderos que contenían sellos del gobernador Alberto Weretilneck y el ministro Luis Di Giácomo”.
En referencia a las personas que figuraron, su “responsabilidad -dice el Tribunal- que fueron o se vieron -voluntaria o involuntariamente- involucradas no pueden ser juzgadas”, desde que ya ha sido decidido que “no revistieron la calidad de agentes públicos durante los hechos traídos a consideración, y porque la FIA no inició juicio contra ellos”.
“Se configure responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos (funcionarios propiamente dichos y empleados), que trae aparejada una reparación patrimonial al Sector Público, se requiere un daño. Sin daño no hay responsabilidad patrimonial”, dijo el Tribunal de Cuentas.
Según el Tribunal, el perjuicio histórico fue de 759.032,44 pesos y se incorpora 1.831.582,59 pesos por “intereses devengados”. Establece que esta cancelación debe darse dentro de los 10 días de notificada la presente sentencia. En caso de incumplimiento, “sin interpelación previa, las actuaciones serán giradas a la Fiscalía de Estado para que proceda al cobro del cargo por vía judicial.
