“El decreto de Macri no tenía justificación ni jurídica ni técnica. Estaba fundamentado en tres notas periodísticas sobre cuestiones de algunos testigos en particular, algunos particularmente famosos», dijo Mena en declaraciones a Télam.
A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 168/2020, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó hoy el decreto de Mauricio Macri que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, firmado pocos días antes de dejar el poder, y restituyó el programa nacional anterior, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
El viceministro explicó que la derogación del decreto de la gestión de Cambiemos «se venía analizando desde el día que asumimos la gestión», ya que la norma dictada por el macrismo el 28 de noviembre de 2019 -días antes de que finalizara la gestión- «preveía un funcionamiento anormal de la nueva agencia».
En este punto, Mena remarcó que esa decisión «afectaba seriamente la confidencialidad y la operatividad» y sostuvo que, «más allá de casos particulares, el programa tiene muchos testigos a los que se les debe dar protección».
Además, el funcionario se refirió al testigo arrepentido del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, quien -según una investigación periodística- habría recibido fondos públicos, a través del programa de Protección de Testigos, para incriminar al ex vicepresidente Amado Boudou, hoy preso.
«Se confirma que se violó la ley» en este caso, dijo Mena y explicó que «una de las obligaciones que se impone es que no se puede dar cuenta que uno es testigo protegido, y sin embargo se lo vio en televisión», al tiempo que recordó que «los ministros no pueden meterse en el funcionamiento cotidiano del programa».
En ese sentido, apuntó a los ex ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich respectivamente, ya que «los testigos decían que se entrevistaban con ellos», lo que está establecido en la reglamentación que no se puede hacer.
El viceministro destacó que, a partir de ahora, el programa «vuelve a su configuración original, que es una dependencia dentro de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio», luego del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos los ministros, señaló Télam.
