Compartimos con nuestros vecinos, compañeros de otras asambleas y lectores de otras regiones la declaración de nuestra Asamblea sobre la contratación de un servicio de monitoreo de publicaciones por parte del Estado provincial, así como sobre los serios riesgos que podemos vislumbrar derivadas de esta clase de medidas.
Espiar no es gobernar
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina manifiesta su más enérgico repudio a la contratación, por parte del gobierno de Chubut, del operador José Luis Gaud para realizar tareas de “monitoreo de medios” quien entre sus antecedentes, además de haber sido Consultor Externo de Comunicación Minera para Pan American Silver en el proyecto Navidad, se jacta en su presentación laboral de haber realizado un “Manual para interpretar cómo trabajan los activistas del No a la Mina”. Estas actividades pasadas, así como la referida para su contratación actual, son hoy en día inseparables del monitoreo de redes sociales, más conocido como ciberpatrullaje, e ingresa por lo tanto en un campo de dudosa compatibilidad con las libertades y garantías democráticas, tanto individuales como comunitarias.
Se trata del mismo gobierno que adeuda entre uno y dos meses de pago de salarios a los trabajadores de las distintas áreas del Estado, así como el pago a proveedores -que en muchos casos son pequeños emprendedores-. El actual escenario de la pandemia está siendo claramente aprovechado por el gobernador Mariano Arcioni para asfixiar aún más las economías de nuestro pueblo mientras por otra parte se anuncian alianzas empresarias y un nuevo intento de habilitar la explotación del Cordón Esquel como “Proyecto Suyai”. Recordemos que la empresa Yamana Gold impuso al yacimiento ese nombre de fantasía con el fin de ocultar a sus propios inversores el rechazo de la población expresado en el Plebiscito de 2003. Asimismo, vemos cómo el lobby minero avanza en la meseta central de la mano de Pan American Silver, empresa que contó por años con los servicios del mencionado José Luis Gaud.
Los antecedentes autoritarios del actual gobierno provincial a través, particularmente, de las prácticas impulsadas por su ministro de Seguridad, Federico Massoni, habilitan mayores alertas. Escudándose en la pandemia por el COVID-19 el citado ministro ha generado una gran cantidad de atropellos a vecinos y vecinas de las distintas ciudades y pueblos chubutenses, derivando finalmente en medidas judiciales preventivas desde la Procuraduría General de la Nación y de organismos de Derechos Humanos de nivel provincial y nacional, a lo cual deben sumarse situaciones similares producidas estos últimos años en el marco de los conflictos gremiales derivados de la brutal crisis económica y social generada por el mismo gobierno.
En la línea de prácticas estatales y paraestatales de vigilancia sobre la población, es preciso recordar también el fichaje de vecinas y vecinos realizado -hasta donde se conoce- por un agente de inteligencia, un fichaje que además fue formalmente recibido por fiscales provinciales de nuestra ciudad, y sorprendentemente ingresado en una causa por el conflicto de tierras en Leleque. Al descubrirse todo ese procedimiento de espionaje ilegal, los vecinos y vecinas directamente afectados iniciaron una querella que aún está en proceso judicial a pesar de las maniobras para neutralizarla y consagrar la impunidad de los distintos responsables.
Entendemos que la contratación de Gaud se corresponde claramente con los intereses del gobierno y el lobby minero para avanzar en la imposición de la megaminería, en una provincia que desde 2003 a la fecha rechaza la actividad. Pero nos resulta muy claro también que el “monitoreo” encargado por Arcioni y su gobierno tiene funciones de control y poder mucho más amplias y se extiende a toda la población, en especial a trabajadoras y trabajadores y sus organizaciones, en el marco de los numerosos conflictos laborales y económicos derivados de la crisis provincial que -de acuedo con todos los indicios- recrudecerá fuertemente en los próximos meses.
Por todo lo expuesto, exigimos al gobierno de la Provincia del Chubut la inmediata cancelación del contrato con el sr. Gaud y de cualquier otra acción que lesione los derechos humanos y cívicos de las y los habitantes de la provincia, entre ellos el de no ser espiados en nuestras opiniones y expresiones, menos aún por medio de acciones propiciadas desde el propio aparato del Estado, un Estado provincial cuyas funciones claramente no se están cumpliendo hace ya varios años, en severo perjuicio de la ya muy castigada población chubutense.
Esquel, 8 de Mayo de 2020
