Aunque días atrás el Presidente Alberto Fernández había ratificado su postura respecto a la intervención de la agroexportadora Vicentin, este viernes sobre las 18:20 publicó en su cuenta de Twitter la derogación de dicho decreto. Argumenta que el juez interviniente no permitió el acceso a la información sobre los pasivos de la empresa, y que en esas condiciones no se puede avanzar con la expropiación. Por esto, ordenó que se inicien todas las acciones legales que permitan al Estado recuperar los créditos reclamados en el concurso preventivo de la empresa. En este sentido, cabe recordar que es el Estado Nacional el principal acreedor de la fina.
«Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días», escribió Fernández en la publicación que acompaña el proyecto.
En el mismo hilo, el presidente indica que «el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía».
«Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», continuó.
Así, sostuvo que «el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo».
«Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo», sostuvo, y remarcó que «pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».
«La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial. En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», remarcó el presidente.
«He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado», finaliza el hilo publicado por Fernández en Twitter.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
El presidente había anunciado el pasado 8 de junio la intervención y expropiación de la empresa Vicentin.
En esa oportunidad, el mandatario nacional nombró como interventor a Gabriel Delgado y había anunciado que enviaría al Congreso un proyecto de ley de expropiación de la firma. La empresa tiene una deuda de $100.000 millones, y el Estado Nacional es su principal acreedor
