Dos abogados comodorenses preparan una “pesada” denuncia penal contra el ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni y otros integrantes del gabinete del gobernador Mariano Arcioni. Los delitos que denunciarían tienen que ver con una presunta mala administración de la cuarentena, la desobediencia al DNU del Presidente y a una disposición de una jueza Penal de Trelew.
Los denunciantes piensan hacer la presentación en los próximos días ante la Fiscalía Anticorrupción en Rawson, pero Crónica pudo acceder anticipadamente a algunos pormenores de la misma.
La denuncia penal contra el polémico ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni involucra también a su “mano derecha”; el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal Federico Pérez Mariani. Al ministro de Salud Fabián Puratich, a la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos y al ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini.
Los motivos por los que los denunciantes entienden que se habría incurrido en una sucesión de graves delitos, cometidos por funcionarios del Gobierno de Chubut, con la presunta “complicidad” del gobernador Mariano Arcioni; van desde haber contradicho el decreto del Presidente de la Nación respecto de la pandemia del Covid 19, hasta haber desobedecido una disposición de una jueza Penal.
A Grazzini, por ejemplo, le endilgan «no haber cumplido con el protocolo nacional del Covid 19″ –tal como se había comprometido delante de la jueza Mirtha del Valle Moreno—y sin embargo habría aceptado la transferencia de la plataforma provincial “Te cuidamos”, que otorgaba permisos de circulación sin tener competencia la provincia para hacerlo.
La denuncia y sus fundamentos tienen varias fojas y hasta podría convertirse en una “megacausa”, porque los letrados denunciantes dejan lugar para que con la producción de las pruebas que solicitan puedan llegar a sumarse nuevos imputados.
De concretarse la apertura de una investigación penal Massoni, Pérez Mariani y Grazzini serían los más complicados, por el grado de compromiso que se les atribuye en la denuncia. Los delitos que se pide que sean investigados en cabeza de los nombrados son «usurpación de autoridad, abuso de autoridad, (eventualmente) violación de los deberes de funcionario público, y requerimiento ilegal de la fuerza pública», se detalla en la parte del escrito que este diario pudo ver.
Los abogados denunciantes piden en el mismo requerimiento que el procurador General de la provincia Jorge Miquelarena asigne a un fiscal para que lleve adelante la causa. Piensan presentarla en los próximos días.
