Gustavo, por favor certificá que la 202 y 404 estén abiertas hasta las 19. Ayer nos corrieron a las 11.30. Si no, no podemos avanzar. Necesitamos las escuelas abiertas”, le escribió Jorge Santucho a Gustavo Hueichán. La respuesta: “Hola Santucho, dale. Yo les aviso para mañana”.
Luego Hueichán le escribe a Santucho:
-En cual están ahora?
-185, 441, 4…
El intercambio de mensajes de texto es una de las evidencias que posee la Unidad Anticorrupción para intentar probar que la exministro de Educación y actual diputada provincial, Graciela Cigudosa, encabezó un plan para defraudar al Estado mediante obras de refacción y mantenimiento de escuelas, en enero de 2019. La acusación espera la audiencia preliminar para el juicio oral y público.
En otro aviso, Hueichán la previene a Daiana Henríquez, secretaria administrativa de las empresas constructoras Lada y Ramida: “Buen día, te paso el listado para que tengas y así ves las escuelas que tienen que cobrar cada empresa, así tienen cómo mostrarles a la escuela”
Y de Raúl Care, exsubsecretario de Coordinación de Educación, para Henríquez: “Se pagó LADA, mañana se acredita en la cuenta (…) Ahí me informaron de contaduría de la Escuela 196, sale mañana tengo que apurarlo”, en clara referencia a un pago. Por último, Care le consulta a Henríquez: “Buen día, le pagaron de 196?”. Ella contesta: “Sí, mil gracias”.
Jorge Santucho se presentaba como empleado, jefe o responsable de obra de constructoras según fuera necesario. Y Hueichán era secretario privado de Care.
Los otros involucrados son Daniel Schmidt, titular de Lada Construcciones y Ramida; su empleado Félix Currumil; Daniel Gel, responsable de Gefer y Calypso Revestimientos, y Roxana Pereyra.
El fiscal Omar Rodríguez considera que este grupo armó un concurso de precios para quedarse con las obras de 24 escuelas de Rawson y Playa Unión. Idearon una competencia falsa con ganadores anticipados. Y para garantizarse la renta fijaron elevados sobreprecios en los rubros en comparación con los del mercado. Así dañaron el patrimonio del Estado en $ 1.465.615 repartidos en 21 cheques. La pesquisa impidió que ganaran más.
El 25 de enero, Cigudosa envió una nota a la subsecretaria de Recurso Apoyo y Servicios Auxiliares, Liliana Díaz. Le pedía partidas extraordinarias para garantizar el funcionamiento de las escuelas capitalinas.
En febrero, la exministro firmó dos resoluciones asignando esas partidas extraordinarias: $ 7.404.079 para las regiones III, IV y VI, y $ 1.844.595,33 para la Región II de Puerto Madryn. Según Fiscalía, los precios en varios establecimientos superaban holgadamente los montos máximos del régimen de contrataciones. Cigudosa fue directora y lo sabía.
Pero 15 días antes de estas resoluciones, el 24 de enero, “falazmente se incluyó el acta de apertura de sobres y elección por el menor valor de las empresas asignadas”. En febrero ya había “ganadores” adjudicados y montos de contrataciones para la Región IV.
En la ficción, la Delegación Trelew de Educación había diseñado la compulsa de precios. Pero un exdelegado relató que “la orden la dio Care por teléfono”. Le dijo que “va salir la plata y en líneas generales le vamos a pagar 50 al inicio y 50 con el certificado”.
Este exdelegado fue obligado a firmar un acta de apertura de sobres donde no estuvo y un cuadro comparativo de precios donde no intervino. Estaba de licencia en su casa y allí fue Care para insistirle. “Buscó hacer aparecer que había existido una selección de proveedores, y que se había materializado en la Delegación Trelew, situación que no ocurrió”. Todos estos documentos se hallaron en una notebook secuestrada en el Ministerio en Rawson, aunque lo lógico era que estuvieran en Trelew.
Los proveedores recibirían cheques con un anticipo del 50 %. Pero ni de la nota a Díaz, ni de los anexos, ni de las Resoluciones surge ese anticipo. “No fue azar sino parte del plan para evitar ser detectados en el accionar ilícito por la Contaduría General de la Provincia y el cuerpo de Asesores Legales del Ministerio”. Cigudosa actuó así para no quedar al descubierto que violaba la Ley de Contratación al disponer sumas excesivas. A cinco días de las resoluciones los elegidos ya cobraban los primeros cheques.
La acusación considera que se eligió la figura de “Partidas Escolares” para evitar los controles de Contaduría y no tener que generar órdenes de pago presupuestarias. En el expediente ni se menciona el proceso de contratación, que ya estaba abrochado.
Los directores fueron usados como meros intermediarios en el pago. No participaron de las contrataciones: desconocían el proceso, la selección de empresas y los montos. “Esto permitió que Santucho se haya presentado en casi todos los establecimientos a llevar adelante las refacciones, cuando en muchas habían sido otros los proveedores adjudicatarios”. Los directores no podían saberlo porque desconocían el seleccionado.
Santucho ensayó un relevamiento ficticio de las necesidades. Es que hallaran lo que hallaran, ya sabían que harían solamente cambio de tubos fluorescentes y cerraduras, limpiezas de caloramas, reposición de tapas de inodoro, reposición de vidrios rotos, entre otras obras menores. No lo que las escuelas pedían.
“Para hacer más difícil el descubrimiento de su accionar, y darle apariencia de sana competencia, utilizaron varias empresas”. Schmidt usó Lada y Ramida; Gel hizo lo mismo con Gefer y Calypso; Santucho hizo lo propio con Roxana Pereyra (pareja de su hijo).
El fiscal advirtió que en la puja de precios usaron nombres de personas que ni sabían del tema. Como un maestro mayor de obras que no reconoció su firma en las cotizaciones ni fue invitado. “Aumentaban el número de competidores para transparentar y hacer creer que era una competencia limpia, que aparezca una empresa diferente participante a las que fueron elegidas”.
Dibujaron memorias descriptivas y cotizaciones para que pareciera legal. Recorrieron las escuelas, hicieron obras menores, presentaron las facturas y retiraron los cheques. Los endosaron y se lo entregaron a Schmidt, quien a su vez los endosó para cobrarlos. Había facturas presentadas con numeración correlativa: 1, 2, 3, 4, armadas para la maniobra. Care y Hueichan “armaron carpetas con documentación falsa, presupuestos armados y cotizaciones de proveedores totalmente ajenos”.
Hueichán facilitó la entrada de Santucho a las escuelas. Si había problemas con los porteros, pedía que el Ministerio “les aplicara un correctivo” para que el plan siguiera sin contratiempos. Ambos tenían comunicación fluida. También recolectó los teléfonos de las empresas para “documentar falsamente” a quienes se había invitado a cotizar. “Sobre todo por la eventualidad de que fueran citados por la Fiscalía, según los dichos del propio Hueichán”.
Fiscalía concluyó que la competencia fue un montaje. El total de contrataciones de la región IV de $3.456.223 debió haberse licitado.
Por ejemplo, en la Escuela 47 debía trabajar Calypso, propiedad de Gel. Eran $ 347.0000 y su 50% superaba el límite. “De manera ingeniosa quienes realizaron el cuadro comparativo de precios decidieron dividir el monto por tres, arrojando como partida $ 145.000”.
Los secuestros incluyen un celular Samsung con una leyenda en su funda: “Lo mejor está por llegar”.#
“Insistían todo el tiempo con el pago”
Empresas y empleados recorrieron las escuelas desde enero, dice la acusación. El director del Centro de Formación 650 le pagó a Currumil $ 54.937. Declaró que los precios estaban sobrefacturados. Ese que ese Centro forma profesionales que saben cuánto cuestan estos trabajos.
Desde la Escuela 47 advirtieron que no había orden por escrito. “No sabíamos qué iban hacer, y quiénes”. No sabían a quién metían en las aulas. Allí debía trabajar Lada pero el cheque fue para Ramida. “Care llamaba insistentemente para que pagaran”. No le hicieron caso hasta que Delegación envió una nota.
La Escuela 178 le pagó a Gel, de Calypso. Lo raro es que presentó boleta con el monto exacto: $ 49.453. Gel no debía trabajar allí ya que la adjudicataria era Lada. “Demuestra que contaba con información previa y exacta sobre el monto a cobrar, y que Lada y Calypso forman parte de la maniobra”.
En la Escuela 185 Santucho se presentó pero le negaron el cheque ya que no tenía orden del Ministerio. Hasta que llegó la nota de Delegación.
En la cuenta de la Escuela 202 Educación depositó $ 112.941. Pensaron que era para el comedor, según una declaración. Hasta que se presentó Henríquez a cobrar. Les llamó la atención que el monto depositado coincidía con la boleta.
A la cúpula de la Escuela 401 no sólo le llamó la atención que primero llegara la partida para refacciones y luego Santucho a cobrar, sino que “sobre lo urgente no se hizo nada, incluso el gas en los termotanques y calefactores no fue habilitado”. Esto ponía en riesgo la seguridad de los chicos. Schmith debió llamar de urgencia a un gasista. Lo raro es que la elegida era Calypso y no Schmith.
Una referente de la Escuela 795 explicó que las refacciones cada año las hacía personal de Obras Públicas o de la delegación del Ministerio. Siempre se relevaba y se elevaba a Educación. “Pero este año fue distinto. A comienzos de año se nos asignan $ 104.000, por lo que consultamos a Delegación y se nos anotició que era para pagar las refacciones. Se presentó Lada y el representante fue Santucho. Todavía no habían cambiado los tubos fluorescentes de tres aulas y ya querían cobrar, insistían todo el tiempo con el pago”.
Tampoco en la Escuela 509 los arreglos coincidían con las necesidades. Y en la Escuela 7.705 Henríquez intentó cobrar sin la obra hecha. En ambas Santucho se presentó como encargado y dejó su número. #
“Los directores comenzaron a pedir explicaciones”
Las necesidades del “Plan Verano” no eran lo que las escuelas pedían urgente. Padecían paredes agrietadas, tableros de luz en mal estado, falta de pintura, inundaciones. “Se pudo poner en riesgo con dicho accionar la seguridad de los niños”, subrayó la Unidad Anticorrupción. En la Escuela 441 hasta decidieron no iniciar las clases al no verificarse los trabajos de gas.
El grupo imputado no atendió prioridades ni le importó recibir en condiciones a los chicos. El modelo básico fue limpiar calefactores, cambiar luces y tapas de inodoro, reponer vidrios, cambiar tomacorrientes y arreglar baños.
En una escuela se presupuestó una costosa bomba de agua por $ 11.707. Pero las que tenía funcionaban. Ni Santucho sabía porque la habían presupuestado. Por las dudas, la dejó.
El precio de los elementos fue mayor al valor de mercado. En los cambios de tubos led y limpieza de calefactores la mano de obra superó ampliamente el valor de los materiales: en algunos casos fue tres o cuatro veces más del precio de lista comercial.
En la Escuela 4 se presupuestó por limpiar cada calefactor $ 6.034,49 por unidad. Gasistas matriculados declararon que en realidad, esta limpieza cuesta entre $ 600 y $ 800. El contratado por las empresas investigadas, refirió que oscila en los $ 1.000. “Claramente deja en total evidencia el elevado precio cotizado por Santucho y la empresa Calypso (Daniel Gel), quienes cobraron los disparatados importes”. Embolsaron fácilmente entre 5 o 6 veces el precio de mercado.
En la Escuela 729 se cambiaron 79 tubos fluorescentes cobrando $ 45.790. Esos tubos valieron $ 129 cada uno. Total: $ 10.191. Gel cobró como mano de obra $ 35.605. O sea, más de tres veces el valor del material.
En la Escuela 20 se presupuestó $ 5.600 por el cambio de 2 tubos. Valían $ 219 cada uno. La mano de obra se cobró $ 5.162.
En la Escuela 509 se presupuestó $ 47.260 por el cambio de 63 tubos. Pero el precio por unidad fue de $ 129. O sea que el costo de materiales era $ 8.127. “Es excesiva la suma de $ 39.133 el valor de la mano obra, más de cuatro veces el valor de los materiales”.
Los trabajos de recambio de tubos ni siquiera se verificaron. Consta en las actas que no se sabe si se reemplazaron.
“A tal punto llegó la situación irregular que los directores comenzaron a solicitar explicaciones al Ministerio y a la Delegación para saber qué empresa era designada, quiénes realizarán la refacción y quiénes estarían a cargo, debido a que no contaban con esa mínima información”. Exigían instructivos por escrito.
El grupo necesitaba que las escuelas estén abiertas, algo difícil en vacaciones de verano. Fue Hueichán quien llamó a la Delegación y los directores para que dejen entrar al personal.
Henríquez –por orden de su jefe Schmitd- en la mayoría de las escuelas pasaba a cobrar los cheques sabiendo el importe para las facturas. No podía saberlo sin datos internos del Ministerio. Y Santucho aparecía como jefe de los trabajos pero sólo recibía órdenes de Henríquez, quien a su vez las recibía de Schmitd.
La maniobra intentó replicarse en Puerto Madryn. De Lada le escribieron a Schmitd: “Vos agarrá 25 y me decís cuáles son”. Santucho contesta: “Ok, hoy me da la lista Corcho (por Care)”. Y de nuevo Lada: “Ok vas a ser 18/ de Madryn por si hablas con Corcho”
El concurso para la ciudad del Golfo se hizo pero quedaron afuera. Sus presupuestos eran muy caros.
Detrás de todas las empresas aparece Schmitd. “Su papel es clave, toda vez que el despliegue de empresas y de personas fue con un solo fin: quedarse con las partidas. Fue el último beneficiario”. También el último endosante de los cheques.
Hasta ensayó una estrategia por si la Justicia los rozaba. Se halló un manuscrito suyo con frases así: “LADA, RAMIDA, CURRUMIL, ROXANA, SANTUCHO, CALYPSO, GEFER”, “Todos contratan a Santucho como supervisor y dirección técnica de cada escuela y obra”, “ASOCIACION ILICITA?”, “Vale declaración de Díaz??”, “Lada y Ramida compiten en una misma obra que hacer” y “Qué hacer si somos citados por el fiscal”. #
“El motivo fuela codicia”
La acusación que elevó la Unidad Anticorrupción calcula unos 182 testigos sumando exdiputados provinciales, secretarios, directores, profesores y personal, entre otros. Lo más probable es que la lista se reduzca en acuerdo con las defensas. Las escuelas involucradas son las número 4, 20, 47, 167, 178, 185, 190, 306, 401, 441 459, 504, 525, 552, 509, 650, 702, 729, 752, 776, 795, 202, 404 y 7705.
Con distintos grados de participación todo el grupo será enjuiciado por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
El fiscal Omar Rodríguez lo consideró “un ataque al erario” con un solo fin: “Obtener un lucro indebido. El motivo fue la codicia, toda vez que no tenían ningún tipo de necesidad”. Aprovecharon sus lugares estratégicos en el poder estatal y usaron el verano, cuando no había directores que certificaran los trabajos ni indicaran las obras necesarias.
Para Cigudosa y Care pidieron inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una pena no inferior a los 3 años y 6 meses de prisión; para Hueichan, 2 años e inhabilitación perpetua; para Currumil y Pereyra, 2 años; para Santucho y Gel, no menos de 3 años. Y para Schmitd, no menos de 4 años.
Rodríguez también reclamó el decomiso de los bienes fruto de las conductas ilícitas enrostradas: bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio, señaló Diario Jornada.
