El Congreso de Perú rechazó este viernes por mayoría el pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, quien evitó así ser destituido por un caso de corrupción que lo compromete, por la presunta contratación irregular de un artista.
Para ser aprobado, el pedido de vacancia presidencial tenía que recibir el apoyo de 87 legisladores, de un total de 130 que componen el Parlamento.
Durante la sesión, el miembro del congreso Roberto Chavarría, de Unión por el Perú, dijo que Vizcarra será recordado en la historia no solo por «incapacidad moral», sino «por su permanente incapacidad de gestión» durante la pandemia del coronavirus.
Por su parte, el parlamentario Gino Costa, del Partido Morado, refirió que el proceso está lleno de «irregularidades». «La investigación no ha terminado, no se han presentado las pruebas», dijo Costa, agregando que no parece ser un caso de «incapacidad moral».
El congresista Edgar Alarcón, quien presentó los audios que llevaron al debate de moción de vacancia del Ejecutivo, criticó que Vizcarra mintió en el marco de la las acciones gubernamentales para combatir la pandemia. «Usted está siendo juzgado porque no tiene la capacidad moral para ocupar el puesto que ocupa», dijo Alarcón.
Antes de la votación, el mandatario se presentó en el hemiciclo para dar un breve discurso, en el que aseguró que su comportamiento es el «correcto» y que no cometió «ningún acto ilegal».
Discurso de Vizcarra
Vizcarra afirmó que asistió al Parlamento a «dar la cara», a pesar de que considera que el procedimiento que se le sigue «no respeta la ley». El presidente también puso en duda la veracidad de los audios presentados como prueba en su contra, aunque reconoció que una de las voces que se oye en las grabaciones es suya.
Tras dar testimonio, el mandatario se retiró del recinto y ejerció su defensa el abogado Roberto Pereira Chumbe.
El jueves, el Tribunal Constitucional de Perú rechazó la medida cautelar que había presentado Vizcarra para frenar el juicio político y contener la crisis, a solo siete meses de las elecciones generales y en el marco de la pandemia de covid-19, que afecta gravemente al país.
Contrataciones sospechosas
El titular del Ejecutivo está acusado de presuntamente instigar a dos asesoras a mentir en una investigación legislativa sobre múltiples contrataciones irregulares, la última como conferencista, de un cantante poco conocido, Richard ‘Swing’ Cisneros, quien sería amigo del mandatario.
La Comisión de Fiscalización del Congreso reveló que el Ministerio de Cultura lleva firmados 9 contratos con el músico Richard ‘Swing’ Cisneros desde que Vizcarra llegó al poder, el último de ellos celebrado en abril, en plena pandemia de coronavirus, para dictar una serie de conferencias virtuales motivacionales, dirigidas a trabajadores del sector. Cisneros habría cobrado por ello cerca de 50.000 dólares.
En las grabaciones difundidas por Alarcón, se puede advertir cómo el mandatario conversa con dos exasesoras, ya removidas de sus cargos, sobre la respuesta que darán a la Fiscalía acerca de cuántas visitas ha hecho Cisneros a la Casa de Gobierno, si dos, como está registrado, o cinco, como ocurrió en verdad.
«Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en conjunto», dice Vizcarra en la charla.
Más allá de que el contenido de las grabaciones abre fuertes sospechas, el jefe de Estado denunció que hay una «conspiración» en su contra para derrocarlo. Y apuntó contra el congresista Alarcón y el presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien negó estar detrás de un presunto golpe institucional, aunque reconoció haber mantenido conversaciones con altos mandos militares para «informarles» sobre el proceso.
Vizcarra ha enfrentado ya, en septiembre del año pasado, un proceso de suspensión temporal en el cargo, también por ‘incapacidad moral’, que finalmente quedó sin efecto.
En aquella oportunidad, la medida respondía a la decisión del mandatario de disolver el Congreso, al considerar denegada una cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. En medio de una grave crisis política, el Parlamento aprobó su suspensión temporal y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como Jefa de Estado interina. Pero Aráoz renunció a su cargo horas después para «evitar la ruptura del hilo constitucional» y dar paso a la convocatoria a elecciones generales, que se llevarán a cabo el año entrante.