La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut denunció persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias tras las protestas anti megaminería. El juez responsable de la cacería fue Monti, de Rawson.
«El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería: allanaron la casa de una de las impulsoras de la Iniciativa Popular», denunciaron.
Agregaron que «luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional el gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes en inmediaciones de la casa de gobierno».
«Previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de “ecoterrorista”. Las detenciones con grupos de fuerzas especiales comandadas por el Ministro Massoni no tienen justificación alguna».
Agregaron que toso esto «Es parte de un circo peligroso y criminalizador para habilitar una actividad que no cuenta con licencia social en ningún punto del territorio provincial», concluyeron. Se informó además que tras los allanamientos hubo detenidos, que fueron identificados y luego liberados.
