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Según fuentes policiales, las detenciones de dos personas en el marco de las protestas contra la minería en Rawson se llevó a cabo porque «se resistieron a la identificación». Sin embargo, el operativo fue encabezado irregularmente por el jefe de la División de Investigaciones de Rawson, Juan Carrasco, que estaba sin identificación visible y de civil, según denunció SADOP Chubut.

Luego de las movilizaciones en la Casa de Gobierno de Chubut, el gobierno de Mariano Arcioni respondió con persecuciones y allanamientos a los manifestantes que repudiaron el apoyo del gobernador al desarrollo de la minería. Si bien hubo manifestaciones en toda la provincia, en la capital Rawson se produjo el mayor conflicto.

Bajo la consigna #chubutAGUAzo, las calles de Chubut volvieron a colmarse de protestas contra el proyecto de zonificación minera de @arcionimariano. «El proyecto de ley entrega el río Chubut a la minería uranífera, la más dañina de todas», denuncian.

Fuente: El Extremo Sur de la Patagonia

Movilizaciones multitudinarias en rechazo a la “zonificación minera” de la provincia. El gobernador Mariano Arcioni responde con represión y detenciones arbitrarias.

Las detenciones fueron en Ruta 7, luego de la movilización y corte en rechazo a la Megaminería impulsados por las organizaciones populares de vecinos surgidas en las últimas semanas. La represión y persecución se enfoca sobre todo en los impulsores de las marchas que vienen conmocionando la provincia.

El Ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, y el gobernador Arcioni se sumaron a la “Mesa Nacional para el diseño del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” propuesta por el gobierno nacional y el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, comprometiéndose al desarrollo minero y la actividad extractiva en la meseta de la provincia.

En las últimas semanas se llenaron las calles de la ciudad al grito de “el «pueblo ya decidió», «no es no», «el agua vale más que el oro» haciendo alusión al plebiscito del año 2003 que le arrancó la movilización popular al gobierno, y que por un aplastante 82% a favor se declaró a la provincia como libre de “zonificación minera” diciéndole que no al proyecto de oro impulsado por la empresa canadiense Meridian Gold. Por esta tradición de lucha Chubut aparece como un epicentro en el rechazo a la megaminería contaminante, por haber conquistado con esas jornadas la ley 5001 que la prohíbe.

Fuente: Izquierda Web

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut denunció persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias tras las protestas anti megaminería. El juez responsable de la cacería fue Monti, de Rawson.

«El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería: allanaron la casa de una de las impulsoras de la Iniciativa Popular», denunciaron.

Agregaron que «luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional el gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes en inmediaciones de la casa de gobierno».

«Previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de “ecoterrorista”. Las detenciones con grupos de fuerzas especiales comandadas por el Ministro Massoni no tienen justificación alguna».

Agregaron que toso esto «Es parte de un circo peligroso y criminalizador para habilitar una actividad que no cuenta con licencia social en ningún punto del territorio provincial», concluyeron. Se informó además que tras los allanamientos hubo detenidos, que fueron identificados y luego liberados.

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos se reunió con el presidente Alberto Fernández para plantearles su preocupación por las detenciones de los argentinos Agustín Maril, en Chile, y Facundo Molares, en Bolivia, según consignó un comunicado conjunto difundido por las entidades que integran ese grupo.

Según la Mesa de Organismos, la reunión -que trascendió hoy- se llevó a cabo ayer por medios electrónicos y trascurrió en un «clima afectivo y solidario», y durante el encuentro también estuvieron presentes la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.

Fernández se comprometió «a trabajar de manera personal para alcanzar soluciones ante la gravedad de los hechos denunciados en estos dos casos y en particular sobre el estado de salud de Facundo.

En la reunión también se habló de la situación «de las presas y presos políticos, y se abordó el caso de los detenidos la organización social Tupac Amaru, en Jujuy, «quienes están en cárcel o en domiciliaria perseguidos por haber sido opositores políticos al gobierno de Mauricio Macri, como es el caso de Luis D´Elía, indicaron los organismos.

«El tema del atraso en los juicios de lesa humanidad, así como la situación de vaciamiento, durante el gobierno anterior, de algunos programas y políticas de Memoria y Justicia ocuparon otro aspecto de la reunión», remarcaron.

Los organismos que integran esta Mesa aseguraron que «en cada uno de los temas, expuestos el Presidente, la ministra y el secretario registraron con atención y propusieron una serie de gestiones para lograr la resolución positiva de los distintos conflictos apuntados».

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y las integrantes de Madres Línea Fundadora, Taty Almeyda y Vera Jarach, expresaron «el repudio de los organismos de Derechos Humanos a los ataques de sectores negacionistas y anticuarentena que hostigan permanentemente la aplicación de las políticas de emergencia sanitaria y que ofenden e insultan la investidura presidencial y de la vicepresidenta Cristina Fernández».

«Todxs señalaron la importancia del debate y de poder incluso disentir dentro de un clima de cooperación constructiva. Con un compromiso mutuo de defensa de la democracia y de la plena vigencia de los derechos humanos, se habló de la continuidad de los encuentros en una agenda renovada para futuras reuniones», subrayaron los organismos.

La mesa de organismos está constituida por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz,

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales,

H.I.J.O.S. Capital, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asamblea permanente por los derechos humanos de La matanza, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asociación Buena Memoria, y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

La policía de la ciudad estadounidense de Portland detuvo anoche a decenas de personas en una manifestación contra la violencia racial, en vísperas de un fin de semana en el que se espera una mayor demostración de fuerza en las calles al cumplirse los 100 días consecutivos de las protestas que comenzaron tras el asesinato del afroamericano George Floyd.

Cientos de manifestantes se reunieron anoche en Kenton Park para marchar hacia el edificio de la Asociación de Policía de Portland, tras la advertencia que realizó la fuerza de no bloquear las calles ni dañar la propiedad privada.

La policía confirmó que se realizaron «múltiples arrestos» después de declarar que la protesta era «ilegal», según comunicó la misma fuerza en su cuenta de Twitter.

Tras la advertencia, a la medianoche, la policía se lanzó a empujar a los manifestantes para sacarlos del área, derribó a varias personas y arrestó a los que se resistían.

El movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) tiene planificadas protestas, vigilias y discursos durante los próximos tres días
Según la cadena de noticias qatarí Al Jazzera, el pavimento quedó manchado con sangre después de que muchas personas fueran tiradas al suelo para ser detenidas.

Los activistas de Portland llevan tres meses protestando cada noche para exigir una reforma policial, unas manifestaciones que en muchas ocasiones fueron fuertemente reprimidas por la policía y en las que también hubo enfrentamientos con seguidores del presidente, Donald Trump.

El jueves, la policía mató a un activista en el estado de Washington cuando se disponían a arrestarlo acusado de haber asesinado a tiros a un contramanifestante de derecha el fin de semana pasado en Portland.

Aaron Danielson fue baleado cuando participaba de una caravana de camionetas en apoyo a Trump.

La fecha exacta en que se cumplen los 100 días de protestas varía según quien cuente, pero lo concreto es que el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) tiene planificadas protestas, vigilias y discursos durante los próximos tres días, mientras que los partidarios de Trump organizaron caravanas de vehículos en distintas ciudades.

En Portland, los manifestantes se reunieron cada noche frente al edificio de los Tribunales Federales, lo que le sirvió de argumento a Trump para enviar a las fuerzas federales a combatirlas
Las manifestaciones contra el racismo y la violencia policial se desataron en todo el país en mayo, tras la muerte en Minneapolis del afroamericano George Floyd, quien murió asfixiado por un policía que lo detuvo y lo mantuvo durante casi nueve minutos contra el suelo mientras le apoyaba su rodilla contra el cuello.

En Portland, los manifestantes se reunieron cada noche frente al edificio de los Tribunales Federales, lo que le sirvió de argumento a Trump para enviar a las fuerzas federales a combatirlas, pero la movida presidencial terminó por revitalizar al movimiento Black Lives Matter.

Desde el 31 de julio, las fuerzas federales redujeron su presencia en la ciudad, en virtud de un acuerdo entre el departamento de Seguridad Nacional y la gobernadora demócrata del estado de Oregon, Kate Brown.

Sin embargo, las autoridades nacionales advirtieron que están listos para aumentar la presencia de las fuerzas federales en caso de que sigan escalando las protestas.

La concejala Mariela Flores Torres de Trelew de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia denunció que “en esta comisión hemos recibido muchas denuncias, y el 18 de abril se realizaron 4.551 detenciones. Nosotros somos una provincia, que  a lo mucho llegamos a 600 mil habitantes, y esta cifra de detenciones era alarmante en relación a la cantidad de población que tenemos y de detenciones”.

Recordó que para el día “5 de abril, cuando ya había terminado la primera cuarentena en Chubut, se habían registrado 2.300 detenciones, y el 13 abril habían 3.682”.

Entonces “habiendo agotado todos los canales posibles de diálogo, reuniones con el Ministro de Seguridad, una solicitud de diálogo con el jefe de la policía de Chubut, presentaciones de denuncia contra estos funcionarios… El 9 de abril se hizo la denuncia”, precisó la concejala.

“Hay instancias que llamaban presuntamente a meter a la gente en cana en forma compulsiva, por eso presentamos la denuncia. Finalmente, decidimos una medida como la habeas corpus, que tiene que resolverse de manera inmediata por la autoridad judicial e independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El día 17 se dio una audiencia, y el 20 de abril hubo sentencia”, expresó.

Para la concejala la sentencia fue victoriosa porque se pidió que cesarán los excesos de la policía, y que la Policía del Chubut se ajustará a la norma nacional que es el protocolo de seguridad nacional, que deja en claro cuáles son los alcances de la fuerza de seguridad en el marco de esta pandemia… “de lo que se trata, es que podamos administrar la cuarentena y tomar las medidas necesarias”, dijo.

Qué sucederá luego

A partir de esta medida, la concejala detalló que luego habría un reclamo judicial por parte de los ciudadanos que vieron vulnerados sus derechos… “el habeas corpus que presentamos nosotros ofrecía ya denuncias efectuadas, por lo tanto, es importante destacar que esas denuncias siguen vigentes, y se van a tramitar por el Ministerio Público Fiscal, es decir que habrá un fiscal que ordenará la apertura de la investigación, siempre que crea que haya competencia para hacer una investigación criminal y llevar a juicio”, señaló.

Aseguró que “vamos a acompañar a aquellos vecinos y vecinas que han decidido valientemente denunciar esos excesos. Por un lado, todas estas denuncias que hemos ofrecido como prueba siguen su curso, y tenemos que ver el tratamiento que recibirán”.

Por otro lado, se debe ver cómo avanza la situación con los funcionarios presuntamente involucrados.

Y es que, independientemente de que en el futuro hubiera un juicio político; en este momento, la concejala aseguró que “lo que nos ocupa es que ya existe un habeas corpus al que se le dio lugar, y el Gobierno de la Provincia mandó a anular todas las resoluciones del Ministerio de Seguridad por ser inconstitucional e ilegales”.

El abogado Gastón Bordier explicó que en el marco de la presentación del habeas corpus presentado en la Justicia por los presuntos abusos perpetrados durante el período de cuarentena, tanto el ministro de Seguridad Federico Massoni como el gobernador Mariano Arcioni pueden ir a juicio político.

Es por los métodos empleados por la Policía que conduce Miguel Gómez para que los ciudadanos de la provincia cumplan con la cuarentena y que durante este tiempo -en distintos puntos de la provincia- se han cometido diferentes abusos por parte de las fuerzas de seguridad que hacen recordar los tiempos más oscuros de la pasada historia argentina.

El viernes se realizó la primera audiencia por el habeas corpus colectivo contra el abuso policial en Chubut en la Oficina Judicial de Rawson y por videoconferencia, donde comparecieron las partes para dar curso a tres presentaciones por los abusos perpetrados durante el período de cuarentena.

Se trata de ocho denuncias que fueron expuestas por una concejal de Trelew, la Defensa Pública y la Secretaría de DDHH de la Nación. El ministro de Seguridad Federico Massoni también estuvo presente, aunque no alcanzó a dar su opinión, lo cual ocurriría en las próximas horas.

Gastón Bordier, abogado y representante legal de la fundación El Páramo, explicó que a través de los diversos canales se han logrado comunicar con las víctimas y denunciantes que en este periodo de cuarentena han sufrido actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Chubut.

Se trata de ciudadanos de las localidades de Comodoro Rivadavia, Trevelin, Esquel, Trelew y Puerto Madryn. Entre los hechos que se denuncia, el letrado describió que se encuentran “este doble sistema de si necesito o no el certificado para circular, si es el certificado nacional, del Ministerio de Seguridad, de la Provincia”.

En este punto explicó que hubo un caso sumamente grave en Trevelin con una madre docente que se trasladó con sus dos niños hacia un cajero automático a cobrar su sueldo. “Fue detenida y amedrentada por la Policía en un control e incluso le sugirieron que era no era quién para ir acompañada por sus dos hijos. Es un caso obvio porque es madre soltera y no tenía con quién dejarlos” explicó el abogado.

La docente fue “maltratada e inclusive diciéndole cómo debe actuar como padre”.

Comodoro

En Comodoro, con el caso del joven que se dirigía a comprar medicamentos para su madre y fue detenido en medio de un procedimiento llegando al casco céntrico, Bordier expresó que en el mismo “se viola la normativa nacional que es derecho federal en este momento en pos de una aplicación de normativa local que no es así”.

Y aclaró que el Ministerio de Seguridad de Chubut “no se basa en una normativa; lo hace a través de resoluciones ministeriales que no tienen alcance general y dictadas por una autoridad que es un ministro que, según nuestra condición provincial, no está capacitado al no tener competencia para dictar leyes”.

En este caso, sostuvo que Massoni “puede dictar resoluciones que tienen alcance para su propio Ministerio, no para la ciudadanía en su conjunto” aclarando que “esto constituye un delito porque va en contra del reparto de facultades de la Constitución”.

En diálogo con La Petrolera, el abogado señaló que actualmente en Chubut “tenemos unos desmanes importantes con respecto a la legislación y por supuesto, el desconocimiento de la legislación nacional, lo cual es también un delito constitucional”.

“Juicio político”

El letrado consideró que la presentación de un habeas corpus preventivo y presentado en la Justicia por los abusos “lo que busca es que finalicen las detenciones ilegales o las restricciones y amenazas al derecho de la libertad” pero “esta sentencia que se dicta en el marco de esta audiencia lo que va a hacer es dar por reconocido de que existen estas detenciones ilegales que el ministro de Seguridad está negando y el mismo gobernador niega”.

Más adelante anticipó que se trata de “la antesala” para un juicio político de ambos funcionarios “porque aquí no se puede tan livianamente ir en contra de la Constitución provincial, dar entrevistas, reírse, mentir, decir que hay cinco denuncias nomas y tres han sido desestimadas, cuando eso no es así”.

El abogado dijo que hay más de 4 mil detenciones que se hicieron durante la pandemia por el Ministerio de Seguridad “bajo la excusa de que nos están cuidando, lo cual es grave”.

En este contexto, consideró que “cuando uno restringe libertades garantizadas por la Constitución Nacional, no puede venir un ministro provincial, que no tiene facultades para hacerlo, a restringir aún más estas libertades”.

Y teniendo en cuenta que el ministro de Seguridad “es abogado, es muy grave” porque entiende que “no es que lo hace sin saber; viola el derecho constitucional provincial a sabiendas” y “lo convierte en responsable con un grado mayor de objetividad”, mientras que el gobernador “puede ser responsabilizado a partir de esta audiencia”, indicó El Patagónico.

El ministro de Seguridad del Chubut aseguró “hoy tenemos 3826 demorados en toda la provincia y 684 vehículos secuestrados”, y en ese contexto, indicó que hay dos causas con apertura de investigación, una Puerto Madryn y otra en Playa Unión.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, informó este lunes, durante la conferencia de prensa del Comité de Crisis Provincial, que “hasta el día de hoy tenemos 3826 demorados en toda la provincia y 684 vehículos secuestrados, y tengo conocimiento de 5 denuncias por abuso de autoridad”.

En ese marco, el titular de la cartera de seguridad señaló que “tres fueron dejadas sin efecto por Fiscalía. Una en Madryn, que denuncian violencia contra dos femeninas, y la otra en Playa Unión, donde un efectivo policial le propinó un tiro en la vía pública a un perro. Además, una denuncia que me comprende y fue realizada por el bloque de diputados provinciales de la oposición”.

Garantías

Además, Massoni indicó que “invitamos a Defensa Pública y Derechos Humanos para que nos acompañen las 24 horas en los lugares donde se hacen las demoras o detenciones, con el fin de que sean garantes y custodios de que se está cumpliendo con todo lo que establece la normativa y todos los respetos hacia las personas”.

“Por una cuestión de seguridad, y en concordancia con Defensa Pública, se estableció no hacer demoras en comisarías”, y explicó que “entonces, en las distintas localidades se buscó un lugar espacioso para llevar a los demorados por día, para que pueda realizarse la imputación del delito de forma correcta, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de seguridad”.

El Defensor General de la provincia envió una nota a la Jefatura de la Policía del Chubut solicitando protocolos para evitar abusos en los operativos policiales durante la pandemia.

En base a denuncias radicadas por hechos de presunto abuso policial en la provincia, durante la efectivización de las medidas de aislamiento obligatorio, el Defensor General de Chubut, Sebastián Daroca envió una carta al Jefe de la policía provincial, Miguel Gómez solicitando un protocolo de acción.

En el aire de Cadena Tiempo, Daroca señaló: “Tenemos casos en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew y en la zona de la Cordillera. Pedimos que las detenciones sean razonables”. A la vez no dejó de recalcar el trabajo que lleva a delante la fuerza policial.

El defensor general de la provincia señaló que “la carta enviada la Jefatura de la Policía se basa en una serie de consejos que a nivel país, El Comité Nacional de Prevención de la Tortura, ha presentado en todas las provincias para estas situaciones. La idea es poder avanzar en algún protocolo”.

“No son casos de violencia institucional los de Chubut, no hubo golpes ni maltratos. Pero en algunos casos las actuaciones eran desproporcionadas para lo que había sucedido. Vemos que hay detenciones que se realizan porque la gente desconoce la norma no porque no quiere respetarla”, señaló el agente provincial.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo este domingo al mediodía, el ministro de Seguridad, el de Salud y el de Gobierno se refirieron a la falta de «solidaridad» de un grupo de personas, que no cumple con la restricción a la circulación y ponen en peligro la integridad de todos los chubutenses.

En una nueva conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Provincial, Federico Massoni se refirió a la restricción a la circulación decretada por el Gobierno Nacional. «Se detectó la presencia de menores, el sábado fue día atípico con 177 detenciones en toda la provincia luego de haber disminuido ese número en los últimos días», expresó y enfatizó «Puerto Madryn es la ciudad con mayor cantidad de detenciones, hay una falta de solidaridad porque vemos que es gente que no es que está yendo a la farmacia o a autobastercerse al supermercado. Es un porcentaje chico pero extremadamente peligroso».

Asimismo, indicó que en los retenes policiales se percibe mucho orden y eso se refleja en los supermercados, teniendo en cuenta que esta domingo se decidió que están abiertos al público. «No hay sobrecarga, esto nos lleva a pensar que mientras los chubutenses tengamos orden en cuanto a abastecernos, nos permite avanzar hacia la flexibilización de algunos rubros para reactiva la economía regional. Pero no podemos permitirnos lo que paso el viernes con los bancos y la aglomeración de gente y tirar por la borda todo lo que venimos haciendo».

En ese mismo orden, Massoni sostuvo que «lo que estamos haciendo en Chubut, es todo un mecanismo para generar protección a todos los chubutenses. De a poco le vamos a dar movimiento y tendremos la mayor normalidad en este ámbito de restricciones».

Bancos y supermercados

Por otro lado, el ministro de Gobierno, José María Grazzini indicó que se debido a lo sucedido el viernes con las entidades bancarias, se decidió centralizar todo en algunas sedes a partir de la colaboración de varios intendentes de acompañar al Ministerio de Seguridad. «Se hizo de manera más ordenado durante el fin de semana», agregó.

Respecto a las denuncias por sobreprecios y falta de mercadería en los supermercados, manifestó que «se actuó desde el área de trabajo y se procedió a la claususra de “aquellos vivos” que no contemplan la necesidad de la gente luego de los establecido por parte del Gobierno Nacional».

Vacunas antigripales

El ministro provincial de Salud, Fabián Puratich expresó que «la vacunación antigripal se está haciendo de manera más ordenada y la programación de va a dar día a día. El personal de salud ya termino su esquema de vacunación. Ahora lo que nos preocupa son los mayores de 65 años y las personas de riesgo. El 35% de la población ya se vacunó y ahora pedimos a Nación 20 mil dosis para adultos y 4 mil dosis pediátricas».

«Las dosis de vacunas están en la medida que van llegando a la provincia y todos los vacunatorios están funcionando en función de su disponibilidad. También vamos a recibir las vacunas del calendario para los niños por le pedimos a la sociedad “tranquilidad”, mientras se vacunen este mes va a estar todo bien», resaltó y ultimó diciendo que «la responsabilidad social de quedarnos en la casa, es la única vacuna que tenemos».