Centros médicos privados podrían suspender la atención a los pacientes desde enero del 20121. Más de 5500 centros médicos privados de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Prestadores de Salud(FAPS) expresaron su preocupación por los efectos de la pandemia y la finalización del ATP (Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción) para pagar sueldos y amenazaron con interrumpir la atención normal a los pacientes.
Los representantes del sector empresario y de los trabajadores de la salud analizaron -en las últimas horas -la crítica situación del sector y de no tomarse medidas urgentes, no contará con los recursos necesarios para poder atender normalmente a sus pacientes a partir de enero de 2021. Según indicaron, más de 5500 empresas prestadoras de salud privada atraviesan una “crisis” fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de costos, ingresos congelados y la decisión del Gobierno de finalizar el plan de ayuda a través del ATP.
Los prestadores de salud deben afrontar “altos costos en dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión tributaria, por la que, por cada 10 pesos que ingresan, el sector paga 4 pesos de impuestos”, advirtieron. Y afirmaron que “Estamos frente a un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”.
Las entidades privadas representan a clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, entidades de diagnóstico y atención ambulatoria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos. “Representa un sector crítico en el plano sanitario -atiende a 7 de cada 10 personas en el país- y en el económico, ya que emplea a la mayoría de los y las profesionales y técnicos de la salud”, indicaron.
Asimismo, desde la Federación explicaron – a Ámbito Financiero – que “la pandemia profundizó el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos operacionales a partir de la implementación de protocolos de distanciamiento y la aparición de nuevos costos por efecto de los insumos especiales para la atención del COVID 19; el incremento de costos salariales para contar con personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado, y otros costos que generó la abrupta caída en la demanda de atención médica ante las restricciones de circulación y el temor de la población al contagio”.
En el interior, la situación es crítica debido a que la mayoría de las empresas son Pymes y no tienen espalda para afrontar esta crisis. Muchos prestadores no pueden pagar cargas sociales desde el 2002 y acumulan deudas millonarias con el Estado”, señaló, José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Confeclisa. En este marco, los dueños de clínicas privadas y centros de salud reconocieron que, si no se definen soluciones inmediatas desde el Gobierno nacional, las instituciones deberán “implementar distintos mecanismos para priorizar las atenciones médicas de acuerdo con su urgencia y complejidad, como consecuencia del faltante de recursos proyectado para 2021”.
