El proyecto de ley impulsado por el gobernador Mariano Arcioni ingresó la semana pasada a la legislatura chubutense para zonificar y habilitar la megaminería en la provincia. Allí, la lucha histórica del pueblo logró frenar por años el avance de esta industria que sólo deja contaminación y ganancias exorbitantes para los capitales extranjeros que las fugan fuera de Argentina. En línea con los aportes del ecofeminismo, el cual plantea que es tan violenta la explotación que el capitalismo hace de la tierra como la que los hombres ejercen sobre las mujeres, ¿qué violencias hacia nuestros territorios gesta el poder con este nuevo intento por aprobar la megaminería en Chubut?
Los tambores volvieron a resonar en las calles de las localidades chubutenses, junto a los carteles y los cánticos que piden por el “No a la Mina”. Desiertos, un solo color gris, explosiones y una promesa de desarrollo, de dólares que al fin nos salven de la crisis, conforman la postal del discurso oficial.
Consultada por Feminacida, Andrea González, militante feminista, sostiene que “el feminismo tiene un particular lugar en la lucha contra la megaminería, tiene que ver con la demanda de soberanía sobre el territorio, pensando en la pacha, pero también en el territorio-cuerpo”.
La semana pasada Chubut vivió una nueva arremetida contra su territorio, con la presentación que hizo el gobernador a espaldas al pueblo, de la comunidad científica y sin ningún tipo de consenso social, del proyecto de ley para zonificar y habilitar la megaminería en la Meseta central. La jornada contó con nutridas movilizaciones de rechazo en varias localidades. También con detenciones arbitrarias perpetradas por la policía provincial, denunciada en reiteradas ocasiones a lo largo de la pandemia por abuso de poder.
Ocurrió sólo unos días después de que ingresara a la Legislatura el proyecto de ley por iniciativa popular avalada con la firma de más de 30 mil chubutenses para prohibir la actividad minera metalífera en todo el territorio de Chubut.
El pueblo toma la iniciativa
“En un contexto de pandemia absolutamente adverso tuvimos que salir a las calles a juntar firmas con barbijos y alcohol en gel en mano, encontrar vecinxs, que tampoco fue fácil, y aun así, pudimos juntar más del doble”, recuerda a este medio Nora Corvalán, integrante de la Asamblea Comarcal Contra el Saqueo, que en junio comenzó la recolección de firmas junto con otras asambleas.
Con un proyecto que busca ampliar la legislación vigente en torno a la megaminería, la iniciativa popular, un mecanismo de democracia semidirecta previsto en la Constitución provincial, reunió al 7 por ciento del padrón y, avalado por Tribunal Electoral de Chubut, superó por mucho la cantidad de firmas estipuladas por normativa.
En Chubut actualmente rige la Ley XVII N° 68 (ex Ley 5001, sancionada en 2003 al calor de las luchas populares), que prohíbe la actividad minera a cielo abierto con el uso de cianuro, pero deja algunas cuestiones abiertas. En primer lugar, habla únicamente de explotación minera sin mencionar la etapa de exploración, y sólo contempla la prohibición del cianuro, aunque hay otros químicos sumamente nocivos que las multinacionales utilizan para la extracción. Según señala Corvalán, sumados a la cantidad desmedida de agua y energía eléctrica son “un combo ambientalmente destructivo”. La iniciativa popular pretende saldar estos vacíos legales.
Por otro lado, en su segundo artículo le otorga facultades al Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) de zonificar para “la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso” que debe ser aprobada por ley.
En base a este elemento legal se sostiene la nueva arremetida. El gobernador Arcioni habló ante altos funcionarios del gobierno nacional de “oportunidad histórica” al referirse a su proyecto de zonificación, pero ¿oportunidades para quiénes? ¿Qué sectores se benefician con este intento apurado por definir los “futuros 50 años” de la provincia?
El agua, oro líquido en peligro
El proyecto de zonificación establece la habilitación de la megaminería en los departamentos de Gastre y Telsen ubicados al límite central con la provincia de Río Negro, sobre la cuenca del Sacanana, un acuífero que, según estudios preliminares de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNP). es capaz de abastecer de agua durante 100 años a 300 mil habitantes. Chubut tiene cerca de 500 mil.
“En una provincia con muy poca precipitación anual y hay muchos conflictos en esa zona por el agua”, detalla la licenciada en Ciencias Ambientales (UBA), María Eugenia Polesello, en diálogo con Feminacida. Si bien Arcioni aseguró que con este proyecto “el Río Chubut no se toca”, la Cátedra Libre de Estudios Urbanos y Territoriales de la UNP reveló que la zonificación les dará a las mineras el acceso a casi la totalidad de las cuentas interiores.
“No existe la minería sustentable, es un oxímoron”, explica Corvalán, quien aclara que la megaminería es una actividad extractiva: saca pero no produce. “Utiliza enormes cantidades de agua que después queda inutilizada y se la resta a las actividades productivas desarrolladas históricamente por la gente de la Patagonia”, alertó la asambleísta.
Según la asambleista, la zonificación lejos está de evitar la contaminación. “Cuando hablamos de minería, lo que yo haga en mi territorio va a afectar a los territorios cercanos, no se puede circunscribir la contaminación a un sector”, asegura.
En este sentido, la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT Conicet-Cenpat explicó que “cualquier mala praxis o error humano en el proceso” de explotación en cercanías de la cuenca hídrica del río Chubut “podría poner en riesgo la calidad de agua del río, recurso que abastece en forma permanente a la mitad de la población de la provincia”.
Plata fugada
Durante los 90’ Argentina aprobó el marco legal para la explotación minera con abultados beneficios para el capital transnacional como la estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, exención del pago de derechos de importación y de tasas aduaneras, IVA y reducción en el impuesto a las ganancias, entre otras. Beneficios de los cuales el pueblo carece, en una provincia asestada por la crisis que la pandemia agravó aún más, donde los trabajadores estatales y de la salud mes a mes le reclaman al Gobierno chubutense que pague los salarios atrasados para poder vivir.
“Desde el punto de vista económico la minería es un saqueo total, porque dejan porcentajes de canon irrisorios, hablamos de entre el 3 y el 5 por ciento en algunos casos de lo declarado en boca de mina. Es una estafa, una sangría para las arcas del Estado”, remarca Corvalán.
Dentro del área donde la zonificación permitiría la megaminería, entre la localidad de Gan-Gan, una pequeña comuna rural de pastos bajos y marrones como la tierra, y de Gastre, el pueblo que allá por los 90 resistió a la instalación de un basurero nuclear, se encuentra uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo: el proyecto Navidad.
En manos de la multinacional canadiense Pan American Silver, este proyecto está a la espera de que Chubut “adopte un marco legislativo favorable” para poder explotar los ocho depósitos de minerales que se extienden a lo largo de más de cinco kilómetros. La empresa tiene proyectos mineros en México, Guatemala, Perú, Bolivia y Argentina y en todos esos países generó conflicto por la violencia, el avasallamiento y contaminación hacia los territorios, como también la falta de consulta los pueblos originarios y su desplazamiento.
De aprobarse la ley de zonificación, Pan American Silver tendrá vía libre para poner en marcha su tan ansiado proyecto Navidad, que lejos de generar ganancias y desarrollo económico para el país, llenará los bolsillos de unos pocos empresarios.
El mito del desierto, el disfraz del desarrollo
“El mal que aqueja a la Argentina es la extensión”, dijo Sarmiento allá por el 1845 y la idea cobró vida propia con la “Conquista del Desierto”, ese exterminio a los pueblos originarios en nombre del Estado argentino. “Pasaron más de cinco siglos y, sin embargo, los nuevos modelos de explotación de la naturaleza van de la mano también del control sobre el cuerpo y de la vida de las mujeres”, analiza Andrea González.
Arcioni, artífice político de una de las peores crisis económicas de la historia de la provincia, nombra a la meseta como una “zona postergada” y pondera en el proyecto de zonificación a la minería como la única alternativa para el desarrollo de la región. Sin embargo, según estimaciones del Ministerio de Trabajo, en los últimos 23 años la minería sólo generó el 1,5 por ciento del empleo total, una cifra muchísimo menor a la del sector de la ganadería, agricultura y silvicultura que alcanzó el 5,9 por ciento.
En este sentido, González también encendió las alarmas sobre los negocios de explotación sexual y la trata de mujeres que comienzan a surgir alrededor de los emprendimientos mineros.
Feminismos, luchas y territorios
Chubut tiene una vasta historia de lucha contra el avance de la megaminería y el capital transnacional, que comenzó en 2003 cuando el 81 por ciento del pueblo de Esquel votó en un plebiscito por el “No” y frenó la instalación de yacimientos de oro y plata. En ese momento, la organización popular gestó las asambleas que hoy defienden los territorios y allí los feminismos cumplen un papel fundamental.
La especialista en Ciencias Ambientales, María Eugenia Polesello, concluye que el feminismo marcó “puntos de no retorno, como el ‘mi cuerpo, mi decisión’” que enriquecen la lucha por la protección ambiental. “El protagonismo del feminismo en esta lucha tiene que ver con denunciar el saqueo y la política extractivista, que siempre reforzó el lugar histórico de opresión”, asegura González y agrega que “ese capitalismo patriarcal busca desarticular las resistencias de mujeres de pueblos originarios que ancestralmente vienen defendiendo su vínculo con la tierra”.
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