Luego de idas y vueltas, el Gobierno argentino concluyó la semana pasada por ceder ante el paro protagonizado por los integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de Confederaciones Rurales (CRA), y de la Federación Agraria (FAA) para protestar ante la decisión del Ministerio de Agricultura de cerrar temporalmente el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para embarques de maíz previos al 1 de marzo, cuando entra la nueva cosecha, para poder garantizar el abastecimiento interno.
Apenas se inició la medida de fuerza, a medianoche del lunes 11, la cartera agrícola volvió sobre sus pasos y admitió un tope de 30,000 toneladas diarias para exportación, pero 72 horas después eliminó también esa medida y propuso un monitoreo del saldo exportable del maíz, a partir de un acuerdo alcanzado.
El desenlace del conflicto puso en evidencia el mismo proceso de toma de decisiones al interior del gabinete del presidente Alberto Fernández, y la incapacidad de sostener una medida que no avizoraba dar resultado para resolver la suba de los costos de producción, y a su vez minaba el trabajo de mediano y largo plazo con el sector. De allí que el Gobierno, pese al coro de voces disonantes, apueste de ahora en adelante por concertar antes que rivalizar. El Gobierno demora por ahora una suba de retenciones y prefiere recuperar las mesas sectoriales, donde se discute cómo «alcanzar los objetivos de precios accesibles y abastecimiento interno», en palabras del ministro de Agricultura, Luis Basterra. El éxito de las negociaciones está aún en duda, ya que varios dirigentes rurales ven al Gobierno «sin brújula» para incrementar la producción y atacar los problemas estructurales.
