La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, de visita en Venezuela, instó hoy a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE) a rever las sanciones impuestas al país caribeño porque son una «violación del derecho internacional» y exacerbaron las calamidades.
Poco después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que la crisis humanitaria de su país es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones económicas a su Gobierno, principalmente por aquellas impuestas por Estados Unidos, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.
Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria, destacó que «hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones contra Venezuela y las levanten porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo»
Douhan agregó durante la presentación del informe prelimiar, tras una visita de 12 días al país caribeño, que «subrayo que las sanciones multilaterales al petróleo, minería y otros son violación del derecho internacional (…) El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el Gobierno de Venezuela constituye intervención en asuntos internos».
«Las sanciones impuestas en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea han exacerbado las calamidades, el ingreso del Gobierno ha disminuido 99%, las remesas han disminuido por el bloqueo», afirmó la relatora de la ONU, citada por la agencia de noticias Sputnik.
La funcionaria de la ONU señaló que el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 afectó la capacidad del Gobierno para proyectos sociales, dado que los activos congelados en bancos estadounidenses, ingleses y portugueses ascienden a 6.000 millones de dólares.
Por otra parte, los impedimentos para la importación de alimentos causaron inseguridad alimentaria severa en 2,5 millones de personas, que sólo comen una vez por día menos cantidad y de menor calidad.
Douhan señaló además que el desvío de activos de Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, impidió trasplantes a 53 niños venezolanos.
Durante su visita al país caribeño, la relatora de Naciones Unidas sostuvo encuentros con representantes del Gobierno, la oposición, sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, y diversas instituciones del Estado. Además de tener un efecto devastador en la población más vulnerable, Douhan reconoció que las medidas contra Venezuela también afectaron el salario de los venezolanos.
«A pesar de las revisiones el salario medio del sector público se estima entre 2 y 3 dólares al mes, que alcanza para menos del 2% de la cesta alimentaria básica. Las personas dependen del CLAP (Consejo Locales de Abastecimiento y Producción) y de subsidios», declaró.
A su juicio, esta situación incrementa el índice de migración y viola los derechos económicos.
En un comunicado previo, Douhan precisó que las medidas unilaterales sólo son legales si son autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o se utilizan como contramedidas, o si no incumplen ninguna obligación de los Estados, y no violan los derechos humanos fundamentales.
Aliados del líder opositor Juan Guaidó criticaron el informe de la relatora, acusándola de hacerse eco de «propaganda».
