Los legisladores también dieron media sanción a un régimen de promoción para la construcción privada, a un beneficio para familiares del ARA San Juan y a una iniciativa que eleva el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves y convirtió en ley, en la primera sesión extraordinaria del cuerpo, el proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública que que establece que las negociaciones en materia de deuda con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval del Congreso de la Nación.
El proyecto recibió 233 votos favor, 2 en contra y 2 abstenciones, en general, y contó con el aval de la mayor parte de los bloques de la Cámara baja, salvo la izquierda.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, sostuvo que con esta iniciativa el Congreso «aprobará un plan rector que dará certezas y confianza a la ciudadanía».
El legislador precisó que la iniciativa tiene como objetivo «establecer que sea este Congreso que no sólo apruebe un acuerdo con un organismo internacional sino un plan rector para varios años que dará certeza y confianza a la ciudadanía».
Heller destacó, además, la importancia del artículo que establece que esas financiaciones «no sean utilizadas para financiar gastos corrientes» y afirmó que esa medida «es muy adecuada porque no nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos».
«Este proyecto va a marcar un hito en la historia legislativa de nuestro país en relación con los antecedentes del endeudamiento público», continuó.
Para la diputada nacional, Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas de la cámara baja, se trata de un tema «central» en la agenda del país y sostuvo que la iniciativa constituye «un resguardo poderoso», a la vez que destacó el anhelo de «que este proyecto, en el marco de un nuevo pacto social en el que debe basarse la reconstrucción del país, resulte un elemento constitutivo: el del NUNCA MÁS a los procesos de fuga y endeudamiento».
«Es importante que estemos empezando a recorrer este camino de fortalecer una nueva institucionalidad democrática de nuestra economía con una legislación tan necesaria como esta”, agregó.
Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, explicó que su bancada votaría a favor el proyecto en general y solo algunos artículos en particular ya que se contradice con la Ley de Administración Financiera, y sentenció que “la Ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en materia de endeudamiento. Algunos ejecutivos lo hacían por decreto, otros por ley, y esto salda de alguna forma el debate”.
En tanto, el diputado y miembro de Consenso Federal, Jorge Sarghini, indicó que “esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos”.
A su turno, el legislador del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, justificó su voto negativo y explicó que “este proyecto es una verdadera impostura. Hace que el Congreso actúe como una escribanía que dé garantía a todas las operaciones de deuda en jurisdicciones extranjeras”.
El presidente del Interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, afirmó que el proyecto de sostenibilidad de la deuda «es un enorme paso» para la Argentina con la mirada puesta en que el «el Congreso recupere sus funciones y su poder». Al exponer en el debate dijo «vamos acompañar este proyecto con gusto» porque va «en el sentido correcto».
«La única manera de lograr estabilidad es con acuerdos serios y volviendo a un equilibrio entre los poderes. El Congreso tiene que recuperar sus funciones y su poder», afirmó.
El legislador mendocino señaló que «esa deuda es una mochila que vamos a tener que cargar durante años. Pero con este proyecto de ley corregiremos los desequilibrios de poder que permitieron ese endeudamiento, porque el Gobierno se limita a sí mismo y a los que vengan».
El proyecto de sostenibilidad de la deuda determina que «la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio».
En ese sentido, el texto establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho «porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente».
En el artículo segundo, el proyecto dispone que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley» del Congreso «que lo apruebe expresamente».
Durante la sesión, también se aprobó y giró al Senado el proyecto que establece un beneficio extraordinario por única vez para los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, a modo de indemnización.
Régimen de promoción de inversiones en la construcción privada
Los diputados también dieron media sanción este jueves, por 205 votos a favor, 2 negativos y 11 abstenciones, a un proyecto, impulsado por el Gobierno, para implementar un régimen de promoción de inversiones en la construcción de obras privadas nuevas en todo el país. La iniciativa propone «eximir durante dos años del pago del impuesto a los activos que se destinen a obras de construcción nuevas en todo el territorio» nacional.
La iniciativa exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.
Además, determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un «bloqueo fiscal» respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas
El titular de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, el legislador del PRO, Domingo Amaya, celebró el consenso de este proyecto y señaló: “Con la pandemia hemos podido ver tanta gente que perdió el trabajo y tanta que perdió donde vivía alquilando porque no tenía para pagar. Es importante que trabajemos en conjunto para llevar soluciones”.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos, Melina Delú, destacó que ”la implementación de esta ley se encuentra en línea con el modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos”.
A su turno, el titular de bloque del PRO, Cristian Ritondo, explicó que este proyecto «reactiva un sector, da acceso a la vivienda a los sectores más populares, genera la posibilidad de invertir aquellos que tienen y crea trabajo para miles de argentinos”.
El titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, señaló que “lo sustancial de este proyecto es que viene a reactivar la economía y a generar empleo”.
Por último, dieron media sanción -con 189 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones- a un proyecto sobre desarrollo del sistema nacional de ciencia y tecnología que apunta a elevar el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología del 0,28% del PBI al 1%, en el plazo de 11 años.
Al comienzo de la sesión, debido a la activación del protocolo sanitario en la Cámara de Diputados, miembros de Juntos por el Cambio debieron retirarse a sus despachos por prevención, tras el test de saliva positivo del diputado Gustavo Menna que ya había tenido Covid-19, 14 días atrás. Tras un segundo examen negativo, realizado en su domicilio y luego de que el director médico de la Cámara baja, Marcelo Halac, explicara que partes del virus aún pueden permanecer en el cuerpo, sin poder de contagio, sus compañeros pudieron regresar al recinto.
Juramento a nuevos diputados
También, se tomó juramento a dos nuevos diputados nacionales en reemplazo de legisladores del Frente de Todos, que renunciaron para asumir otros cargos. Se trata de Pablo González -que asumió en YPF- y Magdalena Sierra -que aceptó ser jefa de Gabinete de Avellaneda-. En su lugar, asumieron el dirigente del PJ Jorge Verón, con trayectoria en el Municipio de Río Turbio y Carlos Ortega, secretario general de Secasfpfi, el gremio de trabajadores de la ANSES, respectivamente.
Fuente: ámbito.
