La ciudad de Neuquén fue escenario este miércoles de una serie de allanamientos en el marco de una investigación judicial que busca determinar la presunta estafa de dos médicos hacia una obra social. El caso apunta directamente a un traumatólogo infantil y a un anestesista, quienes habrían facturado intervenciones quirúrgicas que jamás fueron realizadas a pacientes afiliados.
La fiscal Valeria Panozzo fue la encargada de requerir los procedimientos, que se ejecutaron en una clínica privada y en dos domicilios particulares. El objetivo de la medida judicial fue secuestrar historias clínicas, computadoras, teléfonos celulares y documentación que permita comprobar la maniobra denunciada.
Allanamientos en Neuquén por estafa
De acuerdo con LU17. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos del departamento de Delitos Económicos de la Policía de la provincia de Neuquén, quienes llevaron adelante las tareas de incautación bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal. La fiscalía remarcó que se trata de los primeros pasos de una investigación que podría derivar en imputaciones formales en los próximos días.
La causa se inició tras una denuncia presentada por los abogados del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La representación legal aseguró que la obra social fue víctima de una defraudación millonaria, producto de pagos indebidos hacia profesionales que fraguaron prácticas quirúrgicas.
De acuerdo con la denuncia, los médicos sindicados cobraban por supuestas intervenciones realizadas a niños, cuando en realidad los pacientes solo habían tenido consultas de rutina en consultorios o habían sido atendidos en hospitales sin requerir ingreso a quirófano. Esta discrepancia quedó en evidencia tras el testimonio de varios afiliados, quienes aseguraron que nunca fueron sometidos a operaciones.
El principal acusado es un traumatólogo infantil que, según la hipótesis fiscal, habría ideado el mecanismo fraudulento. Siempre actuaba en compañía de un médico anestesista, quien figura también como parte del esquema investigado. Juntos habrían confeccionado historias clínicas y registros falsos para simular la realización de cirugías inexistentes.
Las declaraciones de los afiliados resultaron claves para desentrañar la maniobra. Padres y madres de niños atendidos por el traumatólogo declararon que jamás se les indicó una intervención quirúrgica, ni mucho menos se los trasladó a un quirófano. Sin embargo, la obra social recibió facturas de operaciones que nunca ocurrieron.
El Ministerio Público Fiscal informó que el perjuicio económico estimado, de acuerdo con la información provisoria de la denuncia, ascendería a unos 20 millones de pesos. La cifra se desprende de los montos abonados por prácticas que no fueron corroboradas con la realidad asistencial.
El avance de la investigación ahora depende del análisis de todo el material secuestrado en los procedimientos. Las computadoras, celulares y documentos incautados serán peritados para determinar la existencia de registros alterados, así como la magnitud de las irregularidades detectadas.
