La producción olivícola argentina sigue a media máquina. Por la caída de rentabilidad -los precios internacionales no acompañaron los últimos tres años y recién hace pocos meses comenzaron a recuperarse- las inversiones bajaron y arrastraron a los rindes. Según datos de la Federación Olivícola Argentina (FOA), en el país hay 90.000 hectáreas de olivo plantadas y aunque el rinde medio esperable es de 8000 kilos por hectárea (unos 720.000 kilos) las cosechas de los últimos tres años oscilan entre 240.000 y 280.000 kilos. El récord fue en 2017, con 390.000 kilos, es decir la mitad del potencial.
«Hay plantas que dan poco y nada -dice a LA NACION Patricia Calderón, presidenta de la FOA-. Si fuéramos industria diríamos que el uso de capacidad instalada es de 50%; desde 2017 fueron cayendo los precios. En la aceituna de mesa no es tanta la pérdida, pero igual existe. Los bajos rindes son una combinación de factores; cuando hay mal precio se busca en qué recortar. Menos riesgo, menos fertilización porque es menos lo que queda para invertir. Para este año no mejoró lo estructural pero sí subió el precio del aceite. Nadie hace una inversión a largo plazo para después arruinarla a propósito, la clave es cuánto se puede trabajar a pérdida, qué espalda financiera se tiene».
El último día del 2020 el Gobierno eliminó por decreto retenciones a las exportaciones a diversos productos agroindustriales, que tienen «bajo impacto en los precios internos de los alimentos», la producción olivícola fue alcanzada por la medida. Según los fundamentos, apunta a «contribuir a aumentar la producción y las exportaciones, apoyando a los productores y las cadenas de valor asociadas y de esta forma recuperar los niveles históricos de exportación, fomentando el desarrollo de la industria exportadora nacional». Para el sector olivícola que exporta el 80% de lo que produce, es una ayuda, pero el principal problema no pasa por ahí.
Identifican como un factor crítico el costo de la energía. La mayor superficie de olivares de la Argentina está en zonas desérticas -la excepción son las explotaciones en Mendoza, más cerca de ríos- por lo que el riego es por goteo y se requiere de bombas que funcionan a electricidad. Más allá de que las tarifas llevan congeladas más de un año, Francisco Hilal, productor riojano, indica que el insumo es «la espada de Damocles de la producción primaria» y apunta que hace tiempo tratan de que el Congreso sancione una ley que beneficie a las producciones electrointensivas. El objetivo, más allá de posibles subsidios coyunturales, es que haya apoyo para la reconversión a sistemas de energías renovables.
Hay varios proyectos, uno es del diputado nacional riojano Danilo Flores que impulsa la confección de un registro nacional de regantes agrícolas electro intensivos, que permita identificar a productores que no cuentan con agua de riego en superficie. Si bien originalmente proponía que fuera sólo para regantes olivícolas electro intensivos cambió en función de que existen «las mismas necesidades de otros sectores productivos lo hice extensivo». Entiende que sobre esa base se pueden generar políticas públicas direccionadas.
Para Julián Clucellas, ex titular de la FOA, el precio internacional base del aceite de oliva que se necesita es de no menos de US$3000 la tonelada para que haya rentabilidad; estima que entre costo de electricidad y de fertilizantes suman unos US$500 por hectárea. «Para sostener el cultivo, el rinde debe estar arriba de los 9000 kilos anuales por hectárea sino la ecuación no cierra y se puede ir al quebranto en unos años. Tal vez, con menos funciona para la aceitunas, pero siempre se estaría sometido a cómo se presenta la cosecha anual. Por estas condiciones es que la producción va mal, va disminuyendo su superficie, no entran nuevos jugadores que revitalicen al sector», señala.
