La Procuraduría Anticorrupción de Perú le pidió a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción la detención de forma preliminar y durante siete días de siete de los implicados en el ‘Vacunagate’ por posibilidad de fuga u obstaculización de la investigación.
El documento de petición del arresto, que se sustenta en concreto en la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, incluye al exinvestigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna china Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga.
El ya conocido como ‘Vacunagate’ fue una trama destapada en los últimos días en Perú en la que se dio a conocer que numerosos funcionarios y altos cargos de la Administración recibieron la vacuna contra el coronavirus de manera ilegal, incluso antes de que las dosis llegaran al país de manera oficial.
Fueron más de 480 los funcionarios vacunados con dosis de Sinopharm destinadas para el personal médico a cargo del estudio clínico que el laboratorio chino realiza en el país.
Entre ellos, hay ocho miembros del comité encargado de negociar los contratos con las farmacéuticas para la adquisición de las vacunas, todos ellos miembros del Gobierno y autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La fiscalía pidió la detención de: el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay; el asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud Carlos Castillo; el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arturo Jarama; el ejecutivo adjunto segundo del Viceministerio de Salud Pública, Mario Tavero; el vicerrector de la Investigación de la Universidad Peruana de la Cayetano Heredia (UPCH), Alejandro Bussalleu Rivera, y el diplomático de la cartera de Exteriores Óscar Suárez.
La procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas, señaló que si el documento presentado a la Fiscalía también incluye a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. Finalmente no se pidió su arresto, puesto que se trató de un error, informó ‘La República’.
“Existen fuertes indicios que nos permiten inferir que en el presente caso, los miembros de la comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra la COVID-19 se habrían interesado indebidamente, de manera directa en razón de su cargo, en la suscripción del convenio suscrito entre el Estado peruano y el laboratorio Sinopharm para el ensayo clínico (Fase III) de la vacuna Sinopharm”, ha subrayado la procuradora.
Asimismo, Villegas señaló que Málaga habría coadyuvado en que los funcionarios involucrados se interesasen de forma directa en la suscripción del acuerdo con el laboratorio chino para el ensayo clínico.
“Málaga habría facilitado a que los miembros de la comisión multisectorial manifiesten su interés indebido en las negociaciones para adquirir la vacuna de Sinopharm, pues, permitió que fuesen inoculados no solo ellos sino otros funcionarios y/o servidores públicos de otros sectores del Estado, así como particulares”, reiteró, para añadir que debido a la gravedad del delito se sopesa que estas personas traten de eludir la justicia.
Suspenden ensayos en UPCH
Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú suspendió el registro del Centro de Estudios Clínicos de la UPCH como centro de investigación para ensayos clínicos.
En un comunicado, se indicó que la decisión de la suspensión se tomó tras detectar indicios del uso indebido de 3.200 dosis de la vacuna de Sinopharm, de las que, según se determinó, se ocultó información de su uso, informa el medio peruano.
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