Bertorini se refirió al manejo de la gestión del IPV, a la situación económica, los fondos nacionales y provinciales destinados a las obras de viviendas.
Este lunes también declaró en el juicio por la causa Revelación el arquitecto Alejandro Bertorini, quien se desempeñó como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda entre 2015 y 2016.
En su relato informó que promediando su gestión empezó a advertir situaciones no deseadas haciendo referencia a un supuesto clientelismo político en la atribución de viviendas a tal punto de advertir que se había adulterado el padrón de beneficiarios en favor de “personas allegadas o militantes”. Añadió que “había pedidos indebidos de viviendas para parientes o amigos”.
El ex presidente del IPV explicó que su relación con Carpintero era mala. “Me habían pedido la renuncia del gerente general del Instituto porque me advertían que su tarea en relación a las cooperativas era deficiente”, acotó.
El funcionario era Guillermo Meyer y lo había designado Bertorini por ser una persona de su confianza. “Me hicieron saber que debía designar en su reemplazo a Jorge Etchepareborda, quien se desempeñaba en el área de cooperativas del IPV. Me negué a ello y luego renuncié”.
También declaró en esta jornada la contadora Sandra Torres, quien se desempeñó como Directora General de Administración del IPV. La funcionaria hizo un pormenorizado relato del proceso de la administración de los fondos del instituto y la metodología de pagos de certificados de obra.
LA LISTA DE BORTAGARAY
Torres resaltó la situación de endeudamiento que la provincia tenía por ese entonces. Se decretó la emergencia económica para poder manejar la deuda que alcanzaba los $ 500.000.000. En razón de ello la contadora explicó que los pagos se analizaban junto al presidente del IPV y se priorizaban las situaciones financieras de cada empresa que estaban cada vez más complicadas.
La funcionaria explicó también que el entonces presidente del IPV Martín Bortagaray le explicó que se confeccionaría una lista de empresas para pagar en ocasiones que él no estuviera en la zona y debía mandársela por correo electrónico con copia a Diego Correa.
“Ya después Correa me mandaba mensajes directamente para chequear la lista y pedir incorporar pagos a otras empresas como Menedin, Igarzábal, Sudelco”, mencionó.