La jueza federal Eva Parcio procesó este viernes a 24 personas en el marco la causa que investiga el hurto de vacunas contra el coronavirus en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
Entre los procesados figuran el secretario general de Camioneros, Jorge Taboada, junto a otros 18 integrantes de ese gremio y de la obra social sindical como presuntos encubridores. La magistrada les dictó embargos por hasta 1,3 millón de pesos a los investigados.
También procesó a la enfermera Analía Muñoz por malversación dolosa de caudales públicos y le trabó embargo por 2 millones de pesos, informó El Patagónico.
De las 21 personas identificadas por el Ministerio Público Fiscal provincial y la Brigada Policial de Investigaciones que habían recibido la aplicación de la vacuna en Camioneros, 19 fueron procesadas por presunto encubrimiento de malversación de bienes del Estado. Entre ellos el secretario general Jorge Taboada y el secretario adjunto Elías Guzmán.
Se dictó falta de mérito para Susana Campos. En tanto, a Marcos Paura, otro integrante de la obra social de Camioneros, que había recibido la vacuna, se lo procesó como presunto instigador del delito de malversación, indicaron fuentes oficiales.
El origen del faltante
El día 26 de enero de este año, se retiró de la cámara de frío un lote con 100 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, de las que se aplicaron 70 a partir de turnos otorgados. En esa jornada, se guardó el remante de 30 dosis, junto a otras 10 que sobraban del día anterior, por lo que el sobrante era de 40. Sin embargo, al día siguiente, se constató que quedaban sólo 10 dosis, por lo que entre la tarde del 26 (después de las 18 hs) y la mañana del día siguiente habían desaparecido 30 unidades.
Una de las vacunadoras en la jornada del 26 de enero era la enfermera Analía Muñoz, según consta en las actuaciones judiciales, la misma persona a la que señaló Jorge Taboada como la enfermera que les ofreció la posibilidad de vacunarse en su obra social, luego de que se conoció la investigación judicial por el faltante.
“Nosotros pagamos el servicio de inmunización y recibimos una factura legal”, explicó el dirigente camionero desde su radio, para rechazar las sospechas en su contra.
Extrañamente, recién el 2 de febrero, 5 días después de detectarse el faltante de las dosis, se dio aviso a la directora del Area Programática, Miriam Monasterolo, quien en esa misma jornada dio inicio a una investigación administrativa y derivó el caso al Ministerio Público Fiscal, según consta en las actuaciones de los fiscales provinciales Andrea Rubio y Juan Carlos Caperochipi, quienes intervinieron en la primera parte de la investigación, cuando ordenaron el allanamiento a la sede de de la obra social de Camioneros.
Procesamientos y embargos
Después de que la jueza haya tomado declaraciones indagatorias y testimoniales durante el mes de marzo y abril, también procesó a la enfermera del Hospital Regional Analía Muñoz por presunta malversación dolosa de caudales públicos beneficiándose con el producido de un ilícito. Además, le trabó un embargo de 2 millones de pesos.
Mientras, a otra enfermera del Hospital Regional que le habría ayudado a guardar las vacunas a Muñoz -según algunas comunicaciones telefónicas que mantuvieron-, se la procesó como encubridora de malversación de caudales públicos.
A quien se desempeñaba como responsable de la cámara de vacunas, Daniela Cocha se la procesó por presunta malversación culposa de caudales públicos por impericia y se le trabó embargo por 100 mil pesos.
Y a quien en ese momento también se desempeñaba en el Área Programática Sur, como jefe de Epidemiología y Prevalentes, Jorge Benítez se lo procesó por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le trabó embargo por 500 mil pesos.
La causa llegó a manos de Parcio para que la trabaje junto a sus cuatro secretarios penales, Juan Ignacio Oske, Mauricio Aburre, Juan Manuel Gutiérrez y Damian Mazzuco luego de que la Justicia Provincial dictara su incompetencia tras la investigación y sugerencia del Ministerio Público Fiscal del Chubut.
La maniobra de la sustracción de las dosis para luego ser vendidas a la obra social de Camioneros comenzó por un sistema con poco apego al control, según surgió en el cotejo de esos elementos, ya que tanto en la investigación previa de la Justicia Provincial como en la Justicia Federal se comentó que había listados escritos a mano, incluso con tachaduras y otras desprolijidades.