La Asociación de Magistrados denunció irregularidades en los cambios en la ley de amparos y per saltum «para consagrar la megaminería en Chubut» Piden que se retrotraigan
La Asociación de magistrados y funcionarios judiciales de Chubut emitió un duro comunicado repudiando los hechos de violencia que se produjeron en el marco de las protestas sociales en contra de la sanción de la ley de Zonificación Minera y responsabiliza las máximas autoridades de la provincia «son las principales responsables, con sus actos y decisiones, de prevenir la violencia y de resguardar la paz social».
Más adelante señala que «La expresión pacífica de la mayoría del pueblo chubutense ante el proceder ilegitimo de las autoridades políticas de la Provincia del Chubut no debe quedar opacada por la acción violenta e injustificada de un sector muy minoritario de la ciudadanía.»
También se refiere especialmente al rol del Poder Judicial en este tema y a las última leyes aprobadas en relación con el «Per Saltum» y la ley de amparo . «Esta Asociación ha venido denunciando irregularidades e ilegalidades cometidas por parte del poder político con relación a la citada normativa. Se advirtió sobre la sorpresiva e injustificada sanción de la ley que estableció el «Per Saltum», se criticó la reforma a la ley de amparo, y la modificación al procedimiento para el dictado de medidas cautelares contra el Estado. También se cuestionó la cobertura de cuatro cargos (mayoría) en el Superior Tribunal que se anunció públicamente como un acuerdo político que luego fue convalidado por unanimidad.»
Luego destacan «Hoy, a la luz de lo acontecido el miércoles en la Legislatura, en una sesión apurada y al filo del reglamento, confirmamos que todas esas decisiones estaban dirigidas a consagrar la megaminería en la Provincia.»
Con pesar, advertimos que también se pretende asegurar que la megaminería sea convalidada por el Poder Judicial en caso de que se plantearan objeciones constitucionales Ello tal vez explique por qué las instalaciones de la provincia fueron atacadas en la protesta, por primera vez en su historia, por decisiones adoptadas por otros Poderes del Estado.
Luego destacan que «se han quemado cientos de expedientes de justiciables que acudieron a los tribunales en busca de una reparación a sus derechos afectados. Se ha destruido el edificio de la Fiscalía de Rawson en donde tramitan numerosas causas de corrupción, así como las dependencias del fuero contencioso administrativo del Superior de Justicia, en el que se gestionan las causas contra la Provincia.»
Por ello la AMFJCH solicita enfáticamente a las autoridades políticas de la provincia que se retrotraiga la actual situación institucional a la existente con anterioridad a la sanción de las mencionadas leyes, como inexcusable aporte a la restauración de la paz social en la Provincia, quebrantada a partir de tan irregulares procederes.
