Fernando Rivarola está pasando su peores días y quizás los últimos en su cargo, pesa sobre sus espaldas dos denuncias muy graves donde una de ellas incluye el pedido de destitución, lo que consiste en que sea expulsado de su cargo de fiscal, sin óbice alguno para un correspondiente juicio político.
Por otro lado, tenemos a un hombre viejo y solitario como el procurador general Jorge Miquelarena, que se le van cayendo los soldados de a poco.
Desde el 28 al 30 de Marzo de este año, se reunió el Consejo de la Magistratura, el órgano de deliberación con facultades sobre los funcionarios de la provincia de Chubut, decide la continuidad o no de ellos.
¿Para qué se reunieron? Para decidir la apertura sumarial con el objeto de deliberar la destitución de Fernando Rivarola por incumplimiento de su deber. Esto con motivo de una denuncia presentada por la RATT (Red Alto al Tráfico y la Trata de personas) los primeros días de diciembre del 2021.
La denuncia “19/21 CM” presentada por Miriam Vázquez, delegada provincial del mencionado organismo, señalaba al fiscal Rivarola de haber hecho la vista gorda a un informe que recibió en su oficina en mayo del 2021 por una ONG norteamericana (Missing and Exploited Children), remitiendo material probatorio de agencias de seguridad estadounidenses que señalaban que Juan Orlando Juárez, un médico que formaba parte del cuerpo forense del Superior Tribunal de Justicia, descargaba pornografía infantil en su computadora.
En mayo recibió el informe en su despacho y recién el 8 de julio Rivarola se puso a leerlo, mientras tanto en ese periodo ventana de 2 meses en el cual no se movió el escrito; el Dr. Juárez revisó a 270 niños en cumplimiento de su trabajo como perito y por orden del tribunal supremo, que por culpa del silencio de Rivarola no estaban ni enterados de la oscura faceta de Juárez. Enseguida se empezaron a tejer sospechas de encubrimiento por parte del fiscal.
La denuncia de la RATT se le dio entrada en la recepción del Consejo de la Magistratura y en Marzo de este año, de conformidad con el artículo 6° del reglamento, se conformó una “Comisión de Admisibilidad” que dio el visto bueno para deliberar su expulsión del cargo en otra sesión.
Cabe destacar que el consenso de parte de los integrantes de la comisión de admisibilidad fue UNANIME, eso da serias expectativas de que el dictamen del pleno del Consejo podría ser muy duro, resolviendo posiblemente la destitución. Todo dependerá también de cómo actúe el consejero instructor, el cuál fue sorteado y le tocará llevar a cabo el procedimiento sumarial a Jorge Luís Fruchtenicht.
El rol de Fruchtenicht en el procedimiento es similar a las facultades que tendría un juez instructor en el fuero federal: dispone la realización de la prueba, ordena las audiencias testimoniales para escuchar testigos y en base a todo lo recabado produce un informe circunstanciado entre la denuncia que entró al organismo y lo constado en actas de lo sucedido durante el procedimiento sumarial. Ese informe se elevará a Tomás Malerba, que se desempeña actualmente como el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia.
Posteriormente ese informe será deliberado por el pleno y luego solo resta la decisión de remitirlo o no al “Tribunal de enjuiciamiento” para el desarrollo del juicio político, ya vamos a volver a este tema.
Pero esto no sería lo único que le provoca insomnio al soldado de Miquelarena. A Rivarola también lo abruma una denuncia por violencia de género presentada el año pasado ante el Consejo por su propia “empleada”, la fiscal Florencia Gómez.
La fiscal Gómez denuncia maltratos, traducidos en gritos, descrédito grave de su trabajo frente al resto del personal de la fiscalía e incluso a terceros ajenos al organismo. Situaciones de escándalo que parecían estar a un pelo de terminar en una agresión física se vivían puertas adentro de la sede de fiscalía de la ciudad de Rawson. Pero Gómez un día se cansó y denunció a su jefe.
Se cree que la funcionaria posee un gigantesco elenco de testigos, entre los que se cuentan compañeros de trabajo y hasta vecinos que se encontraban circunstancialmente en la sede de fiscalía para denunciar hechos y que les tocó ver con ojos propios el escandaloso maltrato a Gómez por parte de Rivarola.
Todo parece ser que si una denuncia no lo “acuesta” de seguro lo hará la otra. No obstante, en ambos casos el futuro del fiscal general se ve tempestuoso y sin retorno.
Por otra parte, su “amo” Miquelarena, ya se estaría quedando sin sus principales alfiles en la procuraduría. El comunicado vedettezco que hizo hace poco tiempo donde se “quejaba” de que nadie quería ser fiscal, encierra un entredicho. Según nos cuentan fuentes cercanas, la verdad de la milanesa sería que no quiere designar a nadie más porque no confía en ninguno de los últimos candidatos y tiene miedo de que se nombre a alguien que después termine saliendo a hablar, ventilando toda la mugre del organismo, como ya pasó anteriormente.
Con respecto al poder majestuoso que el procurador general ostentaba en épocas del Danevismo, hoy ya se lo ve alicaído, raquítico, cada vez mas cercado; y el hecho de que Rivarola fuese denunciado significó en las facultades de Miquelarena una bisagra. La legislación con respecto a los sumarios y “jurys” (juicios políticos) lo descarta a él totalmente fuera de la ecuación. Antes, Miquelarena podía acusar al enjuiciado, hoy se tiene que limitar a mirarlo por TV, porque los que acusan son el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento.
Ahora, otro aditamento a toda esta historia es conocer quiénes son los que van a juzgar.
La constitución chubutense en su artículo 209 establece que los funcionarios que cometan delitos en el desempeño de sus funciones, podrán ser acusados por el “Tribunal de enjuiciamiento”. En el artículo 211 se prevé como debe estar conformado ese tribunal. La norma dice que deberá estar constituido por un ministro del Superior Tribunal de Justicia (Mario Vivas, seguro), dos diputados y dos abogados. Lo interesante es conocer quiénes son esos diputados encargados de intervenir y allí es donde nos topamos con la noticia de que quién decidirá si Rivarola hizo bien su trabajo o no, es nada menos que Roddy Ingram… con la regla en la mano.
Roddy Ingram, por increíble que parezca, forma parte de la “Sala de Juzgar”. Él será uno de los encargados del estudio de la acusación, prueba y defensa para pronunciarse definitivamente en el término de 30 días. ¿Qué pasará si no se expide en ese plazo? Conforme al artículo 205 de la Constitución de Chubut, el funcionario denunciado vuelve a sus funciones, sin que se lo pueda volver a enjuiciar por los mismos hechos.
Este personaje oscuro ya todos sabemos quién es, persona no grata en muchos sectores de la provincia por traicionar al pueblo chubutense con su voto a favor de la “megaminería”, señalado como violento hasta por la ex – intendenta de Rawson Susana Artero y señalado además como uno de los legisladores que habría recibido coimas para votar en el recinto beneficiando a la mineras.
Otra información que no depara un pronóstico soleado para Miquelarena, es la futura situación judicial de varios de sus fiscales. Puesto a que no nos faltaron las fuentes que consideran que Rivarola no sería el único destituido de su cargo… habrían varios fiscales que presuntamente incurrieron en mismas o peores faltas, y que por ende están en el ojo de la tormenta. Así que pronto empezarían a desfilar como denunciados en el Concejo de la Magistratura.
El tema es que eso tampoco sería saludable para Miquelarena, porque si la mayoría de los funcionarios que operan a su alrededor terminan todos destituidos o procesados por delitos de corrupción, podríamos aseverar de que el cargo del mismo procurador corre mayúsculo peligro al igual que su situación jurídica, en lo que respecta a que quedaría en evidencia total la utilización de su autoridad e influencias para encubrir hechos deleznables para la función pública.
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