La imagen es meramente ilustrativa.
Vender humo, acomodar a la hija y a Fernando Rivarola, su soldado de máxima confianza; habrían sido las finalidades que persiguió el procurador general al crear la Unidad Fiscal Especializada de Cibercrimen y Evidencia Digital.
“El cibercrimen es una realidad en creciente desarrollo, con impacto en nuestra provincia” dijo Rivarola públicamente a los medios cuando dieron a conocer desde el ministerio público fiscal la creación de la unidad con sede central en Rawson.
Sin embargo, no hemos conocido hasta el día de hoy un solo hacker tras las rejas chubutenses. Pero Rivarola estaba tan contento de su designación al frente de esa unidad que nos hizo creer que la ciudad capital era algo así como Washington DC siendo atacado por piratas informáticos rusos.
La unidad se encuentra hasta el día de hoy bajo el mando del fiscal general Fernando Rivarola. Terminó siendo tamaño despilfarro de los fondos de las arcas públicas, no solamente porque no actúa nunca, sino porque lo poco que llega a su órbita para ser investigado termina siendo acaparado por las autoridades federales, así que operativamente la oficina no tendría mucho sentido.
Es más, la única vez en la que Rivarola tuvo la oportunidad de brillar junto a su unidad especializada fue cuando recibió en su despacho un informe de la RATT (Red Alto al Tráfico y Trata de personas) donde se indicaba que Juan Orlando Juárez, un médico perteneciente al cuerpo forense de Chubut, descargaba material de pornografía infantil. La RATT había recibido ese informe de la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), una organización norteamericana que lucha contra la desaparición de niños y el tráfico humano.
La documentación contaba con información obtenida por agencias de seguridad estadounidenses como el FBI, donde habían listas de direcciones IP, que registraban las descargas por parte de millones de usuarios del material prohibido de la Deep Web (“internet profunda”). Entre esos cibernautas detectados se encontraba la IP de la computadora del Dr. Juárez.
No obstante, ni siquiera allí el fiscal Rivarola pudo demostrar la eficiencia de su unidad, porque ese informe de la RATT estuvo durmiendo en su despacho durante dos meses. Y en ese periodo de inactividad de las autoridades chubutenses el Dr. Juárez, en cumplimiento de su trabajo como perito judicial, aprovechó para revisar a más de 170 niños sin que el Superior Tribunal de Justicia, pudiera conocer el peligro al que exponía a esos infantes al entregarlos a ese médico.
La falta de rapidez de Rivarola al atender esa presentación de la RATT, provocó que esta organización con la representación provincial de Miriam Vázquez realice una denuncia al Concejo de la Magistratura, pidiendo la destitución del fiscal, algo que todavía está en curso.
Por su parte, la hija del procurador general Agostina Miquelarena, se desempeña como personal técnico de la unidad haciendo valer sus supuestos conocimientos de Licenciada en Criminalística. Se la pasa hablando de estafas que se emplean mediante la informática y ofreciendo consejos extremadamente burdos en los medios, pero ni siquiera sabe lo que dice la norma penal al respecto. En una entrevista telefónica llevada a cabo en el 2020 la mataron solo con dos preguntas. La periodista le consultó:
1. ¿Qué penas son las que caben para los que cometen estas modalidades de estafas? Agostina, casi tartamudeando (porque no tenía ni idea de lo que se le estaba preguntando) se puso la soga al cuello a responder: “al nivel legislativo la pena de la estafa es mínima, es de meses, no tiene una pena alta”, cuando el artículo 172 del código penal castiga hasta con 6 años de prisión a aquel que cometiere esa clase de delitos.
2. ¿Qué sanciones se han aplicado en la provincia por estos delitos? Aquí eligió de forma muy inteligente evadir esta pregunta yéndose por las ramas respondiendo la anterior, puesto a que si hubiera contestado con sinceridad habría quedado en ridículo. El número de condenados e individualizados por estafas “electrónicas” es 0. Imagínese usted el grado de eficiencia que debe tener esta gente, si tenemos en cuenta que en el 2020 un grupo de delincuentes estafaron a personas haciéndose pasar por el jefe de Policía de la provincia de ese momento (Miguel Gómez), a través de perfiles falsos de Facebook y no pudieron encontrar a ninguno de los responsables.
Pero todavía no le hemos contado el colmo de toda esta historia; las estafas de la que tanto habla Agostina no son “delitos informáticos” propiamente dichos, son simplemente delitos que se comenten a través de recursos informáticos.
El convenio de cibercrimen de Budapest, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2001 y al que Argentina adhirió en 2018; en dos artículos describe con una claridad meridiana cuáles son los delitos informáticos: “falsificación informática” (artículo 7) y “fraude informático” (artículo 8).
Estos dos son los -delitos informáticos- propiamente dichos. Esperemos que Agostina no haya estado confundida todo este tiempo en su trabajo y piense que las estafas que está investigando son delitos informáticos, porque no es así.
Agostina y su equipo simplemente están investigando engaños o artimañas dolosas de delincuentes a través de soportes informáticos, pero eso es algo muy distinto al fraude informático, en tanto y en cuanto, el mentado fraude consiste en la “introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos o cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático”, cuyo ejemplo podría ser la técnica pirata del “carding”, donde NO HAY comunicación entre el malviviente y la víctima, requiriéndose del delincuente conocimientos técnicos avanzados para perpetrar el delito.
El resto de los delitos abarcados por el convenio de Budapest fueron: acceso ilícito, intercepción ilícita, ataque a la integridad de los datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos, delitos relacionados con la pornografía infantil, delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines.
Como habíamos mencionado, Fernando Rivarola, jefe de la Unidad de Cibercrimen y Evidencia Digital, terminó denunciado al Concejo de la Magistratura por no actuar con inmediatez ante un informe sobre pedofilia donde se lo señalaba al Dr. Juárez como consumidor frecuente de pornografía infantil.
Es decir que la Unidad de CIBERCRIMEN Y EVIDENCIA DIGITAL, estuvo abocada plenamente a investigar estafas de pacotilla, que pueden ser abordadas por las dependencias policiales convencionales sin ningún problema, y el UNICO caso en el que tuvieron la posibilidad de tomar conocimiento y que corresponde a la inmensa lista de delitos de cibernéticos que representan el motivo por el cual la unidad fue creada supuestamente, lo ignoran y se dignan a investigarlo dos meses después, cuando el médico pedófilo ya había revisado a una centena de menores. Creemos que está todo dicho.
Además, no nos olvidemos que el trabajo les vino de arriba, porque ni siquiera fueron a la prueba, la prueba vino a ellos; el 100% de la investigación ya había sido realizada por las agencias de seguridad norteamericanas y lo único que tenía que hacer la unidad de Agostina Miquelarena y Fernando Rivarola, era presentar esa documentación a la justicia haciendo la pertinente denuncia.
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