Ambos fueron encontrados culplables de maniobras de corrupción contra el Estado provincial entre 2015 y 2017 durante la gestión del ex gobernador Mario Das Neves. Cisterna era Ministro Coordinador de Gabinete y Bortagaray estaba al frente del IPV.
Los jueces Marcelo Nieto Di Biase y Fabio Monti, confirmaron este lunes la prisión domiciliaria que pesa en contra de los ex funcionarios provinciales Víctor Cisterna y Martín Bortagaray, que fueron hallados culpables en la causa “Revelación” sentencia en primera instancia que luego fue confirmada por otros tres jueces en una audiencia de impugnación. Con esa resolución adoptada en el mediodía mediante la realización de una audiencia de revisión de la prisión que pesa sobre ambos, suman ahora ocho los jueces que coinciden en la calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal y las condenas impuestas.
Fueron encontrados culpables de cobrar «retornos» a los empresarios de la construcción que tenían a su cargo la ejecución de obras públicas, como paso previo a la liberación de los pagos correspondientes a las tareas realizadas.
De todas maneras quedó sujeto a un acuerdo entre los defensores y el Fiscal General Marcos Nápoli, para que Cisterna durante dos veces a la semana, el exministro de Economía del Chubut, salga a trabajar a su estudio contable.
Juan Martín Bortagaray fue asistido por el defensor penal Jorge Rubeolo y Emilio Galende asistió a Víctor Cisterna.
El caso ya tiene sentencia de la Cámara de Impugnación que en general ratificó lo dispuesto por el tribunal del Juicio Oral. Las condenas en primera instancia la resolvieron los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales.
Ambos se encuentran bajo arresto domiciliario “y considero que deben seguir cumpliendo las condenas de esa forma”, dijo Nápoli para resaltar que “se mantiene el riesgo de fuga”.
A su turno, el defensor Rubiolo manifestó no oponerse a la postura de Nápoli respecto de su defendido Bortagaray. “No tengo apreciaciones que realizar a la medida cautela tal como se están llevando a cabo”, dijo. Bortagaray recibió una condena de 4 años y 8 meses de prisión
El exministro coordinador Víctor Cisterna fue condenado a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, en tanto que Diego Miguel Correa fue condenado a 5 años y 6 meses, además de la misma inhabilitación.
Respecto de estos montos de pena, fue el principal argumento de los defensores de Cisterna. Se refirieron a la “proporcionalidad” de la condena, teniendo en cuenta que Correa estuvo involucrado en 18 hechos y Cisterna solo en 2. Destacaron también la edad del ex ministro de Economía (72 años) y la posibilidad de su libertad o la posibilidad de poder ir dos días a su estudio contable, con la tutela de una persona a designar y la colocación de la tobillera electrónica.
Para los jueces Monti y Nieto De Biase, igualmente la pena no podrá ser inferior a los cinco años. “Seis jueces avalaron esas condenas y la calificación legal”, dijo Monti al fundamentar su resolución.
La investigación
Víctor Cisterna y Martín Bortagaray son parte del grupo de siete exfuncionarios provinciales que fueron condenados en el marco de la denominada causa “Revelación”, a partir de una investigación por maniobras de corrupción ocurridas entre el año 2015 y fines del 2017, durante el gobierno del fallecido gobernador Mario Das Neves.
Se trata de exfuncionarios públicos investigados por maniobras de corrupción ocurridas entre 2015 y 2017, durante el gobierno del fallecido gobernador Mario Das Neves y en ese sentido, los jueces ya habían dado a conocer su veredicto de culpabilidad sobre Víctor Hugo Cisterna y Diego Miguel Correa como organizadores de una asociación ilícita, mientras que los exfuncionarios Pablo Oca, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray y Diego Lüters fueron hallados culpables de ser miembros de dicha asociación ilícita, entre otros.
Hay que recordar que esta causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía, en distintos puntos de la provincia.