En la audiencia la mayoría de las defensas plantearon la suspensión de juicio a prueba para sus asistidos; por su parte el fiscal se opuso a ello ya que la declaración de Palomeque le cambió si visión de la causa.
La mañana del presente miércoles se concretó una nueva jornada de la audiencia preliminar de la denominada causa Emergencia Climática I en Comodoro. La causa tiene 13 personas imputadas en relación a la contratación de maquinaria vial con el fin de remediar las consecuencias de la tormenta que azotó la ciudad, entre los días 29 de marzo y 9 de abril del año 2017. En la audiencia la mayoría de las defensas plantearon la suspensión de juicio a prueba para sus asistidos; por su parte el fiscal se opuso a ello ya que la declaración de Palomeque le cambió si visión de la causa.
En un primer momento la defensora de Herk, Van Herden, Lara, Mansilla y Sartori, estos últimos tres empleados municipales, solicitó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba para sus asistidos ya que no tienen antecedentes penales, y en caso de recaer condena la pena será en suspenso. Ofreciendo asimismo una reparación económica en beneficio de Instituciones sociales locales.
Seguidamente el fiscal, Héctor Iturrioz, manifestó su posición contraria a otorgar las suspensiones de juicio a prueba, o probation, ya que la declaración de Palomeque cambió su visión de la causa. Cuando se refirió a la reunión con empresarios de la Cámara de la Construcción, que tuvieron injerencia para no contratar foráneos. “Esto tiene que develarse en juicio”, sostuvo el fiscal y solicitó que todos los imputados vayan a juicio oral y público.
El defensor Guillermo Iglesias se sintió sorprendido por la modificación del dictamen fiscal, debe regir el principio pro homine, el principio que mayor derecho le acuerda al justiciable, una interpretación más extensiva de la norma. Criticando el dictamen negativo a la probation del fiscal ya que “no se apoya en instancias probatorias”. La declaración de Palomeque no fue sorpresiva, lo que fue sorpresivo es el cambio del dictamen fiscal, concluyó.
La defensora Quintana y el defensor Gabalachis también solicitaron la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para sus asistidos ya que “si no se volvería atrás en algo que ya se había avanzado”. Además, se había solicitado que se mejoren las ofertas reparatorias y eso es lo que se hizo.
Finalmente, la jueza penal, Mariel Suárez, resolvió no hacer lugar a las suspensiones de juicio a prueba solicitadas, ya que el dictamen del fiscal, fue fundando, es vinculante y el mismo invocó razones de política criminal. Agregando que quizás opinó en forma prematura, pero se debe ejercer una tutela judicial efectiva, la sociedad en su conjunto merece saber lo que pasó. Dictando un cuarto intermedio de 5 días para ver si las defensas impugnan la decisión ante la Cámara en lo Penal local, luego continuará la audiencia preliminar.
Emergencia Climática I en Comodoro:
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos.
Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister. Calificando provisoriamente la mayoría de los 36 hechos enunciados como “fraude a la Administración Pública”, en concurso real con “falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.
Entre los imputados se encuentran; Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque; Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
Presidió la audiencia preliminar Mariel Suárez, jueza natural de la causa; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; la defensa de Palomeque la ejerció María Cristina Sadino; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara por María de los Ángeles Garro, ambas defensoras públicas; de Lobos Rozas y Javier Morales por Ariel Quiroga, abogado de la defensa pública; la de Boyero y Monasterolo por Guillermo Iglesias; y la de Astiz por Fabián Gabalachis; la Dra. Quintana por los hermanos Pérez, abogados particulares de los mismos.