Se trata del ex presidente del Instituto de asistencia social Carlos Barbato y de su chofer Adrián Quinteros. También se los acusa a la esposa de Barbato, Erica Perrone y al padre del ex funcionario. El fiscal de la unidad de delitos contra la administración pública Omar Rodríguez, señaló que dieron testimonio personas que habían […]
Se trata del ex presidente del Instituto de asistencia social Carlos Barbato y de su chofer Adrián Quinteros.
También se los acusa a la esposa de Barbato, Erica Perrone y al padre del ex funcionario.
El fiscal de la unidad de delitos contra la administración pública Omar Rodríguez, señaló que dieron testimonio personas que habían sido contratadas para realizar tareas en la casa de Playa Unión del acusado.
También declaró una empleada de una firma comercial de Trelew, en la que la esposa de Barbato había adquirido cerámicos, amoblamientos de cocina, un hidromasaje entre otros, por un valor de un millón cien mil pesos.
Al dialogar con Radio Chubut, el fiscal describió el inmueble de la villa balnearia.
Los testigos que declararon en la jornada de hoy, coincidieron que los pagos fueron de contado en efectivo y hasta con moneda extranjera.
El fiscal Rodríguez señaló que el pago en efectivo es una característica que sostienen en la causa porque no hay bancarización y la sospecha es de enriquecimiento ilícito porque todas las compras no dejaban registro en ningún lado.
En ese momento Barbato era funcionario público con un sueldo no mayor a los 100 mil pesos y su esposa era ama de casa por lo cual no se condice lo que ganaba con lo que gastaban.
También declaró una persona que le vendió a Barbato un auto deportivo marca Audi.
Fue llevado por otro a la casa del imputado en Trelew, quien le abonó una parte en efectivo y le entregó un cuatriciclo de gran cilindrada.
El testigo señaló que el “documento zeta” fue puesto a nombre del chofer Quinteros a pedido de Barbato.
El abogado defensor Fabian Gabalachis representa a Carlos Barbato, al padre de éste y a la esposa, Erica Perrone.
Mientras que el abogado de la defensa pública Omar López representa al chofer Adrián Quinteros.
Gabalachis señaló que el ministerio público fiscal quiere probar un incremento patrimonial y por parte de la defensa aseguran que no se da el marco normativo que establece la figura de enriquecimiento ilícito.
Para el abogado, que se hayan hecho pagos de contado y en efectivo no amerita una anormalidad ya que Barbato tiene una larga trayectoria con cargos altos en la administración pública, con ingresos que justifican la compra de los bienes.
Aseguró que la defensa demostrará que el departamento de Puerto Madryn y el vehículo Audi que se le endilgan a Barbato, no son de su propiedad.
Y en ese sentido, aseguró que el auto de alta gama pertenece al chofer Adrián Quinteros, a medias con Barbato, mientras que el inmueble es del padre, quien también está imputado en esta causa.
Por último, el defensor indicó que desistieron de muchos testigos y que esta semana finalizará la parte probatoria del debate.
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