Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Santiago Goodman en la causa en la que fue condenado a tres años de prisión en suspenso, en diálogo con Crónica se refirió a la pena que recibió el sindicalista por los incidentes que se dieron en inmediaciones a la Legislatura en Rawson el 17 de septiembre del 2019. El letrado hizo un crudo y crítico análisis sobre el accionar de la policía y volvió a denunciar un operativo ilegal por parte de la fuerza, al resaltar que fue la propia policía la que admitió durante el juicio haber filmado la manifestación de los docentes ese día en las afueras de la Legislatura, algo que está prohibido e incluso penado por la ley. “Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, aseguró.
El pasado miércoles 17 de agosto, la jueza María Tolomei condenó al sindicalista Santiago Goodman a tres años de prisión en suspenso por los incendios ocurridos en la Legislatura en Rawson durante el 17 y 18 de septiembre de 2019, durante las protestas que llevaban a cabo los docentes por reclamos salariales. El fallo fue apelado por Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Goodman, quien en una entrevista con este diario se refirió a la condena del ex secretario general de ATECh.
“Santiago tuvo una condena en suspenso de tres años de prisión, él ahora tiene que cumplir ciertas condiciones que puso la jueza, y si llega a tener otra imputación, ahí sí podría ir preso, en el caso de que esta condena quede firme. Para que esta condena quede firme, tiene que ser confirmada por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, y eventualmente, por la corte. Nosotros hemos apelado, justamente, para que no quede firme”, señaló el letrado.
Un dispositivo ilegal y delictivo
“El problema con esta causa, que es algo muy grave, es que aparece un dispositivo ilegal, de carácter delictivo, que la policía de nuestra provincia viene utilizando desde hace varios años. Hay una ley de inteligencia interna que prohíbe expresamente hacer lo que ellos hicieron, que es filmar las manifestaciones. Esa ley, lógicamente, establece penas, y esas penas son tan grandes como la que se le imputa a Goodman, pero es más grave porque, en este caso, lo hace el Estado, con los fondos de todos los chubutenses. Durante el juicio, uno de los policías, con toda naturalidad, dijo que ellos siempre hacen esto, que lo venían haciendo desde antes y que lo siguen haciendo, incluso se refirió al conflicto que en ese momento tenía el gremio de la pesca, en donde ellos también filmaban las manifestaciones de protesta social, como si eso fuera algo normal”, planteó Salgado.
En esta línea, el abogado fue sumamente crítico al afirmar que la fuerza policial de esta provincia, constantemente viola la privacidad de las personas al investigar redes sociales personales, algo que está prohibido para los funcionarios del Estado. “No hablamos de algo que hacen por su cuenta, es parte de la organización, porque los propios comisarios les dijeron en su momento cómo hacerlo. Se movilizaban en vehículos no identificables, en lugares estratégicos, y desde esos lugares filmaban.
Incluso, contaron que empezaron a filmar horas antes de que sucediera algo. Es decir, antes de que pase algo, ya contaban con filmaciones para identificar a las personas que van a las manifestaciones populares. Esto es algo que está expresamente prohibido y castigado como delito. Esto es lo que se tiene que discutir realmente, que la policía actúa como una banda de delincuentes” afirmó.
El entrevistado puntualizó además en que no solo hay una ley en el país que prohíbe expresamente la filmación de las manifestaciones populares, sino que también es algo que está prohibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Han adoptado un dispositivo que tiene por objetivo perseguir a los ciudadanos, porque filmarlos y registrar en dónde están es una forma de persecución, y eso es un delito, y esto no es algo que solo compromete al policía que admitió esto durante el juicio, sino que además compromete a la cúpula de la institución, que fue la que dio la orden para que se cometiera el espionaje ilegal. Esto es algo gravísimo, y no va a quedar acá. Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, subrayó Salgado.