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Mauro Fonteñez dijo que al menos los 3 padres que representa ya tuvieron contacto con el Cuerpo Médico Forense. También explicó por qué aún es prematuro plantear la prisión preventiva y la importancia de reunir pruebas antes de avanzar en la acusación formal.

“La Fiscalía ha dispuesto un plan de contingencia para poder atender todas las denuncias y al menos los 3 padres que yo represento ya tuvieron contacto con el Cuerpo Médico Forense”, reconoció hoy el abogado Mauro Fonteñez, que está trabajando como querellante particular en relación a las denuncias por presunto abuso sexual infantil de un profesor de música. También explicó por qué aún es prematuro plantear la prisión preventiva y la importancia de reunir pruebas antes de avanzar en la acusación formal: “cuanto más imprecisiones haya, le hacemos más fácil el trabajo a la defensa”, razonó.

Según explicó el especialista en derecho penal, en diálogo con ADNSUR, el hecho de que los padres que él representa ya hayan podido entrevistarse con el Cuerpo Médico Forense “es un avance crucial en el marco de la investigación, como también las evidencias que ha levantado la fiscalía en el mismo lugar de los hechos, los registros de archivos respecto del profesor y las carpetas de los chicos, los dibujos y videos de los padres que nosotros hemos acompañado. Algunos nenes ya iban a terapia por otros temas y entonces a partir de esto están también acompañando con informes”.

Fonteñez indicó que una vez que se cuente con el informe del CMF, que es un trabajo imparcial a partir de los elementos presentados y el aporte de los testigos, “vamos a estar en condiciones de formalizar la acusación”.

Detalló que por ahora la causa está en una etapa de investigación preliminar. “Estamos juntando toda la evidencia para llevarla ante un juez, porque el Código exige una serie de pasos por una cuestión del derecho a la defensa del acusado. Hay que llevar ante el juez una descripción clara de los hechos, porque cuanto más imprecisiones, más fácil le hacemos el trabajo a la defensa. Se suman también más dificultades por la edad de los chicos, porque no son de una edad en la que puedan decir ‘tal día, o el día de mi cumpleaños pasó esto’, es todo más complejo”.

El ministro de Seguridad del Chubut, Miguel Castro, confirmó este martes que el profesor de música denunciado por abusar de más de 40 nenes en el Jardín 406 se presentó ante la justicia en las últimas horas.

«Se ha presentado a la justicia con el abogado y está a disposición de la fiscalía. Puede salir de Comodoro mientras este sujeto a derecho y notifique su domicilio como lo está haciendo, no tiene ninguna restricción”, afirmó esta mañana en rueda de prensa, donde ADNSUR estuvo presente.

Y aclaró que no tiene custodia y que “está a la espera de la resolución de que tome la fiscalía si lo convoca o no, están a disposición”

Castro indicó que se trata de una situación compleja. “Uno entiende el dolor de las familias y de los padres, pero también hay que poner en la balanza la garantía de los derechos», sostuvo.

Y aclaró que no ha sido detenido porque «la fiscalía eta en busca de elementos probatorios sobre si existe una responsabilidad de ese docente, se disponga la apertura de investigación y la prisión preventiva. Hasta que no esa ocurra, hay que salvaguardar el estado de derecho”, sostuvo.

“Es un hecho que queremos esclarecer”

El jefe de la Policía del Chubut, César Brandt, indicó que la fiscalía “está avanzando” en la investigación y que incluso, se enviaron equipos técnicos de otras jurisdicciones a la ciudad petrolera “ para trabajar en los menores y se está avanzando mucho en la investigación. Realmente es un hecho que queremos esclarecer”, afirmó.

A continuación, se refirió al intento de familiares de las víctimas de hacer justicia por mano propia el sábado en el barrio 30 de octubre. “Piensan que la policía está de un lado o del otro. Pero ya tuvimos una situación muy delicada donde se tomó justicia por mano propia y la persona no estaba involucrada .Estas cosas tenemos que evitarlas. No es estar de un lado o del otro sino hacer cumplir la ley”.

Y agregó que por estas horas, la fiscalía “esta buscando datos certeros y hechos concretos para tomar determinaciones judiciales”.

Por su parte, el ministro reconoció que si bien las denuncias son válidas en la causa se deberá trabajar con otros mecanismos porque «son nenes muy chiquitos que no tienen la capacidad de expresarse con la claridad que se requiere, por eso se tiene que ir con una cámara Gesell y equipos interdisciplinarios”, dijo finalmente sobre los pasos a seguir.

Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Santiago Goodman en la causa en la que fue condenado a tres años de prisión en suspenso, en diálogo con Crónica se refirió a la pena que recibió el sindicalista por los incidentes que se dieron en inmediaciones a la Legislatura en Rawson el 17 de septiembre del 2019. El letrado hizo un crudo y crítico análisis sobre el accionar de la policía y volvió a denunciar un operativo ilegal por parte de la fuerza, al resaltar que fue la propia policía la que admitió durante el juicio haber filmado la manifestación de los docentes ese día en las afueras de la Legislatura, algo que está prohibido e incluso penado por la ley. “Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, aseguró.

El pasado miércoles 17 de agosto, la jueza María Tolomei condenó al sindicalista Santiago Goodman a tres años de prisión en suspenso por los incendios ocurridos en la Legislatura en Rawson durante el 17 y 18 de septiembre de 2019, durante las protestas que llevaban a cabo los docentes por reclamos salariales. El fallo fue apelado por Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Goodman, quien en una entrevista con este diario se refirió a la condena del ex secretario general de ATECh.

“Santiago tuvo una condena en suspenso de tres años de prisión, él ahora tiene que cumplir ciertas condiciones que puso la jueza, y si llega a tener otra imputación, ahí sí podría ir preso, en el caso de que esta condena quede firme. Para que esta condena quede firme, tiene que ser confirmada por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, y eventualmente, por la corte. Nosotros hemos apelado, justamente, para que no quede firme”, señaló el letrado.

Un dispositivo ilegal y delictivo

“El problema con esta causa, que es algo muy grave, es que aparece un dispositivo ilegal, de carácter delictivo, que la policía de nuestra provincia viene utilizando desde hace varios años. Hay una ley de inteligencia interna que prohíbe expresamente hacer lo que ellos hicieron, que es filmar las manifestaciones. Esa ley, lógicamente, establece penas, y esas penas son tan grandes como la que se le imputa a Goodman, pero es más grave porque, en este caso, lo hace el Estado, con los fondos de todos los chubutenses. Durante el juicio, uno de los policías, con toda naturalidad, dijo que ellos siempre hacen esto, que lo venían haciendo desde antes y que lo siguen haciendo, incluso se refirió al conflicto que en ese momento tenía el gremio de la pesca, en donde ellos también filmaban las manifestaciones de protesta social, como si eso fuera algo normal”, planteó Salgado.

En esta línea, el abogado fue sumamente crítico al afirmar que la fuerza policial de esta provincia, constantemente viola la privacidad de las personas al investigar redes sociales personales, algo que está prohibido para los funcionarios del Estado. “No hablamos de algo que hacen por su cuenta, es parte de la organización, porque los propios comisarios les dijeron en su momento cómo hacerlo. Se movilizaban en vehículos no identificables, en lugares estratégicos, y desde esos lugares filmaban.

Incluso, contaron que empezaron a filmar horas antes de que sucediera algo. Es decir, antes de que pase algo, ya contaban con filmaciones para identificar a las personas que van a las manifestaciones populares. Esto es algo que está expresamente prohibido y castigado como delito. Esto es lo que se tiene que discutir realmente, que la policía actúa como una banda de delincuentes” afirmó.

El entrevistado puntualizó además en que no solo hay una ley en el país que prohíbe expresamente la filmación de las manifestaciones populares, sino que también es algo que está prohibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Han adoptado un dispositivo que tiene por objetivo perseguir a los ciudadanos, porque filmarlos y registrar en dónde están es una forma de persecución, y eso es un delito, y esto no es algo que solo compromete al policía que admitió esto durante el juicio, sino que además compromete a la cúpula de la institución, que fue la que dio la orden para que se cometiera el espionaje ilegal. Esto es algo gravísimo, y no va a quedar acá. Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, subrayó Salgado.

Alfredo Pérez Galimberti habló en el marco de la audiencia de apertura de investigación sobre el asesinato de Tino y aseguró que la actuación de la fuerza fue «como si se tratara de una operación de guerra».

Alfredo Pérez Galimberti, abogado de Claudia Costa Basso, pareja de ‘Tino’ John, se refirió a la apertura de investigación por la muerte del hombre ocurrida el 27 de mayo de 2021 y que tiene a un efectivo del GEOP imputado. “Veremos con la evidencia ya reunida y la que podremos construir si la responsabilidad penal se extiende a otras personas además de la que está actualmente imputada”, explicó.

Sostuvo que en este hecho «hay responsabilidades políticas y penales”. “La transformación de la policía de la provincia es una deuda pendiente desde la vuelta de la democracia”, planteó Pérez Galimberti.

En este marco, indicó: “Necesitamos una policía que proteja al ciudadano y no que lo vea como un enemigo. Lo que ha pasado acá es esto, en lugar de proteger a una persona que estaba en una dificultad médica, se lo ha tomado como un enemigo y se ha operado como si fuera una operación de guerra”. Opinó que es un problema “cultural, político y de formación de los cuadros policiales”.

Insistió en que la intervención fue “como si ‘Tino’ John fuera el enemigo”: “El uso de la fuerza extrema es el último recurso, tiene que ser de un cuidado quirúrgico». Asimismo, subrayó que hay un protocolo de salud porque quienes tienen un brote psicótico de esta naturaleza «construyen un nucleo delirante. Interpretan la realidad de una manera equivocada». “Es una condición médica que se trata y las personas tienen una vida normal cuando están tratadas. Cuando hay acontecimientos que las conmueven, construyen un episodio agudo. Tienen que ser asistidas y medicadas”, precisó el letrado.

“Lo importante es proteger a ese ciudadano y aquí no se tuvo en cuenta”, enfatizó. Señaló que era necesario un médico y que a la familia le dieran un rol preponderante «para bajar los decibeles de esto”. “La familia conoce cómo se mueve la persona, cómo está a la mañana, a la tarde, a la noche. Cuál es la mejor hora para abordarlo, cómo despojarlo de armas”, detacó.

En la misma línea, detalló que se debe hacer “un trabajo muy fino antes de utilizar un arma de guerra como es un grupo de operaciones especiales”, con el objetivo de «reducir a la persona a un nivel de sedación. Después de unos días, recupera el concierto, medicada”.

Además, afirmó que su patrocinada, Costa Basso, “no fue respetada” en el operativo. “Este capítulo todavía no está puesto en la mira de la Fiscalía pero lo vamos a poner en su lugar”, concluyó.

El procurador parece que pretende desviar la atención del escándalo de los secuestros judiciales que se les han “desaparecido”, como por arte de magia, a sus fiscales en Comodoro Rivadavia y entonces recurre a todo tipo de operaciones que hasta son rayanas con la ilegalidad. A él le atribuyen haber presionado para que detuvieran a Romero.

Primero, instaló a través del pasquín del millonario sindicalista Héctor “El bosque de marihuana” González que el abogado estaba prófugo, que se desconocía su paradero; cuando todo el mundo lo veía ir y venir de tribunales. Y después; habría utilizado sus influencias (ya conocidas en el mundillo tribunalicio) para lograr su cometido.

Miquelarena está muy preocupado porque sabe que en cualquier momento se le termina el poder que le queda y que poco a poco van saliendo a la luz los escándalos y sospechas que recaen sobre su desempeño y el de sus fiscales.

En el caso de Romero, mandó a una fiscal de Trelew –que “oh casualidad” dentro de poco será ascendida a juez– a pedir la detención del letrado pese a “no estar firme” la sentencia, con la que lo condenaron a seis años y nueve meses de cárcel.

El abogado, que gozaba de libertad, se encontraba cuestionando ese fallo por el que lo habían declarado autor de un hecho de tentativa de homicidio, en un caso que generó sospechas de falta de imparcialidad por parte de los jueces que lo juzgaron.

Recientemente, Romero había interpuesto una queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le había denegado en mayo un recurso extraordinario y todavía el máximo tribunal del país no ha tratado su tema. Eso es lo que hace que la sentencia condenatoria contra Romero no esté firme.

Por ello, la Ley dice que ningún juez de la provincia se encontraría en condiciones en la actualidad de ordenar su detención; máxime cuando ha  fijado domicilio real y procesal y ha salido públicamente en algunos medios a decir que se encontraba a disposición de la justicia.

Sin embargo, y en medio de una serie de irregularidades no solo procesales sino administrativas; Romero y su abogada no estaban “vinculados” a la causa y sin ser citados ante un tribunal se autorizó un allanamiento con poca o escaza fundamentación que lo convertiría en nulo; con el objeto de lograr la detención del letrado en una medida que a su vez se sospecha fue dispuesta en forma caprichosa, anómala; violando preceptos procesales, constitucionales y convencionales que obligan a mantener en libertad a las personas procesadas hasta que su sentencia quede firme, según aseguran entendidos.

Es ilegitima la detención de Romero y Miquelarena lo sabe pero aun así –como lo ha venido haciendo en varias causas—ha empujado a sus fiscales y a jueces a cometer ilegalidades por las que con el correr del tiempo podrían tener que dar explicaciones.

Las sentencias ‘Embrujo’ y ‘Revelación’ son contradictorias y si se validan van a consumar un escándalo jurídico”, dijo el abogado defensor de Víctor Cisterna, durante la audiencia de impugnación presidida por los jueces De Franco, Barrios y Zaratiegui, en la Oficina Judicial de Rawson.

El ex ministro Coordinador, Víctor Cisterna, fue condenado el año pasado a cumplir siete años y medio de prisión, como organizador de una asociación ilícita pergeñada para cometer delitos entre los años 2015 y 2017.

En esa causa, conocida como ‘Revelación, también resultaron condenados Diego Correa, Pablo Oca y Martín Bortagaray, entre otros ex funcionarios del gobierno de Mario Das Neves.

En la audiencia de impugnación, el abogado Liberman planteó que mientras en la causa ‘Embrujo’ se probó que Cisterna no integraba la asociación ilícita, en la causa ‘Revelación’ se le imputó y condenó por el rol de organizador, cuando en realidad ambos expedientes investigaban los mismos hechos, según el planteo defensista.

“Pedimos que se declare la nulidad de la sentencia porque vulnera el principio de cosa juzgada, con el fin de que Cámara evite el tremendo escándalo jurídico que generó el vicio judicial que esta cámara está a tiempo de remediar».

Según el defensor, Cisterna era engañado por los funcionarios que participaban de las maniobras ilícitas, señalando además que esa fue la razón de su renuncia al cargo que ocupaba como ministro coordinador de Gabinete.

“En la causa ‘Embrujo’ se probó que Cisterna no formaba parte de la asociación ilícita, pero en ‘Revelación’, que investiga los mismos hechos, se dijo que era el líder de esa asociación ilícita”, cuestionó el defensor.

También criticó el testimonio que se tomó como válido de un empresario que aseguró haberle pagado al ex funcionario un monto de 250.000 pesos, lo que en realidad lo transformaba en partícipe de un delito y debió declarar como imputado y no como testigo.

El abogado insistió sobre los motivos que llevaron a Cisterna a renunciar a su cargo, aduciendo que tenía una relación tirante con el entonces gobernador Das Neves, supuestamente por los hechos de corrupción que estaban bajo su conocimiento y a los que él se negaba.

Además, solicitó que el ex ministro sea puesto en libertad mientras se resuelve la nulidad de la sentencia, ya que no existe peligro de fuga. El tribunal debe resolver lo planteado y en caso de no hacer lugar, la defensa anticipó nuevos recursos ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

«Un crimen de odio». Es la hipótesis que maneja el nuevo abogado de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, quien anticipó que buscarán determinar «toda la cadena de responsabilidad» de la Justicia en el caso que terminó con el asesinato de Lucio (5), por el cual están detenidos su madre y la pareja.

Para el letrado, en el trámite que le dio la tenencia a la madre, Magdalena Espósito Valenti (24), «la jueza (Ana Pérez Ballester) y la asesora no hicieron su trabajo».

Aguerrido -un conocido abogado de la provincia- anticipó que «la hipótesis de la muerte de Lucio es que se trata de un crimen de odio».

Dijo que es su hipótesis personal por los datos revelados en el caso y por las lesiones que presentaba el cuerpo del nene, aunque aclaró que no había accedido al informe de la autopsia.

«En el caso de la muerte, la investigación está encaminada. La figura de homicidio, agravada por alevosía, en el caso de la dos (mujeres)», afirmó a Clarín.

Lucio fue asesinado la noche del viernes. Su muerte se produjo entre las 20.30 y las 21. Pasada esa hora, Abigail Páez (pareja de la madre del nene) apareció con el nene al hombro en una posta sanitaria del barrio Río Atuel, a unos 150 metros del departamento donde vivía. El pequeño tenía sangre en la boca y estaba con convulsiones. La mujer pedía que lo salven.

Pero la posta estaba cerrada. Por eso Páez (27) cruzó la calle a una sede policial. Allí los policías se negaron a darle atención al pequeño, que dejó de moverse.

Una enfermera que vio la escena le hizo RCP, sin lograr la reacción del nene. Una mujer llevó a Lucio al Hospital Evita, donde llegó muerto.

La autopsia reveló que murió por los golpes (traumatismo varios) y una hemorragia interna.

Aguerrido (62) sostuvo que la familia Dupuy «me pidió que además de la responsabilidad penal de ellas, apunte a la responsabilidad de todos los organismos que por omisión o inacción permitieron que esto termine en la muerte de Lucio. Toda la cadena de responsabilidad».

Apuntó a la actuación de la jueza Ana Clara Pérez Ballester (titular del juzgado N° 1 de Familia y Niñez de Pico) y de la asesoría de Familia.

«No hicieron el trabajo», insistió el abogado. «La madre estuvo casi dos años sin ver al nene, entre los dos y los cuatro años. Viene, pide tener al nene, firman un acuerdo y se lo lleva», objetó.

«Se escudan en el acuerdo, pero la asesora y la jueza no hicieron su trabajo», remarcó y agregó: «Debían pedir abordaje psicológico y mandar una asistente social. No lo hicieron», detalló.

Apuntó a dos conceptos legales: el interés superior del niño y el «centro de vida».

«Lucio tenía las dos familias en Pico. Nació y creció en Pico. Pero la madre se lo llevó a Santa Rosa. Amenazó (con denuncias) pidió y se lo llevó», señaló.

Entre las omisiones del juzgado, Aguerrido apuntó: «Tiene equipos técnicos, asistentes sociales y psicólogos. Pero no se hizo nada», agregó.

«Esto se hace siempre. Por el interés superior del niño. Un acuerdo es para arreglar un choque en la esquina, no para decidir por un nene».

«El acuerdo puede servir en otro caso, pero no en este donde la madre los dejó durante casi dos años», reiteró el abogado.

Además, dijo que «en materia de derecho de familia se usa una progresión, algo escalonado». Pero en el caso de Lucio no se produjo.

Críticas a una colega

Aguerrido también apuntó a la anterior abogada de la familia Dupuy, Adriana Mascaró. «La familia fue mal asesorada. Hubo mala praxis. Porque en derecho de familia las situaciones consolidadas tiene mucho peso. Pero en este caso, a la familia la abogada le dijo que renuncie a la tutela».

Esa renuncia abrió el camino para que la jueza Pérez Ballester otorgue la tenencia de Lucio a la madre, «Magui» Espósito. También dio inicio a un estudio de campo para recolectar testimonios (entre ellos el de Daiana González, la vecina que denunció la golpiza del 25 de agosto), la historia clínica y las denuncias por el impedimento de visitas que hizo el padre, Christian Dupuy (27).

Definió el abogado que «la actuación de la Policía fue bastante triste» ya que «Siempre le dio la razón a la madre, presionaba a la familia (Dupuy) y hubo estándar de que la madre siempre tenía la razón».

Marcha, velas y globos

El caso de Lucio tiene una repercusión nacional. También en otros países de Sudamérica, Centroamérica y Europa provocó la reacción de diferentes comunidades.

Este jueves, en la Ciudad de Buenos Aires habrá una marcha a Tribunales con la consigna «Justicia Por Lucio». La convoca la ONG «Infancia Compartida», que reclama contra la violencia vincular, por el derecho de los niños y niñas de tener una familia con las dos figuras parentales, madre y padre.

Christian Dupuy, el padre de Lucio, hizo un llamado para que a las 21 del viernes próximo se realicen marchas de silencio. A los asistentes les pide que lleven una vela y que quienes lo deseen suelten un globo blanco, el emblema de un ángel que va al cielo.

El abogado y dirigente político Aníbal Fernández resultó hoy electo por unanimidad como presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y tendrá su segundo período al frente del organismo hasta 2025.

El abogado y dirigente político Aníbal Fernández resultó hoy electo por unanimidad como presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y tendrá su segundo período al frente del organismo hasta 2025.

La Asamblea Ordinaria se llevó a cabo por la aplicación zoom, debido al contexto de la pandemia de coronavirus, bajo la presidencia de Miguel Grasso y con la participación de 34 de las 35 entidades afiliadas activas. En la reunión se votó a Aníbal Fernández en forma unánime.

El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) ocupará el máximo cargo en la Confederación nuevamente, después de ser elegido en 2013 y renunciar en 2016.

Carlos ‘Chapa’ Retegui, actual Head Coach de los seleccionados y DT de Las Leonas, lo convenció para postularse la primera vez.

«No era para nada fácil, me animé, me postulé, competí y gané. Fue el 27 de abril de 2013. Tenía en la cabeza (como ahora) un montón de cosas y por ello, el 2 de junio viajé a Barcelona para hablar con el presidente de la FIH. Me recibió con mucha calidez, le hablé de mis ambiciones, entre ellas que el seleccionado de caballeros fuera top 5 en el mundo. La historia ya la conocen: medalla de oro en los Juegos Olímpicos (de Río 2016) y primeros en el ranking», declaró Fernández a prensa de la CAH.

El exjefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández explicó las razones de su renuncia antes de cumplir el mandato. «Que soy un político profesional, no es novedad. Por supuesto que no se mezcla con el hockey. Hubo en nuestro país un período de cuatro años donde nos persiguieron, incomprensiblemente y con saña. Comprendí que por hacerle mal a mi persona, le harían mal al hockey».

«Viajé a Londres para reunirme con el presidente de la FIH a quien comuniqué mi idea de renunciar. Me acompañó en la decisión y me felicitó porque le prometí que haría muchas cosas y terminaría cumpliéndolas en el 100 por ciento de los casos. Todo lo que nos propusimos se logró», agregó.

Sobre su regreso, Fernández explicó: «me llamaron dirigentes y con sumo placer atesoro el llamado de varios jugadores, invitándome y me satisfizo la idea. Creo que hay mucho por hacer y vamos a colaborar para hacerlo».

Cinco años después, el máximo dirigente cree que se encontrará con «un muy buen hockey, de un muy buen nivel. Los argentinos somos distintos, nos respetan en el mundo y queremos valernos de eso para seguir siendo respetados. Hay que apostar para ocupar el lugar estratégico que tenemos en el mundo».

Entre las ideas de Aníbal Fernández para su segundo mandato están aggiornar el estatuto, mejorar la atención al afiliado, y trabajar con esquemas positivos de desarrollo de campeonatos, de jugadoras y jugadores del interior, de capacitación, de proyectos.

«El proyecto de los seleccionados está en marcha y no hay que volver a hablar hasta después de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales. Apostar a los proyectos con tiempo, para darles la oportunidad a los técnicos de que perfilen su idea. Los seleccionados tienen que volar física y técnicamente. Eso equivale a un costo y hay que saber solventarlos para que cuando lleguen los Mundiales y los Juegos Olímpicos ambos equipos estén en su punto más alto», opinó.

Miguel Grasso, presidente saliente de la CAH, confió que «hace un año tuve la primera charla con Aníbal y desde entonces creí que era la persona indicada para seguir lo que habíamos hecho. Estoy totalmente convencido de que está a la altura para conducir a la Confederación, contando también con la experiencia de su gestión anterior que le sirvió para aprender como hemos aprendido todos».

Fuente: El Chubut

El presidente Alberto Fernández tomó esta tarde juramento como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos al abogado rionegrino Martín Soria, en reemplazo de Marcela Losardo. Hasta el sábado el jurista se desempeñaba como diputado nacional por su provincia.

“Bienvenido Martin, una alegría que estés con nosotros. Antes de tomarte juramento quiero agradecerle muy especialmente a Marcela Losardo por el trabajo que ha hecho todo este tiempo. Es una entrañable amiga de muchos años y ha hecho un trabajo que exactamente tuvo que ver con lo que yo le pedí. Gracias a Marcela y sos muy bienvenido Martín”, expresó el Jefe de Estado.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, estuvieron presentes integrantes del Gabinete nacional, encabezado por Santiago Cafiero, el titular de la Cámara de Diputados de la nación, Sergio Massa, otras autoridades, familiares y amigos del flamante ministro, cuya designación fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 225/2021.

Con 45 años -nació el 15 de diciembre de 1975- Soria está casado, tiene dos hijas, fue intendente de la localidad rionegrina de General Roca en los períodos 2011-2015 y 2015-2019, y candidato a gobernador de su provincia en 2019.

Desde diciembre de 2019, en el Congreso Nacional integraba las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Juicio Político y Justicia y además, formaba parte de la Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal. Con anterioridad, fue legislador provincial entre los años 2007 y 2011.

Abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2004, comenzó a trabajar en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en 1996 y en 2004 fue designado como Relator en la Cámara Federal de Apelaciones de Rio Negro.

En su juventud, el nuevo ministro egresó del Centro de Educación Media N° 16 de General Roca.

Se sumaron 4 personas detenidas, este jueves 18, en la localidad de Lago Puelo. Se trata de las medidas adoptadas por el fiscal Carlos Díaz Mayer desde el lunes pasado tras los incidentes con la comitiva presidencial.

“Ahora estamos abocados a esta persecución. Después denunciaremos al ministro (Federico) Massoni por 3 crímenes: calumnias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”, expresó a La Namunkurá el abogado Edgardo Manosalva quien defiende a 2 de las personas detenidas.