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El procurador parece que pretende desviar la atención del escándalo de los secuestros judiciales que se les han “desaparecido”, como por arte de magia, a sus fiscales en Comodoro Rivadavia y entonces recurre a todo tipo de operaciones que hasta son rayanas con la ilegalidad. A él le atribuyen haber presionado para que detuvieran a Romero.

Primero, instaló a través del pasquín del millonario sindicalista Héctor “El bosque de marihuana” González que el abogado estaba prófugo, que se desconocía su paradero; cuando todo el mundo lo veía ir y venir de tribunales. Y después; habría utilizado sus influencias (ya conocidas en el mundillo tribunalicio) para lograr su cometido.

Miquelarena está muy preocupado porque sabe que en cualquier momento se le termina el poder que le queda y que poco a poco van saliendo a la luz los escándalos y sospechas que recaen sobre su desempeño y el de sus fiscales.

En el caso de Romero, mandó a una fiscal de Trelew –que “oh casualidad” dentro de poco será ascendida a juez– a pedir la detención del letrado pese a “no estar firme” la sentencia, con la que lo condenaron a seis años y nueve meses de cárcel.

El abogado, que gozaba de libertad, se encontraba cuestionando ese fallo por el que lo habían declarado autor de un hecho de tentativa de homicidio, en un caso que generó sospechas de falta de imparcialidad por parte de los jueces que lo juzgaron.

Recientemente, Romero había interpuesto una queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le había denegado en mayo un recurso extraordinario y todavía el máximo tribunal del país no ha tratado su tema. Eso es lo que hace que la sentencia condenatoria contra Romero no esté firme.

Por ello, la Ley dice que ningún juez de la provincia se encontraría en condiciones en la actualidad de ordenar su detención; máxime cuando ha  fijado domicilio real y procesal y ha salido públicamente en algunos medios a decir que se encontraba a disposición de la justicia.

Sin embargo, y en medio de una serie de irregularidades no solo procesales sino administrativas; Romero y su abogada no estaban “vinculados” a la causa y sin ser citados ante un tribunal se autorizó un allanamiento con poca o escaza fundamentación que lo convertiría en nulo; con el objeto de lograr la detención del letrado en una medida que a su vez se sospecha fue dispuesta en forma caprichosa, anómala; violando preceptos procesales, constitucionales y convencionales que obligan a mantener en libertad a las personas procesadas hasta que su sentencia quede firme, según aseguran entendidos.

Es ilegitima la detención de Romero y Miquelarena lo sabe pero aun así –como lo ha venido haciendo en varias causas—ha empujado a sus fiscales y a jueces a cometer ilegalidades por las que con el correr del tiempo podrían tener que dar explicaciones.

Las sentencias ‘Embrujo’ y ‘Revelación’ son contradictorias y si se validan van a consumar un escándalo jurídico”, dijo el abogado defensor de Víctor Cisterna, durante la audiencia de impugnación presidida por los jueces De Franco, Barrios y Zaratiegui, en la Oficina Judicial de Rawson.

El ex ministro Coordinador, Víctor Cisterna, fue condenado el año pasado a cumplir siete años y medio de prisión, como organizador de una asociación ilícita pergeñada para cometer delitos entre los años 2015 y 2017.

En esa causa, conocida como ‘Revelación, también resultaron condenados Diego Correa, Pablo Oca y Martín Bortagaray, entre otros ex funcionarios del gobierno de Mario Das Neves.

En la audiencia de impugnación, el abogado Liberman planteó que mientras en la causa ‘Embrujo’ se probó que Cisterna no integraba la asociación ilícita, en la causa ‘Revelación’ se le imputó y condenó por el rol de organizador, cuando en realidad ambos expedientes investigaban los mismos hechos, según el planteo defensista.

“Pedimos que se declare la nulidad de la sentencia porque vulnera el principio de cosa juzgada, con el fin de que Cámara evite el tremendo escándalo jurídico que generó el vicio judicial que esta cámara está a tiempo de remediar».

Según el defensor, Cisterna era engañado por los funcionarios que participaban de las maniobras ilícitas, señalando además que esa fue la razón de su renuncia al cargo que ocupaba como ministro coordinador de Gabinete.

“En la causa ‘Embrujo’ se probó que Cisterna no formaba parte de la asociación ilícita, pero en ‘Revelación’, que investiga los mismos hechos, se dijo que era el líder de esa asociación ilícita”, cuestionó el defensor.

También criticó el testimonio que se tomó como válido de un empresario que aseguró haberle pagado al ex funcionario un monto de 250.000 pesos, lo que en realidad lo transformaba en partícipe de un delito y debió declarar como imputado y no como testigo.

El abogado insistió sobre los motivos que llevaron a Cisterna a renunciar a su cargo, aduciendo que tenía una relación tirante con el entonces gobernador Das Neves, supuestamente por los hechos de corrupción que estaban bajo su conocimiento y a los que él se negaba.

Además, solicitó que el ex ministro sea puesto en libertad mientras se resuelve la nulidad de la sentencia, ya que no existe peligro de fuga. El tribunal debe resolver lo planteado y en caso de no hacer lugar, la defensa anticipó nuevos recursos ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

«Un crimen de odio». Es la hipótesis que maneja el nuevo abogado de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, quien anticipó que buscarán determinar «toda la cadena de responsabilidad» de la Justicia en el caso que terminó con el asesinato de Lucio (5), por el cual están detenidos su madre y la pareja.

Para el letrado, en el trámite que le dio la tenencia a la madre, Magdalena Espósito Valenti (24), «la jueza (Ana Pérez Ballester) y la asesora no hicieron su trabajo».

Aguerrido -un conocido abogado de la provincia- anticipó que «la hipótesis de la muerte de Lucio es que se trata de un crimen de odio».

Dijo que es su hipótesis personal por los datos revelados en el caso y por las lesiones que presentaba el cuerpo del nene, aunque aclaró que no había accedido al informe de la autopsia.

«En el caso de la muerte, la investigación está encaminada. La figura de homicidio, agravada por alevosía, en el caso de la dos (mujeres)», afirmó a Clarín.

Lucio fue asesinado la noche del viernes. Su muerte se produjo entre las 20.30 y las 21. Pasada esa hora, Abigail Páez (pareja de la madre del nene) apareció con el nene al hombro en una posta sanitaria del barrio Río Atuel, a unos 150 metros del departamento donde vivía. El pequeño tenía sangre en la boca y estaba con convulsiones. La mujer pedía que lo salven.

Pero la posta estaba cerrada. Por eso Páez (27) cruzó la calle a una sede policial. Allí los policías se negaron a darle atención al pequeño, que dejó de moverse.

Una enfermera que vio la escena le hizo RCP, sin lograr la reacción del nene. Una mujer llevó a Lucio al Hospital Evita, donde llegó muerto.

La autopsia reveló que murió por los golpes (traumatismo varios) y una hemorragia interna.

Aguerrido (62) sostuvo que la familia Dupuy «me pidió que además de la responsabilidad penal de ellas, apunte a la responsabilidad de todos los organismos que por omisión o inacción permitieron que esto termine en la muerte de Lucio. Toda la cadena de responsabilidad».

Apuntó a la actuación de la jueza Ana Clara Pérez Ballester (titular del juzgado N° 1 de Familia y Niñez de Pico) y de la asesoría de Familia.

«No hicieron el trabajo», insistió el abogado. «La madre estuvo casi dos años sin ver al nene, entre los dos y los cuatro años. Viene, pide tener al nene, firman un acuerdo y se lo lleva», objetó.

«Se escudan en el acuerdo, pero la asesora y la jueza no hicieron su trabajo», remarcó y agregó: «Debían pedir abordaje psicológico y mandar una asistente social. No lo hicieron», detalló.

Apuntó a dos conceptos legales: el interés superior del niño y el «centro de vida».

«Lucio tenía las dos familias en Pico. Nació y creció en Pico. Pero la madre se lo llevó a Santa Rosa. Amenazó (con denuncias) pidió y se lo llevó», señaló.

Entre las omisiones del juzgado, Aguerrido apuntó: «Tiene equipos técnicos, asistentes sociales y psicólogos. Pero no se hizo nada», agregó.

«Esto se hace siempre. Por el interés superior del niño. Un acuerdo es para arreglar un choque en la esquina, no para decidir por un nene».

«El acuerdo puede servir en otro caso, pero no en este donde la madre los dejó durante casi dos años», reiteró el abogado.

Además, dijo que «en materia de derecho de familia se usa una progresión, algo escalonado». Pero en el caso de Lucio no se produjo.

Críticas a una colega

Aguerrido también apuntó a la anterior abogada de la familia Dupuy, Adriana Mascaró. «La familia fue mal asesorada. Hubo mala praxis. Porque en derecho de familia las situaciones consolidadas tiene mucho peso. Pero en este caso, a la familia la abogada le dijo que renuncie a la tutela».

Esa renuncia abrió el camino para que la jueza Pérez Ballester otorgue la tenencia de Lucio a la madre, «Magui» Espósito. También dio inicio a un estudio de campo para recolectar testimonios (entre ellos el de Daiana González, la vecina que denunció la golpiza del 25 de agosto), la historia clínica y las denuncias por el impedimento de visitas que hizo el padre, Christian Dupuy (27).

Definió el abogado que «la actuación de la Policía fue bastante triste» ya que «Siempre le dio la razón a la madre, presionaba a la familia (Dupuy) y hubo estándar de que la madre siempre tenía la razón».

Marcha, velas y globos

El caso de Lucio tiene una repercusión nacional. También en otros países de Sudamérica, Centroamérica y Europa provocó la reacción de diferentes comunidades.

Este jueves, en la Ciudad de Buenos Aires habrá una marcha a Tribunales con la consigna «Justicia Por Lucio». La convoca la ONG «Infancia Compartida», que reclama contra la violencia vincular, por el derecho de los niños y niñas de tener una familia con las dos figuras parentales, madre y padre.

Christian Dupuy, el padre de Lucio, hizo un llamado para que a las 21 del viernes próximo se realicen marchas de silencio. A los asistentes les pide que lleven una vela y que quienes lo deseen suelten un globo blanco, el emblema de un ángel que va al cielo.

El abogado y dirigente político Aníbal Fernández resultó hoy electo por unanimidad como presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y tendrá su segundo período al frente del organismo hasta 2025.

El abogado y dirigente político Aníbal Fernández resultó hoy electo por unanimidad como presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y tendrá su segundo período al frente del organismo hasta 2025.

La Asamblea Ordinaria se llevó a cabo por la aplicación zoom, debido al contexto de la pandemia de coronavirus, bajo la presidencia de Miguel Grasso y con la participación de 34 de las 35 entidades afiliadas activas. En la reunión se votó a Aníbal Fernández en forma unánime.

El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) ocupará el máximo cargo en la Confederación nuevamente, después de ser elegido en 2013 y renunciar en 2016.

Carlos ‘Chapa’ Retegui, actual Head Coach de los seleccionados y DT de Las Leonas, lo convenció para postularse la primera vez.

«No era para nada fácil, me animé, me postulé, competí y gané. Fue el 27 de abril de 2013. Tenía en la cabeza (como ahora) un montón de cosas y por ello, el 2 de junio viajé a Barcelona para hablar con el presidente de la FIH. Me recibió con mucha calidez, le hablé de mis ambiciones, entre ellas que el seleccionado de caballeros fuera top 5 en el mundo. La historia ya la conocen: medalla de oro en los Juegos Olímpicos (de Río 2016) y primeros en el ranking», declaró Fernández a prensa de la CAH.

El exjefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández explicó las razones de su renuncia antes de cumplir el mandato. «Que soy un político profesional, no es novedad. Por supuesto que no se mezcla con el hockey. Hubo en nuestro país un período de cuatro años donde nos persiguieron, incomprensiblemente y con saña. Comprendí que por hacerle mal a mi persona, le harían mal al hockey».

«Viajé a Londres para reunirme con el presidente de la FIH a quien comuniqué mi idea de renunciar. Me acompañó en la decisión y me felicitó porque le prometí que haría muchas cosas y terminaría cumpliéndolas en el 100 por ciento de los casos. Todo lo que nos propusimos se logró», agregó.

Sobre su regreso, Fernández explicó: «me llamaron dirigentes y con sumo placer atesoro el llamado de varios jugadores, invitándome y me satisfizo la idea. Creo que hay mucho por hacer y vamos a colaborar para hacerlo».

Cinco años después, el máximo dirigente cree que se encontrará con «un muy buen hockey, de un muy buen nivel. Los argentinos somos distintos, nos respetan en el mundo y queremos valernos de eso para seguir siendo respetados. Hay que apostar para ocupar el lugar estratégico que tenemos en el mundo».

Entre las ideas de Aníbal Fernández para su segundo mandato están aggiornar el estatuto, mejorar la atención al afiliado, y trabajar con esquemas positivos de desarrollo de campeonatos, de jugadoras y jugadores del interior, de capacitación, de proyectos.

«El proyecto de los seleccionados está en marcha y no hay que volver a hablar hasta después de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales. Apostar a los proyectos con tiempo, para darles la oportunidad a los técnicos de que perfilen su idea. Los seleccionados tienen que volar física y técnicamente. Eso equivale a un costo y hay que saber solventarlos para que cuando lleguen los Mundiales y los Juegos Olímpicos ambos equipos estén en su punto más alto», opinó.

Miguel Grasso, presidente saliente de la CAH, confió que «hace un año tuve la primera charla con Aníbal y desde entonces creí que era la persona indicada para seguir lo que habíamos hecho. Estoy totalmente convencido de que está a la altura para conducir a la Confederación, contando también con la experiencia de su gestión anterior que le sirvió para aprender como hemos aprendido todos».

Fuente: El Chubut

El presidente Alberto Fernández tomó esta tarde juramento como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos al abogado rionegrino Martín Soria, en reemplazo de Marcela Losardo. Hasta el sábado el jurista se desempeñaba como diputado nacional por su provincia.

“Bienvenido Martin, una alegría que estés con nosotros. Antes de tomarte juramento quiero agradecerle muy especialmente a Marcela Losardo por el trabajo que ha hecho todo este tiempo. Es una entrañable amiga de muchos años y ha hecho un trabajo que exactamente tuvo que ver con lo que yo le pedí. Gracias a Marcela y sos muy bienvenido Martín”, expresó el Jefe de Estado.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, estuvieron presentes integrantes del Gabinete nacional, encabezado por Santiago Cafiero, el titular de la Cámara de Diputados de la nación, Sergio Massa, otras autoridades, familiares y amigos del flamante ministro, cuya designación fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 225/2021.

Con 45 años -nació el 15 de diciembre de 1975- Soria está casado, tiene dos hijas, fue intendente de la localidad rionegrina de General Roca en los períodos 2011-2015 y 2015-2019, y candidato a gobernador de su provincia en 2019.

Desde diciembre de 2019, en el Congreso Nacional integraba las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Juicio Político y Justicia y además, formaba parte de la Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal. Con anterioridad, fue legislador provincial entre los años 2007 y 2011.

Abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2004, comenzó a trabajar en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en 1996 y en 2004 fue designado como Relator en la Cámara Federal de Apelaciones de Rio Negro.

En su juventud, el nuevo ministro egresó del Centro de Educación Media N° 16 de General Roca.

Se sumaron 4 personas detenidas, este jueves 18, en la localidad de Lago Puelo. Se trata de las medidas adoptadas por el fiscal Carlos Díaz Mayer desde el lunes pasado tras los incidentes con la comitiva presidencial.

“Ahora estamos abocados a esta persecución. Después denunciaremos al ministro (Federico) Massoni por 3 crímenes: calumnias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”, expresó a La Namunkurá el abogado Edgardo Manosalva quien defiende a 2 de las personas detenidas.

 

A una semana de los incendios que devastaron la Comarca Andina, el abogado ambientalista Enrique Viale manifestó que «quieren hacer creer que la única salida es habilitar la megaminería».

«Es raro que siempre se quemen los mismos lugares, los más humildes. Nunca se quema los lugares a donde están los intereses inmobiliarios». De esta forma, el abogado ambientalista Enrique Viale se refirió a los siete incendios simultáneos que se desataron en la Comarca Andina la semana pasada y que arrasaron con alrededor de 300 viviendas.

De todos modos, señaló que el verano fue muy seco, con muy altas temperaturas, sumado a las plantaciones de bosques de pinos, «una especie exótica que hace de caldo de cultivo porque es una como una especie de bomba que explota ante el menor chispazo».

«Todo esto se da en el contexto de una de las crisis más fuertes que ya lleva largo tiempo. Tenemos un incendio terrible que afectó a más de 300 familias que perdieron todo. Sueldos impagos desde hace meses», señaló Viale a RÍO NEGRO, y puntualizó: «Una crisis muy fuerte que justificaría el ingreso de la megaminería. Hacen creer que la única salida es habilitar la megaminería. Eso es lo grave».

Viale recalcó que Chubut es una provincia con 600.000 habitantes, con petróleo, la fábrica de aluminio más grande y un flujo turístico importante. «Es inverosímil que no pueda tener una economía que progrese», dijo.

18 años tiene de lucha el pueblo de Esquel, cuando se hizo el Plebiscito que dio lugar a la ley 5001. Hicieron manifestaciones pero jamás, registraron un hecho de violencia»

También recordó que es una provincia pionera en la lucha antiminera y en la defensa del agua. En el 2003, a través de un plebiscito histórico en Esquel, el 83% de la población rechazó la instalación de un emprendimiento minero en esa localidad. Desde entonces, ya hay siete provincias que siguieron el mismo camino.

«Pasaron ya más de 18 años. Hablamos de gente muy formada con mucha experiencia y conocimiento. Y ahora, quieren modificar la ley de minería desde el ejecutivo, en connivencia con las grandes corporaciones mineras», dijo Viale.

Recalcó que desde «hace meses, se vive un embate muy fuerte en relación a denuncias, videos, cámaras ocultas de un diputado pidiendo dinero para alentar por la megaminería. Otra diputada diciendo que hay mucho dinero. Todo a espalda de la población».

Respecto a la agresión que sufrió el presidente Alberto Fernández en su paso por Lago Puelo, mencionó: «Para coronar una zona liberada, no había policía provincial. Lo denuncian Wado de Pedro (ministro del Interior) y Juan Cabandié (ministro de Ambiente). Había infiltrados de la policía de Chubut».

Relató que cuando la gente que estaba en la movilización no reconoció a un grupo, rápidamente se subieron a un vehículo Duster «con patente de la División de Investigaciones de la Policía de Chubut».

Fuente: El Extremosur

La Dra. Cynthia Castro, presentó FORMAL DENUNCIA en contra de “…MARTIN SEBASTIAN CASTRO,DNI Nº: 30.191.782, de profesión abogado y funcionario público…”

Lo cierto es que mientras una provincia está quebrada y no hay plata para pagarle a los estatales, ni siquieraen época de pandemia hay plata para los sueldos de los esenciales de la Salud, ARCIONI permite mas corrupción todavía y que en sus MINISTERIOS los empleados COBREN DOS SUELDOS, además de permitir que sus ministros violen la ley convirtiendo a todo un gabinete en una banda organizada para cometer delitos.

El aparato estatal no puede ser utilizado para perseguir a los miembros de la sociedad, para reprimir a los ciudadanos, golpearlos, amenazarlos, poner en riesgo sus bienes o su patrimonio, o para perseguir e intentar adoctrinar a sus opositores y mucho menos para querer callar periodistas.

La CORRUPCION de cualquier funcionario público debilita directamente a la estructura del Estado de Derecho, debilita la defensa y garantía de los derechos de todos los ciudadanos pero especialmente, vulnera los derechos que compartimos todos en el mundo por ser humanos.

O se sigue la línea de la CORRUPCION o se defienden los DERECHOS HUMANOS. ¿Qué línea seguirán jueces y fiscales en las denuncias que se han presentado?

Recordemos que ARCIONI, como buen “hijo de” DAS NEVES, siendo el fallecido gobernador quien le dejó el legado de CORRUPCION, dejó en evidencia que pretende seguirlo en esa línea corrupta.

CHOLILA ON LINE accedió a la denuncia en contra del lacayo de Massoni y a continuación transcribe extractos de la misma:

“Nos encontramos con casos donde un funcionario público provincial que percibe un salario de director ofrece sus servicios de patrocinante y apoderado para intentar demandar por querellas a un particular, integrante de la sociedad.
[…]parece es costumbre del Sr. Abogado Martín Sebastián CASTRO, violar la ley: el mismo no solo tiene comportamientos antiéticos en las querellas, sino también en el desempeño como funcionario público, contradiciendo lo dispuesto por el art. 67 de la Constitución Provincial, percibiendo dos sueldos, como se prueba con ACTA NOTARIAL Nº 607[…].

Las incompatibilidades administrativas se configuran por el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, o por percibir al mismo tiempo dos sueldos del estado, tal cual lo indica el art. 67 de la Constitucion Provincial[…].

La regulación de las incompatibilidadesparte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia[…].

La Ley de Etica Pública, regula el conflicto de intereses, es decir, aquellas situaciones en las que se produce una contraposición entre los intereses particulares del funcionario (ya sean personales, laborales, económicos, profesionales) con los públicos que, desde su función, debe tutelar[…].

Se trata de normas de carácter objetivo que no juzgan la intención del funcionario de obtener una ventaja o provecho personal, prohibiendo directamente la configuración de determinadas situaciones o imponiendo ciertos deberes (renuncia, abstención, publicidad de los intereses) con la misión de preservar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas y prevenir posibles hechos de corrupción[…].

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su artículo VI los actos de corrupción del sector público y que sintéticamente comprenden:

• El requerimiento o la aceptación por parte de un funcionario público de dádivas, favores, promesas o ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

• El ofrecimiento u otorgamiento –en forma directa o indirecta– a un funcionario público, de cualquier dádiva, favor, promesa o ventaja a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

• La realización por parte de un funcionario de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí o un tercero.

• El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos mencionados en el artículo.

• La participación como autor, coautor, instigador, cómplice o encubridor o en cualquier forma de asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que refiere el artículo.
[…]Ahora bien, acto corrupto por parte del funcionario público consiste además, en “interesarse” con miras a lograr un beneficio propio o de un tercero, en algun contrato u operación en el que se intervenga en ello y que el funcionario no se excuse pese a tener un interés especial. En este caso, el funcionario público se incopora en un contrato jurídico con un interés diferente al de la administración. No es necesario que se produzca algún beneficio efectivo a la administración, dado que lo que se procura resguardar es la imparcialidad en la actuación de lo funcionarios públicos y la transparencia en los negocios que se lleven a cabo en el ámbito de la administración pública[…].

En consecuencia, si el funcionario interviene indebidamente en la negociación -contrato u operación- con la finalidad de obtener un beneficio para él mismo o para un tercero, el delito se configura plenamente aunque no se pueda demostrar que mediante ello se causó un perjuicio económico al Estado. A partir de la reforma de la Ley 25.188 es claro que el interés propio o ajeno que debe perseguir el sujeto activo puede ser patrimonial o de cualquier otro tipo. Asi, por ejemplo, también existe delito si el funcionario obra con la finalidad de que un tercero obtenga un rédito político con el contrato u operación, o para que mejore su imagen pública. Lo relevante es que se trate de un interés particular distinto al de la administración[…].

En las negociaciones incompatibles se entiende que esta conducta lesiona la imagen y el prestigio de la administraciónpública, ya que este delito se verifica cuando los funcionarios actúan de modo parcial, insertando intereses particulares en las tareas que desempeñanen relación a las exacciones ilegales se sostiene que estas conductas lesionan a la administraciónpública por un lado y por otro al patrimonio del particular que entrega algo por el temor que la autoridad pública le genera, mientras que en el enriquecimiento ilícito se estima que se lesiona la decencia administrativa y la salud de los negocios públicos o bien el interés social de toda la comunidad en que sus funcionarios o empleados públicos no corrompan la funciónpública y que justifiquen su enriquecimiento al ser requeridos[…].

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/2018 sobre Corrupción y Derechos Humanos ha dicho que, al desplazar la idea de concepto o definición del fenomeno multicasual, repara mas en aquello que lo adjetiva[…].

En los considerandos de la resolución se sostiene que “habiendo realizado dos reuniones de consulta con operadores de justicia, expertos y sociedad civil, quienes destacaron que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que debilita a las instituciones de control tanto administrativas como judiciales…”, lo cierto es que tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos […]”.

Con lo antedicho, no está de más está decir y aunque parezca obvio, que ningún agente o funcionario público ha sido “puesto” en un cargo público para beneficio propio sino para que su trabajo en ese cargo público sea de beneficio para toda la sociedad. Corrompe al Estado de Derecho que, funcionarios públicos o agentes como Martín Castro, utlicen el cargo público para un beneficio privado (sea personal o para un tercero), debilitando así a las instituciones y, cuando esto sucede, el impacto grave y diferenciado es en el goce y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos[…].”

Roy Ferguson no sabía que iba a publicar uno de los vídeos virales al no verificar los filtros antes de presentarse a un audiencia judicial virtual.

En época de pandemia, el uso de de las videollamadas aumentó notablemente y ha dejado momentos memorables. Este es un claro ejemplo, la grabación de un abogado estadounidense durante una audiencia judicial. El profesional se presentó en el Zoom con el filtro de gatito y causó sensación en el mundo entero.
El juez Roy Ferguson, del Tribunal del Distrito 394 de Texas publicó el vídeo como una advertencia sobre los peligros de los filtros de Zoom el 9 de febrero.

«Estoy aquí en directo. No soy un gato», señala en el video, preocupado buscando la manera de poder sacar el filtro.

«CONSEJO IMPORTANTE DE ZOOM: si un niño utilizó tu ordenador, antes de unirte a una audiencia virtual verifica las Opciones de Vídeo de Zoom para asegurarte de que los filtros están apagados. Este gatito hizo un anuncio formal en un caso en el 394º», escribió Ferguson en su cuenta de Twitter.

Además aclaró: «todos los involucrados lo manejaron con gracia y dignidad. Unas leves sonrisas y ningún comentario despectivo. El abogado que estaba luchando con el filtro lo manejó maravillosamente. Un testimonio de la profesionalidad de todos».

El abogado Gastón Bordier a través de su red social Facebook hizo referencia a la apelación contra la cautelar que frena el tratamiento de minería en Chubut.

Como verán es de aplicación el art.200 del código procesal civil y comercial y por supuesto el intento del impresentable del fiscal de estado Andrés Giacomone en donde pide se suspenda la medida cautelar mientras tramita el recurso solo demuestra el absoluto desconocimiento del derecho por su parte. Ahora… ¿se puede ser tan burro y a la vez ser profesor en la universidad? ¿Ahora se acuerda que es fiscal de estado? Mientras Massoni dictaba resoluciones para toda la población ahí nuevamente demostró no conocer el derecho e incumplir con su función de defender la constitución. O sea… estamos frente a un abogado que desconoce su profesión y no le hace nada bien al cargo que ostenta. Los chubutenses seguimos pagando inútiles.