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Máximo Thomsen, uno de los jóvenes condenados a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa, solicitó a través de un recurso de nulidad que la Justicia revoque la pena y le permita enfrentar un nuevo juicio.

Si bien resulta poco probable que esto suceda, su abogado, Francisco Oneto, presentó un escrito en el que además pidió que se califique el hecho como “homicidio en agresión”, el cual prevé una pena máxima de seis años de prisión.

Entre los argumentos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del letrado destacó: “Estamos frente a una condena que excede largamente los 10 años de prisión, siendo literalmente prisión para toda la vida, por operatividad de los arts. 14 y 80 inc. 6 del Código Penal, estableciendo expresamente el primero, que los condenados por homicidios agravados no tienen derecho a libertad condicional”.

Luego, Oneto lanzó una dura advertencia ante los jueces: “Traducido esto a términos más llanos, quiere decir que Máximo Pablo Thomsen, hoy de 24 años de edad, no volverá a poner un pie fuera de la cárcel durante el resto de su vida, y solo saldrá de la institución penitenciaria en un féretro cuando culmine su vida en este plano material”.

“Manifestamos un erróneo descarte de la figura de homicidio en agresión y, eventualmente, que se quite el dolo de la pena”, indicó Oneto a TN luego de presentar el recurso durante la mañana del viernes.

“Los jueces dicen que no corresponde el artículo 95 del Código Penal, que reglamente la figura de homicidio en agresión, porque esa figura exige que no se sepa quién produjo la muerte y acá se sabe que la muerte la produjeron todos. Esta parte afirma que sostener que la produjeron todos es no saber quién hizo el aporte diferenciado para que se produzca la muerte. De modo tal que es inaplicable”, agregó el abogado.

En el documento, la defensa de Thomsen indicó “que no se consta quién causó la muerte, pero sí se consta que un grupo de personas ejercieron violencia sobre el sujeto pasivo. Por tanto en ese caso siempre el resultado muerte será la acumulación de los resultados de esa violencia ejercida”.

Thomsen apuntó contra uno de sus amigos detenidos

“Máximo omitió declarar que el que da la primera piña que derriba a Fernando Báez Sosa y lo pone fuera de combate es Enzo Comelli. Piña a la que D’Alessandro (amigo de Báez Sosa) refiere que fue a traición”, redactó Oneto.

Luego narró que su defendido se vio privado de afirmar que no protagonizó la pelea dentro del boliche y que el que empezó el disturbio fue Blas Cinalli. “Se omitió interrogar a los testigos Muñoz, Gómez, Ávila, D’alessandro y García en ese sentido. Tal omisión colocó el móvil homicida sobre Máximo, cuando en cambio debió estar sobre Cinalli”.

También dijo que no pudo requerir una pericia para determinar si algún golpe en concreto produjo el deceso. Ahí apuntó contra un golpe que produjo un moretón en el mentón de la víctima: “Compatible con el golpe que asesta al inicio Enzo Comelli”.

“Él no estaba en condiciones de ejercer violencia letal porque cuando Gómez (uno de los empleados de seguridad de Le Brique) lo sacó del local de esparcimiento nocturno, lo ahorca hasta que cae desmayado y nadie interrogó a los custodios en ese sentido, ni mucho menos a los demás imputados, que, si bien se podrían haber negado a declarar también, pudieron haber aportado información útil corroboraba por medios de prueba independientes”, sostuvo Oneto.

Más tarde precisó que Thomsen no tiene recuerdos de ese acontecimiento y que lo que sabe es porque se lo contó Matías Benicelli. También indicó que no interrogaron a Lucas Pertossi, presuntamente el único testigo que vio el desmayo de Thomsen.

“Se le quitó la posibilidad de interrogar a Benicelli en ese sentido. De pedir pericia psicológica para determinar que pudo haber ocasionado la transitoria pérdida de memoria y en su caso los motivos por los cuales eso era así”, continuó.

Sobre por qué su defendido no relató todo lo mencionado durante el juicio, Oneto explicó: “Máximo omitió proferir estos dichos porque tenía el mismo defensor que sus consortes de causa, los cuales podían verse perjudicados por tales afirmaciones”.

Luego agregó: “Tomar por caso a Enzo Comelli, que al haber sido el que asestó el primer potente golpe en la mandíbula, y de determinarse que fue la causal del deceso, podría haber respondido en solitario como autor de homicidio doloso. Ahora bien, en torno a estos puntos, es importante analizarlos en su debido contexto”.

“Estas afirmaciones no se profirieron como una estrategia conjunta entre el imputado y el defensor sino como una imposición de la defensa para no perjudicar con esos dichos a sus otros asistidos, y acá se advierte una clara violación al derecho de defensa material del imputado”, completó Oneto.

El abogado Nicolás D’Albora, quien representa al empresario pesquero Raúl Cereseto, confirmó que pidió que se lo acepte como querellante en la causa que le sigue a los dirigente del gremio de los estibadores que se encuentran en prisión preventiva domiciliaria por el presunto delito de extorsión.

D’Albora aclaró que ni él ni su representado plantearon una denuncia contra el sindicato sino hacia sus dirigentes que «utilizan el cargo para llenarse los bolsillos».

«Es una de las pocas causas por extorsión que está documentada en cuentas bancarias personales» aseguró el penalista.

Denunció que existen pruebas de que los gremialistas llamaban a los empresarios «pidiendo la mía» y el caso más evidente es que un paro de actividades se levanta ni bien se transfieren los fondos.
Dicho esto, consideró que se está frente a una «organización criminal».

Respecto al incendio que sufrió la camioneta del empresario Cereseto estacionada frente a su vivienda, la que quedó reducida a cenizas, el abogado evitó señalar directamente a los dirigentes denunciados porque no cuenta con pruebas pero descartó que haya sido un auto atentado como se insinuó.

 

#Coimas #pesca #sindicato #supa Habla en LU20 Radio Chubut el Dr. Nicolás D’ Albora abogado de Raúl Matías Cereseto quién denunció a los sindicalistas del SUPA liderados por Alexis Gutierrez alías Gallo Claudio por pedir y recibir más de 20 millones en dos meses, por parar la actividad industrial de la pesca perjudicando al estado de Chubut en más de 100.000 mil millones de pesos. ALEXIS GUTIERREZ es el primer sindicalista de la era Javier Milei e Ignacio Torres en cumplir prisión domiciliaria por corrupción sindical.

Publicada por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Lunes, 12 de febrero de 2024

 

 

El "coimero" Alexis Gutierrez alías el Gallo Claudio "LA GUERRA LE VAMOS A DAR".

Este delincuente que se hace pasar por sindicalista rebobla su apuesta mafiosa utilizando a los trabajadores para refugiarse para no terminar preso.

"La guerra le vamos a dar" esta es la frase por la cual la Justicia a través de la Jueza Karina Breckle y la fiscal Florencia Goméz deberían actuar inmeditamente para revocarle su prisión domiciliaria para que cumpla prisión preventiva efectiva en una cárcel y no en su casa donde organiza revueltas que ya terminaron atentando contra las arcas del estado haciéndole perder más de 100 mil millones de pesos. El Gobernador debe solicitar de manera urgente la untervención de este sindicato por el bien de los verdaderos trabajadores que se están quedando sin temporada.

Así amenazan a los empresarios denunciantes de corrupción y desafían a la justicia los pseudodirigentes del SUPA desde su prisión domiciliaria donde siguen organizando planes macabros.
La Justicia ya habló, en Chubut no hay más lugar para los mafiosos. ¿Que hace el FEPA apoyando a estos coimeros del SUPA? #sindicalistascorruptos #corrupción #pesca #puertos #chubut #coimas

Publicada por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Domingo, 11 de febrero de 2024

José María Aguerrido no ocultó sus lágrimas y dijo sentirse conforme por el fallo. Este jueves, el Tribunal de La Pampa , declaró culpables a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez.

Este jueves, el Tribunal de La Pampa declaró culpables a la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti  y su pareja, Abigail Páez.

Según informó Diario de Cuyo, el abogado de la familia Dupuy, José María Aguerrido no ocultó sus lágrimas y dijo sentirse conforme por el fallo.

“Estamos relativamente conformes, importa la responsabilidad penal, queremos ver los fundamentos. Pero lo importante es que Lucio descansará en paz”, señaló.

Además, sostuvo que “hay cosas que no se pueden explicar desde lo racional sino desde el odio”.

Tras lo sucedido, Aguerrido explicó: “La declaración es una etapa cumplida. El deseo de la familia era obtener una declaración de responsabilidad que importara una prisión perpetua. Esa parte del trabajo ya está hecha”.

Asimismo, el fiscal general de La Pampa, Máximo Paulucci, indicó que “la sensación es positiva”, al sostener que “la expectativa por la condena es perpetua”.

Cabe destacar que el Tribunal dará a conocer la sentencia definitiva contra Espósito Valenti y Páez, el próximo 13 de febrero, a las 8 de la mañana.

El abogado defensor de los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero a la salida del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, expondrá hoy sus fundamentos en la segunda jornada de alegatos, luego de que la fiscalía y el particular damnificado pidieran ayer la pena de prisión perpetua para todos los acusados.

En tanto, se espera que al finalizar los alegatos, los ocho rugbiers digan sus “últimas palabras” al igual que los padres del joven estudiante de abogacía asesinado.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que a partir de las 9, en la sala de audiencias del primer piso del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, el abogado defensor Hugo Tomei dará a conocer su alegato.

La estrategia de Tomei esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de una pelea, por lo que sus lineamientos podrían apuntar hacia un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

Tras la finalización de su alegato, será el momento de las réplicas a cargo de los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila y de los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola.

Finalmente, se les otorgará el derecho a sus “últimas palabras” a los imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Las denominadas «últimas palabras» son una garantía prevista en el artículo 368 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que, como último acto, el presidente o la presidenta del tribunal «preguntará a la persona imputada, bajo sanción de nulidad, si tiene algo que manifestar» y luego «cerrará el debate».

En los casos de Viollaz, Benicelli y Comelli, será además la posibilidad de decir algo por primera vez desde que el juicio se puso en marcha el último 2 de enero, ya que son los únicos tres acusados que no rompieron su silencio durante las 13 jornadas de testimonios.

Como familiares de la víctima, también estarán en condiciones de decir unas últimas palabras los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, aunque en su caso deberán solicitarlo sus representantes en calidad de particular damnificado, Burlando y Améndola.

A la salida del juicio, el abogado defensor de los acusados de matar a Fernando, fue despedido por un cántico desaforado: “Justicia es perpetua”.

Este lunes tuvo lugar la 11° jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. A la salida del juicio, el abogado defensor de los acusados de matar a Fernando a la saluda del boliche Le Brique, fue despedido por un cántico desaforado: “Justicia es perpetua”. 

Desde el momento en el que quedaron detenidos los rugbiers que estuvieron involucrados en el asesinato de Fernando, salieron a la luz varias estrategias que realizó su abogado defensor para tratar de demorar el juicio. En primera instancia, durante la primera audiencia, Tomei intentó que el juicio se pospusiera al presentar dos nulidades por ciertas irregularidades durante la investigación, pero los magistrados no hicieron lugar al pedido y rechazaron la nulidad.

Sin embargo, la respuesta de la Corte Suprema de Justicia fue negativa y rechazó el planteo de la defensa. “Más allá de las dogmáticas alusiones a un ‘estado de indefensión’ y la vulneración del derecho a ser oído, no demostró la existencia de un cambio sorpresivo que hubiera obstaculizado el derecho que —de manera genérica— aduce vulnerado”, explicaron los magistrados en el fallo.

Pasaron los meses y a finales de febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores aceptó que los rugbiers acusados fueran considerados “particulares damnificados” en una causa en la que su defensa denunció por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad a Verónica Zamboni, la fiscal que intervino en investigación del caso.

Luego, viene la negativa de los ocho rugbiers para ser sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas, solicitadas por la querella y la fiscalía de cara al juicio oral. En su momento, los acusados explicaron que no confían en la investigación y se quejaron de que sufrían una “persecución mediática”. 

Marcelo Urra, dirigente y abogado del Club Rugby de Zárate, y habló sobre el juicio por el al asesinato de Fernando Báez Sosa, donde están acusados ocho jugadores.

Luego de finalizar la primera semana del juicio del asesinato de Fernando Báez Sosa, un dirigente del club donde los rugbiers entrenaban brindó su declaración a los medios de comunicación. El hombre sentenció que la golpiza ocurrida en Villa Gesell “fue una fatalidad”.

Marcelo Urra, abogado del Club Rugby de Zárate, comentó que considera que las condenas no van a ser iguales para los ocho acusados debido a que “hay distintas responsabilidades”.

“No es así la situación, hay chicos que no son rugbiers y ni siquiera pisaban el club”, aseguró en diálogo con Crónica TV. Urra subrayó que no conoce personalmente a los jóvenes que atacaron al joven estudiante de Derecho a las salida del boliche Le Brique

Y habló sobre las familias de los ocho rugbiers y desmintió que sean familias poderosas y adineradas: “las pocas personas que conoce son correctas, y amables. Son familias comunes”, explicó.

En su entrevista, el hombre comentó que el Club Rugby de Zárate fue muy vinculado a los jóvenes acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y que hay vecinos de la localidad que lo dejaron de saludar.

“Es ilógico totalmente. Si los pudieran colgar de la plaza de Zárate los colgarían, pero no es así la cuestión, porque para eso está la Justicia. Nadie va a una disco, como Le Brique, pensando que van a matar gente. Entonces no hay que sacar el hecho del entorno en el que sucedió”, fue la llamativa conclusión final que realizó Marcelo Urra.

Ocurrió el domingo de Navidad, a la madrugada, en la zona sur de Trelew, pero recién trascendió en las últimas horas porque la policía quiso “tapar” el episodio. Curiosamente el letrado y ex funcionario miembro de los «Jovenes Brillantes» también anduvo operando en distintos medios de la zona para evitar que se publicara la noticia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Fue un accidente? Nadie de los que investigan el caso ha salido a decir algo hasta ahora y eso lo hace más sospechoso.

Se sabe por lo poco que la policía ha dejado trascender, que la esposa de Federico Ruffa sufrió una herida en la columna pero se ignora si continúa internada. Desde la Unidad Regional de Trelew también se dijo que se investigaba un “presunto accidente doméstico”.

Lo llamativo fue que hubo múltiples operaciones para evitar que el caso se instalara en los medios, y que las autoridades de la Regional de Policía –en la información que se divulgó– evitaron en todo momento de mencionarlo a Ruffa, pese a que el hecho ocurrió en su casa, que él estaba presente y que su pareja sería la víctima.

La mujer, por lo que se supo de buenas fuentes, cayó desde una altura superior a los cuatro metros hacia un patio posterior del domicilio, que está situado en la calle Paraná, en un barrio donde vive gente de un alto poder adquisitivo llamado “Las Margaritas 2”, en el extremo sur de Trelew.

Cuando llegó la policía la encontró en posición “cubito dorsal” –indicó un informante de este medio– y aparentemente estaba consciente. Se dijo que ya había un medico atendiéndola, que estaba la ambulancia y que las autoridades no pudieron hablar con su marido en ese momento porque éste se fue con ella al hospital.

Según se conoció, el hecho habría sucedido después de medianoche –ya en los primeros momentos de la Navidad—y luego que se retiraran los familiares de la mujer que habían ido a pasar con ella y su marido la Nochebuena.

Un hermano, llegado de “Cinco Saltos”, habría declarado después que tras el brindis se fue a dormir; a eso de la una y media de la madrugada, y que alrededor de las cinco (del domingo) lo despertaron para avisarle que su hermana se había caído y que su marido se había ido con ella al hospital.

Hasta las últimas horas la policía, en medio de la reserva con que viene manejado el caso, no ha dejado trascender si la víctima ya fue dada de alta o no. Solo dijeron que el golpe le habría provocado “una luxación en la vértebra lumbar”. Es una mujer joven, tiene 36 años, trabaja en el Poder Judicial y no correría riesgo su vida, aportaron ciertas autoridades acorraladas por la insistencia periodística de conocer más sobre el caso y de sus protagonistas.

Esas mismas fuentes confirmaron que hay una investigación penal en marcha, que está interviniendo un fiscal y que se espera que le tomen declaración a la víctima en las próximas horas.

Su marido, el abogado Federico Ruffa ha sido funcionario provincial, también ocupó un cargo hasta no hace mucho tiempo en la Municipalidad de Trelew y profesionalmente su trabajo ha adquirido trascendencia porque ha estado y está en casos de mucha repercusión mediática, defendiendo a exfuncionarios imputados en hechos de corrupción.

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Ruffa, por ejemplo, es abogado del “Grupo Jornada” y fue quien defendió a los hijos y la ex mujer del millonario sindicalista Héctor González (uno de los dueños del diario Jornada) en la causa federal por narcotráfico que se inició cuando les descubrieron en el patio de la casa un verdadero “bosque de marihuana” hace ya casi dos años; un proceso judicial que quedó en la nada, con la impunidad de sus involucrados.

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Mauro Fonteñez dijo que al menos los 3 padres que representa ya tuvieron contacto con el Cuerpo Médico Forense. También explicó por qué aún es prematuro plantear la prisión preventiva y la importancia de reunir pruebas antes de avanzar en la acusación formal.

“La Fiscalía ha dispuesto un plan de contingencia para poder atender todas las denuncias y al menos los 3 padres que yo represento ya tuvieron contacto con el Cuerpo Médico Forense”, reconoció hoy el abogado Mauro Fonteñez, que está trabajando como querellante particular en relación a las denuncias por presunto abuso sexual infantil de un profesor de música. También explicó por qué aún es prematuro plantear la prisión preventiva y la importancia de reunir pruebas antes de avanzar en la acusación formal: “cuanto más imprecisiones haya, le hacemos más fácil el trabajo a la defensa”, razonó.

Según explicó el especialista en derecho penal, en diálogo con ADNSUR, el hecho de que los padres que él representa ya hayan podido entrevistarse con el Cuerpo Médico Forense “es un avance crucial en el marco de la investigación, como también las evidencias que ha levantado la fiscalía en el mismo lugar de los hechos, los registros de archivos respecto del profesor y las carpetas de los chicos, los dibujos y videos de los padres que nosotros hemos acompañado. Algunos nenes ya iban a terapia por otros temas y entonces a partir de esto están también acompañando con informes”.

Fonteñez indicó que una vez que se cuente con el informe del CMF, que es un trabajo imparcial a partir de los elementos presentados y el aporte de los testigos, “vamos a estar en condiciones de formalizar la acusación”.

Detalló que por ahora la causa está en una etapa de investigación preliminar. “Estamos juntando toda la evidencia para llevarla ante un juez, porque el Código exige una serie de pasos por una cuestión del derecho a la defensa del acusado. Hay que llevar ante el juez una descripción clara de los hechos, porque cuanto más imprecisiones, más fácil le hacemos el trabajo a la defensa. Se suman también más dificultades por la edad de los chicos, porque no son de una edad en la que puedan decir ‘tal día, o el día de mi cumpleaños pasó esto’, es todo más complejo”.

El ministro de Seguridad del Chubut, Miguel Castro, confirmó este martes que el profesor de música denunciado por abusar de más de 40 nenes en el Jardín 406 se presentó ante la justicia en las últimas horas.

«Se ha presentado a la justicia con el abogado y está a disposición de la fiscalía. Puede salir de Comodoro mientras este sujeto a derecho y notifique su domicilio como lo está haciendo, no tiene ninguna restricción”, afirmó esta mañana en rueda de prensa, donde ADNSUR estuvo presente.

Y aclaró que no tiene custodia y que “está a la espera de la resolución de que tome la fiscalía si lo convoca o no, están a disposición”

Castro indicó que se trata de una situación compleja. “Uno entiende el dolor de las familias y de los padres, pero también hay que poner en la balanza la garantía de los derechos», sostuvo.

Y aclaró que no ha sido detenido porque «la fiscalía eta en busca de elementos probatorios sobre si existe una responsabilidad de ese docente, se disponga la apertura de investigación y la prisión preventiva. Hasta que no esa ocurra, hay que salvaguardar el estado de derecho”, sostuvo.

“Es un hecho que queremos esclarecer”

El jefe de la Policía del Chubut, César Brandt, indicó que la fiscalía “está avanzando” en la investigación y que incluso, se enviaron equipos técnicos de otras jurisdicciones a la ciudad petrolera “ para trabajar en los menores y se está avanzando mucho en la investigación. Realmente es un hecho que queremos esclarecer”, afirmó.

A continuación, se refirió al intento de familiares de las víctimas de hacer justicia por mano propia el sábado en el barrio 30 de octubre. “Piensan que la policía está de un lado o del otro. Pero ya tuvimos una situación muy delicada donde se tomó justicia por mano propia y la persona no estaba involucrada .Estas cosas tenemos que evitarlas. No es estar de un lado o del otro sino hacer cumplir la ley”.

Y agregó que por estas horas, la fiscalía “esta buscando datos certeros y hechos concretos para tomar determinaciones judiciales”.

Por su parte, el ministro reconoció que si bien las denuncias son válidas en la causa se deberá trabajar con otros mecanismos porque «son nenes muy chiquitos que no tienen la capacidad de expresarse con la claridad que se requiere, por eso se tiene que ir con una cámara Gesell y equipos interdisciplinarios”, dijo finalmente sobre los pasos a seguir.

Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Santiago Goodman en la causa en la que fue condenado a tres años de prisión en suspenso, en diálogo con Crónica se refirió a la pena que recibió el sindicalista por los incidentes que se dieron en inmediaciones a la Legislatura en Rawson el 17 de septiembre del 2019. El letrado hizo un crudo y crítico análisis sobre el accionar de la policía y volvió a denunciar un operativo ilegal por parte de la fuerza, al resaltar que fue la propia policía la que admitió durante el juicio haber filmado la manifestación de los docentes ese día en las afueras de la Legislatura, algo que está prohibido e incluso penado por la ley. “Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, aseguró.

El pasado miércoles 17 de agosto, la jueza María Tolomei condenó al sindicalista Santiago Goodman a tres años de prisión en suspenso por los incendios ocurridos en la Legislatura en Rawson durante el 17 y 18 de septiembre de 2019, durante las protestas que llevaban a cabo los docentes por reclamos salariales. El fallo fue apelado por Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Goodman, quien en una entrevista con este diario se refirió a la condena del ex secretario general de ATECh.

“Santiago tuvo una condena en suspenso de tres años de prisión, él ahora tiene que cumplir ciertas condiciones que puso la jueza, y si llega a tener otra imputación, ahí sí podría ir preso, en el caso de que esta condena quede firme. Para que esta condena quede firme, tiene que ser confirmada por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, y eventualmente, por la corte. Nosotros hemos apelado, justamente, para que no quede firme”, señaló el letrado.

Un dispositivo ilegal y delictivo

“El problema con esta causa, que es algo muy grave, es que aparece un dispositivo ilegal, de carácter delictivo, que la policía de nuestra provincia viene utilizando desde hace varios años. Hay una ley de inteligencia interna que prohíbe expresamente hacer lo que ellos hicieron, que es filmar las manifestaciones. Esa ley, lógicamente, establece penas, y esas penas son tan grandes como la que se le imputa a Goodman, pero es más grave porque, en este caso, lo hace el Estado, con los fondos de todos los chubutenses. Durante el juicio, uno de los policías, con toda naturalidad, dijo que ellos siempre hacen esto, que lo venían haciendo desde antes y que lo siguen haciendo, incluso se refirió al conflicto que en ese momento tenía el gremio de la pesca, en donde ellos también filmaban las manifestaciones de protesta social, como si eso fuera algo normal”, planteó Salgado.

En esta línea, el abogado fue sumamente crítico al afirmar que la fuerza policial de esta provincia, constantemente viola la privacidad de las personas al investigar redes sociales personales, algo que está prohibido para los funcionarios del Estado. “No hablamos de algo que hacen por su cuenta, es parte de la organización, porque los propios comisarios les dijeron en su momento cómo hacerlo. Se movilizaban en vehículos no identificables, en lugares estratégicos, y desde esos lugares filmaban.

Incluso, contaron que empezaron a filmar horas antes de que sucediera algo. Es decir, antes de que pase algo, ya contaban con filmaciones para identificar a las personas que van a las manifestaciones populares. Esto es algo que está expresamente prohibido y castigado como delito. Esto es lo que se tiene que discutir realmente, que la policía actúa como una banda de delincuentes” afirmó.

El entrevistado puntualizó además en que no solo hay una ley en el país que prohíbe expresamente la filmación de las manifestaciones populares, sino que también es algo que está prohibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Han adoptado un dispositivo que tiene por objetivo perseguir a los ciudadanos, porque filmarlos y registrar en dónde están es una forma de persecución, y eso es un delito, y esto no es algo que solo compromete al policía que admitió esto durante el juicio, sino que además compromete a la cúpula de la institución, que fue la que dio la orden para que se cometiera el espionaje ilegal. Esto es algo gravísimo, y no va a quedar acá. Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, subrayó Salgado.