El nombre del cuestionado fiscal Fernando Rivarola estuvo en titulares nacionales durante 2020 por referirse a una violación grupal ocurrida en Playa Unión como «desahogo sexual». Sin embargo, ese no fue el primero ni el único escándalo que provocó el fiscal, que hoy está próximo a ser sometido a un jury por dos denuncias de mal desempeño. Una de ellas fue impulsada por la referente provincial Miriam Vázquez y acusa a Rivarola de omitir información relevante en el caso de Juan Orlando Suárez, médico forense acusado de consumo y distribución de pornografía infantil. El accionar del fiscal y un arreglo secreto para lograr un juicio abreviado permitieron que el médico siguiera trabajando con menores de edad durante varios meses.
La referente provincial de la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata cuestionó el accionar del fiscal y las violencias estructurales de todo un sistema jurídico que continúa desprotegiendo a las infancias: «Esto no es lo más grave, es lo que ya no se pudo tapar», expresó.
Según se desprende del debate llevado adelante en el Consejo de la Magistratura la semana pasada, no existen pruebas de una comunicación con el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, en el marco del legajo de investigación fiscal llevado adelante por el fiscal Rivarola, mediando únicamente un testimonio del Procurador Jorge Miquelarena.
Debido a ello, Juárez continuó prestando servicios, pese al conocimiento del Ministerio Público Fiscal de las denuncias en su contra, que tardíamente remitió la nota 059/22 PG el día 22 de octubre de 2021. Para ese entonces, el médico ya estaba sumariado y suspendido en funciones ante la primera noticia constatable que tuvo el Superior Tribunal.
Desde la denuncia en abril hasta octubre, Juárez realizó 270 pericias a menores, por lo que se cuestionó la falta de protección hacia los niños víctimas de los delitos y hacia los que asistieron posteriormente a la atención médica.
Otras omisiones revelan un profundo secretismo en el arreglo entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor, que es del círculo de confianza del mismo Rivarola. El acuerdo logró un juicio abreviado que, al igual que en casos similares como el abuso sexual grupal de Playa Unión, favoreció los intereses del imputado.
El dictamen da cuenta del incumplimiento de las Convenciones Internacionales que prevén el interés superior de los niños y niñas, y concluyen que existió una conducta de mal desempeño por apartarse del cumplimiento de las normas.
«Descreemos de la justicia»
Miriam Vázquez, denunciante de Rivarola y referente provincial de RATT (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata), dialogó con El Extremo Sur sobre los detalles de la acusación y el panorama jurídico de los niños y niñas en Chubut.
«Esto es un trabajo colectivo hay una organización de mujeres y profesionales con los cuales trabajaron para hacer esta denuncia que es algo sumamente importante y delicado», explicó, y subrayó que la denuncia es la expresión de un largo camino «que venimos trabajando territorialmente, en silencio, anónimamente, acompañando y escuchando».
Sin embargo, advierte que «esto no es lo más grave, es lo que ya no se pudo tapar. Presentamos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y al mes aproximadamente ya tuvimos la notificación de que era viable. No diría creíble, porque si algo tenemos en las organizaciones, especialmente en la que militamos nosotras, es que descreemos bastante de la justicia. Por eso existimos en primer lugar».
Vázquez no ignora la complicidad que existe a veces entre miembros de los distintos poderes, y considera que esta denuncia pudo avanzar debido al historial de Rivarola: «No siempre se puede tapar el sol con las manos, eso es lo que pasó. En la mayoría de los poderes, las cosas se encubren, se arreglan entre miembros», expresa y recuerda que «el fiscal había arreglado juicios abreviados, tenía negociado el juicio abreviado con Juárez. Nos enteramos de eso y logramos llegar a la fuente, pero, ¿de cuántos no nos enteramos? Y no sólo hablo de Rivarola».
La referente feminista se refirió igualmente a la visibilidad mediática que consigueron en los últimos años y la necesidad de mediatizar los casos ya que «eso hace ruida, desestabiliza y va fracturando un sistema compacto»: «Necesitamos una sociedad que mire, que observe, que hable, que no tenga miedo y salga a la calle, si no hay cosas que no vamos a sacar nunca a la luz. No estamos descubriendo algo nuevo, esto pasó un montón de veces en un montón de causas».
Ante la sospecha, denunciar
Vázquez se refirió a las denuncias previas que acumulaba Rivarola, además del escándalo por hablar de «desahogo sexual» al hablar de un abuso grupal. La referente dijo que también fue acusado de espiar a compañeros que estaban organizándose en Esquel para reclamar derechos y situaciones similares «que siempre quedaban en el tintero y nunca podíamos sacar con fuerza».
La actual denuncia fue efectuada una vez que el equipo legal determinó que no había riesgos para la organización: «En este sistema de corrupción hay muchas cosas duras que uno pasa, no es la primera vez, ya he vivido otras situaciones. Se hizo un trabajo minucioso para no perder ningún detalle y rodearlo y ponerlo ante esta situación».
«Según lo que sabemos, corre muchísimo riesgo de ser separado del cargo, alejado de toda función pública», comenta Vázquez, y exige que, al mismo tiempo, se pueda llevar adelante un juicio oral y público contra Juárez: «Queremos un juicio donde sea expuesto, que la gente lo vea. No le tapemos la cara. Sepamos quién es, que no pueda caminar más, que se tenga que ir. Porque son estos individuos los que dañan, lastiman y flagelan a la sociedad. Cuando tocan a las mujeres, sabemos que nos tocan a todas, pero cuando tocan a las niñeces, ¿qué podemos esperar de una sociedad?».
«Personalmente y desde la organización, soy una convencida de que ante la sospecha, hay que denunciar», ratifica Vázquez frente a la urgencia de encarar procesos legales contra agresores y funcionarios como Rivarola: «En ese contexto, como sociedad nos tenemos que manejar así. Después la justicia verá. Hay que denunciar, aprender a reclamar nuestros derechos, que son propios, sociales y libres».
«No podemos permitir que un grupo de aberrantes. Yo no quiero esto para Chubut, no voy a ser parte jamás. Es un mensaje que hay que empezar a decir. Para que se produzcan cambios, uno tiene que estar sentado de un lado o del otro», sentenció.
«En Chubut no hay políticas públicas»
Vázquez fue consultada sobre las capacidades y limitaciones del aparato institucional de la provincia, a raíz de las múltiples denuncias de abuso sexual infantil en el Jardín N° 406 de Comodoro Rivadavia, que pusieron de manifiesto la falta de presupuesto y personal capacitado para la protección de las infancias.
«Chubut es una provincia donde no existen las políticas públicas, donde no se reconocen las instituciones y organizaciones sociales como un lugar importante. Hay que recordar que las organizaciones nacemos ante la ausencia de políticas públicas. Cumplimos el rol que deberían cumplir quienes asumen alguna función pública pagados por todos.
Para la referente, hay tres puntos clave que deben ser reforzados en Chubut: políticas públicas, prevención y presencia estatal: «Faltan herramientas, falta compromiso. Hay servicios de asistencia a la víctima totalmente devastados, de protección de derechos sin profesionales preparados».
«Necesitamos trabajar con prevención y con un Estado presente. Donde hay ausencia de políticas públicas, hay ausencia de un Estado gubernamental. Y después buscamos a los culpables. Busquemos también a los responsables», concluye.
