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El fiscal que investiga crímenes Fabián Moyano –muy cercano al polémico procurador General Jorge Miquelarena—tampoco pudo escapar de la delincuencia trelewense. Se fue unos días, aparentemente al exterior y a su regreso descubrió literalmente vaciada su residencia; una propiedad situada en un caro barrio de la zona sur de la ciudad. Asimismo, constató que los delincuentes también le habían llevado su Fiat Toro último modelo, de color rojo. Se acrecienta el malestar en importantes estamentos de la sociedad con el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz y sus policías. Desde algunos sectores ya le están empezando a recriminar que Trelew “es tierra de nadie” y que él “solo cuida a sus amigos”.

Se presume que al vehiculo cargaron todo lo que le robaron del domicilio a Moyano en un hecho que habría sucedido hace unos días pero que recién fue descubierto este viernes, justamente, cuando el propietario del lugar volvió de licencia.

¿Qué le robaron al fiscal? La policía ni siquiera confirmó oficialmente el hecho, aunque algunas fuentes consultadas por Cholila Onlive dan cuenta que le llevaron de todo. Electrodomésticos, computadoras, objetos de valor, se hablaba de dinero en efectivo, y otras pertenencias.

 

El fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de la investigación por la toma de un canal de televisión en Guayaquil, fue asesinado hoy en esa ciudad ecuatoriana.

El funcionario fue baleado cuando circulaba en su vehículo tras salir de la sede de la Policía Judicial, según informó la prensa local.

Suárez investigaba la toma del canal TC Televisión, que la semana pasada había sido atacado por un grupo de delincuentes, y que dio inicio a una secuela de violencia en varias ciudades, pero con epicentro en Guayaquil, ubicada 420 kilómetros al suroeste de Quito, la capital ecuatoriana.

«Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», dijo la fiscal general, Diana Salazar, en un mensaje en redes sociales.

«Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones», añadió.

Su oficina estaba llevando a cabo una investigación preliminar en el lugar del asesinato, dijo Salazar, expresando su dolor por la familia de Suárez pero sin dar más detalles sobre el crimen.

El sangriento episodio se produjo en el barrio Los Ceibos, en la zona norte de Guayaquil, donde el fiscal fue baleado y abatido en ese mismo momento.

Paradojicamente, este martes, Suárez había dicho a la prensa local que no tenía custodia policial, pese a que investigaba un hecho que tiene en vilo a todo el país y que obligó al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de conflicto armado en todo el territorio.

Suárez llegó a interrogar a los 13 detenidos por la toma del canal, al parecer integrantes de la banda conocida como Los Tiguerones, cuyos miembros estarían detrás del asesinato.

Ese grupo, junto a Los Choneros y Los Lobos forman parte de las organizaciones criminales más peligrosas de Guayaquil, cuyo poder se fue acrecentando en los últimos años.

Pese a las evidencias un juez liberó al imputado por una tentativa de homicidio. Otras dos magistradas criticaron la decisión y resolvieron la prisión preventiva del sospechoso.

Ya apareció un testigo presencial del intento de homicidio en pasaje San Luis al 200 de Trelew, la madrugada del sábado. La Fiscalía cuenta además con otros tres testimonios que aportaron datos clave que incriminan a Franco Trafian, el imputado de agredir a Federico Barra. Una de estas personas declaró que antes de quedar inconsciente, la propia víctima alcanzó a susurrarle: “El que me la dio fue Rikito”, apodo de Trafian. Y está acreditado que hace dos meses, este sujeto baleó la casa de la madre de la víctima, usando incluso el mismo calibre. Por si fuese poco, al momento de la agresión cumplía una condena en libertad condicional.

Pero el lunes el juez Marcos Nápoli consideró “insuficiente” este abanico de evidencias recogidas a sólo 48 horas del hecho y dejó libre a Trafian. La decisión cayó mal en Fiscalía, ya que el fin de semana el mismo juez había autorizado su detención. Consideran al menos contradictorio que no haya considerado tantos elementos para dejarlo en prisión preventiva pero sí para capturarlo.

Estado crítico

Una forense verificó que el estado del herido en el Hospital Zonal es crítico: su colon quedó destrozado, tiene fracturas, debieron cortar parte de su intestino y debieron colocarle respirador. Había 13 vainas servidas: recibió dos balas en el glúteo y en una pierna.

Pese a este panorama, en la audiencia del lunes, la defensa sólo dijo que con una llamada al nosocomio, alguien –que no identificó- les dijo que “el pibe está mucho mejor”. Siguiendo esta frase de fuente anónima, el juez Nápoli deslizó que Fiscalía bien pudo entrevistar a Barra, pese a que sobrevive con respirador.

Y criticó que no se haya realizado la prueba del dermotest, sin tener en cuenta que el sospechoso fue detenido 8 horas después del hecho, lo que invalida esa prueba. Sí dictó una genérica prohibición de acercamiento.

La fiscal Julieta Gamarra, a cargo del caso, consideró “arbitraria” la decisión de Nápoli. Y pidió revisar la libertad de Trafian. Ayer, Patricia Reyes y Marcela Hernández, juezas de Puerto Madryn, le dieron la razón.

No es habitual que decisiones así se revoquen. Pero las magistradas no sólo consideraron “de baja calidad” los argumentos de la defensa sino que criticaron los argumentos para dejarlo libre, basándose en “suposiciones” del juez y en “malas valoraciones” de la evidencia y de los antecedentes de Trafian. El imputado quedará preso un mes. Y la fiscal Gamarra recusará al juez Nápoli para que ya no intervenga en el caso. #

 

La victoria de Javier Milei llevó a que cientos de personas se congregaran afuera del búnker ubicado en el Hotel Libertador, en Capital Federal. Allí, el candidato libertario habló por primera vez y reconoció su aplastante victoria ante Sergio Massa.

El clima de euforia y emoción se apoderó del lugar, con seguidores ansiosos por escuchar las primeras palabras del flamante ganador. Entre banderas, cánticos y aplausos, Milei salió al exterior para agradecer a quienes se juntaron allí.

“Por primera vez en la historia, las ideas del cambio y de la libertad representan al 54% de los argentinos. En un acto de patriotismo enorme, quiero destacar el gesto de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich que nos acompañaron en este tramo de la campaña”, dijo.

“No es fácil lo que se viene. Nos están dejando un desequilibrio fiscal colosal, con el problema de la deuda, inflación de 300%. Pero tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, para arreglar los problemas del Banco Central, para salir adelante”.

El electo presidente estuvo acompañado de su vice, Victoria Villarruel, su pareja, Fátima Florez, y su hermana y jefa de campaña, Karina.   Tras las breves palabras, retornó nuevamente hacia el búnker.

El diputado nacional e intendente electo de la localidad de Esquel, Matías Taccetta, participó de la última emisión de Sin Hilo, el programa político que se emite los miércoles a las 21 horas a través de la pantalla de Canal 12. En diálogo con Pablo Vernazza, habló sobre los proyectos previstos para la ciudad cordillerana de cara a su asunción, el próximo 10 de diciembre.

A su vez, anticipó que buscará una gestión austera y reconoció que “soy un militante del equilibrio fiscal, y un político lo que no hace en su casa no lo debería hacer en el Estado”.

Congreso de la Nación y Ley de Alquileres

Sobre la Ley de Alquileres y su reciente reforma, Taccetta, de profesión contador y actual diputado nacional, explicó: “El problema es la Ley original o ‘Ley Lipovetzky’, la gente pedía una modificación o derogación. Tuvimos dos años de discusión en el Congreso y hay más de 25 proyectos sobre el tema. He presentado varios sobre el tema, en algunos casos sobre beneficios impositivos que terminaron en el proyecto que ayer (por el martes) se convirtió en Ley. La idea es seguir con la mismo plazo de 3 años y que la actualización, en vez de ser anual, sea semestral, y qué índice para la indexación se utiliza”.

“El problema de fondo es la inflación. Por más que haya una ley que quiera entrometerse entre un contrato entre dos partes, el problema es la inflación, que deberá bajar el próximo Gobierno porque nos está afectando a todos. El coeficiente que se utilizará ahora es el Índice de Salarios. Hay que entender que no se puede ‘quedar bien’ con las dos partes. Hoy en día, la gente no pude pagar. Son muy pocos los inmuebles puestos en alquiler, no hay oferta, y además hay que agregar los alquileres temporarios, que en gran parte de las ciudades turísticas generaron más complicaciones, porque bajan la cantidad de oferta en el mercado”.

“En Esquel vemos la cantidad de inmuebles puestos en alquiler temporario cuando antes no lo eran”.

Impuestos y coparticipación

“No he visto ningún proyecto presentado de la coparticipación del Impuesto al Cheque, ni tampoco sobre el Impuesto País, que se creó hace cuatro años. No es coparticipable, por lo que ninguna provincia se beneficia”.

“Hay que poner en la balanza el tema del déficit fiscal. Cuando es mayor aumenta la inflación. Gran parte de los diputados acompañamos el acuerdo con el FMI en el que se daban unas pautas a cumplir para achicar el déficit fiscal, y se terminó haciendo lo contrario en menos de un año”, señaló Taccetta en relación a las medidas impulsadas por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

“Son medidas netamente electoralistas, y generan más inflación. Quizás, el beneficio que uno obtiene, lo termina perdiendo por la inflación que está en más de 120% o 130%”.

Taccetta: “Soy militante del equilibrio fiscal”

“El déficit hay que atacarlo, ya sea con mayores ingresos, pero no se puede más. Se han creado unos 40 impuestos en estos cuatro años de Gobierno, pero hay que achicar el gasto. Yo soy militante del equilibrio fiscal. Siempre digo que los políticos hacen en el gobierno lo que no hacen en su casa. Quizás, la gente se sorprende cuando uno habla de superávit del Estado, como me pasó cuando estuve en el Municipio, pero eso hace que uno pueda estar más tranquilo y hacer más cosas”, expuso Taccetta.

Consultado sobre la iniciativa de Javier Milei para la dolarización de la economía argentina, respondió: “Me ha pasado escuchar a varios vecinos pensar que van a tener sus ingresos dolarizados. No es así y se pierden algo tan importante como lo es la moneda propia. El rol del Banco Central es conservar el valor de la moneda, no emitir. Ello nos permitiría tener una moneda más fuerte. Hoy, la gente quiere gastar la plata que tiene porque sabe que en un mes no va a valer nada”.

“Creo que vamos a estar como mínimo 5 o 6 años más con inflación. El problema es que la gente que menos tiene es la más castigada”.

Estará a cargo de todos los aspectos legales a partir del 10 de diciembre. Desde el equipo del mandatario electo indicaron que buscaran formar un gabinete con «menos cargos políticos» que el de Arcioni.

El secretario coordinador de Gabinete de Ignacio Torres, Guillermo Almirón, habló con FM EL CHUBUT sobre el armado del equipo del gobernador electo y destacó a Andrés Meiszner como el fiscal de Estado.

Meiszner actualmente cumple función en el gobierno de Mariano Arcioni como personal profesional en el Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia. «Va a estar a cargo de todos los aspectos legales», informó Almiron.

El secretario coordinado de Gabinete aseguró que el equipo de Torres «va a tener menos cargos políticos» que el de Arcioni. Va a tener «los necesarios para poder gestionar». También anunció a Guillermo Arando como secretario general de la gobernación.

Sobre cómo serán los distintos ministerios, Almirón dijo que «la idea es convertir algunos en secretarias o fusionarlos con otros que sean compatible. Así se tendrán respuestas múltiples y no por áreas específicas que podrían generar estancamientos».

Obras Públicas es muy probables que se funda con otra área para «dar una respuesta más conduntente», al igual que Ambiente. Sobre la cartera sanitaria se espera que en los próximos 10 días, Torres realice el anuncio de su armado.

Meiszner

El mencionado fue titular de la cartera de Trabajo, Ministro de Educación y Secretario General de la Gobernación. Ahora fue designado como abogado del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Chubut.

Llegó a la provincia allá por el 2015 y en 2019 se incorporó al Gobierno de Mariano Arcioni como secretario de Trabajo. Andrés Meiszner cobró importancia en el gabinete y pasó a cumplir funciones como ministro de Educación para luego asumir como secretario General de la Gobernación. Ahora vuelve al Gobierno pero con un cargo de mucho menos exposición pública.

El oriundo de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, fue designado «en el cargo de Profesional A en Area Jurídica en el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut», según se publicó en el Boletín Oficial esta semana.

Cuando ya había dejado la gestión provincial, Meiszner se desempeñó como abogado defensor incluso de algunos ex compañeros del gabinete golpeados por causas judiciales, como ocurrió con la ex ministra de Educación y actual diputada provincial, Graciela Cigudosa.

Un preso intentó apuñalar este miércoles por la mañana a la fiscal de Homicidios de Mendoza Claudia Ríos en plena audiencia de un juicio que se desarrollaba en una sala del Polo Penal Judicial de la capital provincial, aunque la funcionaria se defendió con gas pimienta y el agresor fue reducido, informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo cuando un preso que se hallaba en la sala se levantó, sorteó la custodia y con un arma blanca se abalanzó contra la fiscal Ríos, quien le roció en la cara gas pimienta, por lo que el atacante fue reducido y la funcionaria judicial resultó ilesa, detallaron los voceros.

El incidente se produjo en la sala 15 del Polo Judicial después de las 9, donde el juez Mauro Perassi presidía un debate con por homicidio simple que tiene como acusados a tres sujetos que están presos y que son juzgados por haber matado a otro interno en el penal de Almafuerte en 2019.

Los tres detenidos ingresaron a la sala custodiados por personal penitenciario y en un momento logró liberarse, sacó un arma blanca –sería un arma casera, una chuza- y quiso agredir a la fiscal Ríos pero se produjo un forcejeo con los penitenciarios.

La acción se trasladó a otra parte de la sala porque el detenido tomó como rehén a una pasante que resultó algunos rasguños. En ese momento la fiscal participó de la acción lanzándole gas pimienta al hombre que fue identificado como Hugo Eduardo Arredondo (37).

En estos momentos, Ríos se encuentra declarando ante autoridades judiciales por el intento de homicidio contra su persona. “Está declarando y por el momento no brindará mayores detalles de lo ocurrido”, confirmaron sus asesores.

El atacante, que cumple la pena de perpetua por un homicidio cometido en 2015, era juzgado por otro crimen, en esta oportunidad la víctima fatal fue otro recluso, saltó sobre la abogada e intentó apuñalarla. Luego, quiso escapar del edificio tomando como “escudo humano” a otra persona presente en la sala penal.

El peligroso recluso fue finalmente reducido por las fuerzas de seguridad y luego de que Ríos le rociara gas pimienta. Nadie resultó herido, según señala Los Andes.

QUIÉN ES EL PELIGROSO SUJETO QUE INTENTÓ MATAR A LA FISCAL

Hugo Arredondo se encuentra cumpliendo una pena de prisión perpetua por el crimen de Jorge Daniel Montilla (51), un ex militar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015. La víctima fue abordada por un grupo de asaltantes que intentó robarle su camioneta cuando estaba estacionando en la puerta de su casa en el barrio Tamarindos II, en Las Heras.

También fue condenado a 14 años de prisión por cometer el crimen de Nicolás Lozano, un preso de Almafuerte que fue golpeado y apuñalado el 26 de diciembre de 2019.

En tanto que el presente juicio se lleva adelante por un ataque que habría cometido en el mismo penal el 5 de julio de 2019 junto a Jorge Darío Bracamonte (32) y Lucas Gabriel Garro (27), sospechados de atacar con patadas y una chuza a otro interno identificado como Carlos Enrique Olmedo. La imputación contra los sospechosos es de tentativa de homicidio simple.

También tiene una causa abierta por drogar y empalar a otro interno de la penitenciaría en septiembre de 2022. Por este expediente se encuentra con prisión preventiva y la causa aún no ha sido elevada a juicio oral y público.

Hace algunos meses se inició el jury contra el fiscal Fernando Rivarola, quien fue tendencia en la escena pública provincial y nacional al hablar de un «desahogo sexual» cuando se refería a una violación grupal.

Recientemente, la Comisión de Asesores del Consejo de la Magistratura debatió sobre las pruebas ofrecidas por dos denunciantes contra Rivarola y formuló la acusación. Se lo acusa de dos hechos graves de mal desempeño en la función pública que ofrecen prueba y sustento suficiente para una posible destitución del fiscal. «No hay una justicia clara si se sobreprotege a un pedófilo o un fiscal de este tenor actúa violentamente en contra de una mujer», expresó Miriam Vázquez, una de las denunciantes.

El Extremo Sur ya había brindado los detalles de uno de los casos, signado por omisiones, juicios abreviados y vulneración de derechos de las infancias. La segunda denuncia es por violencia laboral y de género. En ambas, se cuestionan las acciones del fiscal, «incompatibles con la dignidad del cargo», de acuerdo a la Ley Nº 80 de la provincia que prevé las disposiciones de los enjuiciamientos a magistrados y funcionarios.

La acusación está basada en el mal desempeño por «dejar de cumplir obligaciones que expresamente señalan las leyes y reglamentos que regulan sus funciones o disponga medidas con manifiesta arbitrariedad» (Art. 16, inciso A) y la realización de «actos y actividades determinadas como incompatibles o prohibidas por la Constitución, las leyes y reglamentos que regulan sus funciones» (Art. 16, inciso C).

La primera denuncia

La primera denuncia fue impulsada por la referente provincial de RATT (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata), Miriam Vázquez, y acusa a Rivarola de omitir información relevante en el caso de Juan Orlando Suárez, médico forense acusado de consumo y distribución de pornografía infantil, además de no comunicar los hechos de manera formal a las autoridades para impedir que el médico siguiera trabajando con menores.

Rivarola tomó conocimiento de los hechos en mayo del 2021 -por una alerta internacional a la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito de Chubut, que el presidía- y remitió la nota recién el 22 de octubre.

A las omisiones y la negligencia se sumó un arreglo secreto para un juicio abreviado -que no se concretó- que permitieron que el profesional atendiera a menores víctimas de abuso durante meses. El camino estaba allanado para la impunidad.

Según se desprende de la acusación, queda claro que Rivarola no alertó sobre el material que exhibía abusos contra las infancias, pertenecientes al médico forense, lo que permitió que siguiera ejerciendo su función atendiendo a niños y niñas. Los consejeros no acreditan ninguna instancia de comunicación por parte de Rivarola, que debería haber efectuado la comunicación formal al SITJCh.

Por otra parte, no se solicitaron medidas de protección para los niños. Fueron vulnerados tanto quienes aparecían en el material como los que fueron atendidos por el forense. La medida ignora tratados internacionales de derechos de los niños, niñas y adolescentes a los que Argentina adhiere.

El fiscal argumentó que realizó el mismo inspecciones sobre el caso, y el Consejo sostuvo que «la inspección no es una pericia», remarcando que «ante la menor duda, prevalece la protección».

Si bien hay prueba suficiente para la acusación, parte del material de la investigación no pudo ser corroborado ya que se registraron datos eliminados o borrados.

El Consejo de la Magistratura indicó que Rivarola incumplió directamente el Artículo 30 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, que prevé el deber de comunicar, una instancia clave para la protección de derechos: «Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión».

Una vez comunicada la situación, aunque tardíamente, provocó la suspensión del médico, que posteriormente fue sustituido de su cargo. Lo cierto es que, para ese momento, ya había atendido cientos de niños, niñas y adolescentes, por lo que Rivarola se encontraba «en clara situación de garantía derechos».

La situación del forense

Tras las omisiones del fiscal y la falta de acciones para el debido proceso, con intervención de otros actores y organismos, Juan Orlando Suárez fue finalmente destituido de su cargo en enero del 2022.

El Superior Tribunal de Justicia, con la firma de los ministros Daniel Esteban Báez y Ricardo Alberto Napolitani, procedió a la exoneración del médico forense de Trelew.

Se lo juzgó por la «tenencia de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años, en carácter de autor».

Para el STJ, sus actos «revisten una gravedad inusitada, ya que implican en forma activa y directa a un funcionario del Poder Judicial, cuyo accionar trasciende la esfera de lo particular e involucra y menoscaba la imagen del Poder Judicial de la Provincia del Chubut».

«La violación de normas éticas y morales cobran mayor reproche al tratarse de un funcionario del Poder Judicial con prestación de funciones en el Cuerpo Médico Forense, donde entre sus funciones se encuentra la de realizar pericias a menores de edad, víctimas de abuso sexual en sus distintos tipos», aseguró la justicia.

Además, subrayó que «debe tenerse en cuenta el plus que pesa sobre todo funcionario público más allá del rango que posea, el valor ético que debe guiar su conducta funcional y profesional, alejada de conductas impropias y como en el caso, incluso, tipificadas por el código penal».

Para despejar sospechas de que la elección ya estaba direccionada, el Consejo de la Magistratura debió anular un concurso para un cargo de fiscal en Lago Puelo.

Se decidió el miércoles 7 de junio tras una sesión extraordinaria por videoconferencia, que se volcó en una acordada.

La gravedad del caso radica en que el propio secretario del Consejo, Diego Cruceño, se había inscripto para el cargo y según un informe del Consejo, el abogado ya se presentaba ante empleados y magistrados cordilleranos como el nuevo fiscal, cuando los exámenes ni se habían iniciado.

Los consejeros Esteban Defelice, Jorge Fruchtenicht y Raúl Fourgeaux viajaron para tomar entrevistas sobre la conducta de Cruceño.

Dialogaron con Carlos Díaz Meyer, el fiscal de El Hoyo quien reveló que el secretario del Consejo se había entrevistado con integrantes de su equipo.

“Se le había dado permiso para presenciar una audiencia en esa Fiscalía pero no estaba autorizado ni pidió autorización para poder entrevistarse con quienes la integran”, dice el informe.

Los consejeros hablaron con seis trabajadores de la Fiscalía de El Hoyo.

Cruceño les había dicho que cuando asumiera el cargo “era su intención realizar algunos cambios, como el sistema de turnos; manifestaba `Deberíamos hacerlo de tal o cual manera”. Lo notaron muy seguro”.

Hasta le preguntaron: “¿Estás seguro de que vas a ganar? Y respondió sin dudar: sí. Les daba la sensación que hablaba como si estuviera de fiscal”.

A una empleada que le cuestionó algunos dichos, Cruceño le manifestó que “no tenía que pedir permiso para participar de las audiencias”.

“La sensación que dejó en varias trabajadoras y en particular en la jueza penal de Puelo, Silvana Vélez es que parecía que todo ya estaba decidido”, dice el informe.

La magistrada hasta mencionó la palabra “arreglado”.

En cuanto a Vélez, contó que el 11 de mayo Cruceño se presentó en su despacho como secretario del Consejo.

“Ante su sorpresa le manifiesta que él iba a ser el próximo fiscal general y quería ponerla al tanto de cómo iba a ser su trabajo; entre otras cosas le manifestó que le iba a requerir que los resultados de las audiencias se las pasara por escrito, pero la jueza le manifestó que no lo haría de esta manera pues la oralidad es la regla en su fuero”.

Como si ya fuese fiscal, Cruceño “planteó diversos cambios que haría, como por ejemplo que las mediadoras participen de las audiencias y que las funcionarias debían ir a las comisarias”.

Cuando la jueza le cuestionó ese tipo de decisiones ya que eran propias del fiscal jefe, “manifestó que el rango con el actual fiscal general era el mismo”.

“Las entrevistas –escribieron los consejeros en su informe- nos dejaron la sensación de que la mayoría de aquellos con quien hablamos está descreyendo del proceso de selección de magistrados y que este Consejo quedó involucrado como parte de un proceso viciado de favoritismo”.

Otra situación opaca involucra a Cruceño.

Es que la abogada Silvina Mendoza se inscribió para fiscal en Puelo.

El concurso cerraba el 9 de febrero.

El secretario le pidió revisar documentación incompleta. La postulante denunció al Consejo que nunca fue notificada de ninguna resolución en cuanto a si su postulación había sido aceptada.

Sorpresivamente para el Consejo, Cruceño había firmado un acta de cierre de concurso según la cual no había postulantes, que se había rechazado la inscripción de Mendoza por no acreditar 7 años de ejercicio profesional y que al avisarle por teléfono, la postulante comprendió la situación “y se comprometió a remitir la acreditación a los fines de futuros concursos”.

Sin embargo, “contrariamente a lo que dice el acta sí hubo inscripción”, se dijo en la sesión extraordinaria. Además el rechazo a la postulación debió ser una resolución fundada firmada por el presidente del Consejo, Tomás Malerba, no del secretario. Nunca ocurrió.

Mendoza debió ser notificada para, en todo caso, ejercer su derecho a impugnar.

«Se convocó a una audiencia unilateral con la defensa, no sabemos con qué fines», dijo Miriam Vázquez, integrante de la Red de Acción contra la Trata de Personas, quien cuestionó la convocatoria por parte del ministro del Superior Tribunal de Justicia y presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Báez.

El fiscal Fernando Rivarola afronta un proceso por mal desempeño, a raíz de dos denuncias, las que se vinculan a un posible encubrimiento de un acusado por tenencia de videos e imágenes de abuso sexual infantil; y a un hecho de violencia de género en el ámbito laboral, a partir de la denuncia promovida por la fiscal Florencia Gómez.

Tal como informó ADNSUR, la acusación formal ya fue presentada por la comisión acusadora conformada por el Consejo de la Magistratura, por lo que el tribunal debe correr traslado a la defensa para que puede preparar su argumentación en base a las acusaciones, tras lo cual debería realizarse el juicio de destitución.

La fecha de esa instancia se estima entre agosto y septiembre próximo.

«Quieres cajonear el caso»

Pese a que reconoció los avances del Consejo de la Magistratura y la fundación de la acusación contra el fiscal, Miriam Vázquez, que promovió la denuncia del primer caso a través de la RAT, cuestionó la convocatoria realizada por el ministro Báez para este martes 6 de junio:

“Es una convocatoria unilateral y no se entiende el motivo, porque debería estar todo el Tribunal de Enjuiciamiento”, apuntó Vázquez, al recordar que el tribunal que debe juzgar el juicio de destitución se compone por un representante del Superior Tribunal de Justicia, dos diputados provinciales y dos abogados representantes del foro provincial.

“No sabemos en carácter de qué el Dr. Báez convocó a esta audiencia con la defensa del fiscal Rivarola, porque tengo entendido que no convocó a las otras partes. Yo me voy a presentar, porque me he sumado como denunciante y creemos que esto apunta a cajonear la denuncia”, señaló en diálogo con Actualidad 2.0.Además, recordó que las acusaciones son graves, vinculadas a un encubrimiento de un imputado en una red de abuso sexual infantil que trabaja como médico forense en el seno del Poder Judicial, además del hecho de violencia de género en el ámbito laboral planteada por una fiscal.

También advirtió que en el marco de las movilizaciones del 3 de junio y la lucha por «Ni una menos», el hecho no debería pasar inadvertido.