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El nombre del cuestionado fiscal Fernando Rivarola estuvo en titulares nacionales durante 2020 por referirse a una violación grupal ocurrida en Playa Unión como «desahogo sexual». Sin embargo, ese no fue el primero ni el único escándalo que provocó el fiscal, que hoy está próximo a ser sometido a un jury por dos denuncias de mal desempeño. Una de ellas fue impulsada por la referente provincial Miriam Vázquez y acusa a Rivarola de omitir información relevante en el caso de Juan Orlando Suárez, médico forense acusado de consumo y distribución de pornografía infantil. El accionar del fiscal y un arreglo secreto para lograr un juicio abreviado permitieron que el médico siguiera trabajando con menores de edad durante varios meses.

La referente provincial de la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata cuestionó el accionar del fiscal y las violencias estructurales de todo un sistema jurídico que continúa desprotegiendo a las infancias: «Esto no es lo más grave, es lo que ya no se pudo tapar», expresó.

Según se desprende del debate llevado adelante en el Consejo de la Magistratura la semana pasada, no existen pruebas de una comunicación con el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, en el marco del legajo de investigación fiscal llevado adelante por el fiscal Rivarola, mediando únicamente un testimonio del Procurador Jorge Miquelarena.

Debido a ello, Juárez continuó prestando servicios, pese al conocimiento del Ministerio Público Fiscal de las denuncias en su contra, que tardíamente remitió la nota 059/22 PG el día 22 de octubre de 2021. Para ese entonces, el médico ya estaba sumariado y suspendido en funciones ante la primera noticia constatable que tuvo el Superior Tribunal.

Desde la denuncia en abril hasta octubre, Juárez realizó 270 pericias a menores, por lo que se cuestionó la falta de protección hacia los niños víctimas de los delitos y hacia los que asistieron posteriormente a la atención médica.

Otras omisiones revelan un profundo secretismo en el arreglo entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor, que es del círculo de confianza del mismo Rivarola. El acuerdo logró un juicio abreviado que, al igual que en casos similares como el abuso sexual grupal de Playa Unión, favoreció los intereses del imputado.

El dictamen da cuenta del incumplimiento de las Convenciones Internacionales que prevén el interés superior de los niños y niñas, y concluyen que existió una conducta de mal desempeño por apartarse del cumplimiento de las normas.

«Descreemos de la justicia»

Miriam Vázquez, denunciante de Rivarola y referente provincial de RATT (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata), dialogó con El Extremo Sur sobre los detalles de la acusación y el panorama jurídico de los niños y niñas en Chubut.

«Esto es un trabajo colectivo hay una organización de mujeres y profesionales con los cuales trabajaron para hacer esta denuncia que es algo sumamente importante y delicado», explicó, y subrayó que la denuncia es la expresión de un largo camino «que venimos trabajando territorialmente, en silencio, anónimamente, acompañando y escuchando».

Sin embargo, advierte que «esto no es lo más grave, es lo que ya no se pudo tapar. Presentamos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y al mes aproximadamente ya tuvimos la notificación de que era viable. No diría creíble, porque si algo tenemos en las organizaciones, especialmente en la que militamos nosotras, es que descreemos bastante de la justicia. Por eso existimos en primer lugar».

Vázquez no ignora la complicidad que existe a veces entre miembros de los distintos poderes, y considera que esta denuncia pudo avanzar debido al historial de Rivarola: «No siempre se puede tapar el sol con las manos, eso es lo que pasó. En la mayoría de los poderes, las cosas se encubren, se arreglan entre miembros», expresa y recuerda que «el fiscal había arreglado juicios abreviados, tenía negociado el juicio abreviado con Juárez. Nos enteramos de eso y logramos llegar a la fuente, pero, ¿de cuántos no nos enteramos? Y no sólo hablo de Rivarola».

La referente feminista se refirió igualmente a la visibilidad mediática que consigueron en los últimos años y la necesidad de mediatizar los casos ya que «eso hace ruida, desestabiliza y va fracturando un sistema compacto»: «Necesitamos una sociedad que mire, que observe, que hable, que no tenga miedo y salga a la calle, si no hay cosas que no vamos a sacar nunca a la luz. No estamos descubriendo algo nuevo, esto pasó un montón de veces en un montón de causas».

Ante la sospecha, denunciar

Vázquez se refirió a las denuncias previas que acumulaba Rivarola, además del escándalo por hablar de «desahogo sexual» al hablar de un abuso grupal. La referente dijo que también fue acusado de espiar a compañeros que estaban organizándose en Esquel para reclamar derechos y situaciones similares «que siempre quedaban en el tintero y nunca podíamos sacar con fuerza».

La actual denuncia fue efectuada una vez que el equipo legal determinó que no había riesgos para la organización: «En este sistema de corrupción hay muchas cosas duras que uno pasa, no es la primera vez, ya he vivido otras situaciones. Se hizo un trabajo minucioso para no perder ningún detalle y rodearlo y ponerlo ante esta situación».

«Según lo que sabemos, corre muchísimo riesgo de ser separado del cargo, alejado de toda función pública», comenta Vázquez, y exige que, al mismo tiempo, se pueda llevar adelante un juicio oral y público contra Juárez: «Queremos un juicio donde sea expuesto, que la gente lo vea. No le tapemos la cara. Sepamos quién es, que no pueda caminar más, que se tenga que ir. Porque son estos individuos los que dañan, lastiman y flagelan a la sociedad. Cuando tocan a las mujeres, sabemos que nos tocan a todas, pero cuando tocan a las niñeces, ¿qué podemos esperar de una sociedad?».

«Personalmente y desde la organización, soy una convencida de que ante la sospecha, hay que denunciar», ratifica Vázquez frente a la urgencia de encarar procesos legales contra agresores y funcionarios como Rivarola: «En ese contexto, como sociedad nos tenemos que manejar así. Después la justicia verá. Hay que denunciar, aprender a reclamar nuestros derechos, que son propios, sociales y libres».

«No podemos permitir que un grupo de aberrantes. Yo no quiero esto para Chubut, no voy a ser parte jamás. Es un mensaje que hay que empezar a decir. Para que se produzcan cambios, uno tiene que estar sentado de un lado o del otro», sentenció.

«En Chubut no hay políticas públicas»

Vázquez fue consultada sobre las capacidades y limitaciones del aparato institucional de la provincia, a raíz de las múltiples denuncias de abuso sexual infantil en el Jardín N° 406 de Comodoro Rivadavia, que pusieron de manifiesto la falta de presupuesto y personal capacitado para la protección de las infancias.

«Chubut es una provincia donde no existen las políticas públicas, donde no se reconocen las instituciones y organizaciones sociales como un lugar importante. Hay que recordar que las organizaciones nacemos ante la ausencia de políticas públicas. Cumplimos el rol que deberían cumplir quienes asumen alguna función pública pagados por todos.

Para la referente, hay tres puntos clave que deben ser reforzados en Chubut: políticas públicas, prevención y presencia estatal: «Faltan herramientas, falta compromiso. Hay servicios de asistencia a la víctima totalmente devastados, de protección de derechos sin profesionales preparados».

«Necesitamos trabajar con prevención y con un Estado presente. Donde hay ausencia de políticas públicas, hay ausencia de un Estado gubernamental. Y después buscamos a los culpables. Busquemos también a los responsables», concluye.

El Consejo de la Magistratura votó por mayoría el avance del jury contra el fiscal Rivarola por dos denuncias. Así lo resolvió en la sesión desarrollada en Esquel al debatir debatió en torno a dos denuncias que pesaban contra el fiscal general de Rawson, Fernando Rivarola: una presentada por Miriam Vázquez, delegada provincial de la RATT (Red de Alto al Tráfico y la Trata de Personas), y otra por la fiscal general de Rawson, María Florencia Gómez.

En el primer caso, se cuestionaba la omisión del fiscal de dar aviso al Superior Tribunal de Justicia sobre la investigación contra un médico forense que consumía y distribuía material de pornografía infantil, lo que permitió que siguiera trabajando durante meses y realizando pericias incluso a menores.

En el segundo, su colega lo denunciaba por una serie de hechos que a su juicio constituían una violencia de tipo laboral y de género en el marco de su ámbito de trabajo.

Luego de estudiar en primer lugar el dictamen del sumariante, que indicaba archivar ambas denuncias, el pleno del Consejo de la Magistratura resolvió no acatar esta sugerencia y se pusieron a consideración otros dictámenes. Luego de un extenso debate, se generó una votación que determinó el avance de las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento en ambos casos, por los que el fiscal será sometido a jury.

Primera denuncia

Respecto al caso de pornografía infantil, los consejeros evaluaron que tras producirse la prueba incorporada, no existe acreditación objetiva de la existencia de una comunicación de la situación del médico del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, en el marco del legajo de investigación fiscal llevado adelante por el fiscal Rivarola, mediando únicamente un testimonio del Procurador Jorge Miquelarena, en el sentido de que el fiscal general Rivarola se había comunicado verbalmente con él y que había hablado de ello, informalmente, con los ministros del Superior Tribunal.

Para los consejeros, esta falta de comunicación formal del fiscal Rivarola, verticalmente y hacia otro órgano, derivó en que el médico atendiera a cuatro niños víctimas de presuntos ilícitos (ASI-Abuso sexual infantil), pese a ser investigado por tenencia de pornografía infantil por el MPF.

El médico continuó prestando servicios, pese al conocimiento completo de la situación por parte del MPF, que tardíamente remitió la nota 059/22 PG, el día 22 de octubre de 2021. Para ese entonces, el médico ya estaba sumariado y suspendido en funciones ante la primera noticia constatable que tuvo el Superior Tribunal.

En el dictamen se cuestiona que no hubo primacía en la protección de los niños víctimas delitos que debían ser atendidos por el Cuerpo Médico Forense y tampoco hubo prioridad en el marco de las funciones públicas a cargo del fiscal, en aras de resguardarlos de semejante resultado, que era previsible y notorio desde que se supo quien era el imputado y qué funciones cumplía como médico forense.

Todo esto, constituye una clara hipótesis de mal desempeño del fiscal por el hecho de no cumplir con comunicar la existencia de la causa penal y no tomar medidas para proteger a los niños, ni preocuparse de la suerte que podían correr al permitir la continuación de la atención médica.

Pero además, en cuanto a la investigación, han habido otras omisiones que dan cuenta del hermetismo y celeridad en el que se negoció el convenio entre el fiscal, el médico imputado (miembro del Cuerpo Médico Forense provincial) y su abogado defensor, que dicho sea de paso, ha sido defensor de confianza del mismo fiscal Rivarola.

Esto llevó a que rápidamente se cierre un acuerdo, sin que se realizarán pericias para determinar si hubo distribución de la pornografía infantil y sin que se actuara de conformidad con la ley, en ausencia de la Asesoría de menores e incapaces. En efecto, la falta de investigación sobre la totalidad de los aparatos electrónicos del médico imputado no permitió conocer, oportunamente, la real dimensión de los hechos.

Los consejeros cuestionaron además que al avanzar en un juicio abreviado primó el interés del imputado, para alcanzar rápida seguridad en su situación penal, sin siquiera dejar abierta una puerta para avanzar en la verdad material objetiva y en la real dimensión fáctica.

Causales

En el dictamen votado, se determinó que en todo el trámite impulsado por el fiscal, se invisibiliza a los niños, tanto a las victimas del abuso que constituye la pornografía infantil, como a aquellos niños víctima de abuso sexual infantil que debía atender el médico forense. Por consiguiente, la actuación del fiscal, que ha priorizado el interés del imputado por sobre el de los niños, ha incumplido con las Convenciones Internacionales que rigen en la materia, por actuar desconsiderando el interés superior del niño, lo que nunca ha sido siquiera mencionado en la causa.

De lo que surge del expediente, el fiscal actuó en oposición con esta norma ya que no ejecutó acción alguna que permita estimarse que se ha contemplado a las víctimas, a su legítimo representante la Asesoría de Menores e Incapaces y que se velara por los derechos de los niños en el proceso. Asimismo, esta norma fue incumplida también en relación a los niños víctima de ASI, que debía atender el médico en el marco de sus funciones, siendo víctimas de ilícitos que no fueron adecuadamente tuteladas por el fiscal y el MPF, al someterlas a las atenciones del profesional imputado mientras estaban sujetas a procesos de índole penal en las que actuaba el organismo, informó una gacetilla del Consejo de la Magistratura.

Se concluye que existe una conducta que debe calificarse como mal desempeño, por apartarse irrazonablemente el fiscal del cumplimiento de las normas que establecen el deber ser de la conducta del magistrado.

Segunda denuncia

Respecto a la denuncia realizada por la fiscal María Florencia Gómez contra el fiscal Rivarola, se evaluó la conducta del fiscal y se determinó que corresponde remitir las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento, a los fines previstos en la Ley V N°80, por una serie de razones.

Para los consejeros, Rivarola otorgó licencias de manera inoportuna por estar afectados a la toma de testimoniales y desarrollo de audiencias previamente registrados en el sistema informático en causas que estaban a cargo de la Dra. Gómez afectando la eficacia y efectividad en los actos procesales. Asimismo, este objetivo es logrado por el fiscal Rivarola debido a la existencia de asimetrías de poder.

Generó desprestigio, al inobservar normas de buena educación respecto del trato con los demás integrantes del Ministerio Público Fiscal. Además, incurrió en falta de liderazgo en el trato con el personal, y la falta de control y reducción del conflicto refleja la ausencia de prudencia necesaria para gestionar el personal que tiene a su cargo. Incluso éstos inconvenientes fueron percibidos por los demás servidores y más aún, en algunos casos, por usuarios de nuestra justicia, afectando el decoro y la credibilidad. De esta manera atenta contra las normas del buen servicio de justicia respecto del público y los demás integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Se cuestionó además el accionar interno de la Fiscalía, ya que ante la presentación de denuncia, habiendo transcurrido tiempo en exceso, se tomaron medidas de protección que resultaron tardías y negligentes, sumado al no apartamiento del lugar de trabajo, por parte de Rivarola, cuando tomó conocimiento de la denuncia de la doctora Gómez.

También se lo acusa de utilizar la evaluación de desempeño para desvalorizar a la denunciante, ya que ante la denuncia presentada en el MPF debería haberse excusado de realizar la evaluación de desempeño que realiza el Consejo intentando impedir que la denunciada pudiera tener una evaluación satisfactoria. En síntesis, el Consejo de la Magistratura consideró que el desempeño del fiscal Rivarola omitió lineamientos fundamentales de la Convención Belem Do Pará, leyes 26485, 23179, 26171, 2758 realizando actos configurados como violencia de género y laboral.

El consejo de la Magistratura resolvió por mayoría elevar las dos acusaciones que pesan contra el fiscal jefe de Rawson, Fernando Rivarola, ante el Tribunal de Enjuiciamiento, donde afrontará un proceso que podría concluir en su destitución. Es por los dos sumarios que había en su contra, pese a que en ambos casos los sumariantes habían desestimado las acusaciones.

Según confirmó el presidente del organismo, Tomás Malerba, Rivarola deberá responder por la acusación de haber ejercido violencia de género contra la fiscal Florencia Gómez, que trabajaba bajo su dependencia jerárquica.

El primer sumario, realizado por el consejero Jorge Früchtenitch, se vincula a la actuación del fiscal en un caso que investigaba una red de pornografía infantil, cuando encontró ese tipo de material en la computadora de un ex médico forense del Superior Tribunal de Justicia y se le cuestionó no haber informado adecuadamente a sus superiores.

Si bien la conclusión del sumario había recomendado archivar el caso, el debate realizado por el pleno del Consejo resolvió elevar el caso para un juicio en el que eventualmente se resolverá la destitución.

“El pleno del consejo ha entendido que debía iniciarse el juicio político”, precisó Malerba, en diálogo con Actualidad 2.0.

El otro sumario fue instruido por la consejera Silvia Ruppel, quien en sus conclusiones planteó que no se verificó una situación de violencia de género. Sin embargo, también en este caso el debate posterior del pleno del consejo terminó resolviendo, por mayoría, lo contrario a las conclusiones del sumario, por lo que también en este caso se remitirán las actuaciones hacia el tribunal, que es constituido por un representante del Superior Tribunal de Justicia y dos diputados provinciales.

“Se mocionó que sí hubo situaciones de violencia de género –explicó el presidente-, como también algunas cuestiones relacionadas con el desprestigio de la doctora Gómez, o un sumario que le inició el fiscal luego de la denuncia, por lo que será elevado el tema ante el Tribunal de Ejuiciamiento”.

La comisión acusadora quedó integrada por los consejeros por Sonia Donati, defensora jefa de Trelew; Mariano Janon, abogado de Esquel; y Mirta Pecheco, consejera popular de Sarmiento.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó hoy en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre frente a su domicilio del barrio porteño de Recoleta, informaron a Télam fuentes judiciales.

Lo hizo de modo sorpresivo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza a cargo del expediente, a partir de una recusación planteada por la querella de la Vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.

A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, esta tarde Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó.

«Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte», sostuvo la jueza.

La magistrada tomó la decisión en la tarde, después de que se sustanciara la audiencia en la que los abogados de la querella de la vicepresidenta reclamaron ante la Cámara Federal porteña que Capuchetti sea apartada de la investigación y denunciaron que si les fue frustrada «la posibilidad de la prueba» pudo haber sido para ocultar algo.

«Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado», expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia ante el juez de la sala I del tribunal de apelaciones Leopoldo Bruglia, quien ahora deberá decidir si sostiene o aparta a la magistrada.

En la misma dirección, al salir de los tribunales federales de Comodoro Py, el letrado expresó que «si seguimos investigando llegamos a donde no quiere llegar, a las terminales del PRO» y luego refirió que existe en la causa una pista vinculada al diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, además de «un discurso de odio de determinados lugares».

Para los abogados de la querella, la jueza Capuchetti mostró una «completa falta de iniciativa» y habría «boicoteado» líneas de investigación, por lo que no puede seguir al frente del caso, según expresaron en la audiencia, en la que primero intervino el abogado Marcos Aldazabal (que enumeró las irregularidades en el manejo de la causa) y luego Ubeira.

«La investigación es imposible así», sostuvo Aldazabal tras enumerar lo que la querella define como «irregularidades» en la instrucción del caso: aseguró que «no se investigó» ni a la Policía Federal (por las demoras en la detención de Brenda Uliarte y el reseteo del celular de Sabag Montiel), ni la pista ‘Milman´, ni la línea de Carrol».

La «pista Milman» es aquella iniciada el 23 de septiembre a partir de la declaración testimonial de un asesor del diputado nacional de La Cámpora Marcos Cleri.

El asesor aseguró ante la justicia que en la tarde del 30 de agosto, en el bar Casablanca ubicado a metros del Congreso, escuchó que Milman le decía a dos mujeres la frase «cuando la maten yo estoy camino a la costa».

La «línea Carrol», en tanto, es la referida a Hernán Carrol, el referente de la Nueva Centro Derecha a quien el detenido y procesado Fernando Sabag Montiel -hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta- le asignó la misión de designarle un abogado para que lo defendiera en la causa.

Las diferencias entre la jueza y la querella se volvieron insalvables a partir de la decisión de la magistrada de no hacer lugar al secuestro del celular de las asesoras de Milman que declararon como testigos en la causa y negaron primero haber estado en el bar Casablanca el 30 de agosto para luego corregirse cuando les fueron exhibidas imágenes que acreditaban su presencia.

«Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo», dijeron los querellantes durante la audiencia entre el juez Bruglia, al que además le aclararon que no reclaman «resultado concreto» para la investigación sino que quieren «que se investiguen todas las líneas para conocer qué pasó».

«La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo y ahora estamos en una campaña electoral. No sé si la clienta (Cristina Kirchner) se presentará o no (a elecciones), pero el próximo año va a hacer campaña», enfatizó Ubeira durante su intervención.

«Es bueno que el fuero federal tome la debida nota que si exponemos a esta mujer y el día de mañana hay un atentado contra su vida porque estos animalitos siguen sueltos, alguien se va a tener que hacer responsable y a la cabeza la ponemos a Capuchetti», remarcó el abogado.

La audiencia, que estaba fijada desde la semana pasada, se realizó luego de que ayer la querella reclamara que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen de forma urgente nuevas medidas de prueba, tras detectarse una seguidilla de mensajes de Whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.

«Recordá esta fecha», «Esta hdp (sic) ya está muerta», «No sabés que hicimos con esto», «Generar miedo», «Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo», son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la Vicepresidenta, según surge de la presentación de la querella.

De acuerdo a la presentación a la que tuvo acceso Télam, los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.

Tras repasar las supuestas irregularidades en la investigación y referirse a la presentación de ayer, el abogado Aldazabal sostuvo: «Tuvimos el error de confiar en que esas irregularidades se trataban de errores aislados, y que todos nos podemos equivocar, pero cuando pasó a ser una constante en la dirección de la investigación nos dimos cuenta que esto solo puede ser una enorme causa de falencia investigativa o mala fe. Ya es evidente que hay una enorme falta de imparcialidad».

En la misma línea, tras salir de los tribunales, el abogado manifestó que en la causa existen líneas de investigación sobre las que la jueza pasa «horas o meses sin hacer nada» y luego aseguró que se trata de líneas a las que «boicotea» o sobre las cuales «se toman decisiones que hacen que la prueba se termine perdiendo».

El fiscal federal Diego Luciani sostuvo hoy que no hará uso de su derecho a réplica a los alegatos de las defensas en la causa Vialidad porque «no hay argumentos jurídicos novedosos» y la acusación, dijo, «se mantiene absolutamente incólume», al comenzar a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2.

El juicio en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se reanudó hoy tras dos semanas de receso con una audiencia dedicada a la respuesta de la fiscalía a planteos de nulidades de las defensas.

Al comenzar a exponer, Luciani anticipó que no hará uso de la réplica, por lo cual una vez terminada su respuesta a las nulidades, el Tribunal quedará en condiciones de fijar fechas para las últimas palabras de los imputados y, finalmente, dará a conocer su veredicto

«El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda de acuerdo a la ley», sostuvo Luciani y remarcó que, en sus alegatos finales, las defensas no introdujeron «argumentos jurídicos novedosos o que en el alegato fiscal no se hayan discutido»

«Todas las cuestiones jurídicas expuestas por los defensores encuentran respuesta en el alegato fiscal», opinó y advirtió que tampoco responderá «la valoración de tinte político que hicieron algunos defensores».

«El alegato se sostiene por sí mismo y a nuestro criterio se mantiene absolutamente incólume. El Tribunal ya conoce los hechos y la prueba que se incorporó legalmente a este proceso», agregó.

Luciani sostuvo que la fiscalía escuchó «muy atentamente los alegatos de todas las defensas y de quien ejerció su derecho a la propia defensa», dijo en alusión a la vicepresidenta, que habló durante el alegato final en su calidad de abogada.

«Estamos tan seguros del trabajo profesional, honrado y objetivo que hemos hecho a lo largo de tres años y medio de juicio que sinceramente no tenemos nada que replicar», afirmó.

Tras esta introducción, Luciani y el fiscal Sergio Mola comenzaron a responder los planteos de las defensas, entre ellos uno de prescripción de la acción penal y de nulidad parcial de su alegato a raíz de la inclusión de pasajes de declaraciones indagatorias del acusado exfuncionario José López en otra causa penal.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu estaban presentes en la sala de audiencias de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y las partes se conectaron de manera remota a través de la plataforma Zoom.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de «asociación ilícita» y administración fraudulenta.

La fiscalía también pidió 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.

Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.

En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

El fiscal federal Franco Picardi imputó al expresidente Mauricio Macri como supuesto responsable del armado de un «plan sistemático» de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.

Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.

«Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas por agentes de la AFI entre 2016 y 2019», sostuvo el fiscal en su escrito.

Picardi agregó que existe una sospecha de que las máximas autoridades de la AFI intervinieron en ambos casos en la planificación, en la coordinación y en la ejecución de tareas de espionaje. Según agregó, todas tareas prohibidas por ley 25.520.

«Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI», sostuvo el fiscal antes de reclamar que se extrajeran testimonios para evaluar la posible participación de otras personas.

En una presentación aparte, en la que se refirió específicamente a esta pretendida «extracción de testimonios», el fiscal aseguró que en razón de la multiplicidad de causas abiertas por casos de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos «se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri».

También requirió indagar sobre el rol de las «personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal». En ese contexto, señaló casos de supuesto espionaje en los que el expresidente podría tener personal interés como aquellos que tuvieron por víctima a su entonces principal opositora, la senadora Fernández de Kirchner; o los que tuvieron como espiados a su hermana Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice o al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.

 

Así lo aseguró el padre del joven desaparecido en El Maitén, Daniel Crettón.

El padre del joven desaparecido en El Maitén, Daniel Crettón, habló sobre la investigación por la desaparición de su hijo, José Crettón, y señaló que “hasta el momento hay dos detenidos por el caso de la desaparición. El segundo detenido sería cómplice”.

“Si la caratula del caso está hecha de tal manera, es porque la fiscal tiene pruebas pero todavía no tenemos el cuerpo, es algo extraño que lo puedan ocultar tan bien. La investigación sigue, pero no han podido dar con nada”, destacó.

Con respecto al accionar policial, Crettón afirmó en diálogo con LU 20 que “en principio, cuando llegamos a la localidad, todos tenían versiones diferentes. Aseguran que dos días antes, vieron un vehículo policial en la casa. Varias cosas faltan salir a la luz”.

¿Qué quiere dar a entender Carlos Díaz Mayer con esta afirmación? ¿A quién o a quiénes pretende proteger? ¿Sabe que todas las fuerzas especiales (como el GEOP) deben seguir ineludiblemente un protocolo de actuación, con el que se busca preservar siempre la vida humana y que en el caso de Alejandro “Tino” John –a todas luces—no se lo respetó?

El fiscal que investiga el homicidio del hombre asesinado el año pasado en su casa del paraje Las Golondrinas en un confuso y presumiblemente irregular procedimiento del GEOP de Rawson, dijo en polémicas declaraciones a un medio afín al Ministerio Publico que “no tiene pruebas de que el sargento haya actuado bajo órdenes de un superior y por eso no hay más involucrados” en el crimen. ¿Esto qué significaría Díaz Meyer? ¿Que el empleado policial decidió ´por si solo´ matar a John?

En las últimas horas este portal de noticias habló con especialistas en la materia y todos los consultados coincidieron en que el operativo de la comarca andina, que le costó la vida a uno de sus pobladores “estuvo muy mal hecho” y que no se puede soslayar la “responsabilidad funcional” que les cabría a los jefes del policía que disparó, por más que –como dice Díaz Meyer– nadie le haya dado la orden de hacerlo.

Tino John no tenía a nadie de rehén y si ponía en riesgo la vida o la integridad física de alguno de sus vecinos deberían haberlos evacuado y llevar adelante el operativo buscando desarmarlo para trasladarlo posteriormente al hospital, indicaron los especialistas; uno de ellos capacitado en Buenos Aires como negociador y que intervino en varias tomas de rehenes que terminaron con exitosos resultados: sin ningún muerto y con detenidos.

El fiscal Díaz Meyer –quien nunca atendió a la viuda de John y que mantiene aún en secreto las diligencias que se han hecho (o no) en la investigación del crimen, se quejó en un reportaje que le dio al Grupo Jornada al pasquín del millonario sindicalista Héctor González, de que lo cuestionaban por haber demorado un año en pedir la apertura de la investigación contra el policía del GEOP que mató a Tino John y ahí también admitió que estaba “investigando si el accionar policial fue el correcto”, indicando asimismo (polémicamente) que “por ahora no tengo pruebas de que el sargento haya actuado bajo órdenes de un superior y por eso no hay más involucrados”.

Si esto efectivamente es así, Díaz Meyer estaría admitiendo que ´no hubo protocolo de actuación´ y lo peor, que por esa razón nunca se buscó evitar la muerte de John: un paciente psiquiátrico que ya había protagonizado hechos similares en años anteriores, en los que –una vez– fue desarmado por un enfermero del hospital de Las Golondrinas. 

Hay mucha desconfianza de la investigación que hará la fiscalía, de parte de la viuda y los hijos del productor asesinado. Uno de ellos, Donato, llegó a decir hace unos que “lo que van a hacer es para cubrirse ellos”, refiriéndose a las autoridades que estuvieron involucradas en el caso y por lo que dijo el fiscal en las últimas horas parece que muy errado no estaría en su pensamiento.

En este marco, aún no se sabe cuándo se haría la audiencia en donde se pediría la apertura de la investigación penal por el crimen   Alejandro “Tino” John, a quien mataron el 27 de mayo del año pasado en su propio domicilio del paraje “Las Golondrinas” en la comarca andina de Chubut.

¿Fue un hecho de gatillo fácil? ¿Hay cómplices o encubridores? ¿Por qué se tardó tanto en abrir la causa penal?  Son las dudas que hay entre los familiares de la víctima y también la ciudadanía.

A estas preguntas, por ahora sin respuesta, se deberían agregar: ¿Por qué la investigación no la lleva adelante un organismo federal teniendo en cuenta que hay muchas sospechas del accionar del Ministerio Publico Fiscal y que el principal involucrado, el supuesto asesino, es un policía de la provincia? ¿Qué pasó con la evidencia que se habría perdido; como filmaciones y fotografías? ¿Es cierto que se alteró la escena del crimen?

Con todas estas dudas y la sugestiva reacción tardía del fiscal del caso que tardó un año en pedir la apertura de la investigación contra el policía asesino (y ahora con las polémicas declaraciones que hizo Díaz Meyer) ¿se hará justicia por el crimen de Tino John?

Luego de más de un año de reclamos a los organismos provinciales, el fiscal Carlos Diaz Mayer ordenó abrir la investigación por el asesinato del vecino de la comarca Martin Alejandro «Tino» John, a manos de un grupo GEOP que lo abatió en su vivienda el 27 de mayo de 2021, según publicó El Extremo Sur. El procedimiento, plagado de irregularidades, se vio demorado por un interés de «manipular» y «ocultar» ciertos aspectos de la causa, según denuncia la familia. Ahora, se espera que el policía Luis Américo Moggiano sea juzgado por homicidio agravado. La pareja de John, Claudia Costa, permanece firme en su lucha por la justicia y exige que sean debidamente procesados todos los implicados en la cadena de responsabilidades.

El pasado miércoles, el defensor público Marcos Ponce adelantó que en el pedido de apertura imputarán a Luis Américo Moggiano, a quien podría caberle una cadena perpetua, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. En diálogo con El Extremo Sur, Costa define a Moggiano como «el alma oscura» que disparó a su pareja, pero reconoce que hay una «larga cadena de responsabilidad, acciones y omisiones que llevaron a que acaben con la vida de Tino, y no pueden dejarse de lado».

Consultada por su primera impresión al recibir la noticia, dijo que fue de «sorpresa y logro», al igual que cierto alivio, ya que la apertura de investigación era uno de los reclamos centrales que Claudia y la familia sostuvieron desde el día uno.

Subrayó la «exagerada demora» presente en el caso y sostuvo que ésta confirma sus sospechas: «Esta demora habla mucho. Me da la razón. ¿Tanto tardaron para imputar a uno solo? ¿Por qué tuvo que pasar más de un año?». Destacó que, pese a los intentos de manipulación de la escena (probados por el perito de parte Enrique Prueger), hay evidencias preservadas que serían utilizadas en el proceso venidero para esclarecer los hechos.

«Es lo que pienso, si no, no puede demorar un año y tres meses una apertura de investigación. Sus propias acciones hablan de ellos mismos. La prueba es su accionar, si no hay nada que ocultar, nada entrelazado política, judicial y policialmente esto tendría que haber salido enseguida», enfatizó Costa.

«Me da tranquilidad, me preocupaba que no abrieran la investigación. De todas formas, yo iba a seguir luchando», expresó, y agregó: «En medio del dolor y la vida destrozada, sigo viendo el camino, siempre institucionalmente. Nadie puede decir, en el futuro, que no se enteró. Después de la cadena de errores y omisiones del 27 de mayo, se suman muchas otras de gente que miró para otro lado, la lista es cada vez más grande».

Aunque la imputación es un avance, no se siente conforme: «No sólo deben tomar responsabilidad los efectivos del GEOP sino todos los que ordenaron el allanamiento. Lo pedí desde el primer día, Me sentí totalmente subestimada. Para mi, todos los implicados deben estar imputados, en la responsabilidad que le quepa a cada uno».

La mujer recuerda y ratifica lo que dijo durante su discurso en el acto del Día contra la Violencia Institucional, en Buenos Aires: «Yo vivo en un gueto que se llama Chubut, donde gran parte del poder político, policial y judicial está entrelazado.»

La palabra de los hijos

Apenas se hizo pública la noticia de la apertura de investigación, los tres hijos de John se expresaron vía redes sociales, repudiando el accionar de los poderes policiales, judiciales y políticos.

«El 23 de agosto del corriente, el fiscal Carlos Diaz Mayer pidió la apertura de investigación. La misma tendrá lugar el 13 de septiembre. Sin embargo, vemos que en tal pedido, el fiscal da por sentado muchas cosas. Como por ejemplo, que nuestro padre era alcohólico, lo cual es una ferrea mentira y desconocemos en que se basa para tal acusación», escribieron Donato, Martín y Dana: «Son hechos que no hacen más que seguir ensuciando la memoria de nuestro padre.

Los hijos apuntaron nuevamente contra la negligencia de los funcionarios judiciales, quienes estaban obligados a contar con los recursos necesarios para tranquilizar el estado nervioso de John, en lugar de «neutralizarlo» bajo el argumento ya desterrado de que se trataba de un hombre «extremadamente peligroso».

«Desde el primer momento hemos pedido que se lo aparte de la causa», dijeron sobre Díaz Mayer», y agregaron: «Lo unico que ha demostrado el señor fiscal es ser un soberbio incompetente».

«Sabemos que esta misma gente ha resuelto casos en meses. Esto no se va a resolver tan rápido, pero que no digan que no hay pruebas o que el operativo fue un éxito. No fue un éxito: se perdió una vida», pedía Donato tres meses atrás, en diálogo con este medio: «Ellos prometieron investigar, dijeron que estaba todo mal hecho. Queremos una respuesta, no solamente nosotros sino toda la comunidad».

Bloqueo mediático y la indiferencia de los funcionarios

«Me dolió mucho escuchar a Díaz Mayer decir que iban a pedir una tercera pericia para ‘desempatar’. Me resonó y vi la cara de Tino. Ahí se ve la seriedad con que toman esto, la indiferencia. Quieren hacerme creer que la justicia es lenta, es desprolija. Para mi no se trabaja desprolijamente, es a propósito», comentó la pareja de John.

Al igual que en entrevistas anteriores, Costa habló del bloqueo mediático: «Quisiera saber, también, qué pasó con la cobertura mediática nacional. En televisión nacional me hicieron una sola entrevista. Estuvieron a metros de la casa donde asesinaron a Tino y nadie habló de él. Vinieron todos los canales a cubrir lo de los incendios, el incendio del Club Piltriquitrón, el tema del Lof Quemquemtrew. Eso, para mi, es otra prueba: ¿qué es lo que están tapando?», se cuestiona.

Durante los meses posteriores al asesinato de Tino John, el entonces Ministro de Seguridad Federico Massoni fue duramente criticado por la falta de protocolos de Salud Mental de los efectivos. Pese a la promesa de mejorar la capacitación de las Fuerzas, Massoni dejó su cargo con denuncias severas de violaciones a los Derechos Humanos, y el área no registró mejoras ni avances.

«El protocolo existe, la Ley de Salud Mental existe», subrayó Costa, «pero no se cumplen». Cree que sería poco probable que hoy se diera una situación similar a la de su pareja, no por el cumplimiento efectivo de protocolos si no por el antecedente de John: «No sé si hoy pasaría lo mismo, tristemente por lo de Tino. Quisiera pensar que no, sería grotesco.

Otro reclamo central que no fue cumplido es el pedido de apartar a quienes participaron el operativo, en tanto una fuerza ajena al Ministerio Público Fiscal investigara el caso. De lo contrario, señalan los familiares, «es la Policía investigándose a sí misma».

«Yo quiero pensar que, después de la performance que han tenido, de alguna forma u otra van a tener que demostrar lo que han parecido hasta ahora. Yo sigo adelante. Creo en la justicia, creo que se va a hacer lo que corresponda. No creo que haya que acostumbrarse a la falta de justicia. Justicia sería que Tino regrese. Cómo no va a pasar, estoy dedicada a esto, como forma de honrarlo y defenderlo», concluye Costa.

A un año y tres meses de la muerte del Tino John en Lago Puelo, sus hijos emitieron un comunicado pidiendo justicia.

Al cumplirse un año y tres meses de la muerte de Tino John en Lago Puelo, sus hijos emitieron un comunicado expresando que desde la Justicia se dan por sentado cosas que «ensucian el nombre» de su padre.

En el comunicado que se dio a conocer a través del Facebook «Justicia por tino John» , sostuvieron que «el fiscal da por sentado muchas cosas, como, por ejemplo, que nuestro padre era alcohólico, lo cual es una férrea mentira y desconocemos en que se basa para tal acusación».

Y continúa indicando que «el día del asesinato de nuestro padre el señor fiscal declara en los medios locales que hubo negociaciones con mi padre. Sin embargo, los testigos declaran que no hubo ningún tipo de negociación (incluso lo dice hasta el mismo mediador), todo esto consta en la causa».

«Todos estos elementos y muchos más, nos dan la pauta de que el fiscal Díaz Mayer no ha leído nada de la causa. Y que no está a la altura de las circunstancias para ocupar el cargo que ostenta», afirman en el texto.

Aseverando que: «Es por esta razón que desde el primer momento hemos pedido que se lo aparte de la causa. Lo único que ha demostrado el señor fiscal es ser un soberbio incompetente».

«También queremos hacer público que a pesar de haber transcurrido 1 año y 3 meses, el Ministerio Publico Fiscal nos sigue negando la información de la causa, a pesar de los reiterados pedidos que hemos realizado», concluye el comunicado.