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Parece que son muy conocidos y le tienen fe al fiscal, al que también deberían investigar en la Justicia por su supuesta y llamativa relación con el narcotraficante Segundo al que –según algunas fotos y ciertos informantes— visitaba casi a menudo antes de que “El Cura” cayera en desgracia. Ahora, busca una ruta para llegar a ser integrante de la Corte provincial.

Dicen que un sector político estaría detrás de la candidatura de Báez para el Superior Tribunal de Justicia pero que no contaría con la anuencia (votos) de varios de los legisladores chubutenses.

Báez ha sido denunciado varias veces por mal desempeño de sus funciones. Hasta por la exlegisladora nacional Elisa “Lilita” Carrió puso en evidencia una vez cuando vino a Madryn su sospechoso desempeño en el caso Espinosa; la investigación del crimen del empresario pesquero asesinado la noche del 30 de enero de 2003 y que todavía está impune.

Todavía no pocos recuerdan su cuestionable papel en el segundo juicio por el asesinato de Espinosa, cuando al cambiar su acusación a último momento contra los sospechosos hizo que todos terminaran absueltos: que el caso se cayera en pleno juicio.

Por eso Báez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Chubut por mal desempeño, pero allí lo protegieron (dicen por orden del en ese entonces gobernador Das Neves, hoy fallecido) y esa presentación quedó en la nada, como otras que hicieron los abogados de Lorena Gabarruz, la última pareja de Cacho Espinosa que fue testigo presencial del homicidio.

Báez es otro Massoni en Madryn: tiene un bufón llamado Sebastián Torres que hace también de su vocero, se rodea de comunicadores amigos con los que incluso come asado y logra de esa manera un blindaje mediático por el que, por ejemplo, nunca se va a ver reflejada en algún medio de Madryn alguna denuncia, queja o critica en su contra. Ahora parece que a ese “grupete” de obsecuentes se agregó un tal Gil, que de gil no tiene nada.

Este “comunicador” se puso un portal de noticias al calor de una jugosa pauta publicitaria del Estado que recibiría de un gobernante de primera línea y en medio de una operación, avivada también desde las sombras por ciertos cuestionados políticos, vende la imagen del fiscal como si fuera la de un aclamado justiciero.

A Báez se le nota hasta cierta desesperación por llegar a ser uno de los miembros de la Corte provincial, pero la fama que tiene no lo acompañaría y va a tener que enfrentarse contra cierto sector del poder que no lo quiere.

El fiscal y “El Tero” Gómez Ocampo, hoy subjefe de la policía provincial; son amigos entrañables. En Madryn se comentan mucho “sus hazañas” en el ambiente nocturno.

Báez, por ejemplo, era uno de los anfitriones de los asados que organizaba “El Cura” Omar Segundo, increíblemente, en un quincho del Poder Judicial de Puerto Madryn, mientras al “Cura” lo estaban investigando fuerzas federales por ese cargamento de los 100 kilos de cocaína que le terminaron secuestrando de su empresa pesquera, cuando estaba a punto de embarcarlo para España disimulado en cajones de langostino, en un procedimiento que dio origen a la causa por la que hoy Segundo está condenado a 9 años de cárcel.

El fiscal que investiga los incendios desencadenados casi en simultáneo en diferentes puntos de la Comarca Andina, Carlos Díaz Meyer, indicó este lunes que la pena por este tipo de siniestros, podría ser de «8 a 20 años» de cárcel «ya que hay dos personas fallecidas».

Díaz Meyer habló de los avances de la investigación y aseguró que si bien “los bomberos me darán un informe para ver si hubo intencionalidad en los incendios, por acción o por omisión, habrá responsables.

En diálogo con Cadena Tiempo, el fiscal al frente del caso se refirió a las versiones que le adjudican el inicio intencional de los incendios a un grupo mapuche: “No hay nada en la causa; si bien puede ser una hipótesis no hay elementos que acompañen esas acusaciones”, precisó.

Díaz Meyer también tiene a su cargo la investigación que se inició luego del ataque al presidente Alberto Fernández en su visita a Chubut. «Hubo allanamientos en las casas de las personas sindicadas como autores de las agresiones a la camioneta donde viajaba el presidente y su comitiva, se secuestró ropa, teléfonos celulares y se realizaron una identificación completa de las personas, después quedaron en libertad por disposición del juez”, reveló.

Y agregó: “Las imputaciones contra las personas que habrían participado del hecho de violencia son daños y atentado a la autoridad. No obstante, pueden modificarse con el avance de la investigación. Los identificados, en principio, son alrededor de 10 y los que fueron detenidos 5”.

“La investigación tiene una parte también que determinará quién estaba a cargo de la seguridad del presidente. Ya hay una investigación en la Justicia Federal en curso para determinar esto último”, manifestó.

Fuente: ADNSUR

Fiscales peruanos presentaron cargos de corrupción contra la candidata presidencial Keiko Fujimori que amenazan con descarrilar su campaña y podrían significar más de 30 años de prisión.

Fiscales peruanos presentaron cargos de corrupción contra la candidata presidencial Keiko Fujimori que amenazan con descarrilar su campaña y podrían significar más de 30 años de prisión.

En un comunicado el jueves, la Fiscalía dijo que acusaba a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori —que está en la cárcel—, de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La acusación fiscal también nombra al partido político de Fujimori, Fuerza Popular. Si hay una condena en el caso, los fiscales dijeron que pedirán la “disolución y liquidación” del partido.

Fujimori, una congresista de larga data, fue encarcelada durante partes de 2019 y 2020 mientras luchaba contra esta y otras acusaciones de que recibió contribuciones ilegales de campaña durante su carrera presidencial de 2011. Fue liberada de la detención preventiva el año pasado y ha negado repetidamente cualquier irregularidad.

El jueves, Fujimori acusó a los fiscales de intentar perjudicar su candidatura a la presidencia antes de la primera ronda de votaciones el 11 de abril, en la que algunas encuestas muestran que está en empate con tres más por el segundo lugar.

Lo confirmó el fiscal Díaz Mayer, a cargo de la investigación por los incendios de la Comarca. Este fin de semana llegan peritos especiales de Policía Federal.

El fiscal Carlos Díaz Mayer, con incumbencia en la Comarca Andina, se refirió al inicio de la investigación por los incendios.

En principio, dijo en contacto con Notas de Radio por FM SOL que no hay confirmación de personas desaparecidas, «excepto una que se fue con elementos necesarios y hasta el momento no hay novedades. Sí hay unas diez a doce personas no ubicables que quizás se han trasladado y hasta el momento nadie ha reportado. Por ahora no sabemos el estado de estas personas. Hay más de 200 casas que están derrumbadas y se está haciendo una determinación muy específica. Esto implica una recorrida especial por cada una» aclaró.

En referencia a la investigación, confirmó que las comisarías de Cholila, El Hoyo y Lago Puelo, junto a las brigadas de investigaciones de la provincia ya comenzaron con las tareas y entrevistas en diferentes puntos de la región. El fiscal admitió que tiene un informe preliminar relacionado con el origen de uno de los siniestros. «Es un adelanto, una línea de investigación que habla de un cortocircuito pero no está certificado ni probado». En este aspecto, explicó que espera el arribo de la división de investigación de siniestros de bomberos y Policía Federal este fin de semana a la zona. «A estas personas el lugar les habla de dónde se inició para luego llegar al cómo, lo que va a permitir analizar mejor el quién».

Sobre las líneas de investigación, aclaró que «la magnitud del incendio no fueron la cantidad de focos sino lo que el viento hizo luego, que los avivó y desparramó». Luego, dijo que considera «prematuro» dar conclusiones pero adelantó que hay datos y testimonios de personas dispuestas a colaborar.

«Gente que brindó información importante que ya ha sido entrevistada. Toda persona que tenga un dato para aportar puede acercarlo a las comisarías, a la Fiscalía y hasta por mail». En este aspecto también cuentan con otros elementos que pueden sumar pruebas: cámaras, registros de celulares, drones y aplicaciones de celular. Consultado sobre las penas que caben si se comprueban los autores de incendios, expresó que son delitos que configuran estrago doloso y pueden ir derivando a otros delitos agravados, como fallecimientos. La expectativa de pena mínima es de 3 a 10 años y si hubo fallecimientos de 8 a 20 años.

Los restos del fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, fallecido el último sábado, serán inhumados este domingo a las 11 en Cementerio Memorial de Pilar.

La información sobre el fallecimiento del fiscal fue difundida por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Di Lello estaba a cargo de la Fiscalía 1 de la Ciudad de Buenos Aires con competencia electoral y de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Registro Nacional de Armas.

El exfiscal de 72 años ingresó a la Procuración General de la Nación en 1992 y allí fue designado como adjunto de la Fiscalía Federal Numero cinco y dos años después fue nombrado Fiscal titular de la Fiscalía 1 con competencia electoral.

A lo largo de su larga trayectoria tuvo que intervenir en causas de alta repercusión como la causa de las escuchas ilegales contra Mauricio Macri, y en el caso Ciccone donde impulsó la indagatoria del entonces vicepresidente Amado Boudou.

En 2017, impulso una investigación contra Macri, el titular del grupo SIDECO Franco Macri y el exsecretario General de la Presidencia Fernando De Andreis, junto a los responsables de la línea aérea AVIANCA.

En los últimos días recayó en su fiscalía la investigación al diputado del Pro Fernando Iglesias, quien fue denunciado por el legislador oficialista Rodolfo Tailhade de presunto enriquecimiento ilícito.

El secretario de Coordinación, Gestión y Finanzas de Esquel, Matías Taccetta, salió a hablar ayer desde Buenos Aires del caso judicial que investiga el faltante de 2,3 millones de pesos de la Terminal de Esquel, que la fiscal María Bottini está llevando adelante desde el año pasado y sobre el que “habría novedades en estos días”, según dijo la propia funcionaria judicial.

Taccetta recordó que la denuncia fue presentada por el intendente Sergio Ongarato hace un año “al haber detectado ciertas anormalidades e incongruencias en cuanto a los datos de los alquileres y demás servicios que se cubren en la Terminal”.

Recordó, además, que al mandatario municipal le presentaron dos auditorías: “Una de Gabriel Gaitán, que había asumido a cargo de la Gerencia (en lugar de Andrea Rowlands, separada del cargo por el escándalo), y otra por mí como secretario de Hacienda. Los informes fueron elaborados en no más de cinco días, con detalles de los cobros de alquileres a las empresas que operan en la Terminal”, agregó Taccetta.

El secretario municipal comentó que en la auditoría encontraron que algunas empresas que manifestaban haber pagado los alquileres, pero en las cuentas municipales no figuraban, lo que motivó que con el intendente Ongarato se presentaran a denunciar en la Fiscalía.

Sorprendido

“Me sorprende que aparezca como que yo estaba a cargo de la Terminal, cuando había una Gerencia que se encargaba del cobro de los alquileres, y ningún empleado de Hacienda del Municipio ni yo teníamos contacto con los inquilinos, ya que lo hacía la Gerencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y por ordenanza, al control debía hacerlo el Concejo Deliberante, en base a un informe mensual que debía presentar la Gerencia de la Terminal”, se defendió Taccetta.

El funcionario de la Municipalidad de Esquel salió al cruce porque este diario publicó en su edición de ayer el caso de un cheque por valor de $ 428.000 que ingresó a la cuenta de Terminal y salió cinco días después sin destino claro. El tema, aseguran fuentes de la investigación, es ese tipo de cheques no corresponderían a operaciones de la Terminal con los inquilinos (empresas de transportes), sino a un pase de dinero que, por ahora, no queda claro.

Taccetta agregó que tuvieron una auditoría contable por parte de peritos de la Fiscalía, que pidieron la documentación del movimiento de la Terminal en la cuenta bancaria, “lo que fue presentada para su análisis, y seguramente en los próximos días la fiscal María Bottini dictaminará cuál es la situación, si es que las empresas pagaron y no se depositó, o no pagaban y los comprobantes entregados al Municipio no tenían validez. Estamos esperando las novedades que puedan surgir dentro de unos días”, concluyó el funcionario.

El intendente Adrián Maderna y Norberto Yauhar le propusieron personalmente al fiscal Omar Rodríguez ser candidato a ministro del Superior Tribunal de Justicia. La idea prosperó, aunque como todo el resto de los potenciales candidatos, necesitará el consenso de las fuerzas políticas.

La idea de llevar a Rodríguez al Superior Tribunal de Justicia está cimentada en varios pilares: Lo consideran un fiscal “implacable” en su lucha contra la corrupción, fue una de las figuras centrales de todas las causas que derivaron en la detención y condena – en algunos casos, ya que otras están en juicio oral o en etapa preliminar – de varios funcionarios del exgobernador Mario Das Neves y también del actual mandatario, Mariano Arcioni, como el caso de las investigaciones contra la exministra de Educación y diputada provincial, Graciela Cigudosa, y la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola.

Además, Maderna y Yauhar quieren “a un hombre o una mujer del Valle” y en esa terna el primer nombre que surgió fue el del fiscal Rodríguez.

Fuentes confirmaron a Metadata que el Procurador General, Jorge Miquelarena, está al tanto de la situación y esta situación generó un efecto ambiguo: Por un lado, se mostró disconforme por la posibilidad de perder una pieza clave, y por el otro, habría considerado importante que un representante del Ministerio Público Fiscal llegue a la Corte Provincial.

Por el ala del gobierno provincial, el nombre no seduce, a tal punto que Arcioni antes de salir de licencia apuntó – sin nombrarlo- contra la causa de Cigudosa, que justamente tramite Omar Rodríguez.

El nombre será puesto a consideración del Partido Justicialista, pero también buscarán consensos con diputados de otros espacios en caso de no tener el guiño de la estructura peronista.

Rodríguez no tiene vínculos con la política y siempre estuvo alejado de la clase dirigencial. Esta característica, es otra de las cuales habrían seducido al intendente Adrián Maderna y al secretario Coordinador, Norberto Yauhar.

Fuente: Metadata

La denuncia presentada por el empresario Cristóbal López en la Fiscalía de Esquel suma un nuevo capítulo en estas horas. El pasado 28 de diciembre, la fiscal María Bottini presentó un escrito a la Oficina Judicial solicitando que se fije una audiencia de formalización de la investigación. La magistrada comunicará allí el hecho que involucra a la Jueza civil Alicia Arbilla, el abogado José Maria Venancio y un particular.

La denuncia realizada por el grupo de Cristóbal López en los Tribunales de Esquel derivó en la imputación de la Jueza civil Arbilla, y del abogado Venancio

López entiende que ha sido víctima de una estafa en la que involucra al Presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Esquel, José María Venancio y reprocha la actuación de la Jueza Civil y Laboral, Alicia Arbilla. Así lo planteó en la denuncia radicada en la Fiscalía de Esquel.

En la audiencia se comunicará el hecho que se investiga a las personas involucradas, dándoles la posibilidad de comenzar a ejercer formalmente el derecho a defensa. Del mismo modo otorga la posibilidad a la parte damnificada a constituirse como querellante autónomo y realizar las presentaciones que considere pertinentes en el proceso penal.

A partir de este acto formal, la Fiscalía avanzará con la producción de la prueba que requiera la investigación así como la ofrecida por la defensa. Una vez que se cuente con todos esos elementos evaluará si se presenta la acusación pública o corresponde solicitar al juez el sobreseimiento de alguno o de todos los imputados. En la primera audiencia se tratará también el pedido de los denunciantes para constituirse como querellantes.

Qué se investiga

Hay tres expedientes laborales, donde el abogado imputado era el letrado representante del trabajador que demandaba al establecimiento Santa Elena SA, un frigorífico que se encontraba en funcionamiento en Gobernador Costa. Se embargaron bienes que no pertenecían a esa sociedad y que tenían un valor muy superior a las deudas de esta sociedad con los demandantes. Ese bien fue subastado y adquirido por el coimputado por un valor muy bajo y luego vendido por él a un valor cercano al de mercado. A la jueza se le reprocha que, puesta en conocimiento de la existencia de situaciones irregulares por el abogado del denunciante, no formuló la denuncia siendo funcionaria pública. Por ello se le imputa el delito de incumplimiento de los deberes.

Fuente: eqsnotas

Las Asambleas de Comunidades de Chubut señalan que varias causas están en manos del fiscal Fernando Rivarola, a quien cuestionan por haber estado procesado por espionaje contra vecinos asambleístas de Esquel en el año 2015.

El fiscal investiga las denuncias por coimas en la Legislatura, la denuncia penal efectuada contra el gobernador y sus ministros por “falsedad documental” y también lleva adelante la acusación contra los vecinos asambleístas que fueron detenidos el 6 de diciembre de 2019.

En este sentido manifiestan: “rechazamos la participación de Rivarola en cualquier causa que toque nuestros intereses, viéndonos en la obligación de recordarle a los jueces y a la población en general que el propio Rivarola recurrió a prácticas prohibidas por nuestra Constitución y por las leyes vigentes en la materia al aceptar en la etapa de instrucción de causas a su cargo en el juzgado federal de Esquel material producido por agentes encubiertos de la inteligencia federal en contra de miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel y de comunidades mapuche en resistencia”.

Asimismo cuestionan: “¿Cómo puede el mismo fiscal que nos criminaliza con prácticas ilegales de espionaje condenadas por el propio Poder Judicial ser quien se encargue de investigar a los corruptos que denunciamos?”.

Vecinos judicializados

Hoy se hará una audiencia preliminar para definir la apertura de juicio contra dos asambleístas que fueron detenidos el 6 de diciembre de 2019 en Legislatura y los pedidos de sobreseimiento elevados por la fiscalía respecto de otros cuatro detenidos.

También señalan que “Mientras la denuncia realizada por los asambleístas contra efectivos de la Policía del Chubut por vejaciones y torturas duerme en los archivos del poder judicial, el Estado avanza en la criminalización de la lucha por el agua con las recientes detenciones de compañeros en la ruta 7 y los allanamientos a vecinos y familiares de asambleístas”.

Con lo cual también expresaron: “denunciamos las dilaciones en el procesamiento de las denuncias y peticiones presentadas como reverso de los avances en la judicialización de las luchas por el territorio”

El médico Leopoldo Luque presentó hoy una ampliación de su pedido de eximición de prisión, en el que aseguró que nunca abandonó a Diego Armando Maradona, que concurrió «en tres oportunidades» a la casa del country San Andrés, donde el exfutbolista murió el 25 de noviembre pasado, y que «nadie pudo imaginarse que su corazón repentinamente fallara».

El escrito fue presentado hoy por uno de los abogados del neurocirujano, Julio Rivas, ante el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, ante el temor de que los fiscales agraven la calificación y pidan una detención por “abandono de persona seguida de muerte”, con pena de 5 a 15 años de prisión.

“No queremos que se impute una calificación mayor al solo efecto de lograr una detención”, señala el letrado en su presentación, que fue realizada horas después de que el juez Díaz le solicitara a la fiscalía que defina el hecho que está investigando y su calificación legal.

Al devolver ayer el expediente a la Fiscalía General de San Isidro, el juez Díaz, les corrió vista a los tres fiscales que firman la causa –Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari- para que fijen su postura ante el planteo de eximición de prisión.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que los fiscales le contestaron esta tarde que aún están en una etapa preliminar de la investigación, en plena recolección de prueba y que, por ello, no están en condiciones de definir la plataforma fáctica y menos la calificación.

Lo cierto es que a ocho días de la muerte de Maradona, los fiscales pidieron e hicieron allanamientos en las casas y consultorios del neurólogo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los dos presuntos responsables médicos de la internación domiciliaria de Maradona, pero a ellos solo les leyeron los derechos y garantías como posibles imputados y les aclararon que aún no hay elementos para un llamado a indagatoria.

Pero fue el propio juez Díaz, al otorgar esos allanamientos, el que tipificó la causa como «homicidio culposo», más allá de cualquier otra figura penal que pueda surgir con el devenir de la investigación.

Ante esta indefinición, uno de los abogados de Luque se presentó esta tarde ante el juez y realizó una ampliación del pedido de eximición de prisión del neurocirujano en la que hizo un pormenorizado descargo de la actuación de Luque.

“Nuestro asistido nunca puso en peligro la vida o la salud de su amigo y paciente, fue él quien lo llevó a la clínica a hacerse un chequeo completo, y le ordenó la realización de una TAC”, dice el escrito.

El abogado afirma que a Maradona lo internaron para ese chequeo y que el resultado fue “un traslado a otra Clínica, ya que la TAC mostró un hematoma subdural y se decidió en forma conjunta una operación neurológica, la cual resultó exitosa”.

«Fue trasladado a su casa con asistencia de personal de enfermería y ayudante terapéutico”, explica el letrado, tras lo cual afirma que “las propias hijas y medicina prepaga le colocaron un clínico para que lo revisara”.

Rivas afirma que Luque “concurrió en tres oportunidades a su domicilio, para realizarle los controles post quirúrgicos, y en una de esas oportunidades procedió a retirarle los puntos”.

“Diego fue asistido también por una psiquiatra y un psicólogo para lo que todos aconsejaban su tratamiento que era de adicción. Nadie pudo imaginarse ni representarse que su corazón repentinamente fallara”, remarcó el defensor.

“Ninguno de los médicos, incluido el cardiólogo que efectuó los estudios pre quirúrgicos en la clínica Olivos, advirtió un riesgo de vida, todos apuntaron al síndrome de abstinencia, y así quedó reflejado en la historia clínica y en el acta de externación”, subrayó.

Rivas sostiene que “las propias hijas de Diego Maradona decidieron colocar a un clínico a cargo de la atención de su padre, y fue un clínico de la medicina prepaga quien concurrió a ver al paciente en su domicilio”.

En otro tramo del escrito, responsabiliza al propio exfutbolista de las dificultades que se presentaban para tratarlo como paciente.

“Fue Diego Maradona -dice el abogado-, quien expulsó a dicho clínico, circunstancia que fue conocida por sus hijas y además público y notorio. También la personalidad del paciente ha quedado reflejada, y ha echado de su entorno también a una enfermera y al propio Luque».

“Diego Maradona decidía por sí solo y rompía constantemente los contratos tácitos con sus profesionales”, afirma.

El abogado indicó que tanto la psiquiatra Cosachov como Luque concurrían a la casa para hacerle pertinentes controles e incluso mencionó que “en el celular secuestrado se podrá ver un video donde Maradona, le agradece por la operación (a Luque), y donde se lo ve sentado en una mesa junto a Verónica Ojeda”.

Fuentes judiciales aseguraron que el juez Díaz resolverá recién mañana si hace lugar al pedido de eximición de prisión de la defensa de Luque, tras analizar la nueva presentación realizada en las últimas horas.

Fuente: El Chubut