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Varios abogados del Valle han mantenido reuniones con el Director de Cholila Online Darío Fernàndez –a los fines de informarle que están cansados de la conducta del Jefe de Fiscales de Rawson Fernando Rivarola.

Al parecer al “soldadito judicial” del Procurador Jorge Miquelarena no le estarían pegando bien las pastillas que estaría ingiriendo en sobremanera y estaría maltratando a defensores que cumplen con su trabajo.

Rivarola

El fiscal se estaría extralimitándose de sus funciones creyéndose que es el “Señor de la Justicia” comiéndose un personaje que lo deja expuesto como un “loco peligroso” para la democracia, que pretende con vos alta tener la razón en los diferentes actos investigativos donde defensores deben presenciar todo lo contrario a las audiencias donde se hace “el pobrecito” como “pollo mojado” para dar una imagen de un fiscal que solo hace su trabajo pero en el detrás de escena, grita, amedrenta, sobrepone sus embestidura como si fuera el general del ejército del “Mercenario Miquelarena”.

Abogados permanentemente envían documentación de las ilegalidades, arbitrariedades y abusos de poder cometidos por Rivarola quién se siente impune porque en los pasillos de fiscalía deja bien en claro que tiene el padrinazgo de Miquelarena quién en persona lo salió a defender cuando hicieron el acuerdo con los violadores del caso “La Manada” para salvar a los hijos del poder.

Estas quejas de abogados han llegado al colegio de abogados pero el Presidente Guillermo Zamora responde al Grupo Jornada de Jorge Aidar Bestene, Walter García Moreno y Héctor González quienes tienen una “alianza” con Miquelarena ejerciendo el poder judicial y mediático en línea.

Guillermo Zamora

Restara saber bien si los sectores políticos del Chusoto, PJ, UCR seguirán haciendo la vista gorda desde el Consejo de la Magistratura desde donde ya lo tienen que suspender a Rivarola de sus funciones porque cada día que pasa aumentan más las “atrocidades judiciales” que le encomienda Jorge Miquelarena que a la ciudadanía le salen millones de pesos. Porque claro está, Miquelarena para utilizar la justicia para intereses personales y perseguir no gasta un solo peso de sus bolsillos por eso la Justicia debe purificarse para no tener más personajes como estos que utilizan el dinero del Estado para beneficios e intereses propios conformando así una corporación política judicial que llevo a Chubut a la ruina a través de muchos actos de corrupción que quedaron impunes como la causa de Lotería donde Miquelarena tendría que decir dejaron el encendedor con el que prendieron fuego la causa que salvo a su sobrino Federico Verdeau también esposo de Marivi Das Neves.

Federico Verdeau – Jorge Miquelarena

En cuanto al “loquito” de Fernando Rivarola será recordado en Chubut como el peor fiscal en la historia de esta provincia debiéndoselo poner como el mal ejemplo y enseñarle a los chicos en las escuelas quienes son los funcionarios judiciales que están involucrados con la violencia de género, violaciones, pedofilias y prostitución infantil para que nunca olvidemos a estos “depravados” que le hicieron tanto daño a la sociedad.

Ya el conjunto de la sociedad vislumbra desde hace más de dos años como el Procurador General de Chubut Jorge Miquelarena persigue al medio que denunció la corrupción de la era Das Neves.

Si bien “July” traicionó de manera muy cruel a quién lo invento que fue el mismo Mario Das Neves de lo contrario Miquelarena no sería más que un cadete en el juzgado federal donde comenzó y quienes lo recuerdan dice que no era muy higiénico y preferían tenerlo a distancia.

Ahora como si la justicia no tuviera temas más importantes que tratar abrió la ferio judicial para junto al jefe de fiscales de Rawson Fernando Rivarola seguir persiguiendo con chicanas al Director de Cholila Online con denuncias falsas que ya tuvieron dos sentencias firmes por juez en septiembre 2020 y abril de 2021, revisadas por otros jueces en Octubre de 2020, apelada por ellos mismos fue al Superior Tribunal de Justicia donde también el STJ fallo en favor de Dario Fernández en diciembre de 2020. En Marzo de 2021 Miquelarena en una nueva embestida intenta realizar con Rivarola un nuevo intento de apertura de investigación recibiendo otro revés del juez natural de la causa. En junio de este año intentaron ilegalmente otra apertura de investigación para pasar por arriba dos sentencias judiciales y otras acciones en favor de Dario Fernández para continuar con este abuso de poder por el cual se creen superior a los jueces y leyes mismas.

A este accionar ilegal se solicitó su impugnación y se espera el resultado mientras tanto Miquelarena y Rivarola continúan con su persecución.

Siguieron con recursos intentando con ilegalidades seguir atando al Director de Cholila Online a la Justicia para amedrentarlo para que este no escriba más de la corrupción política, pero no solo no se dejó de escribir de la política sino que ahora comenzó a escribir de la corrupción judicial donde su máxima cabeza es Jorge Miquelarena de quien la sociedad de Chubut en general opina y lo acusa de ser un corrupto que pudrió la justicia en la provincia siendo simplemente quién hacia la vista gorda en el gobierno de Das Neves y quien ahora está cubriendo a la familia Das Neves y su propia familia ya que de haber investigaciones serias el procurador tendría que rendir cuentas. Recordemos los incendios que terminaron con la causa de lotería que posibilitaron que Federico Verdeau esposo de Marivi Das Neves y sobrino de Miquelarena por intermedio de su esposa no termine preso.

Pero lo que deja al descubierto a Miquelarena es que ya lleva gastado con dinero del estado más de 100 millones de pesos aproximadamente en perseguir a Dario Fernàndez con acusaciones falsas, denuncias infundadas, y acciones de sus fiscales y jueces que se prestan para esta persecución que si estaríamos en una provincia seria terminarían con todos ellos presos por las ilegalidades que cometen amparados en el sistema judicial creyéndose omnipotentes.

Ahora como si todo esto fuera poco Miquelarena habilito la feria judicial para con “fiscal mercenario” Fernando Rivarola quien debería estar suspendido por el Consejo de la Magistratura por las denuncias que lo involucran con la violencia de género, pedofilia y prostitución infantil seguir hostigando con abuso de poder a Dario Fernández para consumar así una persecución a la prensa jamás vista en esta provincia luego del asesinato de Ricardo Gangeme en 1999.

Miquelarena y Rivarola están desquiciados y es que en agosto ya debería estar concluido el sumario a Rivarola y el Consejo de la Magistratura ya estaría en condiciones de suspender al “ladero judicial” de “July” y se quedaría sin un general que se prestó para toda esta persecución que será llevada a planos nacionales por el Director de Cholila Online y no va a parar hasta el “Juicio Político” a Jorge Miquelarena para retirarlo por el ventiluz el baño de tribunales al peor Procurador General que tuvo esta provincia puesto a dedo por el jefe de la banda que se robó Chubut.

Tiene dos gravísimas denuncias en el Consejo de la Magistratura por las que podría terminar siendo echado del Poder Judicial y continua ejerciendo su función de acusador público como si nada. En cambio, a la jueza de Comodoro Rivadavia Mariel Alejandra Suárez porque “creen” que le dio un beso a un preso la suspendieron, le van a iniciar un sumario y  quieren llevarla a un jury para destituirla.

Esto, para el Consejo de la Magistratura de Chubut, ¿será más grave que las denuncias que le hacen a Fernando Rivarola?

Al fiscal que investigó el caso de “la manada” y fue autor de la indignante frase: “fue un desahogo sexual”, para justificar el accionar de los acusados de violar en grupo a una muchacha en playa Unión; le atribuyen ahora haber protegido a un médico forense al que le encontraron material de pornografía infantil y por otro lado maltratar, humillar y discriminar –en claras demostraciones de violencia de genero– a una fiscal que trabajaba bajo sus órdenes en Rawson.

¿Será que a Rivarola lo protege Miquelarena porque es el que le hace “el trabajo sucio”? ¿O habrá una “ley” más benigna para él? ¿Cómo habría que leer o interpretar la actuación del Consejo de la Magistratura en uno y otro caso? Pronto lo sabremos…

Rodeados de un importante número de vecinos, los abogados Marcos Ponce y Edgardo Manosalva adelantaron que los hijos de la víctima “vienen a pedirle a la justicia que actúe y que avance”.

A un año de la muerte de Tino John a manos del GEOP, sus hijos Donato, Dana y Martin reclamaron ante la Fiscalía de El Hoyo “la urgente apertura de investigación contra los jefes responsables del operativo y de quien materialmente lo ejecutó, de manera de hacer verdaderamente efectivo el acceso a la justicia y poder constituirnos como querellantes”.

Rodeados de un importante número de vecinos, los abogados Marcos Ponce y Edgardo Manosalva adelantaron que los hijos “vienen a pedirle a la justicia que actúe y que avance, porque ya es demasiado el tiempo que se tomaron y no hay más excusas, tienen que tomar una decisión para un lado o para otro porque las cartas están echadas”.

Desde la óptica del defensor oficial Marcos Ponce, “estamos haciendo otro acto formal de reconocimiento de un sistema judicial que no está dando respuestas. Sin embargo, la familia sigue sujeta a derecho”, al tiempo que adelantó que “en el caso de que el Ministerio Publico Fiscal tome la decisión de archivar la causa, se habilita a los pretensos querellantes a presentarse ante un juez penal con asiento en Esquel con todos los elementos recabados”.

En respuesta a las demoras en la pesquisa, aclaró que “no tengo temor de que hayan desaparecido evidencias, aunque me sorprende la cantidad de pruebas producidas. Hemos ido controlando todos los registros, pero nos preocupa el paso del tiempo”, insistió. A su criterio, “se ha ahondado muchísimo en la investigación, pero apuntando siempre a la víctima, como investigar su estado de salud y la autorización para el uso de armas de fuego”.

Acto

En coincidencia, durante la jornada del viernes (aniversario del hecho en una chacra de Las Golondrinas que costó la vida de Alejandro “Tino” John), con la organización de su viuda, Claudia Costa Basso y la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos del Chubut, habrá un acto a las 14.30 en la Casa de la Cultura de El Hoyo con la presencia del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, el director del Centro Ulloa (dependiente de la Secretaría de DDHH de Nación) y otras autoridades y funcionarios.

Los hijos

A su turno, Donato John dijo que “todo quedó en una investigación que apunta hacia nosotros y a mi padre. El día del asesinato, la misma fiscal me dijo que iba a hacer justicia, pero hasta ahora no vemos nada”.

Un año después, “parece que fue un operativo exitoso, a la media hora la Policía del Chubut estaba difundiendo en Rawson que habían abatido a un ciudadano norteamericano, cuando llevamos aquí varias generaciones y todo el mundo nos conoce. Vemos una cadena de responsabilidades para dejar actuar y en cuestión de minutos ejecutarlo de un tiro en la cabeza. Ellos sabían que estaba con un desorden psiquiátrico, porque figuraba en la misma orden de allanamiento, que ni siquiera era de detención”.

Por su lado, Dana John fue muy crítica con la actuación de la fiscal Martha Monje y puso en duda su capacidad para ocupar el cargo, al sostener que “lo que veo hasta ahora es un desastre. Aquel 27 de mayo nos decía ‘esto está todo mal’, y ahora parece que está todo bien; no sé qué cambió para ella, particularmente siento que es una mentirosa”.

Según señaló, “pasó un año y aparentemente esta funcionaria no encuentra elementos para hacer la apertura de investigación. Un día nos juntamos con mi hermano desde las seis de la tarde hasta las dos de la madrugada para leer la causa y encontramos mil elementos. A mi papá lo rastrearon hasta llegar a su pediatra, pero a la otra parte nada. Las preguntas que hicieron a los policías son casi infantiles”.

Testigo

Claudia Costa Basso, la compañera de “Tino” John, es la única testigo presencial de los acontecimientos que se precipitaron en la mañana del 27 de mayo de 2021. De acuerdo a su versión, los uniformados del GEOP “rompieron las puertas a patadas, me agarraron, me pusieron precintos y me tiraron la nuca para adelante. En eso escuché balas. Yo gritaba ‘qué pasó con mi marido’ y nadie me contestaba y tampoco estaba la fiscal”. Uno me dijo ‘si no se queda tranquila le va a ir peor’”.

El allanamiento se prolongó por unos 40 minutos hasta que dedujo el desenlace fatal porque “vi un portafolio de la Policía Científica y por lo poquito que escuché, dijeron ‘hay que confirmar la muerte’. Lo fusilaron en un cuarto chiquito, 20 contra uno y con un disparo en la cabeza”, aseguró.

A criterio del referente de la APDH del Noroeste del Chubut, Nelson Ávalos, “el caso no avanza porque la justicia se tiene que auto investigar, ya que es la misma que el día anterior ordenó el allanamiento. Tampoco cumplieron ninguno de los protocolos en el momento del allanamiento. La compañera de Tino sospecha que lo están dilatando para lograr la impunidad.

Así lo explicó la fiscal Bottini tras presentar la impugnación al fallo absolutorio ante el Superior Tribunal de Justicia. Explicó que el recurso busca que se realice un nuevo juicio. Al evaluar la sentencia, advirtió que hubo “arbitrariedad” y “falta de perspectiva de género”; Además de cuestionar que en diferentes tramos se advierte “cierta agresividad”, y “falta de respeto”.

La fiscal María Bottini, que integró el equipo del Ministerio Público Fiscal que participó del juicio por el caso de violación grupal conocido como la “manada de Chubut”, explicó a Radio 3 los alcances de la impugnación presentada y cuestionó la sentencia absolutoria de las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini.

En primer término explicó que el recurso se planteó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) “solicitando la anulación del juicio, que se revoque la decisión absolutoria y se realice un nuevo juicio”.

Aclaró que el STJ “no revierte ni condena, sino que ordena un nuevo juicio”, y detalló que ahora “tiene que correr vista a los abogados defensores y cuando contesten habrá una audiencia. Ahí el STJ se abocará a resolver”.

En este sentido, argumentó que la impugnación se presentó porque “entendemos que fue una cuestión arbitraria, donde no se analizaron las pruebas de manera global sino de forma fragmentada”.

Además, “no hubo perspectiva de género, porque no se tuvieron en cuenta las circunstancias de este tipo de casos (…) no se evaluó la prueba como lo establecen las leyes nacionales e internacionales y llegan a una conclusión que para nosotros es errada”.

La fiscal señaló que la falta de perspectiva de género es independiente del género de las personas, y lamentó que “las mujeres también reproducen el patriarcado y esto está a la vista”, en este caso.

A nivel personal, Bottini expresó que “me resultó llamativo que después de todo lo que ha pasado aún haya expresiones que atrasan y nos estacan en definiciones que uno creía que ya no estaban en el léxico judicial”.

Reconoció que en la sentencia “una de las juezas utiliza expresiones que son llamativas y con cierta agresividad a la Fiscalía”, evaluando que “fue un fallo aleccionador a la Fiscalía, que no es la manera”, y que está por fuera del rol de los magistrados en un debate.

“En este caso hubo frases que tuvieron un impacto y que quizá no se dieron a conocer, pero hay frases que son impactantes y que pedimos que se tomen como ‘no escritas’ en la sentencia porque son muy llamativas”, apuntó.

Precisó que la frase “que refiera que el Fiscal ‘no puso lo que tuvo que poner’ y que el trabajo recayó en 3 mujeres -es- casi impropio de una sentencia judicial” ya que “hace alusión a la genitalidad del fiscal, invisibilizando a 2 mujeres que trabajamos en el caso”.

Esto “es totalmente falto de perspectiva de género y da cuenta del posicionamiento de al menos esta jueza en cuanto a cómo ve la prueba y los hechos”.

Bottini expresó que “me pareció grave esa frase, no me pareció propio de una sentencia y nunca había leído algo igual en una”, ya que “pensarlo, ponerlo, releerlo y firmarlo, es llamativo y desafiante”.

Cerró expresado que en su experiencia “siempre los jueces y juezas se manejaron con respeto, si bien no siempre las resoluciones son favorables a la Fiscalía y puede haber desinteligencias, siempre son con respeto”.

 

Dana, Martín y Donato, hijos de Martín «Tino» John, difundieron un texto en el que destacan que » se ha investigado más a la víctima que a los verdaderos responsables» y que a diez meses del crimen todavía no se abrió «la investigación penal preparatoria en contra de los responsables de la muerte de nuestro padre».

El comunicado expresa textualmente:

«Que atento a cumplirse en el día de la fecha 10 meses desde el homicidio calificado de quien en vida fuera nuestro padre Martin Alejandro «Tino» John, perpetrado por fuerzas de seguridad de la Provincia de Chubut en el domicilio de la víctima. En virtud del tiempo transcurrido desde el fatídico suceso, sin que todavía se haya resuelto la apertura de la investigación penal preparatoria en contra de los responsables de la muerte de nuestro padre.

Como familia observamos que a lo largo de estos 10 meses se ha investigado más a la víctima que a los verdaderos responsables. Nuestros abogados llevan pidiendo por escrito información de la causa y la fiscalía siempre tiene una excusa (que por falta de personal no nos pueden brindar la misma).

Teniendo en cuenta los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública nos están negando sistemáticamente la misma, dejando en claro la inoperancia que tienen los funcionarios públicos. Es por esta razón que queremos que los estamentos judiciales pertinentes certifiquen y juzguen los errores cometidos antes, durante y después de todo el procedimiento que terminó con la vida de nuestro padre.

Por otra parte, el pasado mes de febrero la fiscal Marta Monge se comunicó con nosotros para decirnos que antes de fin de mes nos iban a llamar a una reunión a todas las partes. Hasta el momento no hemos recibido noticia alguna de dicha reunión.

Asimismo, vemos en medios de comunicación que en otros casos actúan de manera rápida, sin embargo la causa de nuestro padre está congelada. Es por esto que renovamos nuestra exigencia de que se desarrolle una investigación realmente autónoma e independiente de las fuerzas que participaron ese día con celeridad y transparencia».

Karina Breckle, del tribunal que absolvió a tres imputados, rompió el silencio y aseguró que no había pruebas para condenar.

La jueza Karina Breckle, que junto con sus pares María Laura Martini y Marcela Pérez absolvió a Leandro del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana por el resonante caso de la violación grupal en Playa Unión, explicó la decisión en Cadena Tiempo y rompió el silencio del tribunal.

“Fue una causa que llevó muchas horas dentro de la sala, declararon más de 58 testigos, personas que presenciaron el hecho, psiquiatras y psicólogos”, precisó con cautela, ya que por 10 días la sentencia no está firme y las juezas aún tienen competencia. Cualquier frase demás puede complicar su trabajo.

Breckle relató que “como en toda causa, los jueces entramos con cautela e incertidumbre. Hoy el juez se sienta lo más limpio del caso posible y las partes traen una teoría que prometen probar”.

En este expediente “nos pareció sumamente insuficiente para dar por probadas las conductas que ponía el fiscal en las tres personas. Si hay duda se absuelve y eso fue lo que hicimos”.

La jueza confirmó que la víctima del episodio no declaró como testigo. “Estaba todo listo pero horas antes la querella y la fiscalía nos dijeron que desistían de las declaraciones en Cámara Gesell”.

“En ese momento no dieron explicación pero terminada la etapa probatoria –deslizó- a los dos días nos avisan que se presentó la víctima y que quería brindar unas últimas palabras. La presidenta le indicó que había terminado la etapa probatoria pero que se la iba a escuchar en lo que quisiera decir. El problema es que al terminar la etapa probatoria terminó el contradictorio, quiere decir que la víctima nunca fue, como cualquier testigo, sometida a las preguntas”.

Cabe recordar que la querellante Verónica Heredia había asegurado que la víctima había sido “maltratada” por el tribunal y que no había podido dar su versión de los hechos de 20212.

“A las juezas se nos privó de escuchar a la víctima –advirtió en cambio Breckle-, de ver lo que sentía, lo que recordaba. Para nosotros fue el primer caso de abuso que tiene testigos ya que generalmente son delitos de difícil probanza porque son `delitos de alcoba´”.

En cuanto a presuntos falsos testimonios en el juicio, como lo deslizó el fiscal Fernando Rivarola, la jueza subrayó: “Puedo decir que hubo gente que mintió. Hubo muchos testigos reticentes y creo que por el paso del tiempo que la historia se fue modificando. Es una investigación muy difícil. Hay versiones muy distintas de los testigos y, esencialmente, no se pudo reconstruir lo que pasó aquella noche”.

Están especialmente bajo la lupa los dichos de una mujer y de un hombre que estuvieron en el festejo que habría terminado con el abuso.

“Hay que partir de la base –continuó – que el fiscal no probó un hecho que él dijo que iba a probar; este hecho tiene conductas, o sea que el imputado hizo tal cosa, esa conducta está definida y hay que probarla y no inferirla”.

En la misma línea, Breckle precisó que “conocí el trabajo de Rivarola en la causa, sé que trabajó enormemente, pero la objetividad debió prevalecer y no debió haber continuado el proceso. Es una causa que tuvo personas que declararon una cosa frente al fiscal, otra frente a un abogado particular, y otra en un juicio. A mi criterio el fiscal debió saber qué iba a decir la persona que iba a declarar”.

Cumplir

En cuanto a cómo la afectaron las críticas por la absolución –que incluyeron marchas y escraches virtuales-, la magistrada se mantuvo firme: “Si uno se pone a pensar lo que viene, ya no sería un juez que debería estar ahí. Tengo que cumplir con lo que juré: si tengo una prueba, condeno, y si no, no puedo hacerlo. Pasé por situaciones desagradables, hubo gente en la puerta de mi casa, me escribieron cosas y ahí uno vuelve a ser el ser humano que convive, que tiene hijos y vecinos. No comparto la forma de expresión. Entiendo completamente lo que les pasaba en su sentir, pero el voto del juez habla por el juez. Uno pasa por muchos estados, somos personas, mujeres, vecinas, todo”.

“Fue un fallo con perspectiva de género, el juez es juez, varón, mujer o el género que sea, y delante también puede tener personas del género que sea. Es una mirada a la causa, un ojo especial para encontrar situaciones que permitan esclarecer el caso”.

“El fiscal perdió la objetividad”

El voto de Breckle incluye una dura crítica al fiscal Fernando Rivarola: “El acusador en su alegato final reconoció orfandad probatoria; esto quiere decir que no tenía prueba suficiente para probar los hechos y aún así, finalizando el debate mantuvo el pedido de responsabilidad con los aquí traídos por todos los delitos enrostrados oportunamente, sin la honestidad intelectual y el deber de objetividad al que está sujeto, esperando que tres juezas penales mujeres pongan lo que no supo poner”.

La magistrada aludió al “deber de objetividad que el funcionario está obligado a mantener, objetividad que sin dudas, en algún momento de este proceso el fiscal perdió”.

La imagen es meramente ilustrativa-

El fiscal adjunto anticorrupción Mario Romero, habló por la mañana de este miércoles en los medios y admitió que la hipótesis que se investigará acerca de los destrozos ocasionados en la sede fiscal de Rawson, bajo el marco de los disturbios por la Megaminería suscitados en diciembre del 2021, es la posible “instigación” con el objeto de eliminar pruebas.

El principal sospechoso en caso de que prospere en ese lineamiento la investigación, sería el propio procurador general Jorge Miquelarena, quién a partir de las declaraciones de Romero comenzaría a tener 18 de presión arterial y en ascenso.

Recordemos que como consecuencia del incendio perpetrado en aquel edificio quedó eliminado un gran cúmulo de pruebas que complicaban judicialmente a personajes muy cercanos a Miquelarena, que estaban siendo investigados en causas de corrupción de gran envergadura como “Lotería”, por graves delitos de defraudación a la administración pública.

El procurador general dijo que se perdieron alrededor de 754 investigaciones y que como consecuencia, las causas se podrían caer, hablamos de carpetas y expedientes en papel. Al parecer, Miquelarena no se lleva bien con la digitalización de pruebas y la informática.

“En los casos en que no se pueda continuar por falta de elementos o por falta de pruebas, la Fiscalía va a tener que pedir el sobreseimiento (la liberación de los acusados)” dijo Miquelarena, sin un solo tinte de rubor en su rostro.

Los incendios fueron provocados por un grupo de desconocidos que hasta el día de hoy llamativamente no fueron individualizados con certeza, en una cuadra donde abundan las cámaras de seguridad. Muy distinto a cómo se resolvió el caso de los destrozos al diario pro – minero de Josecito Sáez y gacetilla de Arcioni “El Chubut”, donde en un santiamén ya había colaborado en la investigación un cuerpo especial de la Policía Federal, ya habían personas involucradas e incluso los dueños del diario despidieron injustamente a uno de sus periodistas (Iván Marín) responsabilizándolo por el incendio, todo antes de que el juez baje el martillo.

Los chubutenses apenas conocieron que se caerían las mentadas investigaciones señalaron a Miquelarena como presunto autor intelectual del incendio, sospechándose que ese grupo de pirómanos que prendió fuego las oficinas de fiscalía de Rawson se trató de un conjunto de infiltrados pagos para cometer dichos actos “vandálicos” con el supuesto objeto de desaparecer pruebas que complicaban a los amigotes del funcionario.

Y la verdad que resulta muy difícil mirar con otros ojos al procurador, sabiendo que como jefe de fiscales no investigó ni mandó a investigar a la familia Das Neves en causas como “Revelación” y “Embrujo”, donde se cree que se les hubiera sido muy difícil desconocer las maniobras de corrupción.

Mario Das Neves murió relajado de la responsabilidad que tuvo en esos hechos y recién después de muerto, Miquelarena, habría bajado línea a sus soldaditos para que se lo acuse, esperando quizás que se lo vaya a detener al cementerio.

La realidad es que Das Neves fue quién puso a Miquelarena en su cargo; acusarlo, al en ese entonces gobernador, hubiera implicado ponerse la soga al cuello, por lo tanto todas las líneas investigativas del funcionario habrían sido direccionadas lo más lejos posible del extinto mandatario a efectos de protegerlo.

Miquelarena sería un miembro importante en un banda integrada por el grupo Jornada (Jorge Aidar Bestene, Héctor González y Walter García “el toco” Moreno) y ex – funcionarios corruptos de la anterior gestión como Diego Correa.

Los corruptos que “cayeron”, lo hicieron gracias a la investigación que realizó este medio, sacando a la luz información que dejaban expuestas las maniobras que los crápulas del estado llevaban a cabo, para enriquecerse ilegalmente de las arcas provinciales a través de la obra pública. Esa información difundida logró que ya no se pueda tapar el sol con las manos.

Sin embargo, a través de sus soldaditos, Miquelarena habría buscado siempre morigerar la situación de los corruptos del gobierno “dasnevista” en las causas “Revelación” y “Embrujo”, desarrollando negociaciones judiciales para bajar las condenas y buscando alejar a los empresarios implicados de las celdas, reemplazando la prisión por tareas comunitarias.

Jamás investigó a los Das Neves, en el famoso “curro verde”, donde se habilitó la venta de tierras nativas de la provincia, algo absolutamente ilegal y prohibido por la misma Constitución Provincial.

Fue clave su participación para que prospere el proyecto de Zonificación Minera y así proteger al gobernador Mariano Arcioni, ignorando reiteradas presentaciones de organizaciones no gubernamentales y hasta de la misma defensoría pública en contra del mencionado proyecto, aunque después de que fue aprobado, Jorgito se lavó las manos criticando al estado de no escuchar al pueblo.

Hoy, Miquelarena estaría realmente en aprietos, le sudan mucho las manos y ya no se quiere jubilar. Dejar el poder se traduciría en tirarse al rio con botas de cemento.

La oficina anticorrupción con la investigación al mando de Mario Romero, parece estar dispuesta a averiguar el trasfondo de esos dudosos incendios. A Romero le llama mucho la atención la ubicación en donde se llevaron a cabo los ataques, el lugar en donde se encontraban las pruebas que se perdieron y las consecuencias del incendio. Estamos hablando del edificio donde se asienta el Superior Tribunal de Justicia, y que casualmente el único lugar afectado por los incendios fue justamente donde se encontraba la documentación en cuestión.

El interés del fiscal anticorrupción por conocer la naturaleza de estos hechos se disparó como producto del reconocimiento público que hizo el fiscal Alejandro Franco, admitiendo que era imposible llevar a juicio la causa “Lotería” sin los documentos originales.

 Notas relacionadas:

El fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción de Chubut, Mario Romeo, se refirió a las pérdidas de pruebas de causas de corrupción por los incendios ocurridos el pasado 16 de Diciembre. “Es inviable la condena de una persona si no se puede probar la culpabilidad. Los incendios de las pruebas en la causa de Lotería tiraron por tierra todo el trabajo realizado por la Fiscalía”, sostuvo.

En este sentido, señaló –en diálogo con FM El Chubut– que “es tremendo lo que pasó, de una gravedad extrema porque todo lo que se quemó significó mucho trabajo en la Fiscalía”.

“La prueba que se fue recolectando debe ser expuesta en el juicio. Es imposible presentar una prueba que no sea la original”, dijo.

Asimismo, aclaró que “es inviable la condena de una persona si no se puede probar la culpabilidad. Los incendios de las pruebas en la causa de Lotería tiraron por tierra todo el trabajo realizado por la Fiscalía”.

“Ahora lamentablemente no se podrá llegar a un resultado de condena –en el caso de que se pudieran corroborar los hechos- de los 11 imputados en la causa“, indicó.

En ese marco, destacó que “los incendios provocaron que queden en la nada las conductas -más que reprochables- de muchas personas que no deberían ocupar nunca más un cargo público”.

“Fue muy sugestivo que se hayan incendiado los edificios que pertenecen a la Justicia”, concluyó finalmente Romeo.

Fernando Rivarola el fiscal general de Rawson, protegido por Jorge Miquelarena, pensó que iba a tener las vacaciones soñadas a costa del dinero del pueblo impunemente, lo equivocado que estaba.

Este martes pasado, bastó que cruzara una calle de la localidad de Esquel donde se encuentra actualmente vacacionando, para que un gran grupo de personas se acerquen a repudiarlo, recordándolo frente al resto de las miradas atónitas de la cuadra, como el fiscal que “justificó” el accionar de un grupo de muchachos acusados de violar a una joven en el año 2012 en Playa Unión; pero además como aquél funcionario que habría mandado a espiar ilegalmente a activistas medioambientalistas en el sector andino de la provincia.

Recordemos que Fernando Rivarola, fue el autor de la frase “fue un desahogo sexual” para calificar las conductas del grupo de jóvenes chubutenses de la alta alcurnia, presuntamente violadores conocidos como “La manada”. La desafortunada frase del funcionario significó una alta repercusión nacional e internacional.

También fue acusado por espionaje ilegal, cuando en el año 2015 recibió en sus oficinas a un agente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) de la “delegación Trelew”, que le entregó material de seguimientos aparentemente irregulares efectuados a medioambientalistas de Cushamen.

El pasado 2021, Rivarola volvió a llenar una triste página en su polémica carrera de fiscal provincial, al ser señalado como aquél que habría protegido a un médico pedófilo perteneciente al equipo pericial del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Organizaciones estadounidenses contra el abuso sexual y desaparición de menores emitieron un alerta internacional a Chubut sobre la presencia de este individuo, pero la inacción de Rivarola habría permitido que el doctor pedófilo Juan Orlando Juárez siga revisando alrededor de 270 menores de edad. Como consecuencia la RATT (Red alto al tráfico y a la trata de niños, niñas y adolescentes) pidió la destitución y juicio político de Rivarola.

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