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El Fiscal Jefe Dr. Juan Carlos Caperochipi comunica a la comunidad que el próximo lunes 17 de mayo, a las 12.00 hs., del corriente año tomará formal juramento como nuevo Fiscal General al Dr. Cristian Félix Olazabal en sede del Ministerio Público Fiscal de nuestra ciudad. La toma de juramento se realizará sin asistencia de público atento a las restricciones y protocolos del Covid 19.

Fuente: MPF

Unas sugestivas fotografías en las que aparecen un narcotraficante con un jefe policial, un fiscal y varios policías hubieran originado en otros lugares un verdadero escándalo y hasta pedidos de renuncia, pero acá en Chubut pasaron prácticamente desapercibidas: nadie les dio importancia, y los que aparecen en esas fotos siguen como si nada en sus funciones. Uno, es subjefe de la policía provincial, el fiscal aspira a ser ministro del Superior Tribunal de Justicia y los policías hoy, algunos, trabajan en brigadas -de incógnito, de civil- y otros son jefes de alguna comisaría.

Nunca ninguno ha hablado del tema -tampoco nadie se lo ha preguntado- y llamativamente las fotos desaparecieron de internet. En las mismas fotografías que vinculan al subjefe de Policía Néstor “El Tero” Gómez Ocampo con Omar “El Cura”.

Segundo un ex empresario pesquero de Puerto Madryn al que condenaron como narcotraficante a 9 años de prisión, por intentar mandar a España un cargamento de más de 100 kilos de cocaína; aparecería también el fiscal madrynense Daniel Esteban Báez, actualmente en plena campaña para llegar a ser ministro de la Corte provincial.

Catapultado por el Gobierno provincial y ayudado por algunos medios, Báez quiere ocupar uno de esos cargos vacantes, hasta el día de hoy, en la cúspide del Poder Judicial de la provincia, pero las fotos con “El Cura” Segundo en las que hasta el momento nadie lo referenciaba ¿complicarán su eventual llegada a la Corte?.

Hay quienes consideran que Báez, como funcionario público que es e integrante del Poder Judicial, debería darle explicaciones a la ciudadanía de cuál ha sido y es o sería su relación con Segundo. Y por qué aparece en esas fotos junto al actual subjefe de la policía del Chubut, Gómez Ocampo, quien tampoco nunca habló públicamente de qué tipo de vinculación tuvo y/o tiene con el ex empresario pesquero madrynense condenado como “narco” por un tribunal federal en un juicio que se hizo hace pocos años.

Las fotos del fiscal Báez y Gómez Ocampo son de distintos momentos y diferentes circunstancias: en una, Báez sería el que aparece de espaldas y Gómez Ocampo de perla, aparentemente comiendo asado en una de las tantas reuniones de “camaradería” que se hacían en un quincho de los magistrados de Puerto Madryn con “El Cura” Segundo. Y en la que más llama la atención se los muestra a ambos charlando con Segundo, evidenciando cierto disimulo, en un lugar que podría ser algún sitio público de Madryn.

Ahora bien, muchos se preguntan ¿por qué nadie de la Justicia se ha interesado en indagar qué hacían el fiscal Báez y el actual subjefe de la policía chubutense con alguien que ya en ese momento era investigado por las fuerzas federales como narcotraficante? ¿Por qué el comisario Néstor Gómez Ocampo niega conocer a “El Cura” Segundo hasta delante de un juez? ¿Quién es el que está protegiendo actualmente a Segundo, que no está en cárcel cumpliendo la condena sino en una prisión domiciliaria?.

Fuente: Diario Crónica de Comodoro Rivadavia

Un fiscal de Morón denunció hoy al expresidente Mauricio Macri por “instigación al delito y desobediencia” por un posteo en sus redes sociales en el que pidió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires “no apoyar las medidas” del Gobierno nacional y mantener las clases presenciales.

La presentación la hizo Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento.

Según la presentación, el fiscal pidió que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.

Citó un tuit del expresidente de ayer en el que posteó: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.

El fiscal consideró que “sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

Parece que son muy conocidos y le tienen fe al fiscal, al que también deberían investigar en la Justicia por su supuesta y llamativa relación con el narcotraficante Segundo al que –según algunas fotos y ciertos informantes— visitaba casi a menudo antes de que “El Cura” cayera en desgracia. Ahora, busca una ruta para llegar a ser integrante de la Corte provincial.

Dicen que un sector político estaría detrás de la candidatura de Báez para el Superior Tribunal de Justicia pero que no contaría con la anuencia (votos) de varios de los legisladores chubutenses.

Báez ha sido denunciado varias veces por mal desempeño de sus funciones. Hasta por la exlegisladora nacional Elisa “Lilita” Carrió puso en evidencia una vez cuando vino a Madryn su sospechoso desempeño en el caso Espinosa; la investigación del crimen del empresario pesquero asesinado la noche del 30 de enero de 2003 y que todavía está impune.

Todavía no pocos recuerdan su cuestionable papel en el segundo juicio por el asesinato de Espinosa, cuando al cambiar su acusación a último momento contra los sospechosos hizo que todos terminaran absueltos: que el caso se cayera en pleno juicio.

Por eso Báez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Chubut por mal desempeño, pero allí lo protegieron (dicen por orden del en ese entonces gobernador Das Neves, hoy fallecido) y esa presentación quedó en la nada, como otras que hicieron los abogados de Lorena Gabarruz, la última pareja de Cacho Espinosa que fue testigo presencial del homicidio.

Báez es otro Massoni en Madryn: tiene un bufón llamado Sebastián Torres que hace también de su vocero, se rodea de comunicadores amigos con los que incluso come asado y logra de esa manera un blindaje mediático por el que, por ejemplo, nunca se va a ver reflejada en algún medio de Madryn alguna denuncia, queja o critica en su contra. Ahora parece que a ese “grupete” de obsecuentes se agregó un tal Gil, que de gil no tiene nada.

Este “comunicador” se puso un portal de noticias al calor de una jugosa pauta publicitaria del Estado que recibiría de un gobernante de primera línea y en medio de una operación, avivada también desde las sombras por ciertos cuestionados políticos, vende la imagen del fiscal como si fuera la de un aclamado justiciero.

A Báez se le nota hasta cierta desesperación por llegar a ser uno de los miembros de la Corte provincial, pero la fama que tiene no lo acompañaría y va a tener que enfrentarse contra cierto sector del poder que no lo quiere.

El fiscal y “El Tero” Gómez Ocampo, hoy subjefe de la policía provincial; son amigos entrañables. En Madryn se comentan mucho “sus hazañas” en el ambiente nocturno.

Báez, por ejemplo, era uno de los anfitriones de los asados que organizaba “El Cura” Omar Segundo, increíblemente, en un quincho del Poder Judicial de Puerto Madryn, mientras al “Cura” lo estaban investigando fuerzas federales por ese cargamento de los 100 kilos de cocaína que le terminaron secuestrando de su empresa pesquera, cuando estaba a punto de embarcarlo para España disimulado en cajones de langostino, en un procedimiento que dio origen a la causa por la que hoy Segundo está condenado a 9 años de cárcel.

El fiscal que investiga los incendios desencadenados casi en simultáneo en diferentes puntos de la Comarca Andina, Carlos Díaz Meyer, indicó este lunes que la pena por este tipo de siniestros, podría ser de «8 a 20 años» de cárcel «ya que hay dos personas fallecidas».

Díaz Meyer habló de los avances de la investigación y aseguró que si bien “los bomberos me darán un informe para ver si hubo intencionalidad en los incendios, por acción o por omisión, habrá responsables.

En diálogo con Cadena Tiempo, el fiscal al frente del caso se refirió a las versiones que le adjudican el inicio intencional de los incendios a un grupo mapuche: “No hay nada en la causa; si bien puede ser una hipótesis no hay elementos que acompañen esas acusaciones”, precisó.

Díaz Meyer también tiene a su cargo la investigación que se inició luego del ataque al presidente Alberto Fernández en su visita a Chubut. «Hubo allanamientos en las casas de las personas sindicadas como autores de las agresiones a la camioneta donde viajaba el presidente y su comitiva, se secuestró ropa, teléfonos celulares y se realizaron una identificación completa de las personas, después quedaron en libertad por disposición del juez”, reveló.

Y agregó: “Las imputaciones contra las personas que habrían participado del hecho de violencia son daños y atentado a la autoridad. No obstante, pueden modificarse con el avance de la investigación. Los identificados, en principio, son alrededor de 10 y los que fueron detenidos 5”.

“La investigación tiene una parte también que determinará quién estaba a cargo de la seguridad del presidente. Ya hay una investigación en la Justicia Federal en curso para determinar esto último”, manifestó.

Fuente: ADNSUR

Fiscales peruanos presentaron cargos de corrupción contra la candidata presidencial Keiko Fujimori que amenazan con descarrilar su campaña y podrían significar más de 30 años de prisión.

Fiscales peruanos presentaron cargos de corrupción contra la candidata presidencial Keiko Fujimori que amenazan con descarrilar su campaña y podrían significar más de 30 años de prisión.

En un comunicado el jueves, la Fiscalía dijo que acusaba a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori —que está en la cárcel—, de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La acusación fiscal también nombra al partido político de Fujimori, Fuerza Popular. Si hay una condena en el caso, los fiscales dijeron que pedirán la “disolución y liquidación” del partido.

Fujimori, una congresista de larga data, fue encarcelada durante partes de 2019 y 2020 mientras luchaba contra esta y otras acusaciones de que recibió contribuciones ilegales de campaña durante su carrera presidencial de 2011. Fue liberada de la detención preventiva el año pasado y ha negado repetidamente cualquier irregularidad.

El jueves, Fujimori acusó a los fiscales de intentar perjudicar su candidatura a la presidencia antes de la primera ronda de votaciones el 11 de abril, en la que algunas encuestas muestran que está en empate con tres más por el segundo lugar.

Lo confirmó el fiscal Díaz Mayer, a cargo de la investigación por los incendios de la Comarca. Este fin de semana llegan peritos especiales de Policía Federal.

El fiscal Carlos Díaz Mayer, con incumbencia en la Comarca Andina, se refirió al inicio de la investigación por los incendios.

En principio, dijo en contacto con Notas de Radio por FM SOL que no hay confirmación de personas desaparecidas, «excepto una que se fue con elementos necesarios y hasta el momento no hay novedades. Sí hay unas diez a doce personas no ubicables que quizás se han trasladado y hasta el momento nadie ha reportado. Por ahora no sabemos el estado de estas personas. Hay más de 200 casas que están derrumbadas y se está haciendo una determinación muy específica. Esto implica una recorrida especial por cada una» aclaró.

En referencia a la investigación, confirmó que las comisarías de Cholila, El Hoyo y Lago Puelo, junto a las brigadas de investigaciones de la provincia ya comenzaron con las tareas y entrevistas en diferentes puntos de la región. El fiscal admitió que tiene un informe preliminar relacionado con el origen de uno de los siniestros. «Es un adelanto, una línea de investigación que habla de un cortocircuito pero no está certificado ni probado». En este aspecto, explicó que espera el arribo de la división de investigación de siniestros de bomberos y Policía Federal este fin de semana a la zona. «A estas personas el lugar les habla de dónde se inició para luego llegar al cómo, lo que va a permitir analizar mejor el quién».

Sobre las líneas de investigación, aclaró que «la magnitud del incendio no fueron la cantidad de focos sino lo que el viento hizo luego, que los avivó y desparramó». Luego, dijo que considera «prematuro» dar conclusiones pero adelantó que hay datos y testimonios de personas dispuestas a colaborar.

«Gente que brindó información importante que ya ha sido entrevistada. Toda persona que tenga un dato para aportar puede acercarlo a las comisarías, a la Fiscalía y hasta por mail». En este aspecto también cuentan con otros elementos que pueden sumar pruebas: cámaras, registros de celulares, drones y aplicaciones de celular. Consultado sobre las penas que caben si se comprueban los autores de incendios, expresó que son delitos que configuran estrago doloso y pueden ir derivando a otros delitos agravados, como fallecimientos. La expectativa de pena mínima es de 3 a 10 años y si hubo fallecimientos de 8 a 20 años.

Los restos del fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, fallecido el último sábado, serán inhumados este domingo a las 11 en Cementerio Memorial de Pilar.

La información sobre el fallecimiento del fiscal fue difundida por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Di Lello estaba a cargo de la Fiscalía 1 de la Ciudad de Buenos Aires con competencia electoral y de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Registro Nacional de Armas.

El exfiscal de 72 años ingresó a la Procuración General de la Nación en 1992 y allí fue designado como adjunto de la Fiscalía Federal Numero cinco y dos años después fue nombrado Fiscal titular de la Fiscalía 1 con competencia electoral.

A lo largo de su larga trayectoria tuvo que intervenir en causas de alta repercusión como la causa de las escuchas ilegales contra Mauricio Macri, y en el caso Ciccone donde impulsó la indagatoria del entonces vicepresidente Amado Boudou.

En 2017, impulso una investigación contra Macri, el titular del grupo SIDECO Franco Macri y el exsecretario General de la Presidencia Fernando De Andreis, junto a los responsables de la línea aérea AVIANCA.

En los últimos días recayó en su fiscalía la investigación al diputado del Pro Fernando Iglesias, quien fue denunciado por el legislador oficialista Rodolfo Tailhade de presunto enriquecimiento ilícito.

El secretario de Coordinación, Gestión y Finanzas de Esquel, Matías Taccetta, salió a hablar ayer desde Buenos Aires del caso judicial que investiga el faltante de 2,3 millones de pesos de la Terminal de Esquel, que la fiscal María Bottini está llevando adelante desde el año pasado y sobre el que “habría novedades en estos días”, según dijo la propia funcionaria judicial.

Taccetta recordó que la denuncia fue presentada por el intendente Sergio Ongarato hace un año “al haber detectado ciertas anormalidades e incongruencias en cuanto a los datos de los alquileres y demás servicios que se cubren en la Terminal”.

Recordó, además, que al mandatario municipal le presentaron dos auditorías: “Una de Gabriel Gaitán, que había asumido a cargo de la Gerencia (en lugar de Andrea Rowlands, separada del cargo por el escándalo), y otra por mí como secretario de Hacienda. Los informes fueron elaborados en no más de cinco días, con detalles de los cobros de alquileres a las empresas que operan en la Terminal”, agregó Taccetta.

El secretario municipal comentó que en la auditoría encontraron que algunas empresas que manifestaban haber pagado los alquileres, pero en las cuentas municipales no figuraban, lo que motivó que con el intendente Ongarato se presentaran a denunciar en la Fiscalía.

Sorprendido

“Me sorprende que aparezca como que yo estaba a cargo de la Terminal, cuando había una Gerencia que se encargaba del cobro de los alquileres, y ningún empleado de Hacienda del Municipio ni yo teníamos contacto con los inquilinos, ya que lo hacía la Gerencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y por ordenanza, al control debía hacerlo el Concejo Deliberante, en base a un informe mensual que debía presentar la Gerencia de la Terminal”, se defendió Taccetta.

El funcionario de la Municipalidad de Esquel salió al cruce porque este diario publicó en su edición de ayer el caso de un cheque por valor de $ 428.000 que ingresó a la cuenta de Terminal y salió cinco días después sin destino claro. El tema, aseguran fuentes de la investigación, es ese tipo de cheques no corresponderían a operaciones de la Terminal con los inquilinos (empresas de transportes), sino a un pase de dinero que, por ahora, no queda claro.

Taccetta agregó que tuvieron una auditoría contable por parte de peritos de la Fiscalía, que pidieron la documentación del movimiento de la Terminal en la cuenta bancaria, “lo que fue presentada para su análisis, y seguramente en los próximos días la fiscal María Bottini dictaminará cuál es la situación, si es que las empresas pagaron y no se depositó, o no pagaban y los comprobantes entregados al Municipio no tenían validez. Estamos esperando las novedades que puedan surgir dentro de unos días”, concluyó el funcionario.

El intendente Adrián Maderna y Norberto Yauhar le propusieron personalmente al fiscal Omar Rodríguez ser candidato a ministro del Superior Tribunal de Justicia. La idea prosperó, aunque como todo el resto de los potenciales candidatos, necesitará el consenso de las fuerzas políticas.

La idea de llevar a Rodríguez al Superior Tribunal de Justicia está cimentada en varios pilares: Lo consideran un fiscal “implacable” en su lucha contra la corrupción, fue una de las figuras centrales de todas las causas que derivaron en la detención y condena – en algunos casos, ya que otras están en juicio oral o en etapa preliminar – de varios funcionarios del exgobernador Mario Das Neves y también del actual mandatario, Mariano Arcioni, como el caso de las investigaciones contra la exministra de Educación y diputada provincial, Graciela Cigudosa, y la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola.

Además, Maderna y Yauhar quieren “a un hombre o una mujer del Valle” y en esa terna el primer nombre que surgió fue el del fiscal Rodríguez.

Fuentes confirmaron a Metadata que el Procurador General, Jorge Miquelarena, está al tanto de la situación y esta situación generó un efecto ambiguo: Por un lado, se mostró disconforme por la posibilidad de perder una pieza clave, y por el otro, habría considerado importante que un representante del Ministerio Público Fiscal llegue a la Corte Provincial.

Por el ala del gobierno provincial, el nombre no seduce, a tal punto que Arcioni antes de salir de licencia apuntó – sin nombrarlo- contra la causa de Cigudosa, que justamente tramite Omar Rodríguez.

El nombre será puesto a consideración del Partido Justicialista, pero también buscarán consensos con diputados de otros espacios en caso de no tener el guiño de la estructura peronista.

Rodríguez no tiene vínculos con la política y siempre estuvo alejado de la clase dirigencial. Esta característica, es otra de las cuales habrían seducido al intendente Adrián Maderna y al secretario Coordinador, Norberto Yauhar.

Fuente: Metadata