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El fiscal denunciado es Fernando Rivarola; el del caso de la “violación en manada” de playa Unión que a comienzos de este año tuvo que afrontar serias críticas y hasta pedidos de renuncia desde distintos sectores de la sociedad argentina, al trascender a nivel nacional e internacional por considerar que los imputados habían tenido “un desahogo sexual”.

La denunciante de Rivarola es la doctora Florencia Gómez –fiscal de Rawson–, quien habló por Radio 3 AM 780 en los siguientes términos: “Soy una persona educada que jamás le falto el respeto a nadie, y exijo entonces que se me trate como corresponde”

“Pienso que estamos en una época en la que hubo un cambio para que las mujeres tengamos la posibilidad de hacer los reclamos que corresponden, exigiendo que se nos trate como se debe”, opinó y consignó: “Primero y principal con el respeto que se le debe tener a cualquier persona y darnos el lugar que corresponde también como mujer”.

“Una de las cuestiones en las que hago hincapié en la denuncia –contó— es que tome como última opción el ir hasta el Consejo de la Magistratura, porque previamente ya había hecho las presentaciones correspondientes institucionalmente y no recibí respuestas. Entonces me vi obligada en hacer la denuncia en el Consejo”

¿Qué es lo que se denuncia concretamente ahí? Se le consultó. “Maltrato institucional y violencia de género”, respondió Gómez y luego explicó que su jefe (Rivarola) “constantemente desmerecía mi trabajo, lo desprestigiaba y no me trataba como un par. Más allá que una sea mujer se merece respeto, como cualquier persona, colega o compañero de trabajo (…) Yo viví situaciones violentas y dudo que se hubiese manejado así si hubiese sido un fiscal hombre. Esto que estoy diciendo lo puse mejor aclarado en la denuncia”, agregó.

–Y estos maltratos, esta situación de violencia de género ¿Cuándo comienza, hace poco? Se le preguntó. “Empecé a compartir con él la oficina, cuando el doctor (Fernando) Rivarola llega a Rawson en enero de 2019. Siempre trabajé con el doctor Heiber (el fiscal que renunció hace tres meses, denunciando presiones de sus superiores); fui su funcionaria y después tres años fiscal a la par de él:  éramos tres fiscales, Rivarola, Heiber y yo, y nunca tuve ningún tipo de inconveniente con el doctor Heiber con quien venía trabajando desde hacía cinco años, ni con el (recordado) doctor (Sergio) Ferrín con el que tampoco tuve ningún problema, inclusive, fui tratada muy educadamente, como corresponde al cargo, a la función y a la persona”, insistió. “Siempre me trataron con total educación y respeto”, subrayó.

“No fue así cuando me tocó trabajar sola con el doctor Rivarola, que fue hace poco después que renunciara el doctor Heiber. Ya había habido situaciones que puse en conocimiento pero no se tomó ningún tipo de medida, entonces esto género –al no tomarse ninguna medida—que cada vez se incrementara más el destrato”, indicó.

–Claro, porque él conoció o se enteró de que usted lo había denunciado. Se le apuntó. “Sí, fui haciendo como corresponde institucionalmente las denuncias internas, poniendo en conocimiento a mis superiores situaciones violentas que más allá de ser mujer creo que ninguna persona debe sufrirlas en un ámbito de trabajo o donde fuere”.

“Siempre digo que la violencia jamás se la debe justificar, nada la justifica. Nada, absolutamente nada. Nadie merece ser violentado y todo el mundo debe ser respetado”, agregó.

—Estos maltratos que usted denuncia, ¿comenzaron por algo en particular? Se le consultó. “No, no hubo nada en particular. Simplemente empezaron a surgir y fueron delante de compañeros. Hay gente que en la denuncia aparece como testigos de estas situaciones que me tocó vivir”, contó.

Se le preguntó luego cómo se sentía el día después que trascendiera públicamente su denuncia, como un hecho que no tiene precedentes en la Procuración Fiscal y en el Poder Judicial de Chubut.

“Lamento tener que haber llegado a esta situación, de tener que denunciarlo, porque hubiese sido mucho más próspero para nuestro trabajo el que esta persona hubiera cambiado su actitud conmigo. Pero evidentemente tuve que llegar hasta esta instancia porque lejos de desistir en sus actitudes hacia mí las fue incrementando: se incrementó el desprecio, las situaciones de violencia y aumentó también el interés de desprestigiar mi trabajo”, denunció.

–¿Su jefe superior el procurador General Jorge Miquelarena la llamó? Se le consultó. “No. Aún no (…) Me llamaron de todos lados, mujeres que se solidarizaron conmigo (sobre todo) y que ahora se van a empezar a animar a hacer las respectivas denuncias. Yo siempre digo con respeto uno consigue mejores resultados en cualquier trabajo: yo soy una persona educada, que jamás le falto el respeto a nadie, y entonces estoy exigiendo que se me trate como corresponde, nada más. No estoy exigiendo que se me trate diferente, quiero que se me trate como persona y como mujer. Que se me respete”, concluyó Florencia Gómez.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, denunció ante el Consejo de la Magistratura a su jefe, el fiscal Fernando Rivarola. Le imputó maltrato, violencia laboral y de género, abuso de poder, arbitrariedad y la “búsqueda deliberada” de perjudicar su carrera profesional.

La fiscal describió “una relación problemática y por demás compleja” con Rivarola que “a esta altura es de carácter personal y ajena a lo estrictamente laboral”.

El fiscal llegó a Rawson en enero de 2019 y desde entonces “mantuvo el peor trato conmigo tanto desde lo personal como desde su cargo”, precisa la denuncia. Primero organizaba reuniones sólo con el exfiscal Osvaldo Heiber, sin convocar a Gómez. “O criticando abiertamente mi trabajo, desacreditándolo delante del personal y mis pares”. La funcionaria aseguró que Rivarola “critica incluso cuestiones de mi personalidad, como mi tono de voz”.

La relación “empeoró y su maltrato y animosidad aumentaron al notar que yo no permitía que me falte el respeto y exigía que respete mi trabajo y cargo”.

Gómez denunció que Rivarola “siempre se encargó de modificar mi equipo de trabajo, siempre conté con menos personas a cargo, e incluso intentó alterar o cuestionar desde mis vacaciones hasta cuando debí tomar breves licencia por enfermedad”. Cuando la fiscal fue contacto estrecho de Covid, Rivarola llamó al Hospital de Rawson para exigir información sobre su caso.

“Jamás escuchó mis pedidos de la necesidad de más personal, al cual maneja en forma totalmente arbitraria, para su conveniencia”.

También lo acusó de manipular los turnos: “En la actualidad cumplo con 15 día de guardia pasiva, y 5 de guardia activa, mientras él no cumple con guardias activas e incluso determinó que la Dra. (Eugencia) Domínguez (procuradora fiscal a su cargo) tampoco cumplirá con guardias”.

“Utiliza su cargo para perjudicarme y para hacer valer respecto al resto del personal su poder y conseguir que se acerquen a él y se alejen o se pongan en contra mío –reclamó Gómez-. Rivarola no ocultaba su desprecio hacia mí y busca sin lugar a dudas que no aguante su presión y renuncie o directamente intentar atacarme por intermedio de ustedes (por el Consejo)”.

La fiscal reveló que su jefe “se jactaba y reiteraba en las pocas reuniones entre las tres fiscales generales que existían en ese momento. Aseguraba que iba a hacer el peor informe para que no me confirmen”.

“La situación jamás mejoró y Rivarola siguió y aumentó su conducta arbitraria buscando incluso poner al personal en mi contra y desautorizándome en forma permanente”.

“Llegó al límite”

La denuncia presentada ante la Magistratura describe que “lo que ya era impertinente y fuera de sus deberes llegó a un límite el día que entró a una oficina donde estaba con Alejandro Soulages (empleado) y empezó a gritarme violentamente, al límite que Soulages intervino exigiéndole que se calme y se controle. Esta forma de intentar imponerse a los gritos se reiteró”.

Un hecho más grave ocurrió el 1º de julio. “Intentó imponer nuevamente su voluntad a los gritos y con maltrato pero con un nivel de virulencia extremo, dentro del ámbito laboral, en oficinas públicas y en horario de atención al público. No mantuvo los parámetros mínimos de respeto que puede exigirse más aún a un funcionario público y más aún cuando se está dirigiendo a una mujer, siendo esta la razón por la que se permite utilizar estos excesos violentos contra mí”.

Fue una discusión por una fecha de vacaciones. “Explotó en ira gritándome en la oficina de choferes del MPF en forma totalmente violenta y golpeando un almanaque de la pared con una lapicera. Más allá que no le asistía razón alguna en su reclamo, lo grave fue su maltrato y su conducta desajustada”. Gómez se fue urgente del trabajo “ante la angustia, nerviosismo y llanto que me generó”. Lo vieron los empleados y hasta vecinos citados. Canceló entrevistas por no estar en condiciones.

La primera denuncia fue al día siguiente, ante el procurador general Jorge Miquelarena. “En todos los casos que Rivarola recurrió a los gritos, buscó avasallarme con ese tipo de violencia aprovechando que soy mujer, dado que jamás lo vi maltratar de esa forma a un hombre”.

Aunque tras la queja con el procurador el fiscal jefe no volvió a gritarle, “el destrato sigue ocurriendo a diario, buscando en forma silenciosa dañar mi trabajo y que el resto del personal desconozca mi autoridad y mi cargo”.

Gómez mencionó a Patricia Cárcamo, funcionaria del equipo de Rivarola. “Se dirigió en forma alterada en mi contra porque en el único caso que tiene conmigo le asigné una audiencia, siendo estas conductas producto del destrato y desacreditación de Rivarola en mi contra”.

“Odio personal

Según la denuncia, Rivarola tiene “animosidad, desprecio y destrato dado que como lo ha manifestado en voz alta, hará todo lo posible para dañar mi carrera”.

La fiscal interpretó que “existe un odio y desprecio personal y alejado de cualquier fundamento Iaboral hacia mí”. Y consideró: “No resulta justo ni correcto que por un desprecio personal de Rivarola se empañe mi carrera”.

La fiscal describió que sólo cuenta con un procurador fiscal y una o dos administrativos. “Jamás conté con más personal a pesar de mis pedidos, cuando lo normal es contar al menos con dos funcionarios y personal administrativo a cargo”.

Llegó a tener más de 500 causas activas “soportando sola presiones de todo tipo sumado a la falta total de apoyo e incluso al ataque permanente de Rivarola, que prioriza su odio personal sobre su tarea”.

“Sé de las presiones que debo soportar propias de mi cargo y demostré aplomo y carácter, pero no tengo que soportar al maltrato y machismo de Rivarola y menos aún permitir que dañe mi carrera en aras de lastimarme personalmente y sin importarle el daño que genere al sistema”, advirtió.

Explicó que primero reclamó internamente ante la Procuración para evitar un escándalo. “Pero ante la escalada de Rivarola y los ataques en mi contra considero pertinente la denuncia formal”.

Gómez también reveló en su denuncia un presunto acuerdo del fiscal jefe con Cárcamo, la procuradora fiscal Eugenia Domínguez y una mediadora de Fiscalía de apellido Cancilleri -“amiga íntima de Rivarola, siendo él quien le consiguió la designación en su trabajo”-.

Este grupo se habría reunido y “se glorificaron de haber armado una operación `brillante´ para atacarme y evitar que sea confirmada por el Consejo, cuestión que daban por segura”. Describió este acuerdo como un “ataque deliberado y con intenciones concretas lejanas al bien común”.

La denunciante también pide investigar a Diego Cruceño, secretario del Consejo que estuvo un tiempo adscripto en Fiscalía “a pedido de Rivarola, siendo él como su esposa sus íntimos amigos”. Gómez relató que Cruceño estuvo en Fiscalía este mes para reunirse con Cárcamo. “Fue una señal de alarma por lo extraño del encuentro y por la búsqueda de esquivarme de Cruceño. Juntando todos los indicios se volvió claro que realmente intentarían generarme un daño en forma organizada y deliberada”.

El Fiscal Jefe Dr. Juan Carlos Caperochipi comunica a la comunidad que el próximo lunes 17 de mayo, a las 12.00 hs., del corriente año tomará formal juramento como nuevo Fiscal General al Dr. Cristian Félix Olazabal en sede del Ministerio Público Fiscal de nuestra ciudad. La toma de juramento se realizará sin asistencia de público atento a las restricciones y protocolos del Covid 19.

Fuente: MPF

Unas sugestivas fotografías en las que aparecen un narcotraficante con un jefe policial, un fiscal y varios policías hubieran originado en otros lugares un verdadero escándalo y hasta pedidos de renuncia, pero acá en Chubut pasaron prácticamente desapercibidas: nadie les dio importancia, y los que aparecen en esas fotos siguen como si nada en sus funciones. Uno, es subjefe de la policía provincial, el fiscal aspira a ser ministro del Superior Tribunal de Justicia y los policías hoy, algunos, trabajan en brigadas -de incógnito, de civil- y otros son jefes de alguna comisaría.

Nunca ninguno ha hablado del tema -tampoco nadie se lo ha preguntado- y llamativamente las fotos desaparecieron de internet. En las mismas fotografías que vinculan al subjefe de Policía Néstor “El Tero” Gómez Ocampo con Omar “El Cura”.

Segundo un ex empresario pesquero de Puerto Madryn al que condenaron como narcotraficante a 9 años de prisión, por intentar mandar a España un cargamento de más de 100 kilos de cocaína; aparecería también el fiscal madrynense Daniel Esteban Báez, actualmente en plena campaña para llegar a ser ministro de la Corte provincial.

Catapultado por el Gobierno provincial y ayudado por algunos medios, Báez quiere ocupar uno de esos cargos vacantes, hasta el día de hoy, en la cúspide del Poder Judicial de la provincia, pero las fotos con “El Cura” Segundo en las que hasta el momento nadie lo referenciaba ¿complicarán su eventual llegada a la Corte?.

Hay quienes consideran que Báez, como funcionario público que es e integrante del Poder Judicial, debería darle explicaciones a la ciudadanía de cuál ha sido y es o sería su relación con Segundo. Y por qué aparece en esas fotos junto al actual subjefe de la policía del Chubut, Gómez Ocampo, quien tampoco nunca habló públicamente de qué tipo de vinculación tuvo y/o tiene con el ex empresario pesquero madrynense condenado como “narco” por un tribunal federal en un juicio que se hizo hace pocos años.

Las fotos del fiscal Báez y Gómez Ocampo son de distintos momentos y diferentes circunstancias: en una, Báez sería el que aparece de espaldas y Gómez Ocampo de perla, aparentemente comiendo asado en una de las tantas reuniones de “camaradería” que se hacían en un quincho de los magistrados de Puerto Madryn con “El Cura” Segundo. Y en la que más llama la atención se los muestra a ambos charlando con Segundo, evidenciando cierto disimulo, en un lugar que podría ser algún sitio público de Madryn.

Ahora bien, muchos se preguntan ¿por qué nadie de la Justicia se ha interesado en indagar qué hacían el fiscal Báez y el actual subjefe de la policía chubutense con alguien que ya en ese momento era investigado por las fuerzas federales como narcotraficante? ¿Por qué el comisario Néstor Gómez Ocampo niega conocer a “El Cura” Segundo hasta delante de un juez? ¿Quién es el que está protegiendo actualmente a Segundo, que no está en cárcel cumpliendo la condena sino en una prisión domiciliaria?.

Fuente: Diario Crónica de Comodoro Rivadavia

Un fiscal de Morón denunció hoy al expresidente Mauricio Macri por “instigación al delito y desobediencia” por un posteo en sus redes sociales en el que pidió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires “no apoyar las medidas” del Gobierno nacional y mantener las clases presenciales.

La presentación la hizo Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento.

Según la presentación, el fiscal pidió que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.

Citó un tuit del expresidente de ayer en el que posteó: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.

El fiscal consideró que “sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

Parece que son muy conocidos y le tienen fe al fiscal, al que también deberían investigar en la Justicia por su supuesta y llamativa relación con el narcotraficante Segundo al que –según algunas fotos y ciertos informantes— visitaba casi a menudo antes de que “El Cura” cayera en desgracia. Ahora, busca una ruta para llegar a ser integrante de la Corte provincial.

Dicen que un sector político estaría detrás de la candidatura de Báez para el Superior Tribunal de Justicia pero que no contaría con la anuencia (votos) de varios de los legisladores chubutenses.

Báez ha sido denunciado varias veces por mal desempeño de sus funciones. Hasta por la exlegisladora nacional Elisa “Lilita” Carrió puso en evidencia una vez cuando vino a Madryn su sospechoso desempeño en el caso Espinosa; la investigación del crimen del empresario pesquero asesinado la noche del 30 de enero de 2003 y que todavía está impune.

Todavía no pocos recuerdan su cuestionable papel en el segundo juicio por el asesinato de Espinosa, cuando al cambiar su acusación a último momento contra los sospechosos hizo que todos terminaran absueltos: que el caso se cayera en pleno juicio.

Por eso Báez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Chubut por mal desempeño, pero allí lo protegieron (dicen por orden del en ese entonces gobernador Das Neves, hoy fallecido) y esa presentación quedó en la nada, como otras que hicieron los abogados de Lorena Gabarruz, la última pareja de Cacho Espinosa que fue testigo presencial del homicidio.

Báez es otro Massoni en Madryn: tiene un bufón llamado Sebastián Torres que hace también de su vocero, se rodea de comunicadores amigos con los que incluso come asado y logra de esa manera un blindaje mediático por el que, por ejemplo, nunca se va a ver reflejada en algún medio de Madryn alguna denuncia, queja o critica en su contra. Ahora parece que a ese “grupete” de obsecuentes se agregó un tal Gil, que de gil no tiene nada.

Este “comunicador” se puso un portal de noticias al calor de una jugosa pauta publicitaria del Estado que recibiría de un gobernante de primera línea y en medio de una operación, avivada también desde las sombras por ciertos cuestionados políticos, vende la imagen del fiscal como si fuera la de un aclamado justiciero.

A Báez se le nota hasta cierta desesperación por llegar a ser uno de los miembros de la Corte provincial, pero la fama que tiene no lo acompañaría y va a tener que enfrentarse contra cierto sector del poder que no lo quiere.

El fiscal y “El Tero” Gómez Ocampo, hoy subjefe de la policía provincial; son amigos entrañables. En Madryn se comentan mucho “sus hazañas” en el ambiente nocturno.

Báez, por ejemplo, era uno de los anfitriones de los asados que organizaba “El Cura” Omar Segundo, increíblemente, en un quincho del Poder Judicial de Puerto Madryn, mientras al “Cura” lo estaban investigando fuerzas federales por ese cargamento de los 100 kilos de cocaína que le terminaron secuestrando de su empresa pesquera, cuando estaba a punto de embarcarlo para España disimulado en cajones de langostino, en un procedimiento que dio origen a la causa por la que hoy Segundo está condenado a 9 años de cárcel.

El fiscal que investiga los incendios desencadenados casi en simultáneo en diferentes puntos de la Comarca Andina, Carlos Díaz Meyer, indicó este lunes que la pena por este tipo de siniestros, podría ser de «8 a 20 años» de cárcel «ya que hay dos personas fallecidas».

Díaz Meyer habló de los avances de la investigación y aseguró que si bien “los bomberos me darán un informe para ver si hubo intencionalidad en los incendios, por acción o por omisión, habrá responsables.

En diálogo con Cadena Tiempo, el fiscal al frente del caso se refirió a las versiones que le adjudican el inicio intencional de los incendios a un grupo mapuche: “No hay nada en la causa; si bien puede ser una hipótesis no hay elementos que acompañen esas acusaciones”, precisó.

Díaz Meyer también tiene a su cargo la investigación que se inició luego del ataque al presidente Alberto Fernández en su visita a Chubut. «Hubo allanamientos en las casas de las personas sindicadas como autores de las agresiones a la camioneta donde viajaba el presidente y su comitiva, se secuestró ropa, teléfonos celulares y se realizaron una identificación completa de las personas, después quedaron en libertad por disposición del juez”, reveló.

Y agregó: “Las imputaciones contra las personas que habrían participado del hecho de violencia son daños y atentado a la autoridad. No obstante, pueden modificarse con el avance de la investigación. Los identificados, en principio, son alrededor de 10 y los que fueron detenidos 5”.

“La investigación tiene una parte también que determinará quién estaba a cargo de la seguridad del presidente. Ya hay una investigación en la Justicia Federal en curso para determinar esto último”, manifestó.

Fuente: ADNSUR

Fiscales peruanos presentaron cargos de corrupción contra la candidata presidencial Keiko Fujimori que amenazan con descarrilar su campaña y podrían significar más de 30 años de prisión.

Fiscales peruanos presentaron cargos de corrupción contra la candidata presidencial Keiko Fujimori que amenazan con descarrilar su campaña y podrían significar más de 30 años de prisión.

En un comunicado el jueves, la Fiscalía dijo que acusaba a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori —que está en la cárcel—, de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La acusación fiscal también nombra al partido político de Fujimori, Fuerza Popular. Si hay una condena en el caso, los fiscales dijeron que pedirán la “disolución y liquidación” del partido.

Fujimori, una congresista de larga data, fue encarcelada durante partes de 2019 y 2020 mientras luchaba contra esta y otras acusaciones de que recibió contribuciones ilegales de campaña durante su carrera presidencial de 2011. Fue liberada de la detención preventiva el año pasado y ha negado repetidamente cualquier irregularidad.

El jueves, Fujimori acusó a los fiscales de intentar perjudicar su candidatura a la presidencia antes de la primera ronda de votaciones el 11 de abril, en la que algunas encuestas muestran que está en empate con tres más por el segundo lugar.

Lo confirmó el fiscal Díaz Mayer, a cargo de la investigación por los incendios de la Comarca. Este fin de semana llegan peritos especiales de Policía Federal.

El fiscal Carlos Díaz Mayer, con incumbencia en la Comarca Andina, se refirió al inicio de la investigación por los incendios.

En principio, dijo en contacto con Notas de Radio por FM SOL que no hay confirmación de personas desaparecidas, «excepto una que se fue con elementos necesarios y hasta el momento no hay novedades. Sí hay unas diez a doce personas no ubicables que quizás se han trasladado y hasta el momento nadie ha reportado. Por ahora no sabemos el estado de estas personas. Hay más de 200 casas que están derrumbadas y se está haciendo una determinación muy específica. Esto implica una recorrida especial por cada una» aclaró.

En referencia a la investigación, confirmó que las comisarías de Cholila, El Hoyo y Lago Puelo, junto a las brigadas de investigaciones de la provincia ya comenzaron con las tareas y entrevistas en diferentes puntos de la región. El fiscal admitió que tiene un informe preliminar relacionado con el origen de uno de los siniestros. «Es un adelanto, una línea de investigación que habla de un cortocircuito pero no está certificado ni probado». En este aspecto, explicó que espera el arribo de la división de investigación de siniestros de bomberos y Policía Federal este fin de semana a la zona. «A estas personas el lugar les habla de dónde se inició para luego llegar al cómo, lo que va a permitir analizar mejor el quién».

Sobre las líneas de investigación, aclaró que «la magnitud del incendio no fueron la cantidad de focos sino lo que el viento hizo luego, que los avivó y desparramó». Luego, dijo que considera «prematuro» dar conclusiones pero adelantó que hay datos y testimonios de personas dispuestas a colaborar.

«Gente que brindó información importante que ya ha sido entrevistada. Toda persona que tenga un dato para aportar puede acercarlo a las comisarías, a la Fiscalía y hasta por mail». En este aspecto también cuentan con otros elementos que pueden sumar pruebas: cámaras, registros de celulares, drones y aplicaciones de celular. Consultado sobre las penas que caben si se comprueban los autores de incendios, expresó que son delitos que configuran estrago doloso y pueden ir derivando a otros delitos agravados, como fallecimientos. La expectativa de pena mínima es de 3 a 10 años y si hubo fallecimientos de 8 a 20 años.

Los restos del fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, fallecido el último sábado, serán inhumados este domingo a las 11 en Cementerio Memorial de Pilar.

La información sobre el fallecimiento del fiscal fue difundida por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Di Lello estaba a cargo de la Fiscalía 1 de la Ciudad de Buenos Aires con competencia electoral y de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Registro Nacional de Armas.

El exfiscal de 72 años ingresó a la Procuración General de la Nación en 1992 y allí fue designado como adjunto de la Fiscalía Federal Numero cinco y dos años después fue nombrado Fiscal titular de la Fiscalía 1 con competencia electoral.

A lo largo de su larga trayectoria tuvo que intervenir en causas de alta repercusión como la causa de las escuchas ilegales contra Mauricio Macri, y en el caso Ciccone donde impulsó la indagatoria del entonces vicepresidente Amado Boudou.

En 2017, impulso una investigación contra Macri, el titular del grupo SIDECO Franco Macri y el exsecretario General de la Presidencia Fernando De Andreis, junto a los responsables de la línea aérea AVIANCA.

En los últimos días recayó en su fiscalía la investigación al diputado del Pro Fernando Iglesias, quien fue denunciado por el legislador oficialista Rodolfo Tailhade de presunto enriquecimiento ilícito.