La Ley de Abastecimiento fue sancionada el 20 de junio de 1974 y modificada en el 2014. La norma habilita al Poder Ejecutivo a determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos.
También incluye la aplicación de multas, clausuras de establecimientos por 90 días, inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos, en caso de desabastecimiento o escasez. También otorga la potestad al Gobierno a establecer márgenes máximos de ganancia para las empresas.
Durante la última reunión de las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), el secretario de Comercio Pablo Lavigne transmitió la decisión oficial de avanzar en la derogación de la Ley 20.680.
La ley autoriza a la Secretaría de Comercio a “imponer sanciones frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales”.
Además, el Estado tiene la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia -como era el caso del programa Precios Cuidados, desactivado por el nuevo gobierno-, y márgenes de utilidad (es decir, lo que pueden ganar las empresas por cada producto o servicio).
La ley determina que, eventualmente, el Estado puede sancionar con multas, clausuras, etc., a las empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios, acaparen mercadería o materia prima, destruyan mercaderías o bienes que puedan generar escasez o restrinjan o nieguen de manera injustificada la venta, entre otras situaciones.
LEY DE GÓNDOLAS Y OBSERVATORIO DE PRECIOS
Se prevé que la ley ómnibus que prepara Federico Sturzenegger, extitular del Banco Central, incluya la eliminación de tres leyes que forman parte de los reclamos más habituales en las empresas de consumo masivo: las de Abastecimiento, la del Observatorio de Precios, y la de Góndolas.
El Observatorio de Precios fue creado a fines de 2015 con el objetivo “monitorear, relevar y sistematizar información de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados en el país”.
Por otro lado, la Ley de Góndolas, promulgada en 2021, obliga a los supermercados a señalizar en góndolas físicas y virtuales los productos fabricados por pequeñas empresas y los productos con el menor precio en categorías de consumo habitual.