El gobernador Ignacio Torres participó este martes de una reunión en la Capital Federal con sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa.
Los mandatarios se posicionaron en contra del articulado del proyecto de «Ley Ómnibus» enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, que pretende modificar la Ley de Pesca actual.
Los mandatarios consideraron que de concretarse las modificaciones contempladas en la iniciativa, «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros».
Las críticas fueron expresadas en un comunicado conjunto de los mandatarios, el cual aborda 3 ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
En primer lugar, plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca -Ley 24.922- que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo nacional.
El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.
“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios patagónicos.
Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.
“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores.
Los mandatarios señalaron además, que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.
Por último, remarcaron que “las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, teniendo así como resultado “una menor recaudación por parte del Estado Nacional».
