El ex fiscal y actual ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Reinaldo Iturrioz presentará el pedido de juicio político en contra de dos fiscales de Comodoro Rivadavia, porque éstos desistieron de continuar con la acusación contra ex funcionarios municipales en la causa por la que se investigaron posibles hechos irregulares en la contratación de maquinarias durante el temporal de lluvia que afectó a la ciudad petrolera en 2017.
Esa es la información con la que los comodorenses se desayunaron el último viernes a través de los medios de comunicación y redes sociales, y que fue confirmada con el correr de las horas desde el propio Gobierno. La noticia no sería tragicómica si no fuera porque el ministro Iturrioz es quien después de casi cinco años de idas y vueltas ha podido “zafar” de un juicio político, cuya causa fue archivada porque el jefe de fiscales, el Procurador General Jorge Miquelarena retiró la acusación.
Concretamente, Iturrioz tuvo varias acusaciones que motivaron al menos sendos pedidos de jury. Uno de los reproches en su contra fue por su intenso y “fuera de lugar” participación en las redes sociales, especialmente de la ex Twitter (hoy X), al punto que entre el público se ganó el mote de “fiscal tuitero”. Fue por esta vía que, incluso, calificó como “títere” al entonces Presidente Alberto Fernández. Pero eso es inofensivo al lado de otra acusación que pesó en su contra: favorecer a un ex comisario, entonces jefe de una comisaría comodorense, quien fue procesado acusado de brindar “protección” a un conocido y peligroso malhechor de la ciudad.
Asimismo, el ex fiscal comodorense también había sido cuestionado por el Consejo de la Magistratura por su actuación en la causa “Revelación”, cuando ordenó la detención del entonces ministro Martín Bortagaray, por lo que también se le realizó un sumario que derivó en un pedido de juicio político, y que luego quedó sin efecto.
Por si fuera poco, el entonces fiscal Iturrioz fue reprobado en el examen al que fue sometido por el Consejo de la Magistratura en la evaluación de sus primeros tres años de gestión como fiscal. Dicho organismo es el encargado de la designación y de la remoción de magistrados. Esta evaluación declarada insatisfactoria en forma unánime por los consejeros motivó que se constituyese el Tribunal de Enjuiciamiento para llevar a cabo el juicio político para su destitución.
El proceso para su concreción fue un lento e interminable camino que tuvo su epílogo tres años más tarde. Todo el proceso se inició en 2019 y recién en abril de 2022, después de numerosas dilaciones, se pudo concretar el juicio. Así es: después de tres años de la decisión de iniciar el jury contra el ex fiscal, parecía que iba a realizarse el tan mentado juicio político. Al final, éste no se hizo tras el retiro de la acusación por parte del Procurador General de la provincia, el jefe de Iturrioz en ese entonces.
En realidad, el juicio se convocó y se inició, pero después de la exposición de la defensora de Iturrioz, el Procurador General decidió retirar la acusación. Por lo tanto, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó archivar la denuncia que había realizado el Consejo de la Magistratura. “Luego de los planteos nulificantes de mi defensora Lucía Pettinari, el procurador adhirió a todos y retiró la acusación” explicó en aquel entonces el propio Iturrioz.
En todos esos años, mientras el juicio político se posponía una vez tras otra por los más diversos motivos, el entonces fiscal Iturrioz (había asumido en 2014) continuó en su cargo cumpliendo sus funciones, como por ejemplo, interviniendo en diversos casos penales, encabezando allanamiento y solicitando pedidos de detenciones, entre otras acciones. Todo ello estaría bien, excepto si no fuera que el ex fiscal estaba sindicado de no estar apto para cumplir esas funciones. Y el problema fue que esta dilación durante todo ese tiempo no permitió que esa cuestión se clarificara en tiempo y forma, que era a través del jury que debió concretarse de manera inmediata, para saber, con certeza, si en verdad era o no apto para continuar desempeñándose como fiscal. De esa forma, a su vez, el fiscal hubiera tenido la posibilidad de defenderse y demostrar que la determinación de los miembros del Consejo de la Magistratura, que lo consideraron no apto para seguir como fiscal, era equivocada.
En la fuerza policial, por ejemplo, cuando un funcionario es denunciado por algún motivo, de inmediato es separado de su cargo y pasado a disponibilidad hasta tanto se sustancia el sumario respectivo, y, si fuera el caso, el pase del caso a la justicia ordinaria. Este comportamiento, al parecer, no se aplica en el Poder Judicial. Por lo menos, no se hizo en este caso.
Esta duda quedó de alguna manera disipada, al final, recién después de tres años. ¿Qué podría haber pasado si en el juicio político Iturrioz era destituido? ¿Qué hubiera sucedido con todas las acciones -y efectos- desarrolladas por el entonces fiscal en numerosas y diversas causas en que intervino? Esta decisión del Procurador General Jorge Miquelarena de retirar la acusación ¿no habrá sido la única salida posible del sistema para ‘salvar’ los problemas jurídicos que podrían haberse generado tras una destitución del fiscal? Son dudas que quedaron en el tintero.
En la actualidad, Iturrioz encabeza la cartera ministerial de Seguridad y Justicia de Chubut y tiene como subsecretario a Rodrigo Miquelarena. El de Iturrioz es un cargo al que accedió tras solicitar una licencia especial en el Poder Judicial. Por lo que, una vez que abandone las funciones en el Poder Ejecutivo Provincial, volverá a ponerse el traje de fiscal.