La Argentina recuperará en 2024 el superávit en su balanza comercial energética después de 14 años. Esto será central para estabilizar la economía a mediano plazo, pues implica una menor salida de dólares por importaciones de combustibles. A futuro, el sector energético podría ser «otro campo», la palanca para no depender de las lluvias o las sequías y otorgar las divisas para pagar la deuda externa y bajar el riesgo país.
La puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta en agosto del año pasado fue crucial para este objetivo. Según un informe de la consultora Vectorial, el diferencial entre exportaciones e importaciones de energía desde entonces fue positivo durante siete meses seguidos (agosto-febrero) por un total acumulado de 2.093 millones de dólares.
«Para encontrar otro período con superávit energético por 7 meses consecutivos hay que retrotraerse a mediados del 2010», valoró la consultora que dirige Eduardo Hecker, ex presidente del Banco Nación.
«Del total de US$ 2.236 millones de saldo comercial positivo acumulado en el primer bimestre, el rubro Combustibles explica US$ 948 millones, más del 42%. El desarrollo del sector energético lo transforma en clave para normalizar la estacionalidad de la oferta y demanda de dólares», amplía el informe.
Cronología del estancamiento
Los flujos comerciales de la energía en la Argentina están íntimamente ligados a su desempeño económico reciente.
Tras la devaluación y la salida de la Convertibilidad en 2002 y el congelamiento de tarifas que inició Eduardo Duhalde y prolongaron Néstor y Cristina Kirchner, la producción de petróleo y gas se derrumbó, los salarios de los argentinos crecieron y la demanda estalló, con señales de precios que no incentivaban la eficiencia en el consumo.
Tras 24 años consecutivos con superávit comercial en energía (1987-2010), el país tuvo déficit a partir de 2011 y Cristina Kirchner instauró los controles de cambios -cepo al dólar- que provocaron un largo estancamiento de la actividad con alta inflación.
En 2014, el gran volumen de importaciones se combinó con un alto precio del gas y el déficit comercial energético trepó por encima de los US$ 7.000 millones (contra US$ 7.000 millones de superávit que había tenido en 2006, ocho años antes).
El enorme potencial de Vaca Muerta, probado en los primeros años de la administración de Mauricio Macri, dio lugar a la idea de la construcción de un gasoducto para evacuar mayor cantidad de gas natural desde Neuquén hasta los centros de consumo y sustituir las importaciones de combustibles como gasoil y fuel oil, y también el Gas Natural Licuado (GNL). Trabajo local en lugar de trabajo importado, en pesos y a menor precio.
Sobre el final de su gestión, Macri tomó la decisión de licitar el gasoducto con financiamiento privado, pero tras las elecciones PASO de 2019 el salto del riesgo país y la incertidumbre por la obtención de tarifas dolarizadas a largo plazo tumbaron la iniciativa.
Alberto Fernández mantuvo en stand by la obra mientras seguía la interna con la vicepresidenta Cristina Kirchner entre 2020 y 2021. La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 manifestó nuevamente la necesidad del gasoducto, pues ese año la Argentina tuvo que importar energía más cara y tuvo un déficit comercial en el sector de US$ 4.400 millones.
A mediados de ese año, la empresa pública Energía Argentina (Enarsa), a cargo entonces de Agustín Gerez, licitó el gasoducto de Vaca Muerta. Las constructoras Techint, Sacde y BTU lo hicieron en tiempo récord a un costo cercano a los US$ 2.500 millones y con financiamiento del Estado nacional, con dinero de la recaudación de impuestos como el aporte de las grandes fortunas cobrado en 2021, la toma de deuda en pesos y la emisión monetaria.
