Este 27 de mayo se cumplen tres años del crimen de Alejandro «Tino» John, el vecino de la Comarca que fue asesinado en el marco de un cuestionado operativo del GEOP. Se trata de un caso que conmocionó a la provincia y reavivó el debate sobre la violencia institucional. Durante el largo proceso judicial, la querella aportó evidencias de una cadena de acción y omisión que, de haber sido diferente, habría evitado la muerte de John. La causa estuvo muy cerca de ser cerrada, pero gracias a la lucha incansable de la familia hoy la investigación está en curso y hay tres imputados cuya participación había sido, en un principio, desestimada. Un repaso por las claves del caso.
El asesinato de Alejandro «Tino» John se produjo durante la mañana del jueves 27 de mayo del 2021. El día anterior la policía local ya había estado en el domicilio de la víctima, ubicado en el Paraje de Las Golondrinas, a raíz de una denuncia de los vecinos ya que el hombre había realizado disparos al aire. Según relatos que se fueron recogiendo más tarde, John tenía problemas de salud mental y estaba preocupado por la situación que se vivía en la Comarca tras los incendios.
De acuerdo al relato del entonces jefe de la Policía de Chubut, Paulino Gómez, los efectivos debieron replegarse ya que los «corrieron a tiros». Es por ello que se solicitó la presencia del GEOP, que viajó a la localidad en horas de la madrugada. Arribó a las 10:30 del jueves para realizar el allanamiento en la casa de “Tino” John, a pedido del fiscal Carlos Díaz Mayer.
Los hijos del hombre habían solicitado que esperaran su llegada para ayudar a calmar a su padre, y el pedido de la Fiscalía exigía la presencia de una ambulancia, considerando que conocían de antemano los problemas de salud mental de John. Ninguna de estas pautas fue respetada y el operativo inició de manera precipitada.
«Martínez nos llamó esa misma mañana diciendo que estaban en la tranquera y que tenían una orden de allanamiento, pero no nos dijo que eran del GEOP», relató Donato -uno de los hijos de “Tino” John-, en diálogo con este medio, a un año del crimen: «Le pedimos a Martínez que no entraran, que ya íbamos para allá, y le recordamos que tenía que estar presente el personal especializado de Salud Mental. Sin embargo, apenas cortó la llamada, entraron, lo buscaron y lo mataron, cuando podrían haber buscado un montón de soluciones».
Pese a que la versión policial de ese momento -defendida a regañadientes por el entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni, y argumentada judicialmente por Diaz Mayer- hablaba de “Tino” John como un hombre peligroso e impredecible, los hijos señalaron que ese jueves se encontraba estabilizado.
«Mi viejo estaba en su casa, había hablado con mi hermana, había dormido, estaba mucho más tranquilo. Pero entraron, rompieron la puerta, no dijeron nada, no indicaron en ningún momento a qué habían ido. Si te ponés en el lugar de mi papá, ¿cómo iba a saber él qué habían ido a hacer? Le reventaron los vidrios con un ladrillo, le tiraron las bombas, subieron y lo fusilaron», relata Donato a El Extremo Sur.
Su hija Dona recuerda haber hablado esa mañana con él: «Estaba re tranquilo, se estaba por poner a trabajar, estaba arreglando una motosierra. Cuando el GEOP llegó, estaba laburando, desarmado. Entraron camionetas que no estaban identificadas. Más tarde llamaron a mi hermano para preguntarle el apellido y nombre de mi papá. Él les da la info sin saber que era para labrar las actas, porque no tenían sus datos. El comisario ni le dice que habían matado al padre. Una frialdad total».
Su pareja, Claudia Costa Basso, se encontraba en la vivienda el día de los hechos. «Yo estaba llegando a casa, me dejaron en la puerta. Desde la tranquera hasta la casa hay alrededor de 300 metros. Iba caminando y veo bultos, no sé por qué se me ocurrió pensar que eran jabalíes», recordaba en una entrevista con este medio. «Llamé a Tino. Y él me dijo que iba a salir a buscarme. Cuando sigo caminando veo que los bultos se meten en la cuneta; veo un traje de militar. Ahí me di cuenta que algo pasaba», continúa el relato.
«Tino me estaba esperando con un chico que lo ayudaba con el galpón. Escuché que me dijeron ‘¡señora, señora!’, lo que me dio miedo. Me acerco a Tino, ni un beso alcancé a darle y le digo ‘metete adentro’. Miré para el costado y vi que entraban dos camionetas. De golpe rompieron la puerta y entraron como 20 personas con cascos, armas y fusiles, a los gritos. Tino agarró el rifle, se fue para arriba. Yo le agarré la mano y me dijo ‘quedate ahí»’, contaba a poco más de un mes del crimen.
Al ingresar, los policías llevaron a Claudia al living y la maniataron; así la dejaron hasta que terminó el operativo. Mientras tanto, le impidieron llamar a alguien ni le dieron información precisa sobre lo que estaba pasando. Recuerda haber estado atada durante al menos cuarenta minutos, y recién fue liberada cuando los efectivos vieron que la fiscal arribaba al domicilio. Media hora después, una vez que «Tino» había fallecido y el operativo finalizado, uno de los efectivos le entregó la orden de allanamiento.
En las horas siguientes, el hecho se hizo público y comenzó a circular una versión policial que hablaba de un hombre con una actitud «extremadamente violenta e incontrolable», que contaba con armas de fuego y había sido «neutralizado» con un tiro en la cabeza, como única opción posible para resguardar la vida de terceros. Es la versión que sostuvo el entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien explicó que se había actuado en «conformidad» con los protocolos, y la que más tarde recuperó Díaz Mayer para expresarse en el mismo sentido e incluso pedir la absolución de uno de los imputados.
La escena armada: la pericia de Prueguer
Los testimonios de la familia, de los vecinos que conocían a John y de la propia Claudia, que había estado ahí el día de los hechos, comenzaron a cuestionar la versión oficial, poniendo de manifiesto que el grupo especializado no había agotado todos los recursos para calmarlo antes de tener que efectuar un disparo mortal.
En septiembre del 2021 se llevó a cabo una pericia a cargo de Enrique Prueguer, solicitada por el abogado de Claudia Costa. El experto, que cuenta con experiencia en casos de violencia policial como el asesinato de Rafael Nahuel o el de Santiago Maldonado, encontró varias contradicciones entre la evidencia de la escena y el relato planteado por el fiscal.
Descubrió diferencias entre los disparos que supuestamente realizó la víctima y la trayectoria de éstos según la burda versión policial: los mismos se habrían realizado desde afuera y desde abajo de la habitación donde fue ejecutado “Tino” John y donde presuntamente disparó según el relato oficial. Tampoco hay coincidencias en la ubicación del vecino al momento de ingresar el GEOP a la vivienda y la que establece la pericia oficial.
En declaraciones a La Namunkurá, Prueger afirmó que «entraron a matar. Tino no se resistió; tiene un disparo en la frente. No había arma en el lugar; él estaba en el pasillo, agachado, en el lugar donde cae lo corren para hacer simular la posibilidad de que estuvo disparando desde la escalera. Armaron la escena».
Habló de una «ejecución» y subrayó que deberían haber utilizado a Claudia como mediadora pero que, en lugar de eso, la ataron. «Hay tres impactos de la pared del pasillo pero no vienen de arriba sino de abajo; es física pura», analizó Prueger.
Por otro lado, cuestionó la ausencia de los vídeos de las GoPro que llevan los efectivos en el casco y que registran los operativos.
En el pedido de absolución de Luis Moggiano -principal imputado y supuesto tirador- que posteriormente redacta Díaz Mayer se explica que en junio de 2021 un perito informático forense realizó la pericia pertinente para «extraer o recuperar registros, que pudieron haber sido eliminados el 27 de mayo de 2021», pero que finalmente pareció «no contar con todos los medios idóneos» para la tarea. Un informe posterior del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón 36 Esquel de la Gendarmería Nacional Argentina concluye que «no se detectó que se hubiera eliminado elemento alguno en la fecha señalada».
Un año sin justicia
A un año de los hechos, la causa parecía no llegar a ningún lado. La familia y las organizaciones continuaban exigiendo la apertura de investigación. Por cada mes que pasaba, más riesgos existían de que fuese cerrada definitivamente. Mientras tanto, se acumulaban las pruebas a favor de la versión de la querella y el relato oficial de Díaz Mayer era cada vez más cuestionado.
En entrevista con El Extremo Sur, Claudia reiteró la idea de un blindaje mediático de los medios nacionales: «Parece que alguien protege a la provincia. Se quemó el Cerro Piltriquitrón y a los dos minutos estaban todos los medios nacionales. Estuvieron filmando y cubriendo el tema de los incendios a metros de la casa y nadie habló de “Tino” John».
Para ese momento, todas las hipótesis de un abuso de la fuerza, inadecuación del protocolo o manipulación de la escena, eran rechazadas por el fiscal Carlos Díaz Mayer, quién había llegado a una rápida conclusión estableciendo el «legítimo uso de la fuerza» en el marco de un «acto de defensa».
Para ese entonces se había sumado el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Noroeste, quienes acompañan las querellas desde el inicio del caso. El reclamo central de la familia, además del esclarecimiento de los hechos, era que se apartara a jueces y fiscales intervinientes de la causa y que se pusiera a cargo a una fuerza distinta. De lo contrario, denunciaba la familia, se trataba de la Policía «investigándose a sí misma».
El 8 de mayo, Día Contra la Violencia Institucional, Claudia fue invitada a la Cámara de Diputados, donde junto a otros familiares de víctimas expuso su caso: «Les dije que acá el Poder Judicial, policial y político están en la misma telaraña. Les dije ‘crucé el muro de Berlín y les vengo a pedir ayuda’. Si Nación no ayuda, buscaré a la comunidad internacional, que ya está al tanto», recordó.
Quienes acompañaban el caso no dejaban de exigir que avanzara la investigación, sin respuestas: «El 27 de abril fuimos con Nelson Avalos (APDH Noroeste Chubut) y Daniel Gómez Lozano (APDH Nacional) a la Fiscalía para hablar con Díaz Mayer. Lo anunciamos el día anterior, y resulta que justo ese día se tomó licencia. Quisimos hablar con la auxiliar que estuvo todo el año con el caso y fue la que llegó ese 27 trágico a casa. Se había ido a Esquel. La misma secretaria nos dijo que la doctora Monge se lleva el expediente en la cartera. La respuesta fue ‘tenemos que ver'», relataba Claudia.
La apertura de la causa y el primer imputado
La causa estaba al borde de la impunidad. Pero en agosto del 2022 se dictó el pedido de apertura de investigación y el defensor público Marcos Ponce -representante legal de uno de los hijos de la víctima- anunció que, en esa instancia, se imputaría a Luis Américo Moggiano, responsable de efectuar el disparo que acabó con la vida de “Tino” John. Se hablaba entonces de una posible cadena a perpetua.
Fue el primer imputado de la causa, la primera figura material de la «larga cadena de responsabilidades, acciones y omisiones que llevaron a que acaben con la vida de Tino» que denunciaba la pareja de Alejandro «Tino» John.
Claudia hablaba entonces de una demora exagerada en los plazos de apertura: «Esta demora habla mucho. Me da la razón. ¿Tanto tardaron para imputar a uno solo? ¿Por qué tuvo que pasar más de un año?».
Apenas se hizo pública la noticia de la apertura de investigación, los hijos de la víctima se expresaron vía redes sociales: «El 23 de agosto del corriente, el fiscal Carlos Diaz Mayer pidió la apertura de investigación. La misma tendrá lugar el 13 de septiembre. Sin embargo, vemos que en tal pedido, el fiscal da por sentado muchas cosas. Como por ejemplo, que nuestro padre era alcohólico, lo cual es una férrea mentira y desconocemos en qué se basa para tal acusación. Son hechos que no hacen más que seguir ensuciando la memoria de nuestro padre».
Además, volvieron a remarcar la negligencia de los funcionarios judiciales y personal policial, quienes estaban obligados a contar con los recursos necesarios para tranquilizar a “Tino” John y evitar una posible situación estresante, toda una serie de recaudos que no fueron tomados. Errores y omisiones por los cuales, hasta ese momento, nadie había tomado responsabilidad.
«Ellos prometieron investigar, dijeron que estaba todo mal hecho. Queremos una respuesta, no solamente nosotros sino toda la comunidad», exigía Donato, hijo de “Tino” John, en diálogo con este medio.
La esperanza de justicia
El 23 de octubre de 2023 la querella de Claudia Costa presentó un pedido de ampliación de imputación que se extendía a dos comisarios -Omar Martínez y Cristian Soto- y a un oficial principal -Jesús Ramos-, todos imputados por homicidio agravado, exceso de su cargo función por ser miembros de Seguridad y a Ramos por privación ilegítima de la libertad de la viuda de John.
La audiencia fue pedida pero no fue efectivizada sino hasta 15 días después; al igual que con otras instancias del caso, siempre al borde de las fechas de cierre. Sin embargo, la respuesta de la Justicia fue la negación de esa ampliación bajo el argumento de que el único que podía sumar otros imputados era el Ministerio Público Fiscal.
«La Fiscalía es la que demoró un año y medio en abrir la causa, con un solo imputado, es la que ordena a la policía ese día, la misma que pedimos recusar y no fue recusada, la misma que se investiga a sí misma. Ese es mi mapa», expresaba Costa en diálogo con este medio. Y remarcaba la necesidad de reconocer la cadena de acción y omisión, que estaba lejos de agotarse en Moggiano.
«Yo entiendo que este señor fue el autor material, por eso está imputado. Pero hay otras personas, para mí muchas más. Será en alguna otra instancia. Hay una cadena de acción y omisión enorme. Si pudiera ahora la Fiscalía decir que acepta la imputación, queda al descubierto, porque en un año y medio no los imputó. Es mi deducción», argumentaba Costa.
