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Claudia Costa Basso, se refirió al cuarto intermedio en la apertura de la investigación y señaló «el martes que viene va a ser un año y cuatro meses del asesinato de Tino».

La esposa de «Tino» John, Claudia Costa Basso, manifestó su indignación por el cuarto intermedio en la apertura de la investigación.

 

 

En diálogo con Red 43, Claudio Costa Basso expresó que fue terrible la audiencia de ayer ya que «no se pudo concretar». Contó que el martes sus abogados, los hijos de «Tino» y ella estuvieron presentes en la audiencia, mientras que el imputado y su abogado se comunicaron por Zoom, por lo que, señaló estas desprolijidades como una falta de respeto.

 

 

«Ni bien se empezó la audiencia, se pidió la recusación del juez Rolón, quien dice que para concretar esa recusación tenía que tomar el cuarto intermedio. Fuimos a un cuarto intermedio que duró casi una hora. Después se da lugar a la apertura», comentó Costa Basso y resaltó que el imputado estaba con su abogado defensor por zoom, «se cortaba a cada rato. Estas desprolijidades las siento como falta de respeto a Tino».

Al mismo tiempo, la novia de «Tino» recordó que «antes de empezar, el defensor del imputado dice que quiere pedir la recusación del fiscal Mayer. El fiscal que estaba presente dijo que no tenía que ser recusado. El juez dice que la recusación del fiscal tiene que ir al concejo de la magistratura, entonces no se abrió la causa».

«El martes que viene va a ser un año y cuatro meses del asesinato de Tino»

«Todo esto es un mar de sospecha, mientras más pasan cosas así sino más razón me dan», reveló y agregó que no sabe cuándo será la próxima audiencia.

La mañana de ayer, la familia se presentó como querellante en la causa ocurrida en mayo del 2021, en el marco de un operativo del GEOP en Las Golondrinas.

Este martes por la mañana se realizó en Esquel la audiencia de apertura de investigación formal por el asesinato de Alejandro “Tino” John, ocurrido el 27 de mayo del año pasado a manos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), en Las Golondrinas.

En este marco, la Fiscalía pretende imputar por el caso a un integrante del grupo, Luis Américo Moggiano, mientras que los familiares del vecino buscan constituirse como querellantes e impulsar la investigación.

Alrededor de las 09:00 horas inició la audiencia que atravesó un cuarto intermedio ya que una de las partes pidió apartar a uno de los jueces, quien ordenó el allanamiento y autorizó el ingreso del GEOP, sin embargo fue ratificado.

Posteriormente, hubo otro cuarto intermedio, por tiempo indeterminado, ya que la Defensa del imputado pidió que se aparte del caso al fiscal que interviene, Carlos Díaz Mayer.

La medida deberá ser dispuesta por el Procurador General y se aguarda la resolución para avanzar en la causa.

Se trata del sargento Luis Américo Moggiano a quien podrían pedirle la detención y la prisión preventiva, en un proceso judicial en el que también deberían estar dando explicaciones quienes gobernaban la Policía del Chubut al momento en que ocurrió el crimen; los hermanos Miguel y Paulino Gómez, el oscuro Néstor “El Tero” Gómez Ocampo y hasta Federico Massoni; el que era ministro de Seguridad en ese entonces, quien llegó a justificar en la Legislatura el sangriento procedimiento que terminó con la vida del productor Martín Alejandro “Tino” John.

En el proceso judicial que se sustanciará en la Oficina Judicial de Esquel a partir de este 20 de setiembre la última pareja del fallecido, Claudia Costa Basso, actuará como querellante y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional se presentó el 6 de setiembre en el expediente para colaborar en la investigación como “Amicus Curiae”.  La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) del Noroeste de Chubut por su lado, también pidió ser admitida como querellante.

A “Tino” John lo asesinaron a sangre fría en su casa del paraje chubutense  de “Las Golondrinas”. Fue el 28 de mayo de 2021. Era un paciente psiquiátrico –según se dijo desde un comienzo— y ese día en que lo mataron estaba armado, y disparaba hacia el exterior de su domicilio. Se aseguraba desde la misma policía del lugar que ponía en riesgo  la vida de sus vecinos y por eso “alguien con autoridad” convocó al GEOP de Rawson, que en vez de llegar a la vivienda del hombre, desarmarlo y trasladarlo a un hospital originaron un operativo –confuso y polémico— que terminó en su asesinato.

¿Tendría que haber más imputados en la causa? La lógica, el sentido común y las leyes indicarían que sí. Pero el fiscal Carlos Díaz Meyer ¿iría contra aquellos que habrían impartido órdenes al GEOP para que actuara en aquel criminal procedimiento? A juzgar por las declaraciones que ha hecho a “medios amigos” de la fiscalía no.

Desde un tiempo a esta parte se ha tratado de instalar la idea de que el Grupo de Operaciones Policiales actuó por sí solo y que el policía que mató a John también en una evidente intención de “despegar” de la investigación a quien o quienes mandaron al GEOP a la casa del fallecido y a los que autorizaron al asesino a que disparara.

En este contexto no resulta para nada extraño que hayan “desaparecido” evidencias del expediente, tal como lo denunciaron en su momento los propios hijos de la víctima y que desde la misma institución policial no se haya realizado nunca una investigación de lo ocurrido.

 

 

Lo culpan de intentar “obstaculizar” un procedimiento que está implícito en el Código Procesal Penal, al querer evitar que abogados de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Región tomen vista del expediente, en el que están registradas todas las diligencias y acciones que supuestamente ha venido realizado hasta ahora por la muerte de Martín Alejandro “Tino” John, el productor de la comarca andina chubutense asesinado de un tiro en la cabeza por un policía del GEOP, en medio de un criminal procedimiento llevado adelante en su propio domicilio en mayo del año pasado.

Los letrados tuvieron que presionarlo labrando un acta en el lugar con testigos que lo firmaron, para que accediera a la petición que realizada y que por Ley les corresponde.

¿Qué pretende ocultar Díaz Meyer? Esa es la duda que les quedó a quienes fueron protagonistas y testigos de lo que pasó este viernes en la fiscalía de El Hoyo de Epuyén luego que llegaran al lugar los abogados Daniel Gómez Lozano y Miguel Wisky a pretender sacar fotocopias del expediente y Díaz Meyer (uno de los operadores que tiene el procurador Jorge Miquelarena en la zona) en principio no se lo autorizara.

El fiscal nunca recibió a los letrados y  utilizó para contactarse con ellos a un empleado suyo que iba y venía de su despacho recibiendo instrucciones de lo que debía decirles a los abogados que están respaldados por la Ley y tienen el mandato de la APDH para constituirse como querellantes”. Tal como Cholila Online lo anticipó hace algunos días.

Todo esto pasa en el marco de un caso en el que pesa mucha desconfianza sobre el accionar del fiscal Díaz Meyer, de quien no son pocos los que sostienen que “está protegiendo a alguien”, jugando “como si fuera un abogado defensor” en un proceso penal en el que tardó un año para pedir la apertura de la causa contra Luis Américo Moggiano, el policía del GEOP de Chubut que mató de un tiro en la cabeza a “Tino” John en medio de un procedimiento en la propia casa de la víctima; un paciente siquiátrico, en el que la misión del grupo especial era desarmarlo para que John fuera trasladado al hospital.

Ese hecho, en el que John literalmente fue fusilado, sucedió el 27 de mayo del año pasado y todavía hoy –según el fiscal—no se habrían terminado con ciertas pericias que se habrían hecho mal o que carecerían de certeza. Parece que Díaz Meyer tuvo que llegar al año del crimen para darse cuenta de que un perito oficial no había hecho las cosas bien y ahora –lo dijo a un medio afín a ellos—va a mandar a hacer de nuevo esa pericia.

Mientras tanto sobrevuela la versión de que el 20 de setiembre se haría la audiencia de apertura de investigación contra el policía Moggiano, a quien el cuestionado fiscal en esa audiencia le atribuiría toda la responsabilidad de lo ocurrido en la casa del productor que mató, en el paraje Las Golondrina.

El acta que se labró este viernes en la fiscalía de El Hoyo, con motivo de la sospechosa actitud de Díaz Meyer al intentar prohibirles a los abogados de Derechos Humanos acceder al expediente del caso dice textualmente lo siguiente:

“Que los abogados de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Daniel Gómez Lozano y Miguel Wisky se presentaron a las diez horas en la fiscalía de El Hoyo a los efectos de presentar un escrito acreditando personería y solicitando fotocopias del caso de la muerte de Martín John. El escrito no fue recibido por personal de fiscalía (Matías de Jesús) aduciendo órdenes del fiscal Díaz Meyer por lo que se le informó que se volvería al lugar con testigos para labrar acta del rechazo”

“Habiendo regresado a las once y media con los testigos que firman al pie, dejamos constancia que nuevamente el mismo empleado, aduciendo haber recibido órdenes expresas del fiscal Díaz Meyer, se negó a recibir el mismo escrito, que acreditaba la representación de la APDH (adjuntando el poder) y solicitando fotocopias del caso donde se investiga la muerte de Tino John. Caso número 2981”

“Dejamos constancia también que el mismo empleado ingresó varias veces a consultar al fiscal y que después de insistir durante 18 minutos se nos recibió el escrito aduciendo tener instrucciones diferentes”

“Se deja constancia del presente a los efectos que estime corresponder la APDH y para dejar constancia de la obstaculización objetiva del ejercicio de participación en juicio de las victimas establecido en el Artículo 98 Inc. 5 del Código de Procedimientos Penal”, se indica finalmente el acta, y debajo hay cerca de cincuenta firmas de testigos.

Ese debería ser uno de los puntos más importantes a ser aclarado en la investigación por el homicidio del productor de la comarca andina chubutense, asesinado en mayo del año pasado por un policía del GEOP; pero parece que el fiscal del caso no quiere averiguarlo. Tal vez, el cuestionado Carlos Díaz Meyer está protegiendo a alguien y pretende endilgarle toda la responsabilidad del crimen a Luis Américo Moggiano, el que le disparó a Alejandro “Tino” John, de quien ya dijo que no tenía “pruebas de que haya actuado bajo órdenes de un superior”.

Parece mentira que un funcionario de la talla de un fiscal sostenga eso: de que Moggiano siendo sargento se mandaba solo y que aquel 27 de mayo le apuntó a John y lo asesinó de un tiro en la cabeza porque se le ocurrió.

Díaz Meyer ignora por lo visto que existe un “protocolo de actuación” en casos como el de “Tino” John que se puso en vigencia en la policía del Chubut, según aseguran los que conocen del tema, después de la toma de rehenes que hubo en una financiera de Trelew en 2003 y que hasta se dieron charlas instructivas sobre el mismo, de las que participó activamente el comisario Miguel Ramón Gómez, quien era jefe de Policía al momento en que mataron a John.

En esa capacitación, uno de los conceptos que se subrayaban era, por ejemplo: “Hacer hincapié en la importancia de la NEGOCIACIÓN como herramienta disuasiva y que la misma siempre es posible, aún en las peores situaciones”. Y hay que aclarar que en esos cursos de formación que recibían los policías se hablaba de “toma de rehenes”, de un hecho en el que delincuentes armados tenían a victimas cautivas poniendo en riesgo sus vidas. Totalmente distinto a lo que fue el caso de “Tino” John en donde era él solo, arrinconado en un altillo de su casa por una veintena de policías del GEOP con armamento de guerra y supuestamente muy bien entrenados.

 Hay que recordar que la policía del Chubut en ese entonces estaba gobernada por una manga de sinvergüenzas que la dejaron en ruinas, dicho por propios integrantes de la fuerza; y que ineludiblemente esos sinvergüenzas tienen “responsabilidad funcional” en el asesinato por posible “gatillo fácil” de “Las Golondrinas”.

Los hermanos Miguel y Paulino Gómez o el amigo de narcotraficantes “El Tero” Néstor Gómez Ocampo–quien increíblemente llegó a ser subjefe de la institución— deberían ser investigados en la misma causa que le abrirán al policía que mató a John. Algunos de ellos, incluso, usando los medios que les eran afines, se encargaron de demonizar a la víctima haciéndola culpable de su propia muerte.

Otro que debería ser involucrado en el proceso judicial es Federico Massoni, el ministro de Seguridad que tenía Chubut en ese momento y que sin haber estado en el lugar y no habiendo realizado una investigación de lo sucedido aseguró incluso ante los diputados provinciales que el GEOP había actuado bien.

Así las cosas, hoy varias organizaciones de Derechos Humanos de la región y el país creen que “hubo violencia institucional” y una “grave violación a los Derechos Humanos” en el homicidio de Alejandro “Tino” John y se profundiza la desconfianza sobre fiscal Díaz Meyer que increíblemente tardó un año para pedir la apertura de la investigación contra el policía que mató a John.

La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación a través de la Dirección de políticas contra la Violencia Institucional, a cargo del Dr. Mariano Przybylski, se presentó el 6 de septiembre de 2022, ante la Oficina Judicial en Esquel , como Amicus Curiae , en la investigación del homicidio de Tino.

En diferentes oportunidades, el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional ha reiterado que desde el organismo se encuentran a disposición de los abogados de Claudia y la defensa Publica de Chubut, para monitorear el avance de la causa judicial que tiene que determinar los responsables, que frente a un episodio de salud mental ingresaron a una vivienda, amarraron a una mujer y pegaron un tiro en la cabeza a quien solo estaba necesitando un Estado que lo cure, no que lo mate.

“Vengo por el presente a solicitar que la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN sea tenida como Amicus Curiae en el presente proceso, a los fines de aportar fundamentos de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos de relevancia para la presente causa en la cual se investiga un grave hecho de violencia institucional”, es uno de los objetivos de dicho documento.

Según lo expuesto, “se desprende que es el Estado quien tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de todos sus habitantes y que, en caso de incumplimiento (es decir, de producirse violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, a través de sus agentes), puede ser condenado internacionalmente por los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos”, agregó.

Documento completo:

DDHH de Nación se presenta en la justicia por el asesinato de Tino John

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Duro comunicado de la Comisión Contra la Impunidad hacia Massoni por el asesinato de Tino John

A un año y tres meses de la muerte del Tino John en Lago Puelo, sus hijos emitieron un comunicado pidiendo justicia.

Al cumplirse un año y tres meses de la muerte de Tino John en Lago Puelo, sus hijos emitieron un comunicado expresando que desde la Justicia se dan por sentado cosas que «ensucian el nombre» de su padre.

En el comunicado que se dio a conocer a través del Facebook «Justicia por tino John» , sostuvieron que «el fiscal da por sentado muchas cosas, como, por ejemplo, que nuestro padre era alcohólico, lo cual es una férrea mentira y desconocemos en que se basa para tal acusación».

Y continúa indicando que «el día del asesinato de nuestro padre el señor fiscal declara en los medios locales que hubo negociaciones con mi padre. Sin embargo, los testigos declaran que no hubo ningún tipo de negociación (incluso lo dice hasta el mismo mediador), todo esto consta en la causa».

«Todos estos elementos y muchos más, nos dan la pauta de que el fiscal Díaz Mayer no ha leído nada de la causa. Y que no está a la altura de las circunstancias para ocupar el cargo que ostenta», afirman en el texto.

Aseverando que: «Es por esta razón que desde el primer momento hemos pedido que se lo aparte de la causa. Lo único que ha demostrado el señor fiscal es ser un soberbio incompetente».

«También queremos hacer público que a pesar de haber transcurrido 1 año y 3 meses, el Ministerio Publico Fiscal nos sigue negando la información de la causa, a pesar de los reiterados pedidos que hemos realizado», concluye el comunicado.

A casi 1 año y 3 meses, finalmente se abre la investigación por el asesinato de Tino John

La Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia se expresó sobre la apertura de investigación por el asesinato de Tino John

«A Tino lo mataron durante un operativo ilegal y brutal», expresaron.

Operativo que un fiscal solicitó, y un juez autorizó, (sin contemplar el protocolo en salud mental, ya que Tino padecia una enfermedad,a lo que se le sumaba una crisis de estres por las perdida que le ocasionaron los incendios ese mismo año en la comarca, afectando su propiedad). Un operativo que un jefe de comando organizó, donde un policía disparó, y más de 20 policías fueron cómplices, alteraron la escena del crimen, con peritos que faltaron a la verdad.

También violentaron a la Compañera de Tino mientas lo asesinaban, hicieron que la fuerza se investigue a sí misma, e intentaron archivar la causa, si, la misma fiscalía y la misma policía cometiendo irregularidades una tras otra.

Pero además de esas personas responsables, hubo un Ministro de Seguridad que avaló este asesinato, que defendió al policía asesino y todo su grupo, y salió a todos los medios a intentar matar lo que quedaba de Tino, su memoria! Acusándolo de cosas horribles y poniéndolo a Tino en discusión, desviando el foco de su propia responsabilidad y la de todos los demás en el actores del hecho.

«Federico Massoni es el responsable político de este cruel asesinato, y de su encubrimiento, Que se abra la investigación», apuntaron.

 

Lo lamentó el hijo del vecino de las golondrinas ultimado por el GEOP el año pasado. Se mostró desconfiado de la apertura de investigación, donde se imputará a un efectivo policial. El vecino denunció que el cuerpo se movió varias veces después del hecho, cuestionó la actuación del Fiscal, recordó que las cámaras no filmaron, que las pericias la realizó la propia Policía y no otra fuerza y apuntó: “Todos metieron la pata y no se quieren hacer cargo”. Lamentó así que “la balanza está de un solo lado”.

El hijo de Tino John, Donato, se refirió a la apertura de investigación formal que realizará la justicia respecto al asesinato del vecino de Las Golondrinas, ocurrido en mayo del año pasado; y donde se imputará a un efectivo policial.

Donato lamentó que haya pasado más de un año para realizar la apertura ya que “argumentos había de sobra, se tardaron un montón de tiempo en abrir la investigación, juntando información”, y ahora “la balanza está de un solo lado, para cubrirse ellos”.

El vecino subrayó que “los que lo mataron a Tino no fue solo el que disparó sino todo el conjunto político, los que nos tiene que defender, a los que aportamos para que cobren sus sueldos e hicieron todo apresurado y mal hecho”.

Durante, antes y después, todo fue mal hecho”, sentenció y se mostró desconfiado del proceso judicial ya que “la Justicia ya está, ya lo mataron; la Justicia debió estar antes para que una persona esté con vida”.

“Le dieron el poder de juez a un policía para que ejecute a una persona pero para que esté donde estaba tenía una orden de alguien para que entren como entraron”, sentenció.

Fue así que repasó que “los que mataron a Tino fueron todos, desde los que dieron la orden de entrar, el jefe policial, el jefe del operativo y todos, hasta el fiscal, todos metieron la pata y no se quieren hacer cargo”.

Fue en este contexto que comenzó a enumerar varias cuestiones que consideró irregulares o llamativas, como que por ejemplo “las cámaras (que portan los efectivos policiales) tendrían que haber estado funcionando y no filmaron nada”.

Además, “la Policía investigó a la misma Policía, no fue otra fuerza -y- el mismo día que estuvo el Fiscal no se presentó ante nosotros, no tomó él las riendas de la cagada que hicieron, todo hicieron mal”.

Repasó que “entraron los del GEOP antes de tener la orden -que- era para secuestrar armas y en la misma orden decía que (Tino) estaba bajo un brote psiquiátrico, esto consta en la orden y ni siquiera se identificaron, llegaron con la peor”.

Por eso, “montaron una escena para justiciar que Tino les tiró y ello salgan limpitos”, sentenció y apuntó que “la propia fiscal Monje nunca subió a ver, estuvo abajo”. Cuestionó esto ya que “yo mismo vi como modificaron la escena y la fiscal me dijo que ‘es parte de la investigación’ pero eso no consta en ningún informe”.

Ahora “dicen que es alcohólico pero el análisis de sangre que le hicieron dice que no tenía alcohol”, cuestionó.

Fue por ello que consideró que “Justicia no, ya está, debería haber sido si mandaban ambulancia y un psiquiatra antes porque sabían a que iban (…) Justicia ya no hay, se quiere resolver pero no lo van a traerlo con vida de nuevo”.

La Fiscalía pidió la apertura de investigación por el homicidio de Tino John, ocurrido en mayo del año pasado en manos del grupo GEOP.

El Defensor Público Marcos Ponce en dialogo con Noticias de Esquel, confirmó que el Ministerio Público Fiscal pidió la apertura de la investigación por el homicidio de Tino John, ocurrido en mayo del 2021. En el pedido de apertura de investigación se pretende imputar a Luis Américo Moggiano, integrante del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) de la Policía del Chubut, a quien se acusaría de Homicidio Agravado por el carácter de ser efectivo policial. En el hipotético caso de ser condenado el efectivo policial podría enfrentar una pena de cadena perpetua.

Tino John fue ejecutado en mayo del 2021 en momentos que se encontraba desarmado, cuando el grupo GEOP se acercó a su domicilio por denuncias de vecinos por presuntos casos de abuso de armas por parte de John.

También podemos informar que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, habría interés de participar en la causa, con la posibilidad de presentarse mediante un Amicus Curiae.

Un Amicus Curiae es una presentación de terceros ajenos a la disputa, que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio, relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma.