Fue en la sesión realizada este jueves y que fue encabezada por vicegobernador. La norma, que apunta a recuperar para la sociedad bienes adquiridos en actos de corrupción, contó con el acompañamiento de 26 de los 27 diputados.
Con los votos de 26 de los 27 diputados provinciales, la Legislatura del Chubut aprobó en la sesión ordinaria de hoy jueves -presidida por el vicegobernador, Gustavo Menna, el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio, proyecto que fue elaborado por la diputada del bloque Despierta Chubut Paulina Hogalde y que pocos días atrás fue presentado en sociedad por el gobernador Ignacio Torres en el auditorio de la casa de las leyes.
El proyecto -que prevé la recuperación para fines sociales de bienes adquiridos como resultado de delitos- contó con el aval de los diputados del bloque oficialista Despierta Chubut, de la bancada opositora Arriba Chubut, así como de los legisladores del PICH y de Familia Chubutense, mientras que la única oposición fue la del diputado del Frente de Izquierda Santiago Vasconcelos.
El aval legislativo al proyecto de extinción de dominio llegó luego de que el último miércoles la propuesta recibiera el dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que preside María Andrea Aguilera (Despierta Chubut); de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Jacqueline Caminoa, del mismo bloque.
Marco jurídico eficaz
A la hora de fundamentar el proyecto en la sesión de este jueves, Hogalde recordó que “en 2019, la actual diputada Jacqueline Caminoa, que era legisladora también en ese momento, presentó un proyecto sobre esta temática”.
Puso en valor que “la iniciativa fue trabajada con el procurador general, Jorge Miquelarena, y con la Fiscalía de Estado, que van a intervenir en el proceso de extinción de dominio” y recordó que Miquelarena “concurrió a comisión para debatir el proyecto y responder consultas” de los diputados.
“Nuestra provincia -dijo Hogalde- ha sufrido causas de corrupción en las que han participado funcionarios públicos. Y esto aumenta la demanda social de recomponer el daño que la corrupción causa en Chubut. Esta ley busca otorgar un marco jurídico eficaz y claro, en línea con la premisa de una provincia más transparente y más justa”.
“La corrupción afecta al Estado y en última instancia a los chubutenses, porque se ve reflejada en menos inversión para seguridad, escuelas y salud”, remarcó, y añadió: “Representa un cambio de paradigma en la provincia para luchar contra la corrupción”.
Calidad democrática
Por su parte, María Andrea Aguilera apoyó el argumento de Hogalde y agregó: “La corrupción no es algo ético solamente, sino que hace a la calidad democrática de los países. La corrupción castiga a los más débiles, y a los que menos recursos tienen”.
“Necesitamos instituciones fuertes, reglas claras. Y esta provincia estuvo muy golpeada por la corrupción, en causas como Embrujo, Relevación, Emergencia Climática, Royal Canin, el caso Chito Alarcón”, dijo.
Agregó que “Chubut estuvo mucho tiempo en las tapas de los diarios por la corrupción. Y en esas causas se decomisaron grandes cantidades de bienes, como vehículos, terrenos, dinero en efectivo, en pesos y en dólares”.
“Nos preguntamos qué podríamos hacer con estos bienes, dónde destinarlos, porque han sido obtenidos con el dinero de todos los chubutenses. Es necesario darle a la Justicia herramientas para que pueda recuperar de manera más rápida y transparente los bienes robados por quienes fueron protagonistas de los hechos de corrupción”, sostuvo.
Aguilera aludió, en este contexto, a las reformas del Código Procesal Penal, “donde participaron muchos operadores del derecho”, y a otras iniciativas como ampliación de la Ficha Limpia. “Se está trabajando en un fortalecimiento de las instituciones”, afirmó.