Mauricio Macri decidió ir a fondo contra Santiago Caputo y ordenó a sus diputados que se sumen a la oposición para voltearle el DNU de los fondos reservados por 100 mil millones que Javier Milei le dio a la SIDE que controla su asesor.
El fundador del PRO les dijo a sus diputados que si el tema llega al recinto o voten en contra de los fondos reservados o se abstengan, así para la oposición resulta más sencillo voltear el decreto. La decisión de Macri confirma que los intentos de Milei por contenerlo invitándolo a Olivos, mientras Karina y Santiago Caputo le traban todo, no han dado resultado.
Al cierre de esta nota, el bloque PRO pasaba a un cuarto intermedio en su reunión sin saldar la discusión sobre la posibilidad de abstenerse si el pichettismo, el radicalismo y el peronismo alcanzaran el quórum en la sesión prevista para este miércoles, con ese decreto como temario.
Una legisladora de esa bancada dijo a LPO que la suerte del decreto no depende del macrismo. «Si tienen quórum, tienen número para rechazarlo, así que no tenemos apuro en fijar nuestra posición», argumentó.
No obstante, un colega de su bloque admitió que la abstención formó parte del debate interno este martes.
El PRO cuenta con 37 diputados. Todos suelen sumarse sin fisuras a las posiciones de La Libertad Avanza, que tiene 38 miembros. Juntos, ni siquiera llegan a un tercio de la Cámara Baja pero sería impactante para el oficialismo quedar en soledad defendiendo su iniciativa, frente a casi 95 peronistas, alrededor de 20 radicales, cerca de 15 pichettistas y los 5 del FIT.
Aunque Macri mantuvo tres encuentros en las últimas semanas con Milei, que imagina que puede postular al jefe del PRO como candidato a senador por la Ciudad, el expresidente enfureció por la intervención de Caputo en la Bicameral de Inteligencia, que estropeó el ascenso del senador macrista Enrique Goerling a la presidencia de la comisión y terminó entronizando al radical opositor Martín Lousteau.
Para colmo, ya produjo efecto contagio. «A la Casa Rosada le cuesta entender que el Senado es un lugar que no gobiernan y Caputo perdió por goleada», celebró un aliado frente al porrazo del oficialismo.
De hecho, LPO informó que un senador libertario comentó que estaba «todo cocinado para que sea Goerling, los peronistas lo aceptaban y podían abstenerse, pero se metió Santiago Caputo y se cayó esa posibilidad».
La reunión de conformación de ese cuerpo terminó con la conducción en manos de Lousteau, apoyado por su colega Mariela Coletta y respaldado por los seis peronistas, Oscar Parrilli, Wado de Pedro, Florencia López, Germán Martínez, Paula Penacca y Leopoldo Moreau.
En ese contexto, LPO corroboró que tanto Goerling como la macrista Silvia Lospennato manifestaron su preocupación por el decreto que dio rienda suelta a los gastos reservados de la SIDE. Ese recelo se trasladó luego a la reunión de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, donde un legislador admitió: «mi posición es no votar en contra». O sea: lo que pidió Macri, abstención.
LPO anticipó que el expresidente había conversado durante el fin de semana con Victoria Villarruel para dilatar el pliego del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema de Justicia. Los movimientos del líder del PRO dan cuenta de que no está dispuesto a esperar mansamente que «el entorno» de Milei siga manejando el gobierno, una concepción que lo acerca a la Vicepresidenta.
Si bien no estaba en los cálculos de ningún senador que haya dictamen sobre el pliego de Lijo este miércoles, el clima en el Congreso se puso espeso y en menos de 48 horas el gobierno podría sufrir una sucesión de derrotas catastróficas.
Por un lado, no está a la vista que los libertarios puedan aprobar la candidatura del juez federal sin los votos del peronismo y el peronismo reclama que se amplíe la negociación si Milei pretende su respaldo. Por ahora, el mensaje de Balcarce 50 reviste terquedad: que el Senado vote a Lijo y Manuel García-Mansilla para empezar a charlar.
Por otra parte, los diputados podrían abrir el camino al rechazo del decreto de la SIDE en calidad de nulidad insanable, algo que quizá refrende la Cámara Alta en el mismo sentido. Si eso ocurriera, el gobierno estaría obligado a dar marcha atrás y reponer los fondos, pero según la información oficial el dinero ya se gastó en un 80 por ciento. La tipificación de ese delito en el Código Penal sería malversación de caudales públicos y deberían responder por eso los funcionarios involucrados en la dilapidación de esos recursos.
Fuente: Política Online
