La exvicepresidenta Cristina Kirchner interpuso un recurso de nulidad para impedir que el Gobierno le quite la jubilación de privilegio. En el documento, de 36 páginas, su abogado argumenta por qué considera “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta de la Nación y como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.
Días atrás, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó que la exmandataria cobró $35.255.297 en noviembre. El funcionario dijo que Cristina Kirchner presentó “un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos, Santa Cruz, por el que se le paga un suplemento por zona austral de $6.354.523″.
El documento apunta que la decisión de de los Heros fue “arbitraria” y por eso pide la nulidad. “Buscó artilugios que le permitieran llevar adelante una decisión que estaba tomada de antemano, esto es, revocar los derechos en cabeza de la Dra. Cristina Kirchner”, señala la presentación.
En la misma línea, se hace hincapié en que “no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado”. Y agrega: “Si bien la administración argumentó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional”.
Y remarca: “No es una facultad ni del área jurídica ni de esa administración, arrogarse la jurisdicción y competencia que, los artículos 15 y 36 de la Ley 24.241 no le otorgan a esa administración. Por tal razón, la resolución impugnada es nula, de nulidad insanable”.
En otro tramo de la presentación se deja constancia de que “resulta imposible separar el dictado de la resolución de ANSES del persecutorio proceso de hostigamiento que sufre la Dra. Fernández de Kirchner, que viene desplegándose desde diciembre del 2015 y que motivó la revocación de su beneficio de asignación mensual vitalicia”.
Y apunta: “La resolución impugnada debe ubicarse como un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”. Entre los responsables, indican a funcionarios de la Administración de Seguridad Social, el ministerio de Capital Humano, pero subrayan que dependen del presidente Javier Milei.