Tras un nuevo cruce de datos, la ANDIS detectó que 212 personas procesadas, condenadas y presas están recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral. Se trata de un paso más en las auditorías que lleva adelante el organismo para llevar transparencia y cuidar los recursos de los contribuyentes.
Apenas pocos días después de dar con que 331 prófugos de la justicia en todo el país son beneficiarios de una pensión –y de que 33 de ellos fueran puestos a disposición de la justicia y 14 hayan sido capturados en un solo operativo–, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal que dio como resultado que 212 titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral se encuentran en situaciones judiciales (preso, procesado y condenado) que son incompatibles para poder recibir el beneficio.
Se trata de un cruce que arroja los datos de todo el país, y de una cifra que bien podría ascender, dado que cada servicio penitenciario provincial tiene, a la vez, sus propios datos acerca de los presos, procesados y condenados de cada jurisdicción.
Con esta información, se procedió a la baja directa de estos beneficiarios para devolver ese dinero a los contribuyentes, para un Estado más eficiente y con recursos destinados a quienes verdaderamente los necesiten.
La ANDIS se encuentra comprometida en asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, y este operativo junto con las auditorías demuestran la importancia de la vigilancia para prevenir el fraude y el abuso del sistema. La situación actual exige una respuesta contundente para proteger el dinero de los contribuyentes.
